Después de la crisis de los medidores inteligentes y las alzas de las tarifas que se registraron durante el 2019, se abrió la puerta a la reforma del segmento de distribución al reducir la tasa de rentabilidad de las empresas de dicho segmento. Durante la discusión parlamentaria se solicitó al ejecutivo avanzar en una reforma estructural que permitiese dar respuesta a los problemas urgentes de seguridad y calidad de servicio, como así también lograr que las tarifas se reduzcan en el corto plazo por medio de la liberalización de los clientes.

En ese sentido, durante el año 2020 se esperaba un gran proyecto de reforma al segmento de distribución que finalmente se tradujo en tres proyectos o leyes cortas que apuntaban a resolver el problema estructural en tres etapas secuenciales: introducción del comercializador, seguridad-calidad de servicio y generación distribuida.

Desafortunadamente, estamos en foja cero: se presentó el PdL de Portabilidad, pero hace unas semanas el Ejecutivo lo retiró. No se ha avanzado en ningún aspecto de los que antes mencionados. Dentro de la discusión técnica y parlamentaria se ha solicitado que se avance nuevamente en un solo proyecto estructural, teniendo como resultado a la fecha estar en foja cero.

En este escenario, considero y sugiero prudente mirar el problema del segmento de la distribución con otra óptica, la cual debiese ser la del consumidor. Los problemas de seguridad y calidad de servicio, que son realmente urgentes de resolver, se presentan en situaciones puntuales de invierno o ante un evento climático de complejo. Esto no significa que sea justificable y, por lo mismo, la regulación debe ser adecuada hacia mecanismos que obliguen a las empresas a realizar las inversiones que sean necesarias.

Pero al mismo tiempo, los esquemas de remuneración deben ser actualizados para reflejar fielmente lo que ocurre en la realidad. Sin embargo, las altas tarifas y los problemas de pago de las cuentas mensuales se presentan todos los días del año y por lo tanto abordar esta parte de la reforma de manera inmediata, es una señal acertada y positiva por parte de la autoridad.

Con esta mirada sería interesante abordar la reforma del segmento de distribución con dos líneas de trabajo en paralelo y no secuenciales como se está pensando hoy en día. El proyecto de portabilidad o que los usuarios puedan elegir suministrador, efectivamente permitirá reducir las cuentas hoy y no en 10 años cuando los contratos de suministro “caros” terminen su vigencia. Y al mismo tiempo, es posible avanzar en una segunda reforma que dé cuenta de mejoras en la seguridad-calidad de suministro y generación distribuida, considerando todos los elementos técnicos que permitirán modernizar la red eléctrica en beneficio del usuario final.

Avanzar en ambas líneas es fundamental, son dos temas altamente necesarios y que podemos reformar en paralelo, ya que atañen problemas diferentes; uno de ellos es reducir el precio generando competencia con la Portabilidad y el otro es mejorar la calidad-seguridad del servicio de las redes de distribución.

Jackson propuso que, aprovechando el buen precio que ha experimentado el cobre en estos días, se establezca un impuesto que traslade estas nuevas utilidades al Fisco para que financie las ingentes necesidades sociales que están demandando diversos sectores de la población. Por otro lado, alude al hecho que este incrementado precio está influenciado por la demanda externa y no obliga a las empresas mineras a incrementar su producción, manteniendo los mismos niveles de costos que el año pasado que redunda en una utilidad sin mayores esfuerzos.

En todo caso, esta nueva tributación no sería permanente, sino que solo se aplicaría cuando se presentaran estos ciclos auspiciosos en la industria minera.

Podríamos pensar que esta idea surge de un político joven que no tiene experiencia en el comportamiento de la economía, pues este boom en el precio ya lo experimentamos hace 10 años atrás y que fue mal aprovechado por algunas empresas que lo gastaron en inversiones a largo plazo y en deuda para poder aprovechar la mayor demanda del metal; pero vemos con mucha preocupación que políticos experimentados como el senador Carlos Montes hicieron eco de esta idea y manifestaron su apoyo.

Insisto que lo lamentable de esto, es que el público lego en la materia toma los dichos de estos líderes emergentes y los ocupan como fundamentos y solución de los problemas que legítimamente demandan, sin saber que la idea propuesta carece de todo sustento técnico.

Si bien es cierto que el precio experimentado por el cobre subió rápidamente desde el 17 de febrero recién pasado de US$ 3,82 a US$ 4,36 el jueves, el viernes bajó a US$ 4,16, caída leve, pero que demuestra la volatilidad del bien transado. Por otro lado, existe una indexación del precio del cobre con el tipo de cambio en el mercado nacional de la divisa norteamericana, experimentado una situación inversa, es decir, cuando el cobre sube, dólar baja; cuando el cobre baja, el dólar sube. Así ocurrió en el mismo periodo donde a partir del 17 de febrero, el dólar experimentó una fuerte caída hasta el jueves 25, pero el viernes 26 tuvo un incremento de $ 11,6.

Esto genera impactos que son difíciles de percibir a menos que se conozca la estructura de costos de la producción del metal rojo, pues existen costos que están valorizados en dólares y otros en pesos como son las remuneraciones que representan el 40% de los costos totales.

Esta composición genera efectos inversos. Si sube el precio que está en dólares, existe un efecto que neutraliza el incremento cuando las ventas en moneda extranjera se convierten a pesos: por un lado, sube el precio, pero por otro baja el factor que convierte en pesos las ventas.

El flujo valorizado en moneda nacional debe pagar las remuneraciones que está en pesos, fijados a un monto que debe ser incrementado para mantener su valor nominal, obligando a incrementarlos para no generar una merma en la liquidez de los trabajadores.

Si bien es cierto que el incremento de los precios del cobre puede ser mayor que el decremento en el tipo de cambio, el efecto neutro no puede ser estimado en forma lineal, como tampoco puede ser estimada de la misma forma la mayor rentabilidad que el alza del precio del cobre puede generar.

Independientemente del enredado análisis anterior, las empresas mineras han manifestado que están cautelosas ante este eventual súper ciclo en el precio del cobre. La experiencia y conocimiento del mercado las hace actuar con cautela y la perspectiva de una nueva tributación solo entorpece las proyecciones de futuras inversiones. Sin embargo, muchas de ellas han manifestado que el incremento en los flujos que el alcista precio pueda generar será destinado a pagar la deuda que han arrastrado por años y a potenciar o robustecer los proyectos que ya están realizando, no privilegiando nuevas inversiones

Sumado a todo lo anterior, la industria minera ha mostrado su simpatía hacia mercados más atractivos en África y Oriente Medio, lo que representa un nuevo elemento que puede hacer más dañina la idea de una nueva tributación particular a estas empresas.

Es por todo lo anterior que considero como una mala idea la propuesta del diputado, a quien llamo a calmar su entusiasmo e ímpetu juvenil, pues él es un diputado de la República y un referente para las jóvenes generaciones a quienes debe orientar y ofrecer ideas técnicas que realmente solucionen los problemas sociales de una forma efectiva y eficaz.

El Centre for Experimental Social Sciences (CESS) -Santiago, junto a la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero, elaboraron un estudio en el que analizaron el comportamiento de las personas que deben escoger la modalidad de pensiones con las que pasarían a retiro.

Fueron 1.041 personas que participaron en los experimentos sociales del CESS-Santiago durante tres años. Los resultados fueron analizados por investigadores con el fin de entender por qué las personas sistemáticamente rechazaban la opción que les daba un monto mayor para el retiro.

Los cientistas sociales estudiaron en profundidad qué sucedía cuando los futuros pensionados recibían sus opciones en el Sistema de Consulta y Ofertas de Montos de Pensión, conocido como Scomp.

El experimento

Se detectó que la forma en que se presentaba tradicionalmente la información en los certificados Scomp, donde se enlistaban las ofertas de pensiones que tanto AFP y compañías de seguros entregan a cada solicitante, llevaba a cometer errores de selección y que en promedio significaba un monto mensual 2% inferior al que podrían obtener.

El estudio parte de la estimación de que el 80% de las ofertas de pensiones realizadas entre 2004 y principios de 2017 experimentaron pérdidas "significativas", no relacionadas con el nivel de ingreso ni por sexo del pensionado, pero sí con las habilidades financieras.

Los analistas presentaron a los solicitantes de pensión un informe comparativo de las ofertas de pensión ordenadas descendentemente según monto ofrecido, presentando también la clasificación de riesgo del proveedor respectivo. “Con este experimento de campo quisimos explorar presentaciones alternativas del desempeño del proveedor”, explicó la Dra. Denise Laroze, subdirectora del CESS Santiago y académica del Departamento de Administración de la FAE.

En los experimentos realizados, se llevaron a cabo distintos “tratamientos” donde se modifica la presentación del informe comparativo respecto del vigente al momento del experimento. “Dos opciones de diseño claramente mejoraron el bienestar del consumidor en este experimento. Primero, la reducción de la cantidad de información mejoró la elección, específicamente dejando en un segundo plano la clasificación de riesgo de los proveedores, lo que llevó a mejores decisiones por parte de los sujetos experimentales”, señalaron los investigadores.

En segundo lugar, la adopción de un marco de pérdidas también dio como resultado que los sujetos experimentales seleccionaran proveedores que generaban mayores retornos. De esta forma, las ganancias al modificar la presentación de la información fueron considerablemente mayores para aquellos individuos con niveles de alfabetización financiera más baja.

“Este proyecto nos permitió colaborar con la Superintendencia de Pensiones en la realización de una evaluación de impacto experimental que permitió mejorar las condiciones para los y las pensionadas. Los cambios introducidos al SCOMP incluyen un Nudge de Aversión a la Perdida, que resalta cuánto dinero se deja sobre la mesa cuando uno elige un proveedor de pensión versus otro. De esta forma, se visibilizan las pérdidas para que los y las ciudadanos/as tengan esa información a mano a la hora de tomar una decisión”, concluyó la Dra. Laroze.

El año 2021 supondrá una vorágine de elecciones y de definiciones que tendrán amplias consecuencias sobre el destino del país y sobre la orientación de su modelo de desarrollo. A la vez, como un sustrato más o menos visible que condicionará esos procesos, permanecerá un grave problema de desempleo.

De acuerdo a las cifras más recientes del INE, se habían recuperado a noviembre de 2020 unos 844 mil de los 1,9 millón de empleos perdidos entre marzo y julio .La etapa más álgida de la crisis sanitaria fue seguida tanto de la relajación progresiva de las restricciones como de la reactivación de la actividad económica a partir del tercer trimestre del año, fruto de un impulso monetario y fiscal y del retiro de fondos desde las AFP y del uso de los recursos del Seguro de Cesantía para sostener la suspensión de contratos o la pérdida de empleo.

El empleo recuperado representa  el 45% del empleo perdido. La brecha pendiente de colmatar para volver al nivel de empleo del primer trimestre de 2020 es aún de poco más de un millón de puestos de trabajo. Las personas desocupadas que buscan empleo sumaron 954 mil, pero existe otro 1,3 millón de personas dispuestas a trabajar, aunque han desistido de buscar un puesto de trabajo.

La tasa de desempleo total calculada por el INE con estos dos componentes alcanzó un 22,8 %. Los que buscan trabajo sin encontrarlo o bien están disponibles para trabajar suman 2,3 millones de personas. En abril y mayo, los empleos asalariados formales, que realizan más del 70% de la actividad productiva, disminuyeron en 463 mil, de los cuales se han recuperado solo 49 mil (el 10,6 %).

El empleo informal y por cuenta propia ha sido el más afectado por la crisis, con dos tercios de las pérdidas, y a la vez constituye el grueso de los empleos recuperados. Para volver a alcanzar el nivel de ocupación del primer trimestre de 2020, se requiere crear un millón de empleos adicionales.

Si se volviera a crear empleo al ritmo del mejor año del último quinquenio (200 mil empleos en 2017), se necesitaría cinco años a partir de 2021 para recuperar los puestos de trabajo perdidos hasta noviembre de 2020. Si el ritmo fuera el del año menos dinámico (100 mil empleos en 2016), se necesitaría 10 años para recorrer ese camino. La recuperación del empleo dependerá de la magnitud de la reactivación de la demanda interna y externa y de la magnitud de la contribución del subsidio a la creación de nuevos empleos.

A lo anterior hay que agregar todas las incógnitas sobre el control de la pandemia, con la esperanza de que se logre que 15 millones de personas estén vacunadas a junio contra el COVID-19. Pero a nadie escapará que el rebrote principal a esperar es el de la rebelión social, cuya magnitud entre octubre y diciembre de 2019 sería un error subestimar o considerar como un episodio puntual. El desempleo pesará, junto a otros temas sociales como el acceso a la salud y las pensiones, en las decisiones de 2021 y en el clima general del país. Se ha creado un fondo presupuestario de dos mil millones de dólares para financiar 1,3 millones de subsidios al empleo.

La información del Ministerio del Trabajo indica que entre el 29 de septiembre y el 9 de diciembre unas 40 mil empresas postularon a 265 mil trabajadores a  este subsidio, un 64% de los cuales se dirige a nuevas contrataciones y un 36% a reactivar los contratos suspendidos, actualmente financiados por las cuentas individuales del seguro de cesantía. El bajo número de interesados no hace sino confirmar que las empresas necesitan una perspectiva relativamente cierta de ventas antes de pensar en emplear a nadie, con o sin subsidio. Lo que pone en el tapete la necesidad de un mayor estímulo fiscal con impacto macroeconómico que permita una recuperación más consistente. Pero el efecto microeconómico de este subsidio puede ser solo el de disminuir el costo laboral para las empresas por empleos que se reanudarían o crearían independientemente de su aplicación.

Si el objetivo gubernamental es acelerar el ritmo de creación de puestos de trabajo y sustituir definitivamente el Ingreso Familiar de Emergencia por la vuelta al empleo (programa que dejó de funcionar en octubre pasado), el mecanismo adecuado parece ser el de ampliar con más contundencia los programas de creación directa de empleo en infraestructura, que ya ha visto aumentar los recursos para vivienda. Pero será también necesario poner en marcha nuevos programas de servicios a las personas y de cuidado al medioambiente, de modo de cubrir necesidades sociales insatisfechas y al mismo tiempo crear puestos de trabajo que permitan mantener en actividad a las personas que no encontrarán un empleo formal -cuyo volumen apenas crece- por un período prolongado o se mantendrán en trabajos precarios e inestables por cuenta propia y con ingresos inferiores a la línea de pobreza.