La tarde de este jueves, el Consejo Municipal de Las Condes analizará la propuesta del edil de la comuna, Joaquín Lavín, de quitar a los reincidentes por narcotráfico mayores de 30 años los beneficios sociales que entrega el municipio –entre ellos, el derecho a postular a una vivienda-.

El sociólogo y académico de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago de Chile, Claudio Avendaño, reconoce que esta medida puede haber nacido de una demanda ciudadana como señala el alcalde. No obstante, indica que el principal conflicto que plantea la disposición es que terminará endilgando a otros sectores el problema del narcotráfico que existe en Las Condes.

“Hubo en la década de 1980 un programa de erradicación de campamentos que terminaron siendo distribuidos en La Pintana, San Bernardo, Puente Alto, etcétera. Por lo tanto, se solucionó el problema de Las Condes, pero se segregó la ciudad”, compara.

“La municipalidad de Las Condes está resolviendo el problema de sus vecinos, pero ¿dónde va a ir esta gente?”, cuestiona Avendaño. “Esto es una solución que resuelve el problema micro de Las Condes, pero no contribuye a resolver o atenuar el problema del narcotráfico que, justamente, lo viven los sectores más bajos”, sostiene.

“Esta medida no contribuye a la solución. Es cortoplacista y de alcance limitado”, critica.

Derechos universales

Por otra parte, el sociólogo advierte que la medida atenta contra los derechos sociales que son universales a la especie humana. “Es decir, que por el hecho de ser seres humanos, tenemos derecho a salud, educación, vivienda, etcétera”, ejemplifica.

En ese sentido, “los derechos sociales entrarían en cuestión con una decisión de este tipo, por muy bien intencionada que esté”, explica.

“Todos estos problemas sociales son multidimensionales y requieren miradas de políticas públicas en temas de vivienda, salud, educación, etcétera. No es algo que se resuelva con una sola medida”, afirma el sociólogo.

“Siendo que es un problema multidimensional y complejo, una medida de este tipo no contribuye significativamente a resolver el problema”, concluye.

La experta en seguridad de la Universidad de Santiago de Chile, Dra. Lucía Dammert, será parte del Consejo Asesor del Secretario General de Naciones Unidas en Asuntos de Desarme. A inicios de enero, la académica recibió una invitación extendida por la máxima autoridad del organismo internacional, Ban Ki-moon.

El consejo, cuyo objetivo es debatir y comentar decisiones de la ONU en temas como desarme nuclear, ciberataques y control de armas pequeñas, está conformado por 16 expertos de todo el mundo. De ese listado, la especialista de nacionalidad peruana es la única representante de Latinoamérica.

“La mayoría de los miembros del consejo son expertos en la materia o académicos de prestigio”, destaca la Dra. Dammert. Los integrantes provienen de Australia, Croacia, Jordania, Estados Unidos, Filipinas, China, Corea del Sur, España, Francia, Mongolia, Pakistán, Rusia, Ghana, Noruega y Finlandia.

Respecto al objetivo de su participación, comenta que “la experiencia latinoamericana será mi aporte fundamental. Espero aprender de las realidades de otras zonas del mundo y, sobre todo, identificar temáticas que por ahora no son parte de la agenda de seguridad en el país o la región”.

La contribución de la académica en el Consejo no se acotará a un periodo de tiempo delimitado previamente. Es decir, se trata de una invitación “abierta en el tiempo”, enfatiza.

La instancia se reúne dos veces al año. Primero, en la ciudad de Ginebra (Suiza) los últimos días de enero y, luego, en Nueva York (Estados Unidos) durante el mes de junio. “En estas reuniones, se revisan temas de la agenda de desarme y se debaten nuevos desafíos globales”, explica.

Sin embargo, precisa que “en situaciones excepcionales, también se realizan reuniones específicas”.

Respecto al modo de trabajo, comparte que, luego de cada reunión, “se elabora un informe con sugerencias y recomendaciones para el Secretario General de Naciones Unidas en temas de coyuntura, pero también de mediano y largo plazo”.

Experiencia profesional

Lucía Dammert es socióloga, Ph.D. en ciencia política y académica de la Licenciatura en Estudios Internacionales de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago.

La experta posee una vasta experiencia académica en universidades de Estados Unidos, Argentina y Chile. Como investigadora, dirigió el Consorcio Global por la Transformación de la Seguridad, fue asesora temática del programa Urb-al de la Comisión Europea y participó en el Woodrow Wilson Center.

Además, ha elaborado reportes para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, estudios y propuestas para el Banco Interamericano del Desarrollo, y asesorías en el Banco Mundial.

En materia de seguridad, Dammert posee más de una decena de libros en los que ha participado como autora o editora. Además, ha escrito una gran cantidad de capítulos, artículos y otros documentos de trabajo en los que ha abordado la problemática de la violencia, la seguridad y el crimen, principalmente, en Latinoamérica.

Un paquete bomba  recibió en su casa el Presidente del Directorio de Codelco, Óscar Landerretche, quien resultó con lesiones menores tras la explosión del artefacto. El atentado fue reivindicado por el grupo ‘Individualistas Tendiendo a lo Salvaje’, supuesta organización autodefinida como “eco-terrorista”, que argumentó haber cometido el acto para “vengar” la “devastación de la tierra” en que incurriría la cuprífera por su actividad minera. El hecho fue repudiado por todos los sectores políticos y el Ministerio del Interior ingresó una querella contra quienes resulten responsables “por el delito consumado de envío de cartas o encomiendas explosivas y envío de bombas o artefactos explosivos de carácter terrorista”.

De acuerdo al sociólogo de la Universidad de Santiago de Chile, Claudio Avendaño, a partir de los hechos que se han conocido se pueden extraer algunas conclusiones preliminares sobre el actuar de este grupo específico que lo diferencia de otras organizaciones de carácter terrorista.

En primer lugar, Avendaño subraya el tipo de registro que utilizan para revindicar el hecho. “Se observa una narrativa adolescente. Su forma de contar el hecho es parte de la jerga o de un tipo de comunicación desde los jóvenes hacia sus pares”.

“Sirve para revindicar un tipo de lenguaje y el lugar desde dónde están hablando”, agrega. Respecto a sus características, indica que es “un lenguaje coloquial, muy distinto al que utilizan otros grupos que cometen este tipo de acciones”.

En segundo término, el académico de la Escuela de Periodismo explica que movimientos con este tipo de ideologías tienen su origen en el siglo XIX. “Responden a una cierta contracultura de carácter bucólico, anti-civilización, colocándose a renglón seguido de los movimientos anti-industrialización del 1800, contrario a las lógicas industriales de la sociedad moderna en general”, sostiene.

“No es algo nuevo. En Chile, probablemente sí, pero siempre ha existido una visión distinta o contraria a la civilización industrial”, indica el especialista.

En tercer lugar, indica que no se puede advertir un ideario específico en su actuar. “No hay ningún indicio de cuál es el programa político que tienen. Es un hecho que se puede entender como un acto que nace desde la frustración por aquellas ideas que ellos plantean y defienden”, sostiene.

Finalmente, hace hincapié en la “imprecisión” de su actuar. “Si se quiere ser verosímil y creíble, esta distención al utilizar Chilexpress no es menor. Revela una cierta ligereza o poca precisión. Ahí, uno podría prever una organización poco formal”.

“Lo que resulta de la suma de todos estos elementos es una narrativa de un grupo distinto que, también, puede llevar a la sospecha de que se trata de algo verdadero o, simplemente, un encubrimiento”, advierte.

No obstante, reconoce que el paquete bomba enviado a Landerretche plantea “una convergencia con las formas tradicionales. Es decir, con los actos terroristas conocidos”.

“El elemento que produce la divergencia es la narrativa, el cómo se cuenta el hecho. Es muy distinta la forma en que se presentan a la sociedad en comparación al estilo tradicional en que esto se lleva a cabo. Eso hace dudar, genera perplejidad y, finalmente, curiosidad”, precisa.

Un acto simbólico

Respecto a cómo comprender el hecho, sostiene que este “se puede ubicar en un plano simbólico-cultural. Este grupo se opone a una matriz de relación con la naturaleza donde el hombre es el centro y tiene derecho a dominarla y utilizarla a su servicio”.

Con todo, advierte que “hay que tomar en serio esta situación, por supuesto, porque hay un acto concreto que tiene que ver con un tipo de violencia”.

Aunque sostiene que las características del contexto no justifican el hecho, explica que el escenario en que se dan estas situaciones es uno en el que se evidencia “un proceso de distanciamiento de la ciudadanía con las instituciones y una demanda por mayor participación”.

“Probablemente, lo que hay en nuestra sociedad son una serie de conflictos entre los puntos de vista de ciertos sectores ciudadanos y la institucionalidad política. Ahí hay una brecha muy importante”, concluye.

El Gobierno se declaró “conforme” tras dar a conocer que los delitos de mayor connotación social disminuyeron un 6,6% este 2016, en comparación al año anterior. Sin embargo, parlamentarios de la oposición y el oficialismo salieron a cuestionar este balance, señalando que se debe esperar la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), que mide victimización. Esto, explican, ya que la cifra se basa solo en las denuncias y casos notificados a las policías, lo que escondería el dato de quienes, a pesar de ser víctimas de la delincuencia, no realizan este trámite por distintas razones.

El experto en seguridad pública y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Jorge Araya, concuerda en la crítica de que solo se toma en consideración los delitos denunciados y cuestiona que la información se dé a conocer cuando aún no ha terminado el mes de diciembre. “Hay mucho apresuramiento en una información que es errónea, sobre todo en el caso de los homicidios”, sostiene.

De acuerdo al especialista, una entrega correcta de los resultados debe considerar la información que arroja la ENUSC, encuesta que debiera conocerse entre marzo y abril del próximo año. Esto, ya que este último estudio contempla el 45% de personas que no denunciaría ser víctima de delitos, por desconfianza hacia el sistema.
“Según el boletín estadístico del Ministerio Público de 2015, solo un 14,6% de los casos llegó a sentencia definitiva condenatoria. Tenemos una gran impunidad y vacío en esto”, apunta.

Por eso, Araya indica que es mejor esperar los resultados que entregue “la ENUSC, que nos habla de magnitudes reales, las cuales pueden ser muy superiores” y advierte que “la encuesta nos puede hablar de una población afectada equivalente al doble de lo que dicen las denuncias”.

“En la década de 1960 se crearon las encuestas de victimización como una forma más certera de dar con la dimensión real de la delincuencia en el país, porque la cifra de denuncias tiene un tremendo margen de error”, indica el académico.

“Hay que ser prudente con estos anuncios porque el tema no está zanjado”, continúa. “El Gobierno da a conocer esta información, pero es curioso porque el año aún no termina. Habría que esperar a que termine diciembre y que todas esas cifras estén contabilizadas”, afirma.
“No se entiende bien qué cierre en la contabilidad está haciendo el Gobierno al decir que hay un descenso del 6,6%”, insiste.

Aunque reconoce que hay una obligación legal de citar al Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde fueron dadas a conocer estas cifras, señala que “todas las instituciones tienen un estándar, de esperar a que se cierre un semestre o un año para dar a conocer cifras. En este caso, estamos a días de que termine el año y las cifras no están todavía para hacer un balance anual. Sin embargo, el Gobierno aparece dando estos resultados”.

“Hay una premura por anotarse logros en una materia, cuando no es prudente hacerlo”, sostiene Araya. “Siempre los temas de política pública se prestan para una discusión política. En este caso, el Gobierno tiene una intención de anotarse un logro en esta materia, logro que no es tal”, critica.

“Hay mucho apresuramiento en una información que es errónea, sobre todo en el caso de los homicidios”, agrega el especialista.

El académico alude a cifras del Gobierno, que darían cuenta de poco más de cien casos de este tipo de crimen. “Según cifras del Ministerio Público, de enero a septiembre de 2016 van 387 ingresos por homicidios solo en la Región Metropolitana”, contrasta.

“La cifra de homicidios es absolutamente irreal. Cualquier persona que trabaja en el tema sabe que los homicidios no se pueden medir por la cifra de denuncias, porque las víctimas no pueden realizar el trámite. Además, Carabineros no tiene autoridad jurídica para calificar estos hechos”, concluye.

El Servicio Nacional de Menores (Sename) dio cuenta pública de 243 menores fallecidos en centros y residencias del organismo entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de junio de 2016. Esto, luego de entregar las cifras al Ministerio Público el viernes, en el marco de una investigación para determinar si existe responsabilidad de la institución en el fallecimiento de niños y adolescentes tras conocerse el deceso de Lisette, menor de once años que murió en abril en el Cread Galvarino.

El experto en seguridad pública de nuestra Universidad, Jorge Araya, valoró la entrega de estas cifras a la opinión pública y afirmó que esto debiera ser una práctica sistemática. “El servicio debe comprometerse anualmente a hacer públicas las cifras de todo lo que es su gestión en un año”, sostiene.

“En la web, hay un catastro de los programas y beneficiarios del Sename. Así como está disponible esa información, una vez al año tiene que hacerse público cuántos menores han muerto en centros del Sename, y esto debiera ser solo un antecedente de muchos”, complementa.

El especialista indica que dar cuenta de esta información permite generar las condiciones políticas para instalar la necesidad de entregar aportes monetarios mayores al servicio. “Es importante poner estos antecedentes para sensibilizar a la sociedad sobre la urgencia de destinar recursos al cuidado de menores en situación de vulnerabilidad”, explica.

Araya sostiene que un proyecto para reemplazar el Sename en dos servicios, -iniciativa anunciada por el Gobierno, pero aún no presentada en el Congreso- requiere, al menos, el doble de los recursos que actualmente se destinan para el organismo.

“El presupuesto del Sename para la creación de estos nuevos servicios tendría que incrementar al menos el doble. Puede significar un aumento en que cada año se le entregue un 30% más de recursos a estos nuevos servicios, para llegar en tres años a implementar todo esto”, señala.

De acuerdo al especialista, proveer escalonadamente estos recursos es necesario debido al  panorama económico del país. “Es lamentable que este tema tenga que seguir esperando a que mejore la situación económica”, sostiene.

“No basta con enviar el proyecto, sino que hay que tener el respaldo presupuestario para impulsarlo. Sin embargo, estamos en un periodo de restricciones. En el Presupuesto para 2017, se anuncia un crecimiento de no más de 2,7%”, explica.

Por eso, la importancia de dar a conocer el informe. “La decisión de políticas públicas son una mezcla de un componente técnico con uno político. Cuando hay ciertos temas que generan movilización social, presionan a la clase política a responder por estas demandas. Sin embargo, este tema no produce movilización social, por lo que se ve postergado”, señala.

Pese a ello, critica que se considere “solo la sensibilidad comunicacional de un tema o el número de beneficiarios. Tienen que relevarse valores, la urgencia y gravedad de lo que se está tratando”.

“En vez de destinar más recursos a Carabineros, podríamos aguantarnos con lo que tenemos, y destinar esos recursos a estos dos nuevos servicios que reemplazaran al Sename”, sostiene. “Se debe informar a la gente sin sesgos, y explicar que los recursos se invierten en estos menores para evitar que inicien una carrera delictual”, concluye.