Adimark, empresa dedicada a estudios de mercados y opinión pública, dio a conocer los resultados de su encuesta sobre evaluación de la gestión gubernamental, correspondiente al mes de marzo. En ella la aprobación  de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, registró un mínimo histórico de 31 por ciento y una desaprobación que alcanza los 61 puntos porcentuales. El Gobierno no se queda atrás, pues el  65%  de quienes contestaron el sondeo, reprueba su labor.

Según Marcelo Mella, cientista político y Decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, hay dos factores que determinan la caída del Ejecutivo en la encuesta. Primero, “sabemos que históricamente los Presidentes bajan en Chile hasta el tercer año, por lo tanto los semestres que tienen mayor desgaste son el primero del segundo y tercer año”, explica.

El segundo componente está marcado, según Marcelo Mella, por los problemas de corrupción o conflicto de interés “que finalmente le han quitado el apoyo blando que ha tenido la Mandataria en sus dos gobiernos”.   Ese respaldo -explica el académico- tiene que ver “con una credibilidad básica que la Presidenta genera, y que pone a su liderazgo en una situación muy distinta del resto de la clase política”, sentencia.

En ese sentido, algunos atributos personales de Bachelet, que siempre fueron bien evaluados por la ciudadanía, hoy inspiran rechazo. “Capacidad para enfrentar situaciones de crisis” y  credibilidad” con 51 % y 54 % respectivamente, son algunos de estos. Además, un 59% de los encuestados declara no confiar en la Presidenta. Significativa caída, pensando que en febrero pasado un 53% de quienes participaron en la medición, afirmaron lo contrario.

“Ese capital se encuentra erosionado seriamente por todos los sucesos que han ocurrido en el último tiempo”, dice Marcelo Mella. Agrega que el desgaste se produjo también, cuando el Gobierno no fue capaz de fijar una postura firme para salir de la crisis. “Hemos podido observar desde febrero hasta ahora, cómo la Presidenta ha oscilado entre apariciones que revelan el impacto personal que ha generado esta situación de crisis para ella, y lo que el país espera que sea una señal política robusta en términos de fortalecer la institucionalidad”, explica. 

Examen a la clase política

La clase política también fue objeto de escrutinio. 63 por ciento de los encuestados, desaprueba el trabajo de la Nueva Mayoría, y 74% el de la Alianza.  Poderes del Estado como el legislativo, también reprobaron. 75 por ciento de rechazo para el Senado y 77 para la Cámara de Diputados.

Los casos de corrupción política, acontecidos en el último tiempo, son de amplio dominio público. Según el sondeo, 97%, de quienes participaron, afirmaron conocer el ‘Caso Caval’ y 94% el ‘Caso Penta’. Asimismo un 74%  califica como “muy grave” al primero, y 86% piensa lo mismo del segundo. “Hoy en día tenemos una ciudadanía, no solamente en Chile sino en América Latina, bastante más sensible frente a estos temas”, dice Marcelo Mella.

La Nueva Mayoría y la Alianza también mantienen un bajo nivel de adhesión. 28 % y 16 % respectivamente grafican -según Marcelo Mella- una fuerte crisis en el relato de los partidos políticos, que repercute en su manejo. “Si usted  suma una falta de credibilidad transversal y una ausencia de relato o conducción de los partidos políticos, lo que tiene finalmente es un distanciamiento de la opinión pública respecto a la actividad política formal” afirma el investigador. Por eso -dice Mella- “no hay democracia fuerte sin partidos políticos fuertes”.

Como salir de la crisis

Frente a la relaciones irregulares entre dinero y política que se han hecho públicas recientemente, Marcelo Mella cree que lo que el país precisa son mecanismos fuertes y transparentes de financiamiento público para la actividad política,  “porque la ciudadanía tiene que entender que la democracia sana que se requiere, también necesita  un financiamiento estatal que equipare la  cancha entre los distintos jugadores, y con niveles superiores de transparencia de los que tenemos hoy en día”.

La conferencia “El nuevo régimen de relaciones laborales en Argentina”, tuvo lugar el lunes 30, en la Sala de Consejo de la Escuela, donde el sociólogo se refirió al proceso ha vivido la nación vecina en relación a los temas laborales, principalmente, como indicadores de una disminución en la desigualdad social.

Este proceso que llamó de “cambio estructural”, también lo reconoce en otros países cercanos, como Uruguay y Brasil; al tiempo que calificó como “transformaciones importantes” lo que sucede en Bolivia y Ecuador. “Toda la Región está en un proceso de cambio singular y diverso, distinto a otras regiones del planeta”, sentenció.

Los cambios de los que habla, están relacionados con tendencias vinculadas a la igualdad social. Entonces, según el índice Gini (medida que relaciona ingresos y PIB entre otros aspectos), la desigualdad en Argentina venía en aumento desde la década de 1970 y se incrementó durante los ’90 con el modelo neoliberal. Pero, después de la crisis de 2001 y “a partir de la implementación del nuevo modelo económico, la desigualdad tendió a disminuir. Y hoy sigue disminuyendo”, indicó.

Con esto, desde el punto de vista de las relaciones laborales, “se trata de una medida económica que nivela la participación del salario en el PIB, es decir, cuánto participan de la distribución de la riqueza los asalariados”, acotó el sociólogo.

“La disminución de la desigualdad en Argentina fue de la mano de un incremento de la participación del salario en el producto (PIB), desde 2003 hasta ahora; y esto ha sido decisivo en la disminución de la desigualdad”, señaló.

El cambio de lo individual a lo colectivo

Para el experto, las causas o factor clave para asentar esta aseveración, tienen relación con el crecimiento de las negociaciones colectivas entre trabajadores y el empresariado del país vecino.

Según sus estadísticas, las negociaciones colectivas registradas durante la década 1990-1999 no eran más de 200 anuales; mientras que en 2014, se registraron entre 1500 y 2 mil convenios colectivos homologados anualmente por el Ministerio del Trabajo de Argentina. “Todos los sindicatos en condiciones de negociar, están negociando”, afirmó.

El académico indicó que si durante los noventa había prevalecido la individualización en la relación laboral, donde los trabajadores negociaban solos, ahora lo que predomina es negociar de manera colectiva, lo que ha fortalecido a los sindicatos. “Actualmente, el modelo vigente para pedir aumento salarial es el sindicato. Hay demanda de sindicatos”, explico.

“Aparecen como actores relevantes de la dinámica política y social en Argentina, y son factores claves de la mejora en la distribución del ingreso”, remarcó, explicando que entre otros, recuperaron parte importante de su influencia política y social, han ampliado la cobertura, se acrecentó la cantidad de afiliados, en cuanto al sistema de administración de pensiones, se pasó del sistema de ahorro y capitalización individuales a un sistema solidario residual, entre otros.

Sistema solidario

En el régimen actual de inclusión colectiva (vía convenios colectivos), el académico explicó que se garantiza en ingreso de trabajadores con menores calificaciones y productividad, en relación a los beneficios que alcanzarían con un salario de mercado; asimismo, este nuevo régimen rearticula el salario con la productividad social, lo que significa retornar a un sistema solidario con ampliación del financiamiento, beneficiando a los sindicatos y, al mismo tiempo, garantizando y aumentando la representación en todos los niveles.

Entre las causas, supone que la catástrofe económica del modelo neoliberal que estalló en 2001 fue determinante. Mientras que para afianzar el nuevo modelo, la legitimación inicial se realizó a través de un impulso estatal del crecimiento económico e inclusión social, mediante instituciones laborales.

Este punto fue destacado por uno de los asistentes, ya que comparado con la tendencia en Chile, la posibilidad de que el escenario propiciara el empoderamiento de los sindicatos aún no se vislumbra cercana. No obstante, Héctor Palomino explicó que durante su visita a nuestro país, se reunió con personeros del gobierno y de la CUT, que estaban muy interesados en el proceso argentino, atendiendo a la tendencia de la Región.  No obstante, el sociólogo acotó que reconoce matices de cambio en Chile, sin embargo, el problema reside en las expectativas de la población y en ese sentido, indicó que la labor de los psicólogos presentes podría orientarse a medir justamente esas expectativas, percepciones y motivaciones.

La Reforma Laboral se discute actualmente en el Congreso y es tema en todos los sectores, donde se plantean distintas postura y surgen dudas.

En esa perspectiva se enmarca la visita que la Ministra del Trabajo y Previsión Social, Javiera Blanco, realizará a nuestra Universidad el jueves 23 de abril, para dictar una conferencia en el Salón de Honor de la Corporación. La cita es a las 11.30 horas de ese dìa.

La actividad es organizada por el Consejo de Desarrollo Social Empresarial (Cedes), de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, en colaboración con la Fundación de Egresados y Amigos de la Casa de Estudios (Fudea), convirtiéndose en la primera actividad en conjunto, con la finalidad de continuar una labor de apoyo mutuo permanente.

Fudea y Cedes sellan alianza de colaboración

Actividades masivas, seminarios y conferencias, que involucrarán tanto a la comunidad de egresados como al sector productivo, serán algunas de las acciones que emprenderán ambas entidades, con la finalidad de fortalecer la identidad institucional, que constituirá una de las líneas de trabajo que propiciará esta inédita sinergia.

De acuerdo a Paulina Hidalgo, directora ejecutiva de Fudea, un aspecto central de dicha asociación tiene que ver con las potencialidades propias del trabajo colaborativo, que permitan generar una mayor resonancia de las acciones realizadas, porque está comprobado que la labor conjunta es más efectiva.En términos generales, el fortalecimiento de la identidad institucional, la vinculación con el sector productivo y la promoción de iniciativas internas, son las tres grandes líneas de acción que desarrollarán ambas entidades.

Sobre los motivos que llevaron a formalizar esta alianza, Luis Palma, director ejecutivo de Cedes, señala que los ex alumnos son un aspecto muy importante dentro de su estrategia para vincular al mundo de la empresa con la Universidad.

“Muchos de ellos están en puestos muy importantes dentro del sector empresarial y ahí nace la necesidad de tener este contacto. Además, al ser egresados, tienen cierta sensibilidad respecto a la Universidad. Por lo tanto, un trabajo con ellos va a ser mucho más fructífero que con cualquier otro empresario que no haya salido de acá”, señala.En ese sentido, afirma que “Fudea lleva la relación con los ex alumnos (…), de tal forma que al estar juntos, se genera una sinergia natural para conseguir ese objetivo”.

Trabajo colaborativo

Uno de los proyectos que realizará Cedes durante el presente año, será la creación de un Comité Empresarial de Ex Alumnos.

“Queremos trabajar con ellos en potenciar justamente la labor de la Universidad en el sector empresarial. Por lo tanto, ellos mismos nos van a poder entregar ideas y conectarnos con otros egresados. Es importante conocer el punto de vista de ellos.”, afirma Palma.

A su juicio, el gran desafío, que potenciará esta u otras acciones a emprender, “tiene que ver con demostrar que el trabajo colaborativo sí funciona y que el trabajo intra-institucional puede ser tremendamente provechoso”.

Responsabilidad ciudadana

El sello identitario del egresado U. de Santiago será uno de los aspectos principales a fortalecer tanto por Cedes como por Fudea.

“No porque no tengamos identidad. La tenemos, pero por diferentes razones se ha debilitado y es un elemento con el que vamos a trabajar mucho. Tenemos varias iniciativas en esa línea y yo creo que es súper importante potenciarla”, adelanta Hidalgo.

En particular, destaca un aspecto central de esa identidad universitaria, que convierten al plantel en una institución única a nivel nacional: su sentido de responsabilidad ciudadana.

Para Hidalgo, “es un elemento que va mucho más allá de la responsabilidad social, porque tiene que ver con cuan responsable soy del país que quiero construir. Puede que algunos egresados nuestros no tomen las decisiones de sus empresas, pero tienen voz. Son capaces de influir y finalmente delinear lo que son las organizaciones”.Finalmente, ambas autoridades realizaron un llamado a la comunidad universitaria y de egresados a sumarse a las iniciativas que ejecutarán durante el año. “Lo fundamental es que se sumen y nos ayuden a concretar los objetivos que son de beneficio mutuo”, concluyó Palma.

Más información sobre Fudea y Cedes en: www.fudea.usach.cl(link is external) / www.cedes.usach.cl
 

El primer trimestre de este año se ha caracterizado por la judicialización de los escándalos políticos, como el caso Penta y SQM, que ha involucrado a parlamentarios, políticos, empresarios y hasta funcionarios públicos; y a medida que el Ministerio Público avanza en las investigaciones, aparecen más aristas sumando involucrados que, incluso, podrían llegar a dar cuenta de estos vínculos a tribunales.

El académico del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de nuestra Universidad, Alberto Mayol, considera que puede haber diversos motivos por los que la arena política esté entrando a tribunales, no obstante, el aspecto más evidente es que “hay debilidad en el sistema político, que no ha sido capaz de resolver los problemas de los procesos sociales en su interior, desde las alzas de las isapres hasta los problemas de financiamiento de la política y, por lo tanto temas que podrían haber estallado socialmente en forma de protesta, está estallando a través de una judicialización”.

El cientista político remarca que estas situaciones tienen cabida en el mundo jurídico como respuesta a “la falta de capacidad de gestión del sistema político”.

Desmitificando a la ‘puerta giratoria’

Y si durante años la opinión pública criticó al poder judicial por no percibir la severidad que se esperaba de sus resultados, el académico estima que esta es la ocasión para que el organismo de justicia recupere la confianza social. “Es la posibilidad de poner en entredicho al sistema político, que siempre abusó del argumento de la ‘puerta giratoria’ para echarle la culpa a los jueces de problemas como la delincuencia, que no fueron capaces de encontrar solución a través de la política”, indicó.

“La ‘puerta giratoria’ nunca existió. Los datos son contundentes”, acotó el académico, explicando que durante los años recientes, nuestro país se asoció con las naciones que contaban con más presos en el mundo en relación a su población, “por lo tanto, no era cierto que la gente no estaba dentro de las cárceles; al contrario, informes internacionales señalan que en Chile hay demasiadas cárceles de alta seguridad y demasiada gente presa. Y con eso, se le hizo pagar una cuenta muy cara al sistema judicial. Hoy, ese sistema ve la oportunidad de encontrar legitimidad y la está tomando”, afirmó.

Organismo persecutor

Uno de los políticos llamados por el Ministerio Público a declarar en el caso Penta es el es senador Jovino Novoa, quien a comienzos de esta semana se presentó ante el fiscal nacional Sabas Chahuán y tras apelar a su derecho a guardar silencio y no dar declaraciones a los persecutores, sí habló con la prensa y alegó que “la búsqueda de la usticia es incompatible con las agendas políticas” y calificando la investigación de la Fiscalía como “ideológicamente falsa”.

Sumado a eso, durante la jornada de ayer, el consejero legal de la empresa SQM, Gabriel Zaliasnik, tuvo que excusarse luego de haber comparado la labor de la Fiscalía en el caso Penta con el actuar de la Stasi, la policía política de la República Democrática Alemana (RDA).

Alberto Mayol considera que la incompatibilidad entre las agendas políticas y los procesos judiciales es obvia, “el punto es que en la historia reciente de Chile, lo que pasaba era hasta justamente  lo contrario. Sin embargo, hasta ahora, los conflictos se habían resuelto políticamente y no sólo en tribunales, pero hoy se está reflejando esa discrepancia y por eso se judicializa todo”.

En cuanto a las presiones u omisiones hacia el Ministerio Público, el académico sostiene: “La Fiscalía está funcionando, eso es todo. Se llama órgano persecutor porque ese es su trabajo”.

Alberto Mayol acota que el proceder de los fiscales ha sido el esperado, ya que “se deben enfatizar las pruebas en contra”, y atribuye a la contraparte defensora la labor de desvincular a los imputados. “No tiene ningún sentido tratar de culpar a la Fiscalía de la contundencia de las pruebas”, sentenció arguyendo que durante la formalización, si bien no se necesario presentar material probatorio, sino más bien antecedentes, para solicitar medidas cautelares como prisión preventiva, “al juez mismo le pareció que lo entregado constituían ya pruebas. Era material relevante, por lo tanto, no me parece que sea pertinente que se diga que la Fiscalía esta sobrepasando sus funciones”, concluyó.

Como una respuesta “insuficiente” y “reactiva”, calificó el decano de la Facultad de Humanidades, Dr. Marcelo Mella, los recientes anuncios del gobierno en materia de transparencia.

Para el académico y cientista político, si bien iniciativas como la creación de un Consejo Asesor Presidencial muestran disposición a trabajar contra la corrupción, las medidas adoptadas por el gobierno son “tardías” y “no apuntan al tema de fondo: el financiamiento de la política”.

“Estas decisiones son en reacción a los escándalos que se han hecho públicos. Antes de estos casos no había mayor iniciativa respecto al tema de la probidad, aunque todo el mundo sabe que los sistemas de fiscalización son débiles, que las situaciones de conflicto de interés son efectivas y que la ausencia de financiamiento público a la política es un problema que tarde o temprano iba a complicar a todo el sistema”, señaló Mella.

El académico agregó que, esta falta de financiamiento, “es un gran problema que afecta a la democracia. De no existir avances en esta materia, casos escandalosos como Penta o Soquimich seguirán estando en primera línea cada cierto tiempo”.

“No puede ocurrir que el problema de la transparencia en el financiamiento de campañas, siga en el tiempo sin una respuesta contundente, porque, de lo contrario, efectivamente habrá un costo transversal, grave para los partidos políticos, y eso abre puertas a escenarios muy indeseables para la política chilena”, puntualizó.

Cabe recordar que, durante la presentación del Consejo Asesor Presidencial anticorrupción en La Moneda, Michelle Bachelet dio a conocer cuatro compromisos para avanzar en materia de probidad, uno de los cuales es el envío de un proyecto de ley que busca obligar a los ex presidentes a generar su propia declaración de patrimonio e intereses.

Costos políticos

Respecto a los costos que casos como Penta, Caval y SQM puedan tener en la imagen de la presidenta Bachelet, el decano Mella proyectó que la popularidad presidencial podría seguir descendiendo a niveles inéditos.

“Antes de estos eventos escandalosos que hemos conocido en los últimos meses, la presidenta estaba bordeando el 38 por ciento de aprobación ciudadana. Y si uno mira las encuestas de los últimos 25 años, podrá ver que los gobiernos, por lo general, alcanzan su punto de mayor desgaste en el primer semestre del tercer año. Es decir, la presidenta podría seguir cayendo en popularidad, fácilmente, un año más; incluso por debajo de la aprobación a los partidos políticos, lo cual, ciertamente, complicaría la idea de llevar adelante la agenda legislativa del gobierno”, afirmó el académico de nuestra Casa de Estudios Superiores.

Frente a la crisis política generada por casos como Penta, Caval y Soquimich, el gobierno ha adoptado una serie de medidas con el propósito de fomentar la transparencia en Chile.

Entre estas iniciativas se encuentra la creación de un Consejo Asesor Presidencial contra la corrupción y la reciente firma de un “instructivo presidencial sobre buenas prácticas en materia de declaración de intereses y patrimonio”.

En este contexto, el académico del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de nuestra Universidad, y magíster en Ciencia Política, Dr. Fernando Estenssoro, valoró los pasos dados desde La Moneda, pero formuló un llamado a plasmar estas propuestas “a través de leyes concretas”.

“(La creación del consejo anticorrupción) me parece una excelente iniciativa que debió haber sido adoptada con anterioridad. Lo lamentable es que tengan que ser estos escándalos los que sensibilicen al país para que, finalmente, la clase política avance en estas materias”, afirmó Estenssoro, agregando que, lo positivo de la crisis de credibilidad política, “es que permite avanzar en la creación de una nueva institucionalidad que promueva la transparencia; aspecto fundamental para la convivencia democrática”.

“Lo importante, ahora, es que lo que se decida en el consejo, se transforme en algún tipo de institucionalidad y se otorguen recursos para cumplir una acción de control permanente. De lo contrario, nuevamente, nos quedaremos solo en las ideas”, enfatizó el académico.

A juicio de Estenssoro, “si la clase política no toma conciencia de que debe actuar y demostrar capacidad de resolución en esta materia, el país podría entrar en una situación política muy perversa”.

“Cuando no se respetan los procesos democráticos y la clase política empieza a actuar de tal forma que la aceptación de la ciudadanía es cada vez menor; aumenta la desconfianza y el descontento y es la democracia la que se empieza a desmoronar. Eso puede llevar a situaciones insospechadas, como lo que pasó en Italia, donde la corrupción permeó a la Iglesia y a los partidos políticos, y enseguida aparecen payasos como Berlusconi”.

“El populismo de la peor especie es una de las posibilidades que se abre cuando el desencanto de la ciudadanía con la clase política alcanza niveles demasiado altos, y cuando ven que su clase política no es capaz de superar el problema. Eso es lo que debemos evitar con medidas concretas y permanentes”, subrayó el magíster en Ciencia Política de nuestro Plantel.

El especialista enfatizó que la Mandataria debió haber adoptado un rol más activo frente a los cuestionamientos generados por el supuesto tráfico de influencias cometido por su hijo, el ex director sociocultural, Sebastián Dávalos; calificando el manejo político como “un completo error”.“La situación hubiese sido muy distinta si Michelle Bachelet hubiese despedido, ella misma, a su hijo”, lo que “habría sido una señal política muy potente”.

“Sin embargo, Dávalos renunció a su cargo y luego a la militancia en el PS debido a la presión inicial. Yo no creo que eso sea una solución. Su renuncia al partido lo único que hace es dar señales de que, de alguna manera, las denuncias que se hacían en su contra para que abandonara la colectividad, tenían todo el sentido”, añadió.

El sociólogo del Plantel afirmó que el caso Caval, no solo afectó a Dávalos y su esposa, “además golpeó el etos fundamental del bacheletismo, y la idea que se tenía de que ella (la Presidenta) no pertenece a la elite ni busca sacar provechos u obtener prebendas, así como su sentido maternal que hoy se transforma en un defecto, cuando su propio hijo no es capaz de mantener su conducta”.

Cabe señalar que la encuesta Adimark de febrero, dada a conocer ayer, muestra una baja de 5 puntos en la aprobación a la Mandataria.

Consultado respecto a las consecuencias que casos como el de Sebastián Dávalos o Penta tendrán en la imagen pública de la política en Chile, Alberto Mayol destacó que esta relación conflictiva entre el sector público y privado, no es un fenómeno reciente.

“Decir que estos casos son algo nuevo es completamente ridículo (…). Estamos ante un orden basado en una articulación inadecuada entre política y dinero. La dictadura inauguró un proceso de privatización que es completamente irregular, que es político y que constituyó los nuevos grupos económicos de esta sociedad”, sostuvo el analista y autor de “El derrumbe del modelo”.

“Este no es el momento para regular la relación entre dinero y política; esto debió ocurrir hace 25 años. Otra cosa es que la situación ya no pueda seguir sin resolverse, aunque, probablemente, cualquier solución que se busque, por muy razonable que sea, vaya a parecer igualmente sospechosa para la ciudadanía, debido a los bajos niveles de credibilidad actuales”, puntualizó el académico de la Facultad de Administración y Economía de nuestra Universidad.

Tras conocerse los denominados Caso Penta y Caso Caval que han remecido a la opinión pública, el académico de la Facultad de Administración y Economía de nuestra Universidad, el economista Dr. Gonzalo Martner, respaldó la idea de realizar una asamblea constituyente que proponga una nueva constitución y revise la relación entre el ámbito público y el sector privado en Chile.

A juicio del, también, ex secretario general del PS, “lo más sensato y lo que más responde a las demandas actuales de la ciudadanía sería que los chilenos nos pronunciemos respecto a si queremos o no cambios en la institucionalidad del país”.

Martner afirmó que los recientes casos de “conflictos de intereses”, son un elemento adicional para iniciar un proceso constituyente en Chile, “donde elijamos con toda tranquilidad y serenidad, un conjunto de personas que no sean políticos profesionales, con el objeto de volver a revisar nuestras normas, el régimen político en nuestro país, nuestros derechos y deberes y, de esa manera, abordar de frente esta situación”. 

Respecto del anuncio de la Presidenta Bachelet de crear un Consejo Asesor para promover la transparencia entre lo público y lo privado, Martner recalcó que “la mejor comisión sería una asamblea constituyente”.

“Como dicen los chinos, debemos aprovechar esta crisis y verla como una oportunidad para mejorar las cosas”, recalcó el académico.

“El problema ya está causado”

En cuanto a la reciente renuncia de Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon a su militancia en el PS, Martner señaló que el hecho “solo viene a clarificar una situación”.

“No parecía del todo normal que personas que estaban dedicadas a actividades que incluyen el lobby, es decir, influir sobre decisiones públicas, en este caso el uso legal del suelo, mantuvieran una militancia en algún partido político”, declaró el economista, agregando que, no obstante, el problema a la imagen política del país “ya está causado”.

“¿Cómo puede percibir bien un ciudadano que gana el salario mínimo que se produzcan estos hechos, donde mediante el pretexto de conseguir un cambio en el uso de suelos y un crédito con muy poco capital propio, haya personas que se enriquezcan de tal manera?”, se preguntó Martner, ejemplificando que, en el Caso Penta, “el gerente general ganaba 32 millones de pesos al mes, es decir, 160 veces más que el salario mínimo”.

“Esos son los temas que la sociedad tiene que discutir, porque para poder convivir juntos, en un esquema democrático, necesitamos que los recursos públicos sean manejados con la más estricta probidad y corrección”, concluyó Gonzalo Martner, académico de nuestra Casa de Estudios.

“Este penoso episodio nunca debiera haberse producido”, reflexiona el analista político y académico de la Facultad de Administración y Economía, Dr. Gonzalo Martner tras conocer la noticia de la renuncia del hijo de la presidenta Bachelet, Sebastián Dávalos debido a su participación en la compra y venta de terrenos por parte de la sociedad Caval, perteneciente a su esposa.

El académico, quien fuera un actor protagónico en la  conducción del PS –ya fuere como Secretario General (1994-1998) o Presidente (2003-2005), -  argumenta que el capítulo de Caval, se podría haber evitado “si se hubieran aplicado los principios republicanos, que suponen que nadie debe ocupar un cargo público por parentesco con el gobernante”.
Martner acota que “la institución de la presidencia en Chile arrastra una anomalía que debe terminar de raíz, sobre la base de trasladar las fundaciones sociales a los ministerios respectivos”. El director del Departamento de Gestión y Políticas Públicas, es enfático en señalar que “el cargo que ocupaba el Señor Dávalos, debería suprimirse”.

El académico, quien durante los gobiernos concertacionistas colaborara en diversos cargos en La Moneda, siendo destinado incluso al ejercicio diplomático por la Presidenta Michelle Bachelet como Embajador de Chile en España (2008), supone que pasado el trago amargo para la Nueva Mayoría, en términos de imagen y percepción de la ciudadanía, el paso siguiente debería darlo la oposición.

“El daño provocado a la presidenta y a su coalición de gobierno es evidente, aunque ahora le pone la tarea todavía más difícil al presidente de la UDI, Ernesto Silva, quien pese a estar vinculado directamente al grupo Penta y su acciones de tráfico de influencia  y actividades ilegales de financiamiento de la política, se niega a dejar el cargo”, concluye.

La desigualdad social, el desempleo y el sistema educativo son, para la mayoría de los chilenos, los temas que generan más problemas, actualmente, en el país.

Así lo refleja el III Estudio de Valores Sociales de nuestra Universidad, presentado este miércoles (21) por los académicos del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Administración y Economía, Alberto Mayol y Gonzalo Martner.

La encuesta fue aplicada entre el 5 y el 14 de enero, a través de un cuestionario online a 724 personas, desde Arica a Punta Arenas y, entre otros resultados, mostró que más de un 30 por ciento de los consultados sitúa en primera opción la “desigualdad social” dentro de los principales problemas del país, por sobre factores como la delincuencia, el costo de la vida o las pensiones, entre otros.

En materia de cambios sociales, un 88 por cien de los encuestados, considera que Chile necesita “cambios totales” o “reformas importantes”. Quienes dicen que los cambios deben ser “menores” o que el país debe permanecer “tal como está”, bordean los 10 puntos porcentuales.

En relación a los valores sociales, en tanto, el “respeto por el otro”, “igualdad”, “trabajo”, “seguridad” y “solidaridad” son los conceptos más importantes para los ciudadanos respecto a los factores que constituyen “un mundo mejor”, por sobre la “responsabilidad individual”, la “autoridad” y la “religión”.

En cuanto a la desigualdad, un 68 por ciento considera que Chile es un país “muy desigual”, realidad que es atribuida a “diferencias de educación” (53%) o bien al “origen social o familiar” (37%), antes que a diferencias en el esfuerzo propio (10%).

Una mayoría (54%) opina que el funcionamiento actual de la sociedad chilena no contribuye a disminuir las desigualdades sociales de origen o bien que las agrava (38%).

En el ámbito educacional, el estudio reseña que la mayoría considera que la educación debiera ser “principalmente pública” (entre 62% y 67% según los niveles educativos) o “sólo pública” (entre 21% y 27% según los niveles educativos). Se mantiene, asimismo, una opinión fuertemente mayoritaria (entre 75% y 83% según niveles educativos) en contra de la aceptación del lucro en la educación.

En la encuesta se observa, además, una amplia preferencia (57%) por la no intervención de las iglesias y creencias religiosas en las decisiones políticas del país y un 49% de respaldo a la idea de permitir el aborto, “solo en caso de violación y en caso de peligro de la vida de la madre”.

Finalmente, en materia electoral, las coaliciones Nueva Mayoría y Alianza sufren un amplio rechazo por los potenciales electores, mientras, ante la pregunta sobre quién cree que será el presidente en el próximo período (mención espontánea) un 34% menciona a Sebastián Piñera y un 32% menciona a Marcos Enríquez-Ominami.

La desigualdad se toma la opinión pública

Para el sociólogo y académico de la Facultad de Administración y Economía de nuestra Universidad, Alberto Mayol, lo más relevante de la consulta “es que la desigualdad se tomó la escena actual del país”.

“La población considera, además, que la educación está agravando la desigualdad y eso, a su vez, genera una orientación al conflicto social”, explicó el sociólogo.

“En las encuestas realizadas previamente en la Universidad, hemos visto que la desigualdad siempre ha sido un tema relevante, pero se ha incrementado la presencia de este factor. Si uno hace la comparación con otras consultas realizadas hace unos 10 años, la importancia que se le da a la igualdad prácticamente se duplica mientras que factores como el orden, caen estrepitosamente”, agregó el académico del Plantel.

El III Estudio de Valores Sociales fue realizado por el Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la FAE con las empresas de estudios de opinión Sargón y Netquest, en continuidad con dos estudios previos realizados en 2013.