Este mes de abril se dio inicio al periodo de Gestión de Episodios Críticos de contaminación atmosférica, lo que implica una serie de medidas para combatir los episodios de alta polución del aire en las ciudades de la zona centro-sur de Chile.

No obstante, el Ministerio de Medio Ambiente señaló que existen problemas en la aprobación de planes anti esmog  y en el reemplazo de la calefacción a leña para dichas regiones.

Si estos planes están siendo puestos en marcha, el académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Patricio Pérez, advierte que la mayoría de éstos no han tenido buenos resultados en disminuir las concentraciones de material particulado  (MP) en ciudades como Temuco o Coyhaique. Por lo mismo, señala que es “frustrante” esperar tanto tiempo por la aprobación de medidas que no van a tener efectos significativos en la reducción de contaminantes.

El experto en modelos de pronósticos de contaminación atmosférica apunta a que la principal causa de este problema es que “no se ha abordado con la suficiente urgencia el reemplazar la leña de una manera más rápida”, algo que debe aplicarse, según Pérez, “en la mayoría de las ciudades del sur del país”. Asimismo, agrega que “mientras no reemplacemos la leña de una manera más urgente, no hay posibilidades de que la situación mejore significativamente”.

El académico contrasta la situación de Coyhaique –la ciudad más contaminada de Chile y Sudamérica- con lo que ocurre en Punta Arenas, una de las más limpias del continente. “A pesar de las diferencias climáticas y geográficas, la más grande es en cuanto a la matriz energética y de calefacción, donde en Punta Arenas se centra en sistemas de calefacción a base de gas”, explica Pérez.

El Doctor en Física añade que el uso de leña seca para calefacción tampoco supone una medida eficaz, ya que “que se disminuye un poco (la contaminación), pero no se ataca el problema de fondo”. Finalmente, enfatiza en que otros focos de contaminación, como las termoeléctricas, son emisores tanto de material particulado como de dióxido de carbono (CO2), gases perjudiciales para la salud de las personas y el medio ambiente. Por lo mismo, concluye que “hay que erradicarlas lo antes posible”.

Los alcaldes de las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea solicitaron el pasado miércoles 3 de abril al gobierno la extensión de la futura Línea 7 de Metro hacia  esta última comuna. De esta forma, el tramo llegaría hasta la intersección de Avenida Las Condes con La Dehesa, dos mil 600 metros más al oriente del trazado original.

Para el arquitecto Rodrigo Martin, académico de la Universidad de Santiago y experto en transporte urbano, este proyecto no supondría un problema de inversión pública siempre y cuando las comunas beneficiadas paguen los costos.  No obstante, hace hincapié en lo ocurrido con la extensión de la Línea 1 hasta Los Dominicos, “en donde hubo un compromiso por parte del municipio de Las Condes para financiar las obras con aportes comunales, pero eso todavía no se concreta”.

Por lo mismo, el arquitecto afirma que “el desarrollo de la Línea 7 hasta el límite de Vitacura es una inversión sumamente grande,  en donde se podrían priorizar otros proyectos de mayor impacto social ubicados en otras zonas de la ciudad”.  Martin enfatiza en que los fondos utilizados para ampliar la red de Metro son de carácter público, y que no es justo “que las comunas que tengan más recursos tomen las decisiones y que las más pobres sean postergadas permanentemente”.

En cuanto a los cuestionamientos a las futuras Líneas 8 y 9 por su supuesta baja rentabilidad social, el académico señala que la extensión de la red hacia comunas como La Pintana o La Florida “tendrían un gran impacto en términos de equidad social”. Asimismo, critica que ese criterio utilizado para evaluar proyectos “no es un problema cuando las comunas tiene los recursos”.

Martin apunta a que el principal problema recae en que “toda la inversión en infraestructura se está localizando en algunos sectores de la ciudad y muy poco en otras”. Para eso, propone que “la autoridad central sea capaz de redistribuir estas capacidades económicas entre diferentes comunas por un bien común” y que así todo Santiago experimente mejoras.

"Estamos contentos con los resultados del curso y por lo mismo es que estamos formando un equipo de trabajo para desarrollar nuevos proyectos a futuro",  señaló el jefe de programa de la especialidad Dr. Pedro Yáñez.

El curso, que se extendió entre octubre y diciembre, fue muy bien recibido por las asistentes, ya que gracias a los conocimientos entregados en materia de salud y enfermedades crónicas, las usuarias podrán ser agentes de cambio no sólo en sus familias, sino también en su entorno más cercano.

El doctor Yáñez no sólo valoró el entusiasmo de las vecinas. “Es necesario reconocer el esfuerzo y compromiso que tuvieron los becados, quienes se pusieron a disposición de la comunidad", apuntó.

El jefe de la especialidad agregó que considerando el éxito de la iniciativa, esta será replicada en las comunas San Bernardo, Peñalolén y El Bosque. “Hacer trabajo territorial en salud es una prioridad. La Atención Primaria en nuestro país requiere esfuerzos de todos los sectores. En esta línea, la U. de Santiago va por buen camino”, destacó.

“El programa de Medicina Familiar atornilla al revés. Somos de la comunidad y la salud es de la gente, no de nosotros. Queremos que sean las personas quienes se empoderen de su salud y si no estamos en el territorio con la comunidad, nos estamos equivocando de norte. La salud de la gente empieza precisamente en la calle, entre los vecinos”, reafirmó en esta misma línea el Dr. Claudio Miranda, médico en formación del programa.

Asimismo, Carmen Castillo, dirigente vecinal, agradeció la posibilidad de participar en un curso de estas características. “Gracias al equipo de la municipalidad, el CESFAM y la U. de Santiago, podemos ayudar a nuestra comunidad", señaló la también nueva gestora en salud.

“La incertidumbre en torno a una Reforma Tributaria por supuesto que incide de alguna manera en las decisiones de los agentes económicos”. Fueron las palabras con que el Presidente del Banco Central, Mario Marcel, se refirió a la discusión del proyecto que el Gobierno ingresó al Congreso hace meses y que actualmente lo tiene enfrentado con la oposición, sector que se encuentra a la espera de una nueva propuesta.

Para la economista y académica de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago, Marcela Vera, la iniciativa planteada por el Ejecutivo busca eximir del pago de impuestos a los dueños de las empresas. “Si este proyecto pasa, no será por su sentido de país ni cuidar los recursos públicos o beneficiar a la gente, sino que, necesariamente, por destrabar conflictos de interés”, afirma.

De acuerdo a la especialista, actualmente existen dos sistemas de tributación: uno orientado a las empresas y otro, a las personas. Sin embargo, a su juicio, “lo que quiere hacer esta reforma es generar un sistema integrado único”. Es decir, un sistema donde “se genera un descuento a las personas en base a lo que ya pagaron las empresas”.

La académica considera que una modificación de este tipo, además de ser regresiva, sería “completamente desaconsejable”, ya que generaría  acumulación de capital y una inversión que puede terminar realizándose fuera de Chile. “Plantear una reforma tributaria para que los ricos paguen menos impuestos y reciban más beneficios fiscales profundiza aún más la desigualdad en el país”, concluye.

El pasado lunes 1 de abril se dio inicio a la Operación Renta, proceso que este año estará marcado por una nueva modalidad que tiene como protagonistas a los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios. Dichas personas estarán obligadas por ley a cotizar parte de sus ingresos declarados, los cuales estarán destinados a previsión social y así asegurar su acceso a pensiones, seguros y planes de salud.

Hernán Frigolett, académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago y ex Tesorero General de la República, señala que, si bien el Fisco no perderá fondos al traspasar los dineros provenientes de la devolución de impuestos a entidades privadas como las AFP o las Isapres, sí tendrá problemas al costear deudas asociadas a créditos fiscales o universitarios.

“Respecto a las deudas educacionales que se generen mediante el crédito universitario o fiscal, van a tener que buscar otras fuentes de recaudación mediante la vía judicial”, plantea el economista. Frigolett añade que, a medida que avance la gratuidad universitaria, “será un problema en términos de cómo recuperar los dineros morosos”.

Otro cabo suelto que expone el académico es la cobertura de los planes de salud de las Isapres y la doble cotización que tendrán los contribuyentes respecto a los pagos realizados en 2018. Si bien la Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, aclaró que así podrán costearse planes futuros, Frigolett enfatiza en que existen contratos vigentes y modalidades de pago pactadas con las Isapres. “Por tanto, el Servicio de Impuestos Internos no tendría por qué retener si ya se tiene un acuerdo. Hay un doble pago que no tiene ninguna razón de ser”, expresa.

Con todo, reconoce que con esta medida “se está ‘emparejando la cancha’ entre los trabajadores dependientes y los independientes”, obligándolos a cotizar según lo que exige la ley, y así afiliarse a los sistemas de cobertura social, concluye.

Fue durante la ceremonia de aniversario de la Contraloría General de la República que el Presidente, Sebastián Piñera, anunció el envío de un proyecto de nueva Ley Orgánica Constitucional para la entidad fiscalizadora superior de Chile, cuyo objetivo sería “adecuarla a los tiempos modernos, a las tecnologías modernas y para que cumpla con mayor celo y con mayor eficacia su función de velar por la legalidad y el buen uso de los recursos públicos”.

Para el abogado experto en derecho administrativo y académico de la Universidad de Santiago, Francisco Zambrano, dicha modificación debe considerar una reducción de sus atribuciones de control, para que los servicios públicos se hagan responsables por sí mismos de su accionar. Ello, a fin de que no incurran en decisiones al margen de la ley que, si no son fiscalizadas previamente por sus unidades de control interno, quedan impunes, a la espera de que la Contraloría se haga cargo de manera posterior, mediante una “toma de razón” que, incluso, podría no ocurrir, eventualmente.

“Debieran reducirse algunas atribuciones de control, porque eso hace que muchos servicios actúen a la espera de que la Contraloría rechace o no su actuar, lo que diluye el principio de responsabilidad”, insiste. “Es mejor que los servicios se hagan cargo de sus actos, sin perjuicio de un control posterior. Muchas veces, la toma de razón resulta un control jurídico ineficaz que retarda las decisiones”, agrega. “Las unidades de control internas de los servicios públicos deben hacerse responsables de lo que hagan y eso solo se logra cuando la Contraloría no es un comodín ni cumple un rol subsidiario en las unidades jurídicas internas”, enfatiza Zambrano.

Reforma a nivel interno

El académico de la Facultad de Derecho de nuestra casa de estudios también considera fundamental que la iniciativa del Ejecutivo contemple que todos los cargos en el ente fiscalizador dejen de ser de exclusiva confianza del Contralor, para que las decisiones de este último tengan un contrapeso a nivel interno y para permitir que los funcionarios del organismo hagan carrera, de manera que se respete su antigüedad y expertise.

“Al Contralor General de la República, internamente, nadie le dice que no, porque todos son de su confianza. Nadie tiene estabilidad en su función”, afirma el especialista. “Creo que es importante replicar el modelo del Consejo para la Transparencia, donde el Director General tiene una función ordenadora dentro del servicio y lo representa, pero quien toma las decisiones es un consejo, donde hay un contrapeso interno”, concluye.
 

La Sociedad Endocrina de Estados Unidos dio a conocer esta semana una investigación tildada como “exitosa” en la creación de una píldora anticonceptiva diseñada para hombres. Lo anterior permitiría, de aquí a diez años, que esta pastilla esté disponible en el mercado, algo que abre nuevas posibilidades para que las parejas heterosexuales puedan decidir cuándo embarazarse.

De acuerdo con la Dra. Diana Aurenque, académica del Departamento de Filosofía de la Universidad de Santiago y especialista en filosofía de la medicina, dicho avance es positivo en la medida que, dentro de un contexto de pareja estable, “hombres y mujeres deben tomar acciones individuales para decidir mejor cuándo ser padres”. Además, afirma que los hombres, con este tipo de métodos, podrían ser más partícipes de las decisiones que se toman sobre al tema.

Lo importante, insiste la Dra. Aurenque, es que las decisiones sobre cuándo o no ser padres y los métodos anticonceptivos a utilizar sean tomadas entre ambas partes, para que ni la salud ni la felicidad de ambos se vea afectada. “No es justo que la mujer pase por tratamientos hormonales que afecten a su cuerpo, su salud mental en muchos casos, y que el hombre, pudiendo tomar otras opciones, no lo esté haciendo”, enfatiza.

Además, la experta sugiere “desarrollar otros aspectos que tienen que ver con la confianza y la responsabilidad en las parejas”, teniendo en cuenta que algunas mujeres podrían resistirse a la idea de que los hombres se hagan cargo de usar una píldora anticonceptiva.

Con todo, advierte que “la pastilla anticonceptiva, en los últimos diez o veinte años, ha tenido bastante mala fama. Si bien en Chile todavía se consume en una cantidad considerable, en países europeos como Alemania existe bastante reticencia a tomar estas píldoras por los cambios hormonales que produce, como bajas en la libido de las mujeres, cambios en el estado de ánimo, como la depresión, y trombosis, siendo esta última un riesgo importante que tienen que asumir cuando usan este método”.

Rol estatal

La académica agrega que el Estado podría jugar un rol importante en materia de equidad respecto a la paternidad y en los roles de cada género. Por ejemplo, en facilitar a los hombres el acceso a métodos anticonceptivos en la salud pública o entregar educación sexual. A su vez, disminuir brechas entre hombres y mujeres respecto a los planes de salud de las Isapres o que las mujeres jóvenes no se les impida recurrir a cirugías esterilizantes, en caso de no querer ser madres.

Por último, la Doctora en Filosofía recalca lo valioso de “generar estas sensibilidades”, pues “son decisiones que atañan a la pareja, que deben ser conversadas y apoyadas por los dos”, concluye.

Cuatro de cada diez escolares chilenos son discriminados en sus colegios. Así lo reveló la Agencia de Calidad de la Educación, tomando como base los cuestionarios que los estudiantes respondieron durante el Simce en el año 2017. De acuerdo al estudio, los más afectados resultaron ser los alumnos de 8° básico, con 45% de niños y niñas que se sintieron agredidos por motivos como el aspecto físico, rasgos de personalidad o formas de vestirse.

Para el Dr. Daniel Ríos, experto en evaluación de aprendizaje, innovación pedagógica y académico del Departamento de Educación de la Universidad de Santiago de Chile, estas cifras son “alarmantes”, ya que motivos discriminatorios como los rasgos de personalidad no son aceptables, ya que constituyen “elementos identitarios” de cada persona. A su juicio, es muy grave que “esta diferencia tan notable que tenemos los seres humanos ya merezca la burla desde 4° Básico en adelante”.

El Doctor en Ciencias de la Educación afirma que estos niveles de discriminación en las aulas pueden tener consecuencias no solo para quienes son víctimas, sino también para quienes discriminan, sobre todo “cuando estén formando a sus familias o tengan posibilidades de compartir con otros, en ámbitos laborales o en estudios superiores”. Por lo mismo, considera que “las escuelas tienen que hacer algo para revertir esos datos y posibilitar una educación valórica que permita el respeto hacia el otro”.

En este sentido, el Dr. Ríos estima importante que estos datos se divulguen entre estudiantes y profesores, y que sean la base para la reflexión dentro de las escuelas. Asimismo, plantea que “se integre a las familias, a los apoderados y a todos aquellos agentes sociales que puedan contribuir desde el diálogo y la toma de decisiones, para enfrentar este problema”.

El especialista enfatiza en que las conductas discriminatorias en las escuelas reflejan un problema a nivel de sociedad, como los ataques por orientación sexual o conductas xenófobas y racistas. No obstante, concluye que el abordar esta problemática puede contribuir a “la armonía social y la ampliación de nuestra de democracia”.

El obispo capuchino Celestino Aós (73) asumió como Administrador Apostólico de la arquidiócesis de Santiago, luego de que el Papa Francisco aceptara la renuncia de Ricardo Ezzati como mandamás de la Iglesia Católica en Chile.

Para el experto en sociología de la religión y académico de la Universidad de Santiago, Dr. Cristián Parker, es poco probable que esto implique cambios profundos en la institución religiosa. “El cargo de administrador apostólico es provisorio (…) Eso significa que quizás con este obispo no podemos esperar grandes cosas”, señaló el sociólogo en el programa ‘Desliza y Desbloquea’ de Radio Usach.

Por otra parte, el doctor en sociología afirmó que el nuevo Administrador Apostólico está cerca de cumplir los 75 años. Es decir, una edad en donde “normalmente, un obispo renuncia”.

Con todo, el Dr. Parker reconoció que sí tiene un pequeño margen de acción, “en cuanto a esclarecer situaciones que están pendientes, sobre todo de abusos”. En ese sentido,  destacó la formación del obispo Aós como psicólogo y sus conocimientos de derecho canónico lo que, a su juicio, le permitiría entender mejor lo que significa procesar este tipo de casos.

En cuanto a la renuncia de Ezzati, el académico indicó que la decisión tomada por el Papa Francisco llegó tarde, considerando la edad del ex arzobispo. Finalmente, concluyó que la Justicia debe seguir su curso, descartando un posible sobreseimiento ante su supuesto rol de encubridor de abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica.

El Gobierno de Sebastián Piñera  rechazó el proyecto del Eje Alameda-Providencia, aduciendo que el proyecto carecía de rentabilidad social. La iniciativa buscaba recuperar los espacios públicos y potenciar el transporte colectivo mediante la transformación de un tramo que iba desde Estación Central hasta la comuna de Providencia.

Para Rodrigo Martin, experto en transporte urbano y  académico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Santiago de Chile, el desechado proyecto “generaba desde cambios a la imagen general de la ciudad como al funcionamiento del sistema de transportes”. Si bien reconoce que es positivo que se evalúen las iniciativas en términos de rentabilidad social, sostiene que dicha evaluación debe considerar el impacto a largo plazo. “Cuando se piensa en un proyecto estratégico, se pueden generar cambios a escalas temporales mucho más largas”, insiste.

El experto en transporte urbano, quien participó en el proceso de consulta ciudadana del proyecto, afirma que la iniciativa “está siendo eliminada sin tener una visión estratégica de ciudad y de planteamiento a largo plazo, dejando de lado una inversión importante en su desarrollo”. El Eje Alameda-Providencia, según consignó La Tercera, tendría una inversión futura de 223 millones de dólares, ocupándose sólo en la etapa de diseño y diagnóstico un total de 2.239 millones de pesos.

Puntos a resolver

De acuerdo a Martin, este proyecto habría generado cambios en la forma en que los habitantes de Santiago se relacionarían con la ciudad. Otro de sus objetivos era solucionar “nudos emblemáticos” de la capital, como Estación Central y Plaza Italia. Así, se favorecería a los peatones y a quienes se movilizan en transporte público, quitando el foco en los vehículos particulares, algo que para el académico es necesario para el futuro de Santiago.

No obstante, el arquitecto advierte que para realizar un proyecto de tal envergadura, se requiere de un sistema de transportes que sea capaz de cubrir toda la demanda por parte de los usuarios. “Se necesita un sistema eficiente, que tenga la capacidad de mover a todas las personas que tiene que transportar y así poder reemplazar a todos esos vehículos”, concluye.