“Está comprobado que 10 km/h menos de velocidad reduce en más o menos 30% la probabilidad de fallecer en un accidente”, aseguró la ministra de Transportes, Gloria Hutt. Ello, luego de que el Congreso despachara el proyecto de ley que reduce el límite de velocidad urbana de 60 a 50 km/h.

Para el experto en transportes y académico de la Universidad de Santiago, Dr. Juan Pedro Sepúlveda, la afirmación de la titular del MTT es inexacta. “La reducción del límite de velocidad no logrará bajar un 30% las muertes por accidentes”, afirma. “La tasa a la que alude la ministra Hutt está asociada a cambios con respecto a límites más altos, como de 120 a 110 km/h, pero chocar a 60 o a 50 km/h no hace una diferencia tan significativa”, explica.

Según el experto, en velocidades inferiores no se logra bajar tan significativamente las tasas de mortalidad, dada la seguridad que proporcionan los automóviles con las nuevas tecnologías asociadas a los vehículos.

Además, descarta cambios significativos en las calles de las ciudades del país si la implementación de la iniciativa no contempla una fiscalización amplia y permanente. El año pasado, se registraron 1.483 fallecidos en más de 950 mil siniestros.

“La normativa en sí misma no asegura la reducción de estos accidentes”, asegura el académico del Departamento de Ingeniería Industrial del plantel estatal. “Cuando no hay carabineros en las autopistas controlando el límite de velocidad, lo común es que el automovilista circule en dicho límite o sobre este”, afirma.

Finalmente, destaca que el Ministerio de Transportes anunciara cámaras automatizadas y fiscalización presencial en vías exclusivas, pistas solo bus y corredores de buses. No obstante, hace hincapié en que esto no contempla la totalidad de las calles, por lo que la normativa podría terminar convirtiéndose en “letra muerta” en muchos sectores de la urbe.

“No se verá ningún cambio en las calles de la ciudad. Aunque las personas estén al tanto de la norma, si no hay ninguna otra acción en consecuencia, los conductores volverán a sus comportamientos habituales”, concluye.

“Racismo institucional”. Así calificó la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes a la exigencia que se le hace a la población haitiana de no tener enfermedades infectocontagiosas al momento de arribar a Chile. Esta condición es parte de la nueva visa humanitaria implementada por el Gobierno, que busca que los haitianos residentes en nuestro país traigan a sus familiares.

La Directora del Centro de Estudios Migratorios (CEM) de la Universidad de Santiago de Chile, Dra. Carmen Norambuena, concuerda en que esta política implica establecer una diferencia negativa con las personas provenientes de dicho país. “Si se exige, debiera ser una condición para todos. No debiera suponerse que solo los haitianos padecen este tipo de enfermedades”, afirma.

La especialista reconoce que el espíritu de la iniciativa es “valioso y meritorio”, en el sentido de que busca la reunificación familiar de esta población. No obstante, considera que el beneficio se ve “obstaculizado” por una serie de trámites que califica como “absurdos”. “Todos estos trámites se transforman en otra valla para ellos. Si esta población salta un obstáculo, le colocan otra más alta y eso hace imposible que terminen la carrera”, critica.

Los haitianos pueden conseguir esta visa humanitaria enviando una carta notariada a su país, además de conseguir el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y efectuar un pago de US$100.

“No corresponde hacer ese trámite notarial si el individuo está regularizado en nuestro país, con sus papeles al día. Debería obtener inmediatamente la Visa para la reunificación familiar”, afirma la Dra. Norambuena.

En síntesis, la especialista destaca que la señal que da el Gobierno con esto es que no busca favorecer la migración haitiana en Chile. “Pedir esto es desconocer la realidad que vive ese país actualmente, que tiene una economía empobrecida y que, por lo mismo, provoca la migración de su población”, concluye.

Un récord de “portonazos” en la zona oriente de la capital fue lo que reveló un boletín estadístico entregado por la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente a las municipalidades del sector. Tomando en cuenta los cinco primeros meses del año, este ilícito incrementó en un 48% en comparación a 2017.

Para el experto en seguridad pública y profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, las cifras constatan la existencia de un nicho de mercado que se desarrolla al margen de la ley.

“Esto demuestra que se ha consolidado un mercado ilegal muy peligroso de automóviles o piezas robadas de vehículos. Por eso, habrá que iniciar labores muy fuertes de investigación por parte de las policías y de la Fiscalía para controlar esto”, señala el ex jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior.

El ilícito denominado como “portonazo” fue bautizado así por medios de comunicación y hace alusión a los robos realizados en el ingreso de domicilios particulares (portones), donde los delincuentes intimidan o violentan a la víctima para sustraer sus automóviles. Si entre enero y mayo de 2016, año en que comenzó la medición de este fenómeno, los casos fueron 636 y bajaron a 491 en 2017, la cifra volvió a dispararse en 2018, llegando a los 727.

Necesidad de un informe nacional

El informe, que detalla diversos datos asociados a estos delitos, fue remitido vía e-mail a los alcaldes de la zona oriente de Santiago por el fiscal regional Manuel Guerra. Al respecto, el especialista destaca la iniciativa, pero considera que el Ministerio Público debiese hacer públicas estas estadísticas a nivel de todo el país.

“El Ministerio Público cumple con publicar en su página web el reporte estadístico anual o trimestral respecto de los delitos ingresados”, reconoce. “Sin embargo, tenemos varias limitaciones de información. En dichos boletines, se hace una agrupación de los tipos delictuales, pero son muy globales y, por lo tanto, no sabemos si en esos robos hay un portonazo o si es en la vía pública. No presenta la estadística en desglose”, argumenta.

Finalmente, a juicio de Araya, esta información no solo permitiría reforzar las rondas preventivas en los barrios, calles y horarios en que, efectivamente, suceden con mayor frecuencia estas situaciones. También, considera que el carácter público de un boletín de este tipo supondría un beneficio para los vecinos de estos sectores.

“Al menos trimestralmente, se debieran poder publicar reportes de dónde están ocurriendo los hechos, a qué hora y cuál es la figura más utilizada para cometer ilícitos de este tipo. Eso permite tomar medidas no solo a las policías, sino también a las personas, que también tienen derecho a ser alertadas, para que puedan tomar medidas preventivas”, concluye.

Un 49,9% de los niños de Chile asegura sufrir violencia psicológica o física en sus hogares. Es decir, prácticamente la mitad de las familias del país utiliza la violencia en su forma de crianza. Esta fue una de las conclusiones del estudio ‘Modelos culturales de crianza en Chile: castigo y ternura, una mirada desde los niños y niñas’, realizado por la ONG World Vision en conjunto con la Universidad de Chile.

A juicio del psicólogo social, antropólogo y académico de la Universidad de Santiago, Dr. Sergio González, esto se produce por la segregación de la sociedad chilena y, en general, de Latinoamérica, ya que la violencia siempre es motivada por la negación de un otro distinto, que por su diferencia representa una amenaza. Por ello, el experto explica que dicha violencia se manifiesta en la incapacidad de resolver conflictos por la vía de una comunicación armónica.

“Negar al que es diferente, descalificándolo y denostándolo por pensar distinto es algo muy común en nuestro continente”, señala el especialista. “Esto puede explicarse por las asimetrías sociales que tenemos en Latinoamérica, que implican una diferencia demasiado grande entre unos y otros. La desigualdad promueve una matriz en la que se reproduce la violencia, pero siempre atendiendo a este principio de la negación del otro, donde se rechaza al que es diferente, que amenaza e interpela”, afirma.

No obstante, el académico de la Escuela de Psicología del plantel estatal considera que el hecho de que sea la mitad de las familias las que crían de esta forma no es tan negativo, si se compara con lo que sucedía hace cuatro o cinco décadas atrás, donde la violencia en la crianza era practicada de manera transversal, por todos los estratos sociales e, incluso, validada como método de formación en las escuelas, indica.

“Antes, un profesor podía pegarle con una regla a un niño o una bofetada. Que los padres usaran la violencia para corregir comportamientos era totalmente habitual”, grafica. “Hoy, esto nos interpela y se nos aparece como una situación a corregir, porque se trata de una anomalía social. Las orientaciones de crianza de los nuevos padres, entre los 20 y los 40 años, serán totalmente diferentes a las que recibieron”, asegura.

Según el Dr. González, esto se debe a que la cobertura de la educación básica y media ha avanzado con creces en la sociedad chilena, lo que implica no solo un mayor conocimiento e información, sino que el aprendizaje de normas tanto de convivencia como de socialización, que constituyen herramientas eficaces para resolver conflictos por la vía de la comunicación. Esto, además de los valores propios que ha promovido la modernidad desde el último tercio del siglo pasado, como el respeto por los derechos y la identidad de los demás.

Finalmente, considera un error calificar las generaciones actuales como “blandas”. Para él, lo que se evidencia en ellas es un mayor respeto y consideración. “En la crianza de los hijos no debe haber muchas normas, sino solo algunas que sean claras, explícitas y que se apliquen de manera coherente. Es decir, tanto para los hijos como para los padres, para que exista congruencia. Lo importante es que no se niegue o subordine al otro”, concluye.

El Instituto Comercial Eliodoro Domínguez  es uno de los cinco colegios que a partir de enero de 2012 funciona bajo administración delegada de nuestro Plantel.  A propósito de aquello es que su Director, Manuel Villegas, el pasado martes 19 firmó el primer convenio del establecimiento con la Facultad de Química y Biología de nuestra universidad en el que ambas partes se comprometen a mejorar la calidad de la educación con especial énfasis en las áreas de la Química y Biología escolar.

“El convenio es el camino para generar una fuerte alianza con una de las principales entidades que hace ciencia en nuestro país y, sin duda, la mejor escuela de profesores de ciencias de la nación”, afirmó su Director durante la firma.

“Para nosotros significa darles más oportunidades a nuestros estudiantes particularmente en un área donde teníamos poco desarrollo como lo son las ciencias experimentales, mejorando nuestras clases y dando oportunidades únicas a nuestros jóvenes”, agregó.

Además de disponer realización de prácticas para estudiantes de la carrera de Pedagogía en Química y Biología, como punto primordial, en el convenio quedan planteados otro tipo de compromisos asociados a proporcionar actividades de perfeccionamiento tanto a profesores como alumnos del Instituto y diseñar de cursos de capacitación para profesores, entre otras actividades en conjunto.

“La idea la teníamos hace mucho tiempo junto con la Dra. Carol Joglar, Jefa de la carrera de Pedagogía en Química y Biología de nuestra Facultad, dada la gran demanda que tienen los colegios de contar con profesores de ciencia y la enorme ventaja de nuestros profesores al tener las dos disciplinas, lo que les da una versatilidad respecto a otras universidades que solamente tienen una”, abordó la Vicedecana de Docencia y Extensión, Dra. Leonora Mendoza, durante la firma.

Para el decano de la Facultad, el Dr. Gustavo Zúñiga, el cierre de este acuerdo significó el término de una gestión realizada en conjunto con la Prorrectora relacionada con “disponer de los Liceos que administra la Universidad como una base para que todos nuestros estudiantes de las carrera de Pedagogía tengan un lugar específico donde llegar a hacer las prácticas, vincularse de manera más directa y, de esa manera, ambos ganar experiencia”.

Beneficios

Respecto a las repercusión que significa la firma del convenio, su Director destacó la oportunidad de “generar un vínculo con la Facultad de Química y Biología, sus actividades y conocimientos”   y de “participar de instancias dentro ella que nos permitan mostrarles a los jóvenes el trabajo real de un científico y el mundo universitario”.

“Los beneficios son bastantes, pero el más relevante es el poder acceder al conocimiento y los recursos que posee la Facultad de Química y Biología, que sin duda darán un valor extra a la formación que el liceo entrega. En cuanto a los beneficios que podría tener para la Facultad, el principal es contar con un centro de práctica con el sello de la Universidad de Santiago de Chile, un establecimiento abocado a lo pedagógico y ser un liceo de excelencia”, agregó.

Además de la participación de las autoridades la Facultad de Química y Biología y del Instituto en cuestión, la firma del convenio contó con la presencia de la Jefa de la carrera de Pedagogía en Química y Biología, Dra. Carol Joglar y la Coordinadora de Prácticas de la carrera, Ruth Yáñez.

La Asociación de Industriales del Plástico (Asipla) envió un “téngase presente” al Tribunal Constitucional (TC), donde entregan observaciones a la ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas, la cual ya fue aprobada por el Congreso y entrará en vigencia un año después de su publicación en el Diario Oficial. Dichas consideraciones advierten que se está impidiendo “el derecho a desarrollar una actividad económica lícita” y señalan que el proyecto habría sido despachado por “razones de impopularidad ante la opinión pública” o “un puro capricho del legislador”.

Sin embargo, para el abogado especialista en derecho público y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Francisco Zambrano, la iniciativa despachada en el parlamento busca proteger derechos amparados por la Constitución. “Queda claro que el intento sólo está destinado a que el TC cautele un nicho de mercado que existe en la medida que la ley lo tolera y, es claro, que el legislador ha optado por no permitirlo, protegiendo otros bienes jurídicos relevantes constitucionalmente, como la vida, el medio ambiente y la salud”, sostiene.

Zambrano, de la Facultad de Derecho del plantel estatal, explica que el ordenamiento jurídico ha ido tolerando progresivamente que el legislador o la Administración del Estado limiten determinadas actividades económicas a fin de cautelar otros bienes. Por eso, hace hincapié en que lo relevante a la hora de revisar un proyecto de ley, despachado por ambas cámaras, es determinar que la motivación de la normativa sea, efectivamente, proteger un bien jurídico.

“Así, por ejemplo, se ha autorizado la limitación de la comercialización de las armas, de la leña o de determinados vehículos por su seguridad o la contaminación ambiental. Incluso, el Estado ha cerrado industrias por causa ambiental. Y eso no es inconstitucional”, advierte. “Lo cierto es que el proyecto de ley no afecta a la industria del plástico sino sólo a uno de los productos: las bolsas entregadas en establecimientos comerciales. También, es cierto que no es una prohibición de producir o comercializar, sino de entregar en establecimientos de comercio, pero ello no significa que no puedan producir para exportar o reconvertir su producción para comercializarla como un producto distinto, como bolsas reutilizables u otros artefactos plásticos”, puntualiza.

Finalmente, considera que el argumento de que la huella de carbono de una bolsa plástica puede ser menor, incluso, que la del algodón o del papel es efectiva solo en el primer ciclo de uso, dado que son reutilizadas varias veces, lo que hace que su huella sea proporcionalmente más baja. Esto, sin considerar el factor de reutilización de la producción sostenible, también referida por la ONU como objetivo de desarrollo. 

“No cabe duda que la limitación propuesta viene motivada por la protección del medio ambiente y, más específicamente, del ambiente marítimo, fluvial, lacustre o de los paisajes protegidos. La Constitución autoriza la restricción de derechos por causa ambiental y aunque la Asociación cite reiteradamente una sentencia del TC que prohibió la restricción vehicular o el cierre de industrias por causa ambiental, ello sólo revela la vereda desde la cual argumentan. Bien saben que la sentencia rol 325 venció o superó el precedente de la 185 y se estimó que declarar inconstitucional una restricción de derechos por causa ambiental, aun por razones formales, es aún más constitucional, porque esas restricciones protegen la vida, la salud y el medio ambiente, cuestiones que son tan fundamentales como la libertad económica o el derecho de propiedad”, concluye.

La Corte Suprema acogió el recurso en contra de Entel, Movistar y Claro, por acaparar espectro radioeléctrico en la licitación de la banda de 700 MHz, clave para el desarrollo del 4G. "Se ordena a las recurridas desprenderse de la misma cantidad de espectro radioeléctrico que fue adquirido en el concurso de la banda 700”, señala el fallo del máximo tribunal. Según fuentes de la industria consultadas por El Mercurio, la determinación podría afectar a los usuarios de estas firmas, debido a eventuales problemas técnicos que se provocarían al migrar a los clientes de una banda a otra.

Sin embargo, el experto en telecomunicaciones y académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, Dr. Claudio Valencia, descarta que los clientes de estas compañías perciban alguna anomalía en los servicios que ya tienen contratados. “Desde el punto de vista del usuario, no debiera ser tan complicado. Ellos pueden trabajar perfectamente en la banda 2.600 MHz o 700 MHz. El problema es para las compañías, que tendrán que efectuar esa migración, pero los usuarios no perciben estos problemas. Además, las compañías tienen que responder a una cláusula donde se les obliga a entregar el servicio con lo que tengan disponible”, explica.

El especialista insiste en quienes percibirán más fuertemente el castigo serán las empresas, puesto que ya hicieron una inversión asociada a las bandas de frecuencia que tenían. “Los consumidores compran un smartphone que trabaja en las cuatro bandas de frecuencia asociadas a distintas generaciones de teléfono móvil. Por lo tanto, que las empresas hagan el cambio no limita el acceso a la comunicación de los usuarios”, enfatiza.

A juicio del Dr. Valencia, la banda de 700 MHz le da “robustez” a la comunicación móvil, ya que permite a personas que habitan en sectores interiores de ciudades como Santiago u otras de carácter metropolitano puedan acceder a datos a una mayor velocidad. Por lo tanto, considera injusto que solo tres compañías tengan la posibilidad de ofrecer mayores velocidades. “No es que beneficie a otras compañías, sino que les permite el ingreso para que puedan dar servicios de telefonía móvil en esas frecuencias”, destaca.

Por todo lo anterior, concluye que la decisión de la Corte Suprema es positiva. “Me parece que la decisión hace que disminuya el monopolio por parte de estas tres empresas y si se hace como especie de retiro de esas frecuencias, entrarán más competidores, lo que beneficia a los usuarios ya que disminuye el costo por los servicios al introducir una mayor competencia”, sintetiza.

Un 10% de los productos que hoy no llevan sellos, pero que presentan altos nutrientes críticos, como sodio, azúcar, calorías y grasas saturadas, debieran ser rotulados. Este miércoles, comenzará a regir la segunda fase de la Ley de Etiquetado de Alimentos, que disminuye aún más el límite permitido para este tipo de nutrientes. “Habrán más productos con sellos y productos con más sellos por envase”, advirtió el presidente de AB Chile, Rodrigo Álvarez. “Es complejo o derechamente inviable técnicamente seguir reduciendo nutrientes a través de una reformulación, sin afectar la calidad y características propias de estos alimentos”, agregó.

Para la especialista en análisis de los alimentos y académica de la Universidad de Santiago, Marcela Zamorano, las industrias estaban en conocimiento de que comenzaría a regir esta nueva etapa, ya que estaba considerado en la promulgación de la ley. Por lo tanto, “que existan más productos rotulados significará que la industria no se preocupó de reformularlos”, sostiene.

Desde mañana, las cantidades permitidas por 100 gramos para todos los nutrientes críticos bajarán. Así, las calorías disminuirán de 350 a 300; el sodio,  de 800 mg a 500 mg; los azúcares, de 22,5 g a 15 g; y las grasas saturadas, de 6 g a 5 g. Si los productos exceden alguna de estas cantidades, deberán llevar la advertencia respectiva, graficada con el tradicional sello negro que establece la normativa.

“Son algunos productos que se sabía que tenían que bajar. Entonces, uno se pregunta por qué la industria no se preocupó y trató de seguir el ejemplo de los panaderos, que disminuyeron los niveles de sodio en el pan en dos o tres años y ya todos están acostumbrados a comer con menos contenido de este nutriente crítico”, critica.

A su juicio, las críticas del gremio apuntan a intentar iniciar una nueva discusión para que el foco de la ley cambie, y los límites se establezcan por porciones y no por 100 gramos. Sin embargo, la académica del Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos del plantel estatal señala que esto podría provocar que la normativa no logre los efectos que busca.

“El colocar rótulos por porción de consumo conlleva una serie de problemas, porque las industrias no están obligadas a poner una porción de consumo. Se puede poner a la venta un producto con una porción mucho menor y ello conllevaría a que no tenga sello, a pesar de que el alimento tendrá un alto contenido de nutrientes críticos”, explica.

Finalmente, la especialista descarta que el aumento de productos con sello termine acostumbrando a los consumidores a adquirir este tipo de alimentos perjudiciales para la nutrición. “Estudios han demostrado que entre el 90% y el 97% de la población ya sabe lo que son los logos y lo que significa comer alimentos con tres o cuatro sellos. En cinco o diez años más, esperemos que los efectos de los índices de sobrepeso y obesidad en la población infantil disminuyan”, concluye.

La Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) reveló que entre enero y mayo se comercializaron 421 unidades nuevas de autos híbridos y eléctricos en Chile, lo que representa un aumento de un 193% en comparación a igual periodo de 2017.

Para el experto en electroquímica y académico de la Universidad de Santiago, Dr. José Zagal, a pesar que las cifras representan una buena noticia, aún están lejos de ser relevantes para provocar una disminución de la contaminación ambiental. Por eso, señala que es necesario generar incentivos para que la venta de este tipo de vehículos avance de manera más rápida, para terminar con el atraso de Chile en la materia en comparación a otros países desarrollados.

“Obviamente, la gente de manera espontánea no se comprará un auto híbrido ni menos eléctrico. Por lo tanto, tiene que haber una política de apoyo e imitar fundamentalmente los países del norte de Europa”, afirma. “Se puede permitir pagar una patente más barata o que una parte del costo del auto sea financiado por el Estado, rebajar el impuesto o impulsar el comodato. Hay muchas fórmulas”, señala.

Este año, las ventas de automóviles híbridos y eléctricos representan solo un 0,25% del mercado total de vehículos en el país. En ese sentido, plantea que otra opción para generar un mayor impacto en la contaminación es impulsar con fuerza el ingreso de buses del transporte público con estas características.

“Tendríamos que partir por la locomoción colectiva, porque los buses están todo el día en la calle, ocho o diez horas al día. Un automóvil particular se usa muy poco y el impacto de este en la contaminación es muy pequeño, comparativamente”, sostiene. “Ahora, si las baterías se recargan con energía proveniente del petróleo, no se evita la contaminación”, advierte.

Finalmente, indica que es más simple mantener un automóvil eléctrico o híbrido que uno que no tenga estas características. “La parte eléctrica es muy fácil de mantener y un auto totalmente eléctrico tiene muchos menos piezas que un vehículo a bencina o petróleo. Por eso es que en Valparaíso aún se ven buses eléctricos que tienen más de 60 años, pero todavía funcionan”, concluye.

Se trata de Felipe Rivera y Camila Painefilo, quienes obtuvieron la beca del Programa de Intercambio FAE-USACH y Korea University Business School, alianza que por primera vez genera vacantes para intercambio académico.

Camila Painefilo es estudiante de segundo año de Ingeniería Comercial mención Administración, se refirió al interés respecto al país donde se lleva a cabo la instancia, mencionando que “empecé a asistir a charlas sobre historia, cultura, diplomacia, entre muchas otras cosas con las que despertó mi curiosidad y determinó mi decisión de postular a esta convocatoria”.

La estudiante tomará ramos del cuarto y quinto semestre, más un ramo de idioma que la universidad les proporciona de forma gratuita en formato de curso de vacaciones de invierno.

Por su parte, Felipe Rivera se encuentra en el cuarto año de Ingeniería Comercial mención Economía, y destaca que “yo creo que cuando egrese y me inserte al mundo profesional, esta instancia va a impactar de forma considerable respecto a las habilidades y conocimientos que espero desarrollar”.

El estudiante cursará Matemáticas V, Economía Financiera, Finanzas Internacionales, Macroeconomía Abierta y el Taller de Preparación para el Mercado Laboral.

Entre algunos de los requisitos que se requerían para postular a esta beca, se encontraba el tener un puntaje TOEFL IBT 89; TOEIC 800 o IELTS 6.5 para demostrar nivel de inglés, y poseer buen desempeño académico. Los beneficiados contarán con ayuda financiera cercana a los 2.500 dólares para costos de traslado y otros.

Francisco Castañeda, de Relaciones Internacionales FAE, señala que “posicionar a nuestros alumnos en países asiáticos es un desafío. Gran parte de las innovaciones y avances tecnológicos ocurren en esta región del mundo, y de ahí la importancia que nuestros alumnos realicen intercambios en países desarrollados como Corea del Sur”.

Castañeda concluye señalando que el aprendizaje cultural y la comprensión de una sociedad con códigos sociales diferente a la occidental, serán parte importante de la futura carrera profesional de Camila y Felipe.