“Con el paso que estamos dando, Chile gana. Gana en el diálogo, los acuerdos, las reglas claras, y la solidez institucional. Pierden la confrontación, la desconfianza, el desequilibrio y la inestabilidad”, afirmó la Presidenta Michelle Bachelet el 29 de diciembre pasado, en el marco de la firma del proyecto de ley que moderniza las relaciones laborales.

La iniciativa impulsada por el Gobierno incluye, entre otras medidas para mejorar la calidad de la negociación colectiva, que “los trabajadores aprendices en grandes empresas o los contratados para una obra o faena transitoria puedan negociar”, la asistencia técnica para desarrollar un acuerdo colectivo fluido y eficaz, y que respecto a la última negociación que el sindicato haya realizado, lo obtenido sea el piso para nuevas tratativas.

Además, se propone una relación de equilibrio entre las partes tratantes, donde se establece el derecho a paralizar de los trabajadores y la “imposibilidad del empleador de reemplazar los puestos de trabajo de quienes están en huelga, con trabajadores propios o externos a la empresa”.

El sindicato, será el único ente encargado de negociar. Si en una empresa existiesen varios, cada uno tendrá la potestad de buscar, de forma independiente, un acuerdo con el empleador. Asimismo, como la afiliación no es obligatoria, previo concierto entre las partes, los beneficios se extenderán para todos los empleados, pertenezcan o no a una asociación sindical.

Según el académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de nuestro Plantel, Diego Barría, la reforma que impulsa el Ejecutivo, representa un paso significativo para los trabajadores ya que les  otorga herramientas para establecer con el empresario mejores condiciones laborales. “De todas las reformas que ha habido en Chile, desde los noventa en adelante, ésta es la que más avanza en términos de dotar de capacidad a los sindicatos para poder negociar frente a los empleadores”, explica el investigador.

Debate Amplio

Sectores del empresariado han rechazado la iniciativa. Por ejemplo el Presidente de la Confederación de la Producción  y del Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, afirmó que el proyecto más que velar por los trabajadores, otorga más facultades a los dirigentes sindicales. “No va por el camino correcto- dijo Santa Cruz- en orden a que no se preocupa de los problemas de todos los trabajadores. Solo está preocupado de ver como le damos más atribuciones y espacio a la dirigencia sindical”.

Desde la oposición, hubo críticas para el proyecto. Por ejemplo, el diputado Patricio Melero de la Unión Demócrata Independiente calificó la iniciativa como “un retroceso para el objetivo fundamental que debiera tener una reforma que es generar más empleo para los chilenos”.  “Echamos de menos, derechamente, que se le hable a las personas que no tienen trabajo”, afirmó por su lado el parlamentario de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg.

La respuesta del oficialismo no se hizo esperar. La Ministra del Trabajo, Javiera Blanco, declaró que “lo que quiere este proyecto es que haya más diálogo. Hoy los grados de conflictividad  a nivel de negociación colectiva son altos porque el espacio de diálogo está mal planteado”, sentenció. Por su parte el Subsecretario del Trabajo Francisco Díaz, expresó que  la reforma y agenda laboral del Gobierno está pensada para todos “Lo que nosotros estamos haciendo es generar las condiciones para mayor productividad, competitividad a las empresas, sobre la vía de mejores acuerdos entre empresas y sindicatos. En ese sentido creemos que es una agenda para Chile”

Quiebre histórico

Dice Diego Barría que el proyecto de ley- que durante enero se tramitará en el Congreso- marca un quiebre respecto a las iniciativas que en esta materia se han realizado, pues “la discusión laboral principalmente después de la crisis asiática hasta el primer Gobierno de Bachelet siempre fue respecto a la flexibilización de las condiciones laborales para generar más empleo”, explica el académico.

Las críticas de la oposición al proyecto- cree Barría- van más por reencausar los temas a reformar, priorizando, por ejemplo, la creación de puestos de trabajo. “La discusión que plantea la derecha es retomar esa agenda, es decir el empleo primero y después lo otro. Por eso- agrega el especialista- el proyecto del Ejecutivo “es un avance, y de cierta forma es una continuidad con el anterior Gobierno de Bachelet”.

Según Diego Barría, durante su primer mandato, Michelle Bachelet  tuvo una relación distante con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), porque priorizó la creación de comisiones de expertos para que la asesoraran en materia laboral. “Ella no se reunía con la CUT- dice el académico de la U. de Santiago- como  había ocurrido con los otros gobiernos de la Concertación, que cuando negociaban en esta materia, llamaban tanto a los empresarios como a las agrupaciones sindicales”.

“Bachelet aunque paradójicamente sacó a la CUT del mapa, Osvaldo Andrade su ministro del trabajo durante su primer época al mando del país, dio un giro en el discurso, dejó de hablar de flexibilización y empezó a hacerlo sobre derechos laborales”. Por eso- estima Barría- el proyecto que hoy se impulsa, “viene a materializar algo que se había insinuado solo discursivamente en el primer Gobierno de la Presidenta.

Finalmente, respecto a la tramitación del proyecto en el Congreso, Diego Barría cree que los problemas para aprobar el proyecto, más que surgir desde la oposición, podrían provenir de la coalición gobernante. “Dentro de la misma Nueva Mayoría es difícil, porque hay diversos sectores representados y quizás suceda como en las otras reformas, que cuando entran al Senado comienzan las discusiones”, finaliza.