El pasado lunes (14) la Comisión de Educación y Cultura del Senado sesionó para analizar el presente y futuro de la educación técnico profesional del país. Específicamente, a partir del proyecto de ley, enviado recientemente por el Gobierno, que busca ampliar el beneficio de la gratuidad al 70% de los estudiantes más vulnerables que cursan Carreras en institutos profesionales y centros de formación técnica.

En ese contexto, el Rector de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid, invitado por los senadores, cuestiona lo que considera una discriminación hacia las universidades que imparten Carreras técnicas, pues sus estudiantes no están considerados en la nueva propuesta.

“No entendemos que se insista en aplicar criterios discriminatorios contra estudiantes que cursan Carreras técnicas universitarias, pues también son parte del sistema de educación superior técnico profesional de nuestro país”, manifiesta el Rector Zolezzi.

Además, advierte que sería lamentable tener que recurrir una vez más al Tribunal Constitucional, tal como ocurrió en 2015, cuando ese mismo órgano determinó que la gratuidad para la educación superior también debía beneficiar a estudiantes vulnerables de institutos profesionales y centros de formación técnica.

“Las decisiones de las autoridades deben tomarse pensando en el bien común, por lo que si se proyecta incrementar los beneficios hasta el séptimo decil de los estudiantes más vulnerables, no deben excluirse a quienes, con tanto esfuerzo, han logrado acceder a una Carrera técnica universitaria”, agrega el Rector Zolezzi.

Asimismo, destaca el trabajo liderado por los equipos de la Universidad de Santiago a cargo del proceso de diseño e implementación del primer CFT estatal y gratuito que funcionará próximamente en la Región Metropolitana, así como la administración delegada de cinco liceos técnico profesionales en distintas ciudades del país.

“Un primer paso para fortalecer la educación técnica profesional debe darse en la enseñanza media; luego, con los centros de formación técnica estatales aprobados por ley; y, posteriormente, ofrecer posibilidades de continuar estudios en la universidad”, propone el Rector Zolezzi, además de plantear la necesidad de reconocer oficialmente la formación en oficios.

La vocería

Por su parte, el Presidente del Consorcio de Universidades Estatales, Rector Ennio Vivaldi planteó  que la formación técnico profesional en las universidades estatales, considerando la reciente red de universidades del Estado y la creación de los nuevos CFT Estatales, constituye “una gran oportunidad nacional para implementar un verdadero sistema de educación superior estatal que articule a la Educación Media Técnico Profesional (EMTP), la Educación Superior Técnica Profesional y Educación Universitaria estatal”.

“Abogamos por la construcción de un sistema con una oferta distribuida en el territorio y pertinente al desarrollo local y nacional; articulado con el sistema escolar, con los sectores productivos y con el sistema de universidades estatales; que contribuya y se nutra de la innovación y la investigación aplicada, indispensables en la estrategia de diversificación productiva”, puntualizó el recién reelecto rector de la U. de Chile.

En el marco del proyecto de ley que se discute, el Rector Vivaldi expresó que “no se entiende por qué se excluye a los estudiantes de ETP formados en universidades. La política de gratuidad debe ser funcional a esta gran oportunidad para el país y no debe entenderse solo como una política de financiamiento estudiantil”, dijo.

Educ. Técnico Profesional en zonas sin acceso a educación superior

Vivaldi, explicó durante su presentación,  que el desarrollo de la Educación Técnico-Profesional (ETP) y su financiamiento, debe entenderse en el marco de la estrategia de desarrollo económico y social del país, señalando que no tiene “sentido referirse a ese tema sino es en ese contexto”.

Explicó que la ETP debe jugar un rol clave en desafíos centrales de esta fase del desarrollo como el incremento de la productividad, la diversificación de la matriz productiva y el desarrollo social que incremente la igualdad de oportunidades y la movilidad social.

Como vocero de las Universidades estatales chilenas, Vivaldi dijo que se debe garantizar el acceso a la educación superior estatal técnico profesional en áreas pertinentes, especialmente en zonas sin acceso a educación superior. Señaló que en regiones el rol de las Ues estatales en la provisión de ETP es muy importante no así en la RM  donde solo un 0,6% de la ETP es de provisión estatal.

“Este proyecto de ley no da cuenta de las necesidades de los territorios y de la distribución de las capacidades sociales y productivas”, por lo que planteó la necesidad de focalizar los recursos fiscales en una oferta pública articulada y pertinente, que responda a las necesidades productivas, sociales, territoriales y de desarrollo del país.

Además, concluyó que debe activarse la normativa que reglamenta la articulación liceo-CFT-universidad estatal según lo establecido en la ley creó los 15 CFTs estatales (Ley 20.910); debe extenderse la gratuidad al 70% de los estudiantes del sistema estatal y debe considerarse una transición de los CFT dependientes de universidades estatales, que hoy no tienen un “estatus estatal”, por lo que hoy no acceden a la gratuidad.

Por su parte, el Rector del CFT de la Región de Los Lagos, Carlos Silva,  que se emplaza en la ciudad de Llanquihue, señaló que ni la ley 20.910 ni la Ley de Educación Superior  son explícitas en cuanto a la gratuidad de los CFT estatales, sino que estaría sujeta a una eventual glosa presupuestaria que año a año, lo decida.

Por esto propuso incluir en el articulado una mención explícita,  en forma de artículo transitorio que permita a los estudiantes de los CFT estatales acceder a la gratuidad, hasta el momento del primer pronunciamiento de la CNA. 

El destacado diplomático y experto en política de la región, Gabriel Gaspar, quien se reunió con estudiantes de la carrera de Estudios Internacionales del Departamento de Historia de la FAHU, para conversar sobre el Proceso de Paz en el país hermano, partió su charla así: “Colombia es un Estado en construcción, ya que existen grandes extensiones del territorio del país en el que el Estado no llega, sobre todo la montaña y la selva, y en donde se han desarrollado otros poderes como la guerrilla y el mundo narco.”

El diplomático manifestó su satisfacción por la creación de una licenciatura de Estudios Internacionales en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile. “Me parece excelente que exista esta carrera, porque Chile es un país que está globalizado en casi todos sus sectores. Lo que nos falta es abrir las ventanas al mundo, no solo consumir el último adelanto tecnológico, sino que abrir las ventanas a las nuevas corrientes y a la realidad, la fórmula sería: Más Chile en el mundo, pero también más mundo en Chile, es decir, romper el provincialismo, y para eso es muy importante tener escuelas que formen profesionales en  las Relaciones Internacionales que además tendrán un vasto campo de trabajo”.

La conferencia: Contexto histórico del conflicto

El experto hizo un completo resumen del contexto histórico de Colombia previo al proceso de paz. “Hasta finales del siglo XX se tuvo un sistema político tradicional en donde el poder pasaba de  Conservadores a Liberales, cosa que en la mayoría de los países de América Latina dejó de ocurrir en el siglo XIX. Esto se refleja en una gran concentración de la riqueza, desigualdad  y un territorio que no está completamente controlado”, enfatizó.

En cuanto a la Guerrilla propiamente tal, se refirió a los 4 grupos armados que fueron oposición a los gobiernos establecidos. “En primer lugar las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC), que comienzan en los años ’40. Ellos lograron controlar gran parte del territorio colombiano y sobre el  que actuaban con las mismas cualidades de un Estado. También fueron importantes el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular del Pueblo (EPL) y el M-19, quienes hoy y hace 25 años depusieron las armas e ingresaron al mundo político”, destacó Gaspar.

En los años 80, en medio de la Guerra Fría, irrumpe el narcotráfico, a través de los carteles de Medellín (Pablo Escobar Gaviria) y Cali (los hermanos Orejuela), quienes se diferenciaron porque Escobar disputó el poder con el Estado y en el caso del Cartel de Cali, prefirió una estrategia interior corrompiendo el Estado desde su estructura. Finalmente, y luego del enorme daño causado por la ofensiva contra el Narcotráfico con ayuda de Estados Unidos a través de la Drug Enforcement Administration (DEA), se eliminó del camino a los dos carteles.

Los años duros del narcotráfico y la corrupción en el financiamiento de partidos políticos por los propios narcos, provocó que las simpatías hacia las FARC crecieran y en el corto tiempo el triunfo de ellas contra el Ejército Colombiano en el sur del país se hizo realidad.
“La Reacción del Estado fue el Plan Colombia en donde nuevamente se recibe el apoyo de EE.UU. Esto da pie a las Autodefensas en contra de las FARC, los que finalmente se transforman en Paramilitares, que rápidamente se convierten en delincuencia, rapto y  asesinatos preferentemente de la base social de las FARC y no con su Ejército porque ahí no lograron mayores victorias”.

Al término de la Guerra, se cuenta con 5 millones de desplazados, las FARC vuelven a la selva y se vienen los acuerdos. “El gobierno colombiano se da cuenta que puede ganar la guerra, pero en 15 años más y eso no podía suceder, menos en un momento de bonanza económica para Colombia, por lo que decide negociar”.

Proceso de Paz en Colombia y el papel de Chile

Los primeros acercamientos son encuentros furtivos entre las partes, pero a medida que se van encontrando los puntos de inflexión, estos comienzan a transformarse en públicos, de hecho son recordados las reuniones en La Habana, Cuba.

El papel de Chile fue el de mediador, sobreponiendo el interés regional por sobre los individuales. “Chile ha tratado de evitar la violencia,” dijo Gaspar. En cuanto al futuro del Proceso de Paz, el diplomático expresó que es incierto, pero que cree se irán respetando los puntos de la agenda. “El mayor problema que hubo desde el principio fue que todos querían la paz, pero también todos tienen una forma diferente de entender la paz. Unos querían que las FARC entregaran las armas y se enjuiciara a sus líderes y  los guerrilleros buscaban la mejor forma de reinsertarse en la sociedad. Por eso es que algunos no aceptaron el acuerdo, hay que recordar que cuando se intentó legitimarlo la ciudadanía votó en contra en la consulta, y hoy podemos verlos actuando en otro país como en el caso de los asesinatos a los periodistas en Ecuador”.

Un futuro incierto

El Proceso de Paz en Colombia para Chile es muy importante por varios puntos. “Primero, por el Capital Diplomático de Chile, sobre todo porque a veces se muestra a un Chile aislado. Segundo, la paz en la región no solo ayuda a los colombianos, a mayor paz, mayor democracia y a mayor democracia, mayor Estado, más institucionalidad y menos delito y al mismo tiempo permite traducir un horizonte de Chile que es su prioridad latinoamericana. No solo hay que ordenar la casa, sino también hay que ayudar a ordenar el barrio”, sostuvo el diplomático.

Gabriel Gaspar, exteriorizó que las entidades internacionales no están funcionando. “Hay un excesivo ideologismo en el manejo de las relaciones internacionales y eso no es bueno. La experiencia indica que cuando los organismos internacionales no funcionan, como en estos casos de Colombia y Venezuela es la CELAC, la OEA y UNASUR, si podría haber espacios para iniciativas más ágiles, como fue el caso del Grupo Contadora que ayudó a poner fin a la guerra en Centroamérica”.

Además el diplomático declaró que Venezuela le recuerda Siria, indicando que “un deterioro  al gobierno de Maduro y un fracaso en el Proceso de Paz en Colombia desestabiliza a América del Sur. En ese sentido, lo que le conviene a Chile es tener un mayor equilibrio en la región. Venezuela con problemas significa un precio del petróleo más alto, lo que traería consecuencias enormes para nuestra economía, pero además se agravaría el tema migratorio, porque una guerra civil en Venezuela y el fracaso del acuerdo en Colombia generará desplazamiento de personas”.

Solo 1,7 mm ha llovido en Santiago, la cifra más baja desde 2014, en que a la primera semana de mayo había precipitado 1,1 mm. Con estas cifras, la capital enfrentaría el otoño más seco de los últimos cuatro años.

Pese a que la situación genera preocupación, el Encargado del Laboratorio de Meteorología de la Universidad de Santiago, Álvaro Mauro, considera que la situación es “normal” para una estación altamente variable en términos de precipitaciones. En ese sentido, considera que esto se normalizará a principios de junio.

“No es para alarmarse ni decir que estamos en un periodo de sequía. Hay una estacionalidad seca, pero, en términos generales, se prevé que esto se regularice al término del otoño y la entrada del invierno”, sostiene.

A su juicio, esto se debe a que este año no se verá afectado por la magnitud del fenómeno de La Niña que afectó a los últimos cuatro años anteriores. De hecho, enfatiza que según el Boletín de Pronóstico Estacional, lo más probable es que este invierno sea neutro, lo que implicaría “que estamos entrando en una situación normal para la zona central”, explica.

El académico especifica que si en Santiago debiese llover en el orden de los 320 milímetros en el año, el invierno debiera aportar con el 60% de esa cantidad. Por lo tanto, asegura que solo en junio debiera precipitar entre 50 a 60 milímetros en Santiago.

“En la zona central debiésemos esperar una normalización de las precipitaciones hacia el invierno”, concluye.

El pasado jueves (3) nuestra selección de tenis inició su participación 2018 en la fase metropolitana de la Federación Nacional Universitaria de Deportes (Fenaude). El primer rival fue la Universidad Mayor, que recién este año ingresó a la competencia de la rama como plantel privado.

Por las Damas, Valentina Muñoz y Francisca Aguilar vencieron en un contundente 3-0 a sus rivales. Después de ganar los dos singles, Muñoz y Aguilar triunfaron en el doble.

En el caso de los Varones, el juego resultó más complicado para los representantes de nuestro Plantel. Esto, ya que si bien Alejandro Breve y Benjamín Torres hicieron valer la localía ganando en singles, la pareja del equipo rival los venció en instancias del doble. Sin embargo, el punto finalmente fue para la U. de Santiago por las dos victorias individuales.

En la segunda fecha, los dirigidos por Andrés Vásquez debieron enfrentarse a la Universidad de Las Américas, un rival conocido y que el año pasado presentó a los dos mejores singlistas a nivel nacional.

Pero en esta ocasión ambos jugadores no se presentaron, lo que hizo más llevadera la lleve para nuestro Plantel, que pudo ganar los singles y el doble.

En los singles la novedad fue el debut de un importante jugador que ingresó este año por cupo deportivo. Se trata de Enzo Fuentealba, estudiante de Ingeniería Ejecución en Industria, quien venció con un 3-1 a su rival.

Benjamín Torres ganó el single en un difícil partido, pues al comienzo iba perdiendo, pero afortunadamente consiguió dar vuelta el resultado en el segundo set, alzándose como ganador.

En el doble de los Varones, la pareja compuesta por Enzo Fuentealba y Carlos González logró quedarse con la victoria con un 6-3 y 6-1.

Las Damas ganaron esta última fecha debido a la no presentación del equipo femenino del adversario.

“Estos resultados nos motivan para llegar al torneo nacional, pero hay que pensar que la competencia está recién comenzando”, sostiene el entrenador Andrés Vásquez. 

El técnico insiste que “este año estamos jugando con muchas universidades nuevas, ya que las universidades privadas se sumaron a la competencia de las instituciones públicas”.

“Estamos conociendo a nuestros rivales, y hay que ir con calma, pero siempre un triunfo motiva para seguir adelante y continuar trabajando con más esfuerzo”, remarca.

Todo esto para alcanzar la máxima aspiración que el equipo tiene: salir campeón nacional. El año pasado estuvieron muy cerca de conseguirlo, y por lo mismo, la selección no renuncia a esta idea.

En el 2003, y con la idea de que existía un vacío en la formación de los futuros abogados sobre la investigación jurídica, Gabriel Álvarez escribe “Curso de Investigación Jurídica”, un libro orientado a estudiantes de pregrado, postgrado y estudiosos de diversas disciplinas.

La obra del Dr. Álvarez, abogado y docente de las Facultades de Administración y Economía, y Humanidades de nuestro Plantel, va en su tercera edición y de acuerdo a su autor, es un texto de investigación cualitativa fundamentalmente aplicada a los profesionales que se dedican a las Ciencias Jurídicas y Sociales.

En esta edición, el abogado recoge las modificaciones producidas no sólo en las Ciencias del Derecho, sino que también en las Ciencias Sociales, tales como los nuevos paradigmas de la investigación.

“En las Ciencias Jurídicas tenemos que investigar no sólo las normas. Si nos quedamos en eso el estudio es incompleto. Sería una mera investigación documental. Debemos indagar los hechos y los valores”, señala el docente.

El autor explica que es necesario que los profesionales se involucren con los lugares donde sucede el fenómeno jurídico.

“El uso de instrumentos de recolección de investigación social se hace más amplio. Ya no es sólo análisis documental de normas o jurisprudencia en los tribunales. Es necesario hacer entrevistas o focus group”, enfatiza.

Para el Dr. Álvarez, la investigación jurídica cumple un papel determinante en el proceso enseñanza-aprendizaje del Derecho, específicamente en el fomento y desarrollo del pensamiento crítico.

Sin embargo, según el abogado, este trabajo requiere la “adquisición de una serie de destrezas y habilidades propias de los métodos, técnicas e instrumentos que se describen y analizan en la obra”.

“Problemas teóricos de la investigación”; “El proceso de la investigación científica”; “La investigación jurídica” y “Presentación formal del trabajo de investigación”, son las cuatro unidades que componen el libro.

El Dr. Álvarez reitera que el estudiante de Derecho del siglo XXI no debe ser solo un buen receptor y asimilador del conjunto de normas, sino que tiene que convertirse en un profesional propositivo.

“Por eso es necesario buscar fórmulas para que el estudiante evalúe, diagnostique, pronostique y entregue propuestas concretas sobre la institucionalidad jurídica”, puntualiza.

El Gobierno anunció que presentará –a través de indicaciones- el proyecto de ley que modifica la Ley de Fármacos II, con el objetivo de abaratar los costos de un medicamento, según informó el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres). Una de las medidas que contemplaría la iniciativa sería impulsar la venta de medicamentos en las góndolas de los supermercados.

Para el experto en toxicología y académico de la carrera de Química y Farmacia de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Leonel Rojo, una decisión de ese tipo sería “nefasta”, porque expondrá a la sociedad a una serie de medicamentos que pueden resultar tóxicos si la demanda del paciente no se encuentra mediada por un farmacéutico o una asesoría profesional.

“La automedicación es mucho más frecuente en personas que no tienen cómo financiar el acceso a sistemas privados. Por eso, los medicamentos que estarán en las góndolas aumentarán los márgenes de rentabilidad de los supermercados a un costo inimaginable para la salud pública”, sostiene el Dr. Rojo. “¿Dónde van a ir esos pacientes con reacción adversa a los medicamentos? A centros de la red pública y, por lo tanto, se tendrá que asumir el costo de esto”, insiste.

El doctor en farmacología explica que los remedios que se encontrarán en las góndolas muy posiblemente serán el Paracetamol, que según el ISP puede resultar tóxico en dosis inadecuadas; o analgésicos no esteroidales, como el Diclofenaco, Piroxicam, Ibuprofeno, Naproxeno o Ketoprofeno, que conllevan un alto riesgo de gastritis si se abusa o problemas renales si se usan por un tiempo prolongado.

“El consumidor va a sacar los tallarines y el analgésico no esteroidal que produce gastritis, o va a comprar el Paracetamol que produce insuficiencia hepática. O peor, van a tener a disposición  antigripales que producen sueño y que si se mezclan con alcohol, aumentan la probabilidad de  accidentes de tránsito”, grafica.

Finalmente, el especialista estima que los precios de los medicamentos no serán más baratos si se aumentan los centros de distribución de estos. El académico explica que el principal problema está en que en Chile no se pueden fijar precios éticos, como en otros países, para productos que implican un bien social. Por lo tanto, los laboratorios venden a unas pocas droguerías o distribuidores farmacéuticos al precio que estimen conveniente. A su juicio, esto se presta para que homologuen los precios hacia arriba, a objeto de venderlos más caros a los centros de distribución, como las farmacias.

“Si no existe un consejo farmacéutico al respecto, la autorización de un profesional o un lugar donde se pueda preguntar al menos, existe un alto riesgo de que se presenten problemas en la salud de la población derivados del mal uso de los medicamentos”, concluye.

El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) correspondiente al mes de marzo de este año aumentó 4,6% en comparación con igual mes de 2017. El dato se encuentra por sobre las expectativas, que se situaban en torno a 4%, y constituye el crecimiento mensual más alto desde abril de 2013, cuando la economía anotó un 5,0%. Al respecto, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, señaló que “este es el primer Imacec que cabe plenamente dentro del Gobierno del Presidente Piñera y, por lo tanto, aquí estamos empezando a ver algo, incipiente, todavía preliminar, de los tiempos mejores”.

Para el economista y académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago de Chile, Víctor Salas, el Gobierno no influyó mayormente en la que califica como una cifra positiva de crecimiento mensual. Desde su perspectiva, el dato está relacionado principalmente a la recuperación del sector minero, producto de que el precio del cobre, sobre US$ 3 la libra, se encuentra en mejor pie que en 2017. Según el Banco Central, el Imacec minero aumentó 31,7%, versus el no minero que lo hizo en 2,9%.

En ese sentido, enfatizó que las cifras de la industria manufacturera y la construcción, en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), quedan al debe durante el mes de marzo, por lo que se requiere adoptar acciones concretas para que estos sectores continúen con el ritmo de crecimiento de los meses anteriores. Sin embargo, Salas critica que “el Gobierno solo ha dicho que reducirá el gasto público, lo que no es una señal positiva ni para el sector productivo empresarial ni para la inversión pública, que debiera ser expansiva y generar una respuesta positiva del sector de la construcción”.

A su juicio, el crecimiento del Imacec también está incidido por otros factores, como la expansión del gasto público efectuado en los últimos meses por la administración anterior. “Lo que se observa es lo que ha estado ocurriendo como rezago de decisiones previas a este Gobierno, más que de las decisiones nuevas que este haya adoptado”, afirma.

Finalmente, el académico estima que con las cifras normalizadas de la minería, el próximo Imacec mensual podría situarse incluso por debajo del 4%. Por lo tanto, “hay que velar que la demanda de bienes de capital, que es la inversión, se traduzca en una fuerza potente y deje de ser negativa”, concluye.

“Hicimos un análisis de la circulación de vehículos (…) e hicimos una comparación con todos los miércoles del mes de abril, y lo que detectamos es que hay un 11% menos de circulación de vehículos”. Esta fue la cifra con que la jefa de fiscalización del Ministerio de Transportes, Paula Flores, se refirió a la baja provocada por la restricción vehicular de vehículos catalíticos que se puso en marcha este miércoles, en el marco del Plan de Descontaminación de la capital.

Para el especialista en modelos de pronóstico de contaminación atmosférica y ambiental y académico del Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Patricio Pérez, la disminución de contaminantes que se produce por la no circulación de esta cantidad de automóviles es poco significativa.

“Suponiendo que, efectivamente, fuera del orden del 10% la cantidad de autos que dejaron de circular, eso implicaría que, idealmente, bajaría un 10% la contaminación por vehículos”, sostiene. “Considerando que las emisiones generadas por vehículos en Santiago representan un 20% de la contaminación total de la capital, el 10% de ese 20%  sería igual a un 2%. Es decir, bajarían en un 2% los niveles de contaminación”, explica.

Por otra parte, el especialista critica que la medida se haya acotado a solo restringir un dígito -no dos como se planteó en primera instancia- y que se terminara aplicando solo en el interior del anillo que forma la avenida Américo Vespucio, ya que no lograría transmitir a la población que debe preferirse el transporte público en vez del automóvil particular para tener una ciudad más limpia y descongestionada. “No queda tan claro el mensaje con esto. En realidad, lo que se está transmitiendo es que se debe renovar el auto para no tener restricción”, considera.

Finalmente, reconoce que para que esto último suceda también se debe mejorar la calidad del transporte público que existe actualmente a la capital, ya que para desincentivar el uso del automóvil particular es necesario proporcionar buenas alternativas para que las personas no   perciban la restricción como un castigo.

“Es bastante poco lo que se logra descontaminar con la restricción. Si relacionamos ésta a otras medidas, podría funcionar, pero no nos va a cambiar la vida solo con esta iniciativa en particular”, concluye.

El Gobierno lanzó la semana pasada el Sistema Táctico de Operación Policial (STOP), una plataforma que permitirá transparentar las cifras delictuales de cada comuna a través de la página web de Carabineros. Esto posibilitará que se realicen reuniones cada 30 días, donde el comisario de cada unidad policial y representantes del municipio, la gobernación y la intendencia puedan evaluar el trabajo de la institución.

El especialista en seguridad pública y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Jorge Araya, reconoce que la iniciativa impulsada por el Gobierno va en la línea correcta, ya que considera que una de las debilidades del trabajo policial se encuentra en su poca efectividad para hacer seguimiento de los delitos. Sin embargo, estima que esta plataforma no puede ser administrada solo por Carabineros.

“Podría haber un incentivo perverso para que Carabineros desestime denuncias o no las impulse para no aparecer con aumentos delictuales”, explica. “Más que el diseño, lo importante es ver cómo va a operar esto y qué control civil tendrá el sistema, si esto está solo en manos de Carabineros no dará los resultados esperados”, insiste.

El especialista señala que, aun cuando se establezcan sanciones para quienes adulteren datos, se deben reducir los márgenes de discrecionalidad en la administración de estas cifras, ya que puede terminar generándose una política organizacional al interior de la institución policial que termine complicando el trámite de realizar denuncias a las víctimas, con el único objetivo de que el trabajo de la unidad sea mejor evaluado.

“En todas partes del mundo, la denuncia es un tema controvertido, porque sabemos que esta se ocupa como indicador del delito, pero solo reporta una parte menor de la cantidad de crímenes que efectivamente ocurren, porque la denuncia es un acto voluntario de la víctima. Si la víctima no tiene confianza en el sistema o tiene miedo, no hace la denuncia”, afirma.

Finalmente, Araya estima que el control civil debiera efectuarse a través de un chequeo de la victimización y contrastarla con las cifras de denuncia. “Si no hay coherencia entre estos números, es porque el sistema no está funcionando bien”, concluye.

La Corporación Cultural de la Universidad de Santiago de Chile, con cuatro años de trayectoria, cumple el objetivo de aportar al desarrollo, investigación y difusión de la cultura y las manifestaciones artísticas en sus diversas expresiones, así como la protección y cuidado del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, y la promoción de los Derechos Humanos.

En ese sentido, una de sus tareas es fortalecer el trabajo de vinculación con la sociedad a través de la suscripción de convenios de colaboración en el ámbito sociocultural, tal como ha ocurrido con los 17 acuerdos firmados con municipios, centros culturales y agentes culturales de la sociedad civil de la Región Metropolitana, además del fortalecimiento de relaciones internacionales mediante acuerdos con las Embajadas de Polonia y Argentina residentes en Chile.

A todos estos logros se suma el convenio de colaboración suscrito recientemente entre la Corporación Cultural y la Municipalidad de Quinta Normal, firmado por el Rector Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid, en su condición de presidente de la Corporación Cultural del Plantel, y por la alcaldesa de Quinta Normal, Carmen Fernández Valenzuela.

Posibilidades con sentido social

Junto con coincidir en la necesidad de fortalecer la zona de Santiago Poniente como un gran polo artístico y cultural, tanto el Rector Zolezzi como la alcaldesa Fernández resaltan la importancia del convenio y las posibilidades que ofrece.

“Se abren múltiples oportunidades a partir de esta relación entre la Universidad y la Municipalidad para colaborar con un sentido social, además de un enfoque desde la investigación, especialmente en el ámbito cultural”, detalla el Rector Zolezzi. “Lo mejor es que este mundo de posibilidades también se le abren a la comunidad, a través de la cultura y el arte”, agrega la alcaldesa.

En ese sentido, el Rector Zolezzi valora el objetivo del acuerdo de rescatar el patrimonio a través del trabajo de la Escuela de Arquitectura, así como “la posibilidad de fomentar en el futuro proyectos de desarrollo cultural, como es el caso del Liceo Experimental Artístico, en el que la Universidad de Santiago se desempeña como administrador delegado”.

Por su parte, la alcaldesa Fernández resalta que “la cultura es un bálsamo para el alma en una sociedad que la requiere”, además de anticipar la viabilidad de que esas mismas oportunidades también abarquen otros ámbitos. “Ya lo conversamos con las autoridades de la Universidad, para que podamos abrirnos a otros sectores en los que trabajamos como Municipalidad, como es el ámbito de la educación”, explica.

Democratizar el acceso a la cultura

Como director ejecutivo de la Corporación Cultural de la Universidad de Santiago, Pablo Gutiérrez Verdi, además de destacar la importancia de fomentar la cultura y la puesta en valor del patrimonio, se enfoca en la necesidad de potenciar la zona de Santiago Poniente, “donde nos acercamos a las comunas para detectar sus necesidades y, en el caso de Quinta Normal, se nos plantearon temas relacionados con infraestructura cultural”.

En ese sentido, se refiere al proceso de articulación y trabajo conjunto que generarán entre la Corporación y la Escuela de Arquitectura del Plantel. “Nos proponemos satisfacer necesidades de infraestructura cultural, enfocadas en la fachada de la Casona Dubois, que es el centro cultural de Quinta Normal, además de la techumbre del Teatro Municipal de la comuna”, detalla Gutiérrez.

Asimismo, agrega que también existe la posibilidad de gestionar un apoyo desde la programación cultural, a partir del capital cultural que posee la Universidad de Santiago, “ya sea mediante los elencos o exposiciones de artes visuales, elementos que son parte de nuestra política de democratización del acceso a la cultura”.

El convenio, que se extenderá por dos años con posibilidades de ser renovado, también considera apoyo técnico y profesional desde la Corporación Cultural respecto de la postulación a proyectos referidos a la historia patrimonial de Quinta Normal, así como la elaboración de proyectos conjuntos que contribuyan al quehacer del Liceo Experimental Artístico.

Cabe destacar que la Corporación Cultural del Plantel se ha adjudicado 24 proyectos de fondos concursables (FONDART y FNDR), por más de $ 706 millones de pesos, de los cuales once corresponden a proyectos adjudicados en la última convocatoria 2018, los que suman ingresos por más de $ 270 millones de pesos.