Hasta un 89% se elevó el precio de los medicamentos más vendidos de Chile en los últimos cuatro años. Según un ejercicio realizado por el diario El Mercurio, que comparó el valor de 15 de estos remedios en distintas cadenas farmacéuticas de la capital, 14 aumentaron en mayor proporción que el IPC acumulado entre 2014 y 2018 (16,8%).

Para el doctor en farmacología y académico de la Universidad de Santiago, Dr. Leonel Rojo, esta situación seguirá repitiéndose inevitablemente a menos que se regule el precio de fármacos indispensables, que sirven para tratar enfermedades como la hipertensión, la diabetes, la artritis o artrosis, el alzhéimer y la esquizofrenia. A juicio del especialista, para estos males se requiere un stock de remedios a un precio asequible en el mercado.

“Debiera definirse un listado de medicamentos esenciales y que el Estado trabajara en la manufactura, a un costo ético, teniendo una producción de calidad que asegure precios al alcance de la población. Eso es algo que no existe hoy, porque todos los fármacos son manufacturados por privados”, critica. “Esto es factible. Es solo una cuestión de decisión política”, enfatiza.

De acuerdo al químico farmacéutico, es imposible conocer a ciencia cierta por qué suben los precios ya que, en la actualidad, no existe una norma que regule la administración, gestión y producción de estos. El especialista explica que los incrementos responden solo a la oferta y demanda, en un sistema de libremercado que se cruza con estos bienes que son de salud pública, no de mercado.

“Si uno le consulta a la cadena farmacéutica, esta asegurará que son los que menos marginan con los medicamentos y que el delta de la rentabilidad está dado por productos no farmacéuticos. Si se le pregunta a los laboratorios, ellos dirán que no tienen un gran margen de ganancia frente a los medicamentos, lo que es sospechoso porque siguen haciendo su negocio, en circunstancias de que cuando un negocio no es rentable, debiera dejar de existir”, cuestiona el académico de la carrera de Química y Farmacia del plantel estatal.

Finalmente, señala que el origen del aumento de los precios puede ser estar dado por dos factores: por una parte, el costo del laboratorio que lo provee, ya que si es un medicamento importado, su valor se relaciona con el costo de importación y de compra; o, por otra, el costo de la gestión, porque los medicamentos son vendidos por laboratorios a droguerías que lo distribuyen a las farmacias. En este último caso, apunta, la cadena de valor estaría dada por el precio original y todos los impuestos al valor agregado (IVA) que se le aplican, y que aumentan el precio en un 19% en cada una de estas transacciones.

“Actualmente, existe un petitorio mínimo de medicamentos que todas las farmacias deben disponer. Ninguna puede abrirse sin cumplir dicho petitorio, que consta de fármacos que, se cree, son necesarios para mantener el mínimo estándar de seguridad y salud en la población. Sin embargo, no tenemos una norma que regule la provisión de esos mínimos, y las farmacias terminan consiguiéndolos como estiman conveniente”, concluye.

Definir polígonos de desarrollo en zonas entorno a las estaciones del Metro, potenciando estos sectores con servicios de salud, educación y áreas verdes. Ese es el objetivo que tendría un proyecto de ley sobre la materia, que estaría estudiando el Gobierno.

El experto en transporte urbano y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Rodrigo Martin, destaca la eventual iniciativa. No obstante, advierte que la implementación de esta iniciativa es una ocasión propicia para definir ganancias para el Estado por la construcción de estas estaciones.

“Esta una oportunidad para modificar instrumentos legales, donde se puede plantear que obras inmobiliarias de construcción puedan generar mitigaciones al espacio público en pro del bien común o permitiéndole al Metro construir, en los alrededores de la superficie de sus estaciones,  servicios inmobiliarios”, afirma.

De acuerdo al especialista, la inversión que realiza el fisco por proyectos asociados al Metro ronda los 100 millones de dólares, por lo que urge que el aumento del valor del suelo que genera la construcción de sus estaciones pueda usarse para reinvertir en una mayor calidad del servicio de transporte.

Actualmente, las ganancias que producen las construcciones de estaciones de Metro son absorbidas íntegramente por inmobiliarias privadas, que suben los precios de sus casas y departamentos a la venta, explica. Por eso, “lo que hay que cuidar es que el espacio público sea un bien público y no se transforme en un negocio para las inmobiliarias”, considera Martin.

“En Lo Valledor, tenemos un 100% de aumento de valor de uso del suelo por la estación del Metro que se construirá en el sector. Ese incremento estaba siendo entregado en su totalidad al mercado inmobiliario, que podía especular en torno a este valor”, grafica.

Finalmente, llama a considerar modelos internacionales, como España, donde se cobra un impuesto a las inmobiliarias por el aumento de valor que genera la inversión pública; o Brasil, donde el Estado evalúa la densificación que contempla un proyecto de infraestructura para vender bonos en la bolsa, que permiten a las inmobiliarias comprar y aumentar la capacidad de construcción en estos terrenos.

“Aparece una oportunidad muy interesante, donde se puede plantear la existencia de un mecanismo intermedio que permita que el Estado asuma un rol más activo en la gestión de la ciudad, donde se puede reestructurar la plusvalía para reinvertir en infraestructura de bien social”, concluye.

Un 37,9% subieron los episodios críticos de contaminación en la Región Metropolitana este año, en comparación a 2017. De acuerdo al balance del periodo de Gestión de Episodios Críticos (GEC) 2018, que finalizó este viernes, se registraron 40 jornadas con aire de mala calidad, 11 más que las vividas en 2017.

Para el experto en modelos de pronóstico de contaminación atmosférica y ambiental, y académico de la Universidad de Santiago, Dr. Patricio Pérez, la situación podría haber sido peor si la selección nacional de fútbol hubiese clasificado al mundial de Rusia, que se jugó este año entre el 14 de junio y el 15 de julio. Es decir, en medio del lapso que comprende la GEC.

“En las últimas emergencias del año antepasado, la mayoría era atribuible a los días en que Chile había jugado en la Copa América (Centenario), por los asados. Este año Chile no fue al mundial y esa es una de las razones de que no hayamos vivido situaciones tan críticas”, afirma.

En 2016, el intendente de la RM de aquel entonces, Claudio Orrego, criticó a quienes realizaron asados durante el partido de Chile contra México por cuartos de final, ya que los índices habrían aumentado considerablemente producto de esta incidencia.

“Para que haya emergencias, tiene que conjugarse una situación de mala ventilación con un gran volumen de emisiones”, explica el doctor en física. Este año, pese a la mayor cantidad de episodios críticos, no se alcanzaron niveles de emergencia, al igual que en 2017.

“La principal causa del aumento son meteorológicas, ya que las condiciones estuvieron más desfavorables este año. Los días que hubo mala ventilación fueron significativamente más”, señala. “Si se cuentan las horas en que estuvimos en preemergencia este 2018, en comparación al año pasado, hubo un 900% de aumento, pasando de 5 horas a más de 60”, grafica.

Finalmente, el especialista no descarta que la forma en que se ejecutó el Plan de Descontaminación puede haber influido en esta subida, pero señala que no puede cuantificarse de manera categórica.

“Aunque se esperaba que las emisiones de leña por calefacción sufrieran una baja, no disminuyó lo esperado, dado que los días de mayor contaminación fueron los más fríos”, indica. “Los esfuerzos nunca son suficientes. Aunque es indudable que se ha hecho mucho, siempre se puede hacer más, sobre todo en cuanto a fiscalización”, concluye.

Su primera contracción mensual en más de un año tuvo el Índice de Producción Industrial (IPI) en julio de 2018. Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), cayó un 1,6% en doce meses, por el descenso de la minería y la industria manufacturera. La última baja ocurrió en junio de 2017 (1,2%).

Para el economista y académico de la Universidad de Santiago, Víctor Salas, esta disminución, aunque leve, no debe ser tomada a la ligera. El ingeniero comercial considera la contracción como un signo de que la producción industrial aún no se recupera con solidez, lo que podría afectar las expectativas de crecimiento para la economía nacional.

“La idea de que la economía estaba creciendo sin contrapesos ya no existe y eso va a afectar la compra y producción de bienes”, señala. “Es bueno recordar que en la última crisis mundial, la economía cayó en un 4% y el sector industrial manufacturero disminuyó un 14%. Este es un sector sensible a la demanda y en el caso chileno, pasa lo mismo”, advierte.

El economista descarta que la disminución se relacione con el anuncio de cierre de una serie de empresas en el último tiempo, como Iansa en Linares o Pastas Suazo. A su juicio, el mayor impacto que tienen estas quiebras se produce en el ámbito comunicacional.

Sin embargo, “hay empresas que han estado cerrando y cuyo rubro es la fabricación de remolques. Eso sí ha provocado un ajuste mayor, aunque no ha sido notoriamente abordado. Ahí tenemos un impacto de reducción de la tendencia positiva que venía trayendo la industria manufacturera”, afirma.

Con todo, el académico de la Facultad de Administración y Economía del plantel estatal proyecta una tendencia a la recuperación, debido al incremento de la inversión, que se traduce en más equipos y máquinas para aumentar la producción industrial.

“Lo que se puede esperar es que los puestos de trabajo que se vayan creando no lo hagan en minería y manufacturas, sino que en agricultura, construcción y comercio”, concluye.

Emanaciones por gas dejaron alrededor de 300 personas intoxicadas en Quintero, en la región de Valparaíso. Los episodios, ocurridos la semana pasada, obligaron a las autoridades a decretar alerta amarilla. El Gobierno culpó a Enap por la emergencia química, en una zona donde también se encuentran firmas como Oxiquim, Codelco, GNL Quintero, AES Gener y Gasmar.

Independiente de quién sea el responsable del hecho, el doctor en ingeniería medioambiental y académico del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Santiago, Dr. Luis Díaz Robles, sostiene que el hecho deja al descubierto la falta de un plan de descontaminación en la zona (recién ayer se anunció la implementación de uno) y la ausencia de una normativa que permita monitorear y fiscalizar contaminantes que son normales en un sector tan industrializado como este, como isobutano, nitrobenceno y metilcloroformo.

“Tiene que haber mayor control de las emisiones y mayor fiscalización de parte del Estado, pero para eso, tiene que legislarse respecto de esas sustancias porque, actualmente, no tenemos normativa secundaria de calidad del aire ni de emisiones”, afirma. “Las estaciones de monitoreo no miden esas sustancias, porque no están legisladas, solo material particulado, dióxido de azufre, monóxido de carbono e hidrocarburos totales. Ni siquiera los específicos. Mientras no haya legislación, no habrá obligación de monitorear esto por parte del Estado ni de las empresas”, critica.

Por otra parte, el ingeniero civil químico, experto en gestión de la calidad del aire y control de la contaminación atmosférica, considera que culpar a Enap es “apresurado”, ya que el monitoreo de contaminantes que no se miden normalmente debiera ser más extendido en el tiempo, a fin de tener resultados concluyentes.

“Lo ideal es que haya una red permanente de monitoreo en un sector industrial tan complejo como el que hay y que es estratégico”, sostiene. “Nadie quiere que haya una Freirina 2, donde debido a un mal manejo ambiental se le tuvo que colocar candado a la empresa Agrosuper, lo que generó un impacto social al disminuir las posibilidades de conseguir empleo”, advierte.

Responsabilidad compartida

Comparte la opinión del Dr. Díaz el experto en modelos de pronóstico de contaminación atmosférica y ambiental, Dr. Patricio Pérez. El académico del Departamento de Física de la Universidad de Santiago insiste en que los contaminantes que miden estaciones de monitoreo en la zona -como Quintero, Puchuncaví, Las Ventanas, La Greda y Los Maitenes- no son los que se precisa fiscalizar cuando ocurren emergencias como la de la semana pasada.

A su juicio, fue ese factor el que provocó que dicha red no arrojara superaciones de la norma en esos días. “Acá hay una responsabilidad compartida entre el Estado y las industrias. El Estado tendría que tener estaciones que midan una variedad más grande de contaminantes y la industria, si bien no tiene la exigencia de controlar ciertos contaminantes, por responsabilidad propia debería tomar medidas cuando detectan que hay emisiones de gases que no están normados, pero que afectan la salud de las personas”, enfatiza.

El doctor en física señala que al no medir regularmente concentraciones que podrían haber causado eta emergencia, autoridades debieron asistir al lugar con estaciones de monitoreo portátiles que tienen una gama más amplia de contaminantes. Sin embargo, una de las falencias de realizar esto es que cuando se llega al lugar con dichas estaciones, el episodio crítico ya ocurrió, lo que impide tener mayores certezas respecto a si lo que se monitorea es o no relevante.

“No es tan extraño este tipo de contaminantes en la zona y es algo que se pudo haber previsto controlando una colección más grande de gases que se monitorean regularmente”, afirma. “Las estaciones de monitoreo portátil son lo mejor que se puede disponer en este caso, pero no tienen la precisión de una estación fija que ha sido calibrada y donde se han hecho test de calidad. Claramente, hay una mayor imprecisión en estas estaciones portátiles. Lo ideal es tener una red que mida de manera permanente estos contaminantes”, concluye.

“Los sectores pobres se han hecho más pobres”, sostuvo el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, tras presentar los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2017. Al comparar el ingreso del 10% más rico con el del 10% más pobre de Chile, se observa que los primeros perciben casi 40 veces más (39,1 veces) que lo que obtienen los segundos; en 2015, era 33,9.

Para el Dr. José Gabriel Palma, uno de los expertos más conocidos en materias de desigualdad y académico de la Universidad de Santiago y de la Universidad de Cambridge, “hace muchos años que ya se perdió el sentido de urgencia respecto de la pobreza y desigualdad”. En un modelo económico esencialmente rentista, se tiene que evitar a toda costa que se genere un mercado del trabajo donde los empresarios tengan que competir por los trabajadores, considera. Para el especialista, cuyo trabajo derivó en la formulación del ‘Coeficiente Palma’ (o ‘Palma ratio’), índice alternativo al tradicional Gini con que se mide esta situación  (http://www.econ.cam.ac.uk/research-files/repec/cam/pdf/cwpe1627.pdf), jamás vamos a llegar a ninguna parte, menos al desarrollo, mientras eso no ocurra.

A su juicio, ¿por qué se ha dejado de avanzar en la lucha contra la pobreza y la desigualdad?

Como decía Wittgenstein, notable filósofo del siglo pasado, la condición necesaria para avanzar en este tipo de materias es “el sentido de urgencia”. Eso fue lo que nos hizo avanzar en tantas cosas con el retorno a la democracia. Sin embargo, hace mucho tiempo que ya se perdió la urgencia respecto de la pobreza y la desigualdad. Pasaron a ser temas de los que se habla mucho, pero se avanza poco. La flojera en el persistir parece endémica a nuestra ideología. Lo mismo pasó, por ejemplo, en nuestro sector exportador; se avanzó notablemente en lo puramente extractivo, pero ahí nos quedamos. Nunca se lo industrializó.

Muy diferente a lo que sucede en el Asia emergente.

Quizá, lo que más nos diferencia del Asia emergente es que allá nunca se perdió el sentido de urgencia en una amplia gama de materias. No por casualidad Corea del Sur y Taiwán tienen unas de las menores desigualdades “mercado” en el mundo (antes de impuestos y transferencias). Mucho menor incluso que la de los países nórdicos. Ellos son corredores de maratón; nosotros, apenas de media distancia.

Entonces, ¿la desigualdad es un problema endémico del sistema económico chileno?

Nuestro sistema económico es esencialmente rentista y depredador; vive de la apropiación fácil (e ilegítima) de las rentas de los recursos naturales, de las que generan la falta de competencia (concentración oligopólica), de las financieras y de las que emergen por poder pagar salarios mezquinos a una proporción importante de la población. Recordemos que, según el INE, la mitad de las personas ocupadas percibe ingresos menores a los $380 mil al mes, y eso en un país que se jacta (en forma delirante) de estar en el umbral del desarrollo…

¿Se puede revertir esta situación en el corto plazo?

A raíz de un simple fenómeno demográfico tuvimos hasta hace poco una oportunidad única de revertir eso por “fuerza de mercado”: las familias pobres tienen cada vez menos hijos, por lo que el crecimiento de la oferta de mano de obra barata declina rápidamente (lo que yo llamo “el verdadero bono demográfico”). Eso produjo una sobredemanda de ese tipo de mano de obra y una presión creciente al alza de los salarios más bajos y a un mejoramiento en las condiciones de trabajo.

¿Y cómo se podía enfrentar eso?

Frente a eso habían básicamente dos alternativas: subir productividad o abrir la inmigración. Lo primero, para poder pagar esos salarios en aumento; lo segundo, para que todo pudiese seguir igual. La primera, que caracterizó a los países desarrollados en una etapa similar del desarrollo, era pedir demasiado, pues requería incrementar la inversión, la absorción tecnológica, la diversificación económica, etcétera. Era una pasada de cambio dinamizador. La segunda, harto más fácil, le deba oxígeno a nuestro modelo rentista y así poder postergar al menos por una década el alza de los salarios y la caída de la desigualdad.

¿Qué medidas se pueden impulsar a nivel gubernamental para cambiar esta tendencia?

El gran flujo migratorio ya está aquí y hay que absorberlo de la mejor manera posible, tanto en lo humano como en lo económico, pero como muestra la encuesta Casen, ya comienza a caer el ingreso del trabajo de los deciles más bajos. La política migratoria, empujada inicialmente por el empresariado y el “segundo piso” de la Concertación, ya da sus frutos. Por eso, ahora la tarea de combatir la pobreza es muchísimo más compleja de lo que ya era. Lo mismo respecto a nuestra obscena desigualdad.

La Reforma Tributaria que plantea el Gobierno, ¿ayuda a terminar la desigualdad o acentúa la mala distribución del ingreso?

Lo último que tiene en mente este Gobierno con su Reforma Tributaria es hacer algo por la pobreza o la desigualdad. No fue elegido para eso. En el Gobierno anterior, la Reforma Tributaria tuvo buenas intenciones, pero mala ejecución; todo indica que ahora es justo al revés. Parece que la arenga del Presidente del Sindicato de Escondida respecto a que el resto del país se vaya a donde usted sabe, junto a la postura del ministro que recomendó invertir fuera del país (como lo hace él, con orgullo), reflejan cómo la ideología neoliberal ha permeado nuestro país, desde el empresariado, los traders y políticos de derecha, a tanto “renovado”.

La municipalidad de la Reina anunció la forma de un convenio con un club de tiro de la comuna, consistente en un descuento del 30% para los vecinos del sector que deseen inscribirse. La idea sería capacitar a personas naturales en el uso de armas, como una medida para combatir la delincuencia. 

Para el experto en seguridad pública y profesor de la Universidad de Santiago de Chile, Jorge Araya, la idea que motiva el convenio es totalmente inconveniente. A su juicio, la iniciativa es riesgosa debido a que sólo legitima el uso de armas por parte de civiles.

“Cuando el uso de las armas se naturaliza, se comprueba que la gente no tiene la preparación emocional para utilizarlas. Solo alcanza a adquirir la preparación técnica”, afirma. “Puede que un conflicto entre vecinos, por la rabia del momento, termine no solo a golpes, sino con muertes de personas, solo por el hecho de que se dispone de un arma”, explica.

En entrevista con Radio Universidad de Santiago, Araya fue enfático en la idea de que un Estado de derecho, como es el caso de Chile, fundamenta su legitimidad en el monopolio de las armas por parte de las FF.AA. y las fuerzas de orden y seguridad pública, para dar tranquilidad a sus ciudadanos.

“Es una iniciativa riesgosa”, considera el ex jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. “A veces, otros municipios replican estas iniciativas solo para hacer noticia”, advierte el profesor de la Facultad de Humanidades del plantel estatal.

Finalmente, el especialista señala que existen otras formas de combatir la delincuencia, las cuales han probado su efectividad. Por eso, estima innecesaria una medida como la de la comuna de La Reina. “Hay iniciativas que quizá no son tan novedosas, pero que bien coordinadas con los vecinos pueden dar muchos buenos resultados, como las alarmas comunitarias”, concluye.

El Presidente Sebastián Piñera anunció esta semana que enviará al Congreso el proyecto de Ley para Modernizar el Sistema Tributario. “Los impuestos pagados por las empresas serán crédito para los impuestos que deban pagar las personas, lo que favorecerá a más de 150 mil Pymes y a grandes sectores de la clase media, y además facilitará la vida a todos nuestros contribuyentes”, afirmó el Mandatario en cadena nacional.

El experto en derecho tributario y académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago, Dr. Germán Pinto Perry, concuerda con que la reforma restituirá la integración total del sistema, ya que el 100% del impuesto que pagan las empresas podrá volver a  utilizarse para pagar parte de la tributación de sus respectivos dueños. A su juicio, fue en esto que erró la reforma implementada por el Gobierno anterior.

“La reforma vigente ha demostrado que es complicada y que no recauda más. No sirve para los objetivos que se plantearon. El país no recauda más con tasas mayores, sino con aumento de las utilidades de las empresas. Esto sí está demostrado y decir lo contrario es solo hacer proyecciones en un mundo fuera de la realidad”, afirma el también especialista en tributación de las personas físicas.

De acuerdo al especialista, uno de los errores que volvieron engorroso el sistema actual es que separó a los contribuyentes en dos categorías, donde unos debían pagar un Impuesto a la Renta de Primera Categoría (IRPC), que pagan las empresas, equivalente a un 27%, mientras que otros pagan solo un 25%.

“Un dueño de 14B paga más por retirar lo mismo que un dueño de una 14A, además del hecho de que la empresa paga más Impuesto a la Renta de Primera Categoría (IRPC)”, afirma. Esto, porque “los dueños de empresas 14B no integran todo el IRPC contra su Impuesto Global Complementario (que pagan los dueños de las empresas que viven en Chile), sino solo el 65%, debiendo devolver el 35% del crédito”, afirma.

Sin embargo, estima que “el hecho de que los dueños de 14B apliquen el 100% del crédito del IRPC, pero luego devuelvan el 35%, es lo que se ha llamado Sistema Parcialmente Integrado, lo cual es una tontera porque ya está integrado. El nombre es capcioso”, considera.

Finalmente, el contador público y auditor insiste en que el sistema actual no es bueno y que rechazar a priori el proyecto no constituye una decisión seria. “Llama la atención la cantidad de vocablos que lanzan al aire los distintos actores. Por ejemplo, no sé a qué se refieren con reintegrar, si nuestros impuestos a la renta ya están integrados”, concluye.

“La metodología de Aprendizaje y Servicio (A+S) potencia todos y cada uno de los atributos de nuestro sello institucional: trabajo en equipo, responsabilidad social y aceptación de la diversidad, entre otros, al vincular los objetivos curriculares con los problemas de la comunidad. En este sentido hemos realizado un gran trabajo, que ahora queremos formalizar”, destaca la profesora Viviana Gysling (Obstetricia), coordinadora del comité Ejecutivo A+S, quien desde las elecciones de julio lidera esta línea de trabajo, junto a un equipo integrado por los profesores y profesoras: Eliana Caviéres (Ingal), Alonso Peña (ECIADES),  Daniel Riquelme-Uribe (ECIADES) y Daniver Morales (Facultad de Química y Biología).

Una de las primeras tareas que concentrará a este equipo de trabajo será la creación de estatutos, que den mayor formalidad a la labor desarrollada. “Esto es fundamental, para nuestros objetivos, que apuntan a transformar la RED A+S de nuestra Universidad en un grupo de académicos pioneros y de referencia en el diseño, aplicación y producción de evidencia en A+S en Chile y Latinoamérica”, sostiene la académica.

Proyectos

En el contexto del plan de acción que ejecutará esta nueva coordinación destaca la edición de un libro, que resume 19 experiencias de A+S que se han implementado en la Universidad, con lo que se espera iniciar una labor de sistematización de experiencias y de acompañamiento para el desarrollo y envío de presentaciones a congresos o publicaciones en revistas del área.

La académica comenta que en esta labor de difusión y vinculación de experiencias, se proyecta la realización de un congreso, en el 2019, que aporte a la proyección  nacional y latinoamericana de la RED A+S del Plantel.

“Creemos que esta metodología representa un significativo aporte a la formación de nuestros estudiantes, ya que integra actividades de servicio requeridas por la comunidad; desarrolla habilidades interpersonales transversales como responsabilidad social e identificación el rol social de la profesión. En definitiva, representa un aprendizaje significativo y colaborativo, que implica razón y emoción”, comenta la profesora Gysling.

El pasado martes 31 de julio, en un Salón de Honor colmado de asistentes, ochenta y seis docentes recibieron sus certificaciones de Postítulos mención Lenguaje y Comunicación y mención Historia, Geografía y Ciencias Sociales, ambos para segundo ciclo básico. El programa fue dictado por la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, por especial encargo del ministerio de Educación, a través del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógica (CPEIP).

La actividad fue presidida por el Decano de la Facultad de Humanidades, Dr. Marcelo Mella Polanco, quien destacó que este programa permite a la Universidad de Santiago de Chile reivindicar su misión institucional: “Como parte de la comunidad educativa, creemos francamente en lo que indica nuestro slogan, Formando personas, transformando país. Creemos que el rol de las instituciones educativas es clave en la construcción del Chile de los próximos años, al mismo tiempo que esta iniciativa de formación continua de profesores, a través de programas de postítulo, nos permite restituir la relación que nosotros queremos tener desde la Universidad con el Estado”.

La autoridad también se refirió al contexto político actual de nuestro país, en el cual la ciudadanía necesita mayor equidad y donde existe una movilización nacional feminista que presenta como eje central la construcción de espacios educativos más respetuosos, democráticos, de mayores oportunidades y la erradicación de las prácticas de violencia y discriminación. “Estos temas no eran relevantes hace 10 años, ni en los espacios educativos, ni en los medios de comunicación, ni en los de administración de justicia, y hoy son parte de nuestro sentido común. Qué duda cabe que el país en algunas materias va mucho más rápido que las instituciones, pero también es cierto que si nosotros queremos construir un país más justo y democrático tenemos que imaginarlo colectivamente y ese es el valor que tiene esta experiencia, el permitirnos detenernos un instante y pensar como construir ese país desde los espacios educativos”, indicó el Decano Mella.

Por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógica (CPEIP), intervinieron Stella Rojas y Manuel Uribe. El profesional del ministerio de Educación realizó un saludo a los docentes y congratuló la labor de la Universidad de Santiago de Chile, indicando que: “Cómo profesor, como colega, hoy me surge la alegría y por otro lado la gratitud. Agradecemos a la USACH por su calidad y compromiso de llevar adelante una educación pública, de calidad y continua, y también felicitar a sus familias por el apoyo brindado, porque el fruto de este trabajo será recibido por los estudiantes de nuestro país”.

En representación de los estudiantes, la profesora Jennifer Ruiz señaló que: “Hoy culmina un proceso educacional anhelado por cada uno de nosotros, un proceso que buscó reformular en nosotros el arte de enseñar, administrar, gestionar y de orientar a las nuevas generaciones de estudiantes “para después sumar”. ¿Valió la pena? En nuestro caso tengo la seguridad de que sí valió la pena. En general, los que tomamos la iniciativa de iniciar una especialización somos profesionales inquietos, creativos y que presentimos que  podemos aportar mucho a la educación de nuestro país”.

En el discurso final de los estudiantes se hizo mención a la labor realizada por los profesores del Departamento de Lingüística y Literatura, Manuel Rubio y Patricia Salfate, además de todo el equipo que hizo posible este programa.