Preemergencia ambiental decretó para este lunes la Intendencia Metropolitana, aduciendo malas condiciones de ventilación en la región.

Sin embargo, para el experto en modelo de pronóstico de contaminación atmosférica y ambiental, y académico de la Universidad de Santiago, Dr. Patricio Pérez, la autoridad no decretó esta medida de manera oportuna.

“El lunes se decretó, pero la calidad del aire ya estaba mejorando. La medida fue tardía”, sostiene. A su juicio, los niveles de preemergencia se produjeron este fin de semana, lo que el Gobierno no constató.

“A partir de la madrugada del sábado, se constató un nivel de preemergencia en la estación de Cerro Navia, lo que no estaba contemplado”, sostiene. El académico del Departamento de Física señala que, de viernes a sábado, el modelo de la autoridad solo había pronosticado una situación regular en la calidad del aire del Gran Santiago.

“Esta condición de preemergencia acompañada de condiciones de alerta en varias otras estaciones se prolongó hasta la madrugada del domingo. Por lo tanto, se cuentan como dos nuevas preemergencias”, explica. Según sus estimaciones, los niveles estuvieron entre 110 y 120 microgramos por metro cúbico durante 24 horas.

El doctor en física lamenta que la autoridad no haya dado explicación por esta situación, tomando en cuenta que la omisión de este hecho significó que no se tomaran medidas para frenar esta situación.

“Se debieran haber paralizado algunas actividades industriales y haber prohibido el uso de leña para calefacción en toda la Región Metropolitana, lo cual no se produjo”, critica. “Hoy, hubiese sido conveniente una explicación, porque se falló con una diferencia de dos niveles”, enfatiza.

Finalmente, recuerda que el año pasado solo se produjeron 2 preemergencias y este año ya hay siete constatadas. “Dadas las bajas temperaturas, se ha usado probablemente bastante calefacción por leña, pero como no se decretó ni siquiera alerta este fin de semana, no estaba prohibida en los sectores rurales de la Región Metropolitana. Probablemente, la contaminación de estas zonas afectó a Santiago”, concluye.

“El monto que piden es técnicamente imposible”. Así se refirió el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, al incremento del salario mínimo planteado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), de $422 mil pesos.

Sin embargo, el economista y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Gonzalo Martner, considera que la razón que motiva al Gobierno a descartar esta cifra “se debe a una orientación pro empresarial de corto plazo”, afirma.

“Hay una serie de países que tienen un PIB semejante al nuestro, pero que tienen salarios mínimos mucho más altos que el de nosotros. Por lo tanto, el argumento de la inviabilidad técnica en realidad es de la esfera propiamente política”, asegura.

Además, el especialista en economía de las políticas públicas de la Facultad de Administración y Economía (FAE) del plantel estatal hace hincapié en que el salario mínimo sólo afecta al 10% de la fuerza laboral y, por lo tanto, los efectos serían marginales en el mercado laboral.

“Incrementar el salario mínimo genera beneficios, porque fideliza a los trabajadores, crea mejores vínculos laborales y hace que dediquen mayores esfuerzos en aumentar su propia formación, lo que en el largo plazo produce efectos positivos para la economía”, enfatiza.

Finalmente, compara la situación con la negociación llevada adelante por el ex ministro Eduardo Aninat durante la administración del ex Mandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle. “En ese entonces, él negoció con la CUT un reajuste trianual que fue muy criticado por los economistas ortodoxos, pero esto no provocó ningún efecto negativo en el empleo ni en la economía”, concluye. 

A un mes de que termine el periodo de Gestión de Episodios Críticos (31 de agosto), estos han aumentado un 26% en comparación al año pasado en la Región Metropolitana. En 2017, las premergencias fueron 2 y las alertas, 25. En 2018, fueron 5 y 29, respectivamente.

Para el experto en modelo de pronóstico de contaminación atmosférica y ambiental, y académico del Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Patricio Pérez, el Gobierno ha tenido responsabilidad en el aumento de los episodios críticos.

“Se esperaba una mejoría en las condiciones de calidad del aire este año, dado que entró en vigencia este año el plan de descontaminación de material particulado fino (MP 2,5)”, afirma. Sin embargo, considera que “restringir el uso de la leña no ha sido lo eficiente que uno hubiese esperado. Falta mayor fiscalización y sensibilización de la población para evitar este tipo de calefacción”.

El especialista considera que acotar a solo un dígito la restricción vehicular permanente para vehículos con convertidor catalítico, además de restringir la medida solo al anillo de Américo Vespucio, también podría haber afectado este índice.

Sin embargo, es concluyente al considerar que el número de preemergencias es un claro indicio de que la autoridad medioambiental ha incidido en este aumento de episodios críticos. “Las preemergencias pasaron de 2 a 5, lo que implica un aumento de un 120%. Eso no se puede atribuir tan directamente a los días de mala ventilación. Por lo tanto, el factor meteorológico no es el único que provocaría este aumento”, subraya.

Con todo, considera que una de las razones más importantes que provocaron el aumento son las condiciones meteorológicas que han afectado este año a la capital, caracterizadas por la escasez  de lluvias. “En 2017, hubo 18 situaciones de condiciones malas o críticas de ventilación. Este año, llevamos 25, lo que significa un aumento de 39% en cuanto a días con mala ventilación”, concluye.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este martes que la tasa de desocupación del trimestre abril-junio de 2018 fue de 7,2%, configurando un aumento de 0,2 puntos porcentuales en doce meses. La cifra superó las expectativas de los analistas, que se situaban en el entorno de 7%, y se dio en un contexto en que diversas empresas anunciaron su cierre –como Iansa o Maersk-, mientras que otras declararon estar en quiebra, como Pastas Suazo o la Constructora CIAL.

Sin embargo, para el economista y académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago, Víctor Salas, estas cifras son normales para esta época del año, por lo que no se avizora un empeoramiento drástico en el corto plazo. “Las cifras están en el rango aceptable del desempleo, entre 6,5% y 7,2%, tasas en las que hemos estado regularmente en los últimos años. Incluso, cuando crecíamos a tasas decrecientes, también se mantenía la tasa fluctuando en 7,1% y 7,2%. Esto es relativamente normal”, afirma.

A su juicio, a pesar de la crítica situación de las empresas mencionadas anteriormente, la economía nacional sigue expandiéndose y evidencia una mayor demanda por bienes de consumo. Además, considera que el efecto que provoquen dichas compañías en la economía se ajustará a lo largo del año, con medidas paliativas que brindarán trabajo a las personas que, actualmente, están perdiendo sus empleos.

“No habrá un incremento notable de la tasa de desempleo. Probablemente, el próximo trimestre incluido el mes de julio será de 7,2% o 7,1%, porque ese mes comienza a expandirse la construcción, el sector agrícola y el comercio, actividades para las que se requiere contratar más gente. Los despidos serán contenidos por estas actividades que ya comenzaron a expandirse en julio”, asegura.

Finalmente, indica que la presión que acusa el mercado laboral, con el incremento de 2,2% en la fuerza de trabajo, no es una cifra negativa en sí, ya que representa un mejoramiento en la perspectiva de las personas respecto a cómo se está comportando la economía nacional. “Esto tiene que ver con las expectativas de la población respecto a querer incorporarse a la fuerza de trabajo en la perspectiva de que la economía estaba mejorando o aparecía con mejores datos entre el primer trimestre y parte del segundo”, concluye.

“La empresa busca eximirse de responsabilidad para no tener que entregar  compensaciones”. Así interpretó la intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, las declaraciones del gerente de mercado de Enel, Víctor Tavera, quien atribuyó a la acción de terceros el corte de luz que afectó por más de una hora y media a las comunas de Vitacura, Las Condes, Providencia, Huechuraba y Lo Barnechea el domingo. “Cuando hablamos de que una empresa no se puede hacer cargo del control y la seguridad de sus propias instalaciones sensibles, significa que el día de mañana cualquiera puede dejar a la Región Metropolitana en un apagón completo”, afirmó Rubilar.

Sin embargo, para el Director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, Dr. Humberto Verdejo, lo sugerido por la autoridad metropolitana resulta poco factible.  “La empresa tendría que hacerse responsable de todas las infraestructuras de tendido eléctrico de la Región Metropolitana, lo cual es cierto en parte, porque tienen que hacerse cargo de los mantenimientos y acciones que producen las fallas. Sin embargo, resulta impracticable que en toda la estructura de la red eléctrica haya personas que salvaguarden acciones inesperadas de parte de terceros”, afirma.

Además, agrega que la normativa tampoco obliga a Enel a realizar esta acción de seguridad. “La ley establece un mecanismo que la empresa está cumpliendo: hacerse responsable cuando ocurre una falla y reponer el servicio en el menor tiempo posible, pero los aspectos de seguridad escapan a su responsabilidad”, enfatiza.

Desde su perspectiva, los responsables de resguardar torres de alta tensión o postes de luz son las policías y no la empresa. “No resulta factible hacerse responsable de toda la infraestructura eléctrica, porque está colocada en el espacio público y los encargados de resguardar los bienes públicos en dicho espacio son las policías”, sostiene.

Finalmente, critica que la legislación vigente no contemple una coordinación fluida entre los gobiernos locales y la autoridad central. A su juicio, establecer una comunicación entre estas instituciones permitiría monitorear mejor la situación del tendido eléctrico, a fin de anticiparse y prevenir eventos que provoquen cortes de luz. “Hay que mejorar el flujo de información entre estos actores. Los municipios pueden informar de lo que ocurre en los barrios a través de sus vecinos”, concluye.

Un estudio de la U. de Santiago de Chile, que midió el efecto que tuvo en redes sociales el anuncio gubernamental de las 150 medidas de seguridad y la creación de un nuevo sistema de inteligencia del Estado denominado Consejo Nacional de Inteligencia (CNI), concluyó que las críticas relativas a la polémica sigla, que muchos usuarios asociaron al desaparecido servicio de inteligencia que operó durante el régimen militar, fueron más relevantes que la misma difusión de la propuesta del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

La investigación, que fue encabezada por la socióloga y académica de la U. de Santiago, Lucía Dammert y consideró el periodo entre el 11 y el 23 de julio,  arrojó que los cuestionamientos relacionadas con CNI superaron en más de un 100% las publicaciones que apoyaron la iniciativa del Gobierno, lo que se tradujo en más de 20 mil críticas.

“Para el gobierno es un fracaso comunicacional. Sin duda, la presencia del concepto ‘CNI’ como el más representativo de las conversaciones que se generaron, consolida la percepción de que el error terminó opacando la estrategia comunicacional inicial”, sostuvo Lucía Dammert. La académica también aludió al alcance de los hashtags utilizados. “Si bien son lo que consolida la cobertura de redes, la misma es muy baja (menos de 9 mil tuits) para el principal tema de preocupación ciudadana y uno de los cinco ejes principales del gobierno”, afirmó.

Sin embargo, el diagnóstico para la experta va más allá de la efectividad de los términos utilizados, y lo asocia a la escasa discusión que se ha dado en el debate político. Según Lucía Dammert, lo reflejado en Twitter demuestra la poca relevancia que se le está dando a un tema tan importante como es la seguridad ciudadana.

“Esto es una demostración más de la carencia de un verdadero debate programático sobre los temas de seguridad. La evidente ausencia de debate sobre el contenido de las medidas propuestas por la comisión muestra que la seguridad es un tema que le cuesta debatir a la oposición progresista”, destacó Lucía Dammert, en base a los influenciadores de Gobierno y oposición que participaron exponiendo sus opiniones en Twitter.

Para la académica, en este aspecto es fundamental el rol de la oposición. “No hay conversación sobre seguridad, porque la oposición se resta de la discusión y hay un monólogo vinculado con actores gubernamentales que tratan de difundir el mensaje del acuerdo. Muy interesante es la ausencia en el debate de los miembros de la comisión que juegan un rol importante en medios, como por ejemplo Jorge Sharp, Felipe Harboe y Felipe Alessandri. Ninguno de ellos jugó un rol importante en la conversación que se dio en las redes sociales”, concluyó.

“¿Por qué no hacen un bingo?”. Esa fue la recomendación del ministro de Educación, Gerardo Varela, para solucionar los problemas de infraestructura que afectan a los colegios del país. Lo cierto es que, en promedio, los municipios destinan solo un 5% de su presupuesto en el ítem educación, según revelaron datos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional recabados por la Asociación Chilena de Municipalidades (Achm).

Para la especialista en currículum y evaluación, y académica del Departamento de Educación de la Universidad de Santiago de Chile, Dra. Andrea Rodríguez, este porcentaje es “insuficiente” para mejorar las condiciones en que se imparte la formación en las escuelas públicas, lo que, a su juicio, impacta directamente, en un detrimento de la calidad. 

“Cuando los fondos son porcentualmente tan pocos, no se pueden realizar los acompañamientos necesarios para potenciar los procesos de mejora educativa al interior de los colegios”, enfatiza y agrega que “un presupuesto tan bajo implica que la carga docente se concentra solo en que los profesores hagan docencia y no se pueden disponer de horas más extendidas para la preparación de dichas clases, la planificación, realizar entrevistas, etcétera”, insiste.

Para la doctora en ciencias de la educación, que ha investigado sobre la gestión curricular y pedagógica en municipios, esta cifra porcentual revela la urgencia de avanzar en más servicios locales que consoliden el proceso de desmunicipalizacion que se está implementando en el país, y que concentren su quehacer en los aprendizajes.

“Este porcentaje refleja la crisis de la educación municipal y la urgencia de avanzar en desmunicipalización, porque las alcaldías no dan abasto con la cantidad de tareas que desarrollan”, considera. “Los municipios son una estructura organizacional agotada que no resuelve el problema de la calidad de la educación pública”, agrega.

Finalmente, recalca que otra de las tensiones que genera este modelo educativo es que hay municipios más ricos y otros más pobres. Por lo tanto, el aporte que realizan no es justo para las alcaldías con menos recursos. “La calidad de los procesos educativos, docencia y gestión escolar queda al arbitrio de los municipios y no es posible hablar de una gestión homogénea de la educación municipal”, concluye.

El Salón de Honor de la Universidad fue abordado por la curiosidad de algunos y por el oído atento de profesionales de salud quienes, con cuaderno y lápiz en mano, apuntaron toda la información que entregaba el experto sobre el deseo sexual. Aquella cadena de pensamientos y reacciones experimentadas por el organismo, que anteceden a la intimidad.

En la charla se abordó un compendio de estudios e historia sobre el deseo sexual en palabras simples y directas del Dr. Francisco Cabello Santamaría, quien es, hace más de 25 años, el director de Instituto Andaluz de Sexología y Psicología.

El experto profundizó sobre las diferentes investigaciones que a lo largo de la historia se han desarrollado respecto a esta temática, como son las fases de la excitación sexual. El Dr. Cabello relató a la audiencia que Master y Johnson describieron las distintas fases de la respuesta sexual tal y como son actualmente reconocidas, sin incorporar el deseo sexual. Este último, fue propuesto por la Dra. Helen Singer Kaplan en 1979, estableciéndose como estados de este proceso, de distintas maneras según el sexo, como: deseo sexual, excitación, meseta, orgasmo y resolución.

Entre los factores expuestos, destaca el hecho de que el deseo sexual deambula entre la lujuria y el placer, al asco y el rechazo. Esto varía en cada individuo, y es determinado por la memoria sensitiva de cada cual que están relacionadas con los recuerdos gustativos y olfativos, los cuales se activan y retoman aquel momento de agrado o disgusto, afectando el deseo.

En esta línea, el experto señala que los altos niveles de testosterona son los que impulsan, según la literatura existente, los impulsos lujuriosos. Asimismo, otras hormonas como la oxitocina y la vasopresina, ayudan a la formación de relaciones a largo plazo. Pues, la evidencia muestra, a través de un estudio, que parejas que han estado juntas por varios años tienen mayor actividad cerebral asociada a estos productos químicos cuando se les ha enseñado una fotografía de su compañero.

En la ponencia el especialista explicó que existen diferencias entre la forma en que hombres y mujeres se enfrentan al deseo. Reafirmando la creencia social de que los hombres son visuales y se excitan con mayor facilidad con un único factor. Esto, en contraposición con las mujeres, que requieren estímulos psicológicos y físicos, pues poseen la capacidad de procesarlos simultáneamente.

Al finalizar la conferencia el especialista señaló que la vida sexual es un aspecto en la vida de todo ser humano que debe ser valorado considerando los innumerables beneficios que trae para las personas: “bienestar físico, psicológico, emocional y social”.

Un 127% aumentó el consumo de cervezas sin alcohol en Chile en cinco años. Según un informe de Euromonitor International, grupo de investigación de mercados, el consumo de este producto creció a una tasa anual de 17,8% desde 2012 hasta 2017.

El especialista en salud pública y académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago, Dr. Tito Pizarro, celebra esta estadística y la atribuye a la implementación de la Ley de Tolerancia Cero, que bajó los grados de alcohol permitidos en la sangre para manejar e incrementó las sanciones relativas a la suspensión de la licencia de conducir.  

Sin embargo, advierte que pese a estos resultados, el consumo de alcohol continúa siendo el mismo. “La Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, muestra representativa que se compara con las que se han hecho anteriormente, en 2003 o 2010, por ejemplo, arroja que el consumo de alcohol entre nuestros compatriotas continúa siendo el mismo”, sostiene.

Aunque señala que la cifra de bebidas analcohólicas es el indicio de un cambio de hábitos entre los chilenos, principalmente los más jóvenes, insiste en que el problema más grave, desde el punto de salud pública, persiste.

“Una persona de cada diez consume alcohol en niveles riesgosos”, afirma. “Además, solo en hombres, dos de cada diez mayores de 15 años tiene un consumo riesgoso de alcohol, por lo que estamos en un problema muy serio de salud pública por esto”, enfatiza.

Finalmente, considera primordial insistir en el diseño de otras políticas públicas que impacten en este consumo. “Si uno mirara todas las enfermedades que tenemos en el país y cuál es el factor que provoca más pérdidas de años de vida saludable, el alcohol es la principal causa”, concluye.

Siete mil partes empadronados fue el saldo que dejó en Las Condes la primera semana de funcionamiento de las cámaras que controlan el uso de vías exclusivas para el transporte público, además de la restricción vehicular.

Para el experto en transporte y académico de la Universidad de Santiago, Dr. Juan Pedro Sepúlveda, la cifra es “sumamente alta” y refleja un serio problema de educación vial entre los automovilistas. Por ello, propone que los conductores sean advertidos mediante una señalética en el mismo lugar donde están dispuestas estas cámaras de vigilancia.

“Debiera haber letreros digitales que avisen la existencia de las cámaras y recuerden a las personas las condiciones en que pueden circular por estas vías exclusivas”, sostiene. Aunque reconoce que la información se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Transportes, “la experiencia indica que son más efectivos los letreros y avisos en el mismo lugar”, considera.

El especialista del Departamento de Ingeniería Industrial del plantel estatal es consciente de que la implementación de este equipamiento implicaría un desembolso importante de recursos. No obstante, señala que este gasto debiera estar contemplado en el fondo que se recauda por concepto de multas.

“Con el dinero recaudado por las infracciones que se cursan en las vías, debieran financiarse estos letreros, además de una mejor educación vial y diseño de las calles. El ideal es que estos fondos se destinen para este tipo de cosas”, insiste.

Finalmente, considera que la señalética para advertir a los automovilistas debiera incluir información respecto a las condiciones según las cuales se permite transitar en una vía exclusiva. “El problema que tenemos es de la educación vial de los automovilistas. Muchas personas desconocen las razones por las que se les cursa una multa por usar una vía exclusiva del Transantiago”, concluye.