Profundizar sobre los desafíos y potencialidades de las relaciones comerciales de Chile a través de acuerdos bilaterales, junto con las nuevas exigencias que conlleva la participación del país en foros y organismos multilaterales, serán algunas temáticas que se discutirán en el foro-panel ‘Las Relaciones Económico Comerciales de Chile en los Mercados Mundiales’, organizado por el Consejo de Desarrollo Social Empresarial (Cedes) y que cuenta con el apoyo de la Fundación de Egresados y Amigos de la Universidad (Fudea).

La actividad se desarrollará en el Salón de Honor de la Corporación, desde las 11:30 horas, y contará con la participación de la subdirectora de Marketing, Comunicaciones y Marcas de ProChile, Jennyfer Salvo Cofman, y el director general de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores (Direcon), Andrés Rebolledo Smitmans.

Relación con China

Uno de los aspectos ineludibles es la reciente ampliación del Tratado de Libre Comercio (TLC) sellado con la República Popular China en medio de la reciente visita del primer ministro Li Keqiang. A diciembre de 2014, el stock de inversión chilena directa con el gigante asiático alcanzó los US $308 millones.

A juicio de Andrés Rebolledo Smitmans, Director General de la Direcon, el TLC con China, a casi 10 años de su implementación “ha sido un acuerdo muy exitoso. El mercado chino es el principal mercado de exportación para Chile hace ya más de cuatro años y es el principal socio si uno toma como país las importaciones y exportaciones. Tenemos un mercado donde nosotros generamos un gran superávit comercial. Por lo tanto, también es una fuente importante de ingreso de divisas”.

Apertura del comercio de bienes, de servicios e inversiones, eran los componentes que integraban el acuerdo comercial. “El desafío hoy día con China fundamentalmente es diversificar la oferta exportadora, avanzar en ampliar la oferta más allá de los commodities, donde el sector alimentos es fundamental para esos efectos. Y sobre todo, atraer inversiones y capitales chinos”.

Ahondando sobre la visita del primer ministro y el acuerdo alcanzado, afirma que serán tres áreas de la economía las beneficiadas: la forestal, la de exportación de servicios y la atracción de inversiones de capital chino en el país. En esa línea, señala que el convenio para evitar la doble tributación, para flexibilizar la visas de ciudadanos chinos en Chile o el convenio suscrito entre ambos bancos centrales, avanzan en esta dirección. “Todo eso, probablemente va a ser un incentivo importante para atraer inversiones chinas”, señala.

Para Rebolledo, Asia sigue siendo un mercado y una región muy importante, donde prácticamente la mitad de las exportaciones que Chile realiza al mundo se dirigen hacia el continente asiático, “por lo tanto, para nosotros profundizar esa relación sigue siendo una prioridad”.

Sin embargo, pese a la relevancia que le ha otorgado el país a los acuerdos bilaterales,  “sigue siendo fundamental potenciar también los foros multilaterales donde se crean las reglas del juego que son muy importantes para un país pequeño”.

Polémica por el TPP

Los diputados Giorgio Jackson y Gabriel Boric han manifestado su preocupación por el Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio (TPP), ambicioso proyecto de integración en la región Asia Pacífico, que incluye a Estados Unidos, afirmando que su implementación traerá una serie de problemas en diversas áreas, que incluyen desde merma de derechos digitales hasta regulaciones laborales, señalando incluso que el TPP podría inmiscuirse en la legislación chilena.

Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Obstáculos Técnicos al Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias o Defensa Comercial, son algunas áreas de negociación.

Sobre estas críticas, Rebolledo afirma que el gobierno ha sido transparente en esta materia, desarrollando rondas de diálogos y reuniones que incluso han incluido al propio Jackson y sus asesores.

“Muchas de las críticas hoy día suponen un resultado que no existe todavía, porque los principales elementos que son para Chile sensibles todavía están abiertos y sujetos a negociación”, asegura.

Puntualiza que la propiedad intelectual, relacionada con el ámbito de medicamentos y derechos de autor en el área digital, además de otras materias, será resguardada. “Para esos efectos, nosotros tenemos un estándar que Chile ya lo internalizó y lo conoce, que es lo que está en el acuerdo que ya tenemos con Estados Unidos (…). Todo indica que hacia finales de junio, principios de julio, probablemente vamos a llegar a una etapa más conclusiva de este proceso”.

Vínculo con la Universidad

Al ser consultado sobre el rol que pueden jugar los acuerdos comerciales en el ámbito de la transferencia tecnológica generada dentro de los planteles universitarios, señala que  “juegan un rol importante, porque les dan la plataforma y una salida concreta a los mercados”

En la misma línea, añade que “efectivamente la posibilidad de utilizar estos acuerdos es fundamental, porque es allí donde está la posibilidad de entrar con condiciones preferenciales al resto del mundo”.

Finalmente, sobre los desafíos de su área a largo plazo, reflexiona que, junto con los aranceles y medidas de frontera, el comercio internacional también está determinado por el impacto de medidas no relacionadas con las fronteras de los países.

“Por ejemplo, todo aquello relacionado con el cambio climático, la inocuidad alimentaria, la seguridad o temas sanitarios. Todos estos temas que están en el quehacer de la economía digital, del e-commerce, que son elementos que los países toman sus decisiones en función de las necesidades, que son mercados domésticos, pero que están teniendo impacto en el comercio internacional”, concluye.

“Con el paso que estamos dando, Chile gana. Gana en el diálogo, los acuerdos, las reglas claras, y la solidez institucional. Pierden la confrontación, la desconfianza, el desequilibrio y la inestabilidad”, afirmó la Presidenta Michelle Bachelet el 29 de diciembre pasado, en el marco de la firma del proyecto de ley que moderniza las relaciones laborales.

La iniciativa impulsada por el Gobierno incluye, entre otras medidas para mejorar la calidad de la negociación colectiva, que “los trabajadores aprendices en grandes empresas o los contratados para una obra o faena transitoria puedan negociar”, la asistencia técnica para desarrollar un acuerdo colectivo fluido y eficaz, y que respecto a la última negociación que el sindicato haya realizado, lo obtenido sea el piso para nuevas tratativas.

Además, se propone una relación de equilibrio entre las partes tratantes, donde se establece el derecho a paralizar de los trabajadores y la “imposibilidad del empleador de reemplazar los puestos de trabajo de quienes están en huelga, con trabajadores propios o externos a la empresa”.

El sindicato, será el único ente encargado de negociar. Si en una empresa existiesen varios, cada uno tendrá la potestad de buscar, de forma independiente, un acuerdo con el empleador. Asimismo, como la afiliación no es obligatoria, previo concierto entre las partes, los beneficios se extenderán para todos los empleados, pertenezcan o no a una asociación sindical.

Según el académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de nuestro Plantel, Diego Barría, la reforma que impulsa el Ejecutivo, representa un paso significativo para los trabajadores ya que les  otorga herramientas para establecer con el empresario mejores condiciones laborales. “De todas las reformas que ha habido en Chile, desde los noventa en adelante, ésta es la que más avanza en términos de dotar de capacidad a los sindicatos para poder negociar frente a los empleadores”, explica el investigador.

Debate Amplio

Sectores del empresariado han rechazado la iniciativa. Por ejemplo el Presidente de la Confederación de la Producción  y del Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, afirmó que el proyecto más que velar por los trabajadores, otorga más facultades a los dirigentes sindicales. “No va por el camino correcto- dijo Santa Cruz- en orden a que no se preocupa de los problemas de todos los trabajadores. Solo está preocupado de ver como le damos más atribuciones y espacio a la dirigencia sindical”.

Desde la oposición, hubo críticas para el proyecto. Por ejemplo, el diputado Patricio Melero de la Unión Demócrata Independiente calificó la iniciativa como “un retroceso para el objetivo fundamental que debiera tener una reforma que es generar más empleo para los chilenos”.  “Echamos de menos, derechamente, que se le hable a las personas que no tienen trabajo”, afirmó por su lado el parlamentario de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg.

La respuesta del oficialismo no se hizo esperar. La Ministra del Trabajo, Javiera Blanco, declaró que “lo que quiere este proyecto es que haya más diálogo. Hoy los grados de conflictividad  a nivel de negociación colectiva son altos porque el espacio de diálogo está mal planteado”, sentenció. Por su parte el Subsecretario del Trabajo Francisco Díaz, expresó que  la reforma y agenda laboral del Gobierno está pensada para todos “Lo que nosotros estamos haciendo es generar las condiciones para mayor productividad, competitividad a las empresas, sobre la vía de mejores acuerdos entre empresas y sindicatos. En ese sentido creemos que es una agenda para Chile”

Quiebre histórico

Dice Diego Barría que el proyecto de ley- que durante enero se tramitará en el Congreso- marca un quiebre respecto a las iniciativas que en esta materia se han realizado, pues “la discusión laboral principalmente después de la crisis asiática hasta el primer Gobierno de Bachelet siempre fue respecto a la flexibilización de las condiciones laborales para generar más empleo”, explica el académico.

Las críticas de la oposición al proyecto- cree Barría- van más por reencausar los temas a reformar, priorizando, por ejemplo, la creación de puestos de trabajo. “La discusión que plantea la derecha es retomar esa agenda, es decir el empleo primero y después lo otro. Por eso- agrega el especialista- el proyecto del Ejecutivo “es un avance, y de cierta forma es una continuidad con el anterior Gobierno de Bachelet”.

Según Diego Barría, durante su primer mandato, Michelle Bachelet  tuvo una relación distante con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), porque priorizó la creación de comisiones de expertos para que la asesoraran en materia laboral. “Ella no se reunía con la CUT- dice el académico de la U. de Santiago- como  había ocurrido con los otros gobiernos de la Concertación, que cuando negociaban en esta materia, llamaban tanto a los empresarios como a las agrupaciones sindicales”.

“Bachelet aunque paradójicamente sacó a la CUT del mapa, Osvaldo Andrade su ministro del trabajo durante su primer época al mando del país, dio un giro en el discurso, dejó de hablar de flexibilización y empezó a hacerlo sobre derechos laborales”. Por eso- estima Barría- el proyecto que hoy se impulsa, “viene a materializar algo que se había insinuado solo discursivamente en el primer Gobierno de la Presidenta.

Finalmente, respecto a la tramitación del proyecto en el Congreso, Diego Barría cree que los problemas para aprobar el proyecto, más que surgir desde la oposición, podrían provenir de la coalición gobernante. “Dentro de la misma Nueva Mayoría es difícil, porque hay diversos sectores representados y quizás suceda como en las otras reformas, que cuando entran al Senado comienzan las discusiones”, finaliza.