La Cámara de Diputados aprobó este jueves las indicaciones del Senado y despachó a ley la reforma constitucional que permite a los afiliados retirar el 10% de sus fondos de pensiones desde las AFP. El proyecto será promulgado hoy por el Presidente Piñera.

A raíz de la crisis económica causada por la pandemia de COVID-19, no solo Chile ha optado por el retiro de los fondos previsionales, son diversos los países del mundo que lo han permitido de forma parcial.

Así, mientras en Chile se aprobó extraer hasta un 10 por ciento de estos ahorros con un monto máximo de $4.300.000, en Perú se autorizó el retiro de un 25 por ciento, con un límite de $3.110.000. En tanto, los estadounidenses pueden obtener hasta $77.760.000.

Esta información la consigna un reciente informe del Banco Interamericano del Desarrollo (BID) que muestra casos donde el retiro de estos fondos es excepcional y de otros donde se trata de una política establecida para situaciones de contingencia.

Para la economista y académica de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, Marcela Vera, los casos recogidos por el BID, se tratan“más bien de países que tienen una estructura de sistema previsional distinta a la nuestra”.

“Fundamentalmente, tienen un régimen donde se garantiza una pensión mínima digna y donde, independientemente del fondo que cada individuo tenga, va a existir ese sistema de prevención de la pensión que tendrán en el futuro”, señala.

En palabras de la académica, “muy lamentablemente, nuestro país no se encuentra en esa situación”.

“Nosotros no tenemos la garantía de una pensión que uno pueda calificar de digna. Todos los indicadores de nuestro país están asociados a tener una pensión más cercana a la línea de la pobreza”, agrega.

Además de este primer elemento diferenciador respecto de Chile con los casos internacionales que muestra el BID, un segundo ámbito se relaciona con la justificación y los límites establecidos para el acceso a estos fondos.

Así, por ejemplo, la académica identifica el caso de Australia, “donde se busca permitir un acceso para, en determinadas condiciones terminales,contar con estos fondos por motivos de compasión. O en Dinamarca, donde por cada uno de los retiros se debe incurrir en el pago de una tasa impositiva importante o a altos costos administrativos (...) En México se pueden observar retiros por desempleo y como ayuda por gastos de matrimonio”.

“Son políticas que han generado espacio para el retiro de fondos, pero están mucho más limitados, no a una situación crítica a nivel estructural como la que atraviesa hoy nuestro país”, explica la economista.

Con todo, Marcela Vera considera que, de autorizarse en Chile el acceso de la ciudadanía a los fondos de su ahorro obligatorio, “necesariamente esto va a ir en contra, no solo en el largo plazo de la pensión que reciben la mayoría de los chilenos, sino que sobre todo en términos del impacto efectivo que tendrá esta política pública”.

“Hay que recordar que, en general,la gente podrá retirar, en promedio, un millón de pesos, llegando a un tope máximo de $4.300.000, y eso significa que, más bien,será una medida muy orientada, en la misma línea que plantea el BID, a generar un breve periodo de liquidez que permitirá a los chilenos, básicamente, financiar créditos hipotecarios o de consumo con bancos o casas comerciales”, señaló la experta.

“El mismo informe comenta que estos mecanismos no son los únicos y exclusivos en los cuales se podrían llegar a utilizar los ahorros obligatorios, sino que también podrían aprovecharse para la generación de inversión productiva, empleos y cambios a nivel estructural en el país y que, en ese orden, puedan tener efectos e impactos que duren mucho más que solo uno, dos o tres meses”, subrayó la académica de la Facultad de Administración y Economía.