Al entregar la visión del organismo académico que encabeza, el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores, fustigó nuevamente el informe del Consejo para la Transparencia, asegurando que “se basa en comparar a las universidades con organismos públicos cuyo funcionamiento es totalmente distinto”.

En un nuevo análisis del momento actual del conflicto educacional -cuando la partida de Educación ya fue aprobada, aunque no así el fondo de 4 mil millones de pesos, ofrecido por el gobierno-, el rector de la Universidad de Santiago y vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores, Juan Manuel Zolezzi, expresó que se observa un “avance interesante”, respecto de otros presupuestos para el sector.

Sin embargo, de acuerdo con el académico, quien concedió una entrevista a Canal 24 Horas, la partida aprobada “no llega a resolver el problema de fondo, porque no plantea definiciones de país, ni de Estado, respecto a lo que es la Educación Superior. Son puntos que no veo claros en este Presupuesto”, advirtió.

Una de las principales carencias que identifica Zolezzi en la partida aprobada, es que si bien hay un aumento de becas, éstas no responden a la gratuidad, ni para todos, ni tampoco “hasta el séptimo decil, como lo ha planteado el Consejo de Rectores”, por cuanto, precisó “el monto de las becas cubre desde cero hasta el arancel de referencia, y en las universidades del Consejo, el arancel real está en un 20% sobre el de referencia. Esta brecha deberá solventarla el estudiante finalmente”.

Transparencia absoluta

“Si hay quienes rinden cuentas y son absolutamente transparentes, son las universidades del Estado”. Así de enfático se muestra el rector Zolezzi al referirse al reciente informe del Consejo de Transparencia que dejó en mal pie a estas instituciones, respecto de este punto.

El rector de la estatal U. de Santiago asegura que el informe hace un muestreo de acuerdo a una serie de antecedentes exigidos, que no se ajustan al funcionamiento de las universidades públicas. Asegura que no se puede hacer esta homologación, por cuanto, y entre otros puntos, otras reparticiones “reciben recursos anuales que deben repartir en 12 meses. A nosotros nos llegan cuando los estudiantes deciden pagar, no cuando el Estado lo decide”.     

El rector enfatizó que pese a las críticas y aprehensiones del organismo que representa, en relación a las formas y el fondo del informe del Consejo de Transparencia, “cumpliremos con todo lo exigido”.

El rector Juan Manuel Zolezzi, asegura que recursos “se convierten en becas de excelencia académica”, y no están destinados a jóvenes vulnerables económicamente.

Por su parte, el Vicepresidente de la  Feusach, Felipe  Salgado, estima que “en ningún caso se está respondiendo satisfactoria, ni efectivamente a la demanda de una reforma estructural al sistema educativo en Chile, como lo reclama hoy la ciudadanía”.

Tras una discusión parlamentaria verdaderamente maratónica, que incluyó varios días y jornadas de más de 30 horas de debate en torno a la  Ley de Presupuesto 2012, la Cámara de Diputados aprobó ayer, por 58 votos a favor y 55 en contra, la controvertida partida de educación 2012.

Los tres votos que facilitaron el resultado esperado por el gobierno, fueron de los diputados independientes René Alinco (ex PPD), Miodrag Marinovic y Pedro Velásquez, hecho que generó críticas entre sus pares y desde los actores directamente ligados a la educación superior pública.

El rector de la U. de Santiago y recientemente electo vicepresidente del Consejo de Rectores, Juan Manuel Zolezzi, manifestó su disconformidad frente a la partida aprobada, enfatizando que, por ejemplo, “no se permite ir resolviendo el tema de la gratuidad, y si bien hay un aumento de recursos, no es lo que hubiéramos esperado”. 

En la misma línea recalcó que “hay un aumento de becas hasta el sexto decil, que va desde cero hasta el arancel de referencia, y la diferencia entre éste y el arancel real, probablemente va a tener  ser financiado por  las familias. Desde ese punto de vista, no hay gratuidad”.

Junto con  reiterar que  el gobierno “perdió una oportunidad para hacer historia”, la autoridad académica enfatizó en la idea que una vez más “no se expresa un compromiso del gobierno con las universidades del Estado, que son las que le pertenecen”.

Estudiantes

El análisis crítico que hace el rector Zolezzi, es compartido por la Federación de Estudiantes del plantel que encabeza. Así lo expresó el vicepresidente de la Feusach, Felipe Salgado, quien advierte que “se aprueban recursos, pero en ningún caso se está respondiendo satisfactoria, ni efectivamente a la demanda de una reforma estructural al sistema educativo en Chile, como lo reclama hoy la ciudadanía”.

El estudiante agregó que desde ese punto de vista, “el movimiento social por la educación pública, no se agota en la discusión o aprobación del Presupuesto”. 
En otro ámbito, Salgado estima que los votos a favor de la partida presupuestaria como el de René Alinco, “son muestra de un doble discurso, porque la responsabilidad parlamentaria es primero con la ciudadanía”.  

Postura del Cuech

Asimismo, el Consorcio de Universidades del Estado (Cuech) mediante  declaración pública también se  mostró crítico ante la aprobación presupuestaria. Según el organismo, “el gobierno ha optado por no hacerse cargo de las inequidades y segregación que produce el sistema escolar chileno, restringiendo las oportunidades de acceso al sistema público de educación superior”.

En declaración pública agrega que “resulta inaceptable el incumplimiento por parte de las principales autoridades del Gobierno de compromisos y palabras empeñadas públicamente”.

Si bien la luz verde dada a la partida más controvertida del Presupuesto 2012 significa un triunfo a las negociaciones y expectativas del Ejecutivo, toda vez que se evitó un alargue de la discusión en la Comisión Mixta, aún queda la revisión especial del Fondo de Educación ofrecido por el presidente Piñera, y cuyos alcances han despertado suspicacias entre estudiantes y rectores.  

- “Nuestro desafío en esta discusión presupuestaria, es llegar con la gratuidad hasta el séptimo decil de los estudiantes para pasar, en una etapa posterior, a niveles más altos”, sostuvo el  presidente del Cuech y rector de la Universidad de  Santiago, Juan Manuel Zolezzi.

- En la cita estuvieron presentes dirigentes estudiantiles de varias universidades de la capital y de regiones. 

La discusión del presupuesto de la Nación en el Congreso Nacional entró en tierra derecha y los rectores del Consorcio de Universidades del Estado (Cuech) y la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) se reunieron este miércoles para analizarla, ocasión en que se fortaleció la voluntad de seguir trabajando conjuntamente para proyectar las demandas del movimiento educacional, más allá de lo que suceda en el parlamento con los recursos para Educación Superior. 

Tras el encuentro, el presidente del Cuech y rector de la Usach, Juan Manuel Zolezzi, reafirmó el compromiso de los planteles del Estado respecto del fortalecimiento de la educación pública, para terminar con la política de autofinanciamiento y el endeudamiento de las familias cuyos hijos cursan estudios superiores. 

“Nuestro desafío en esta discusión presupuestaria, es llegar con la gratuidad hasta el séptimo decil de los estudiantes para pasar, en una etapa posterior, a niveles más altos. Muchos de los puntos de una reforma a la Educación Superior no se resuelven en el proyecto de Ley de Presupuesto. Son tareas que nos quedan y es el trabajo que vendrá en pos de una mejor Educación Superior para todos”, sentenció Zolezzi, quien remarcó los lazos existentes entre rectores y estudiantes: “Hoy estamos unidos, como siempre lo hemos estado”, manifestó. 

El vocero de la Confech y presidente de la FEUC, Giorgio Jackson, insistió en la necesidad de aumentar los recursos para las universidades públicas, en la forma de Aportes Basales y Aporte Fiscal Directo. “Lo que ha logrado levantar el movimiento estudiantil es el fortalecimiento de la educación pública en todos sus niveles, y eso debe verse reflejado en la Ley de Presupuesto de 2012”, precisó. 

Jackson concordó con el rector Zolezzi en que los problemas de la Educación Superior no se agotan con la discusión presupuestaria en el Poder Legislativo. “Sabemos que acá no se van a solucionar todos los problemas de la educación porque sólo se refiere a temas presupuestarios. Falta mucho, sobre todo en materia de regulación, pero creemos que ésta es la forma. Es nuestra responsabilidad como dirigentes estudiantiles movilizarnos y agotar todas las instancias institucionales”, puntualizó el dirigente estudiantil de la UC. 

Consultado por las discrepancias generadas entre universidades privadas del Consejo de Rectores y estatales, respecto a aportes basales preferenciales para estas últimas, Zolezzi aseveró que se justifica aumentar el financiamiento de los planteles públicos. “Tenemos una carga de gestión que impone el aparato estatal que es muy costosa y que equivale al 30 por ciento de nuestros presupuestos. Eso es un desequilibrio”, explicó. 

Sobre este punto, Giorgio Jackson, reconoció que las universidades del Consejo de Rectores tienen “un sentido país muy importante”, que debe ser reconocido. “Con las universidades del Estado debe haber una prioridad”, acotó. 

Finalmente, el rector Zolezzi agradeció públicamente a Giorgio Jackson, en su calidad de presidente saliente de la FEUC –expira su cargo esta semana-, por su gran aporte al movimiento educacional, “y a través de él a todos los dirigentes estudiantiles del país, por todo el trabajo que han hecho este año por la Educación Superior”.

Presidente del Consorcio de Universidades Estatales y rector de la Usach, Juan Manuel Zolezzi, puntualiza que el creciente número de estudiantes hace indispensable una instancia de esta naturaleza.

La idea de crear una Subsecretaría y una Superintendencia de Educación Superior, lanzada a finales de marzo en la Cámara de Diputados por el presidente del Consorcio de Universidades Estatales y rector de nuestro plantel,  Juan Manuel Zolezzi, ha tomado fuerza entre diversos actores del sector.

La apuesta es que esta nueva institucionalidad otorgue mayor relevancia a la educación terciaria al interior del Ministerio de Educación y evite la competencia de atención con la educación escolar. También se busca contar con más atribuciones para regular aspectos como el lucro y el uso de fondos públicos, y dar mayor peso a la investigación científica y la innovación en nuestro país.

El tema es analizado a nivel parlamentario, donde un conjunto de diputados se ha mostrado interesado en la idea de legislar al respecto.  “Pienso que la Educación Superior chilena se ha ganado un lugar importante, desde el punto de vista de su jerarquía”, enfatizó el rector Zolezzi, al ser consultado por Radio Usach.

“La importancia que tiene hoy el sistema universitario chileno, en particular en la investigación y la innovación, es indiscutible y por lo tanto creemos que la institucionalidad que se pretende establecer debe contemplar, al menos, dos elementos fundamentales: una subsecretaría, para equiparar el nivel de importancia de la materia en el Ministerio de Educación, y una Superintendencia de Educación Superior, órgano técnico tanto para la fiscalización de las instituciones como de los actores del sector”, sostuvo.

El rector Zolezzi valora no estar solo en esta cruzada y los esfuerzos que se hacen en distintos ámbitos para mejorar la institucionalidad del sector.

El decano de la Facultad de Ciencia de la Usach, Samuel Navarro, planteó, a su vez, a la Radioemisora de la Usach, que el desarrollo de nuevo conocimiento, que se genera particularmente en las universidades, debe responder a la definición de políticas nacionales y para ello es necesario contar con una adecuada institucionalidad.

“La investigación científica requiere de una política nacional que indique cuáles son los énfasis y preocupaciones que debemos tener como país, una cierta dirección a lo que deseamos”, puntualizando que “todos sabemos que gran parte de la investigación científica se hace en las universidades”.
 

Instituciones más productivas, como la U. de Chile y la Usach, han visto disminuidos su AFD en varios miles de millones de pesos en estos 20 años.

Su preocupación mostró el presidente del Consorcio de Universidades Estatales y rector de nuestra Universidad, Juan Manuel Zolezzi, tras conocer el anuncio del gobierno tendiente a modificar el financiamiento fiscal para las 25 universidades del Consejo de Rectores, pues estima que los planteles tradicionales deben recuperar los porcentajes que tuvieron hasta 1990, esto es, cuando se fraccionó el AFD y se comenzó a distribuir a estas instituciones bajo criterios de productividad.

En efecto, el jefe de la Divesup, Juan José Ugarte, informó este miércoles (13) que la agenda 2011 del Ejecutivo contempla modificaciones al Aporte Fiscal Directo (AFD), fondo otorgado a las universidades del Consejo de Rectores entregado en un 95 por ciento en base a criterios históricos y un 5 por ciento a criterios variables, de acuerdo con indicadores de desempeño anuales relacionados con la matrícula estudiantil, el número de académicos con postgrado y el número de proyectos y publicaciones de investigación de excelencia.

También se modificará el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), entregado a todas las instituciones, tradicionales y privadas, que reciben a los mejores 27 mil 500 puntajes PSU matriculados en primer año.

"Vamos a revisar el tema de los aportes basales en función de cómo se adjudica ese 5 por ciento (AFD), que tiene una variación muy significativa. Hay instituciones que han crecido hasta en un 70 por ciento de inyección de recursos por la movilidad de ese porcentaje", aseguró Ugarte, al tiempo que recalcó que van a "proponer una nueva manera de calcularlo".

Restituir sistema

Para el presidente del Consorcio de Universidades Estatales el sistema de asignación de AFD debe volver a ser como antes de la modificación de 1991. En tal contexto, conforme a lo planteado por el rector Zolezzi, el error estuvo en implementar la fórmula del 5 por ciento sin aumentar el fondo del AFD. "Se debería realizar un incremento de recursos (para aumentar el AFD) y distribuirlo mediante fondos concursables o fórmulas de productividad a las instituciones. No sería adecuado fraccionar, más aún, los escasos recursos que tenemos", precisó.

Producto de la fórmula de cálculo del 5 por ciento del AFD en 1990, la Universidad de Chile participaba de un 28,1 por ciento del total del AFD, mientras que al 2009 su participación bajó al 20,21 por ciento. Del mismo modo, la Usach que tenía una participación en 1990 del 7,9 por ciento del Aporte Fiscal Directo, el 2009 disminuyó al 6,5 por ciento, esto pese a ser, ambos planteles, de los más productivos del país, explicó el rector de la Usach.

Para Zolezzi, la iniciativa del gobierno apunta en la dirección correcta porque no se ha cumplido el fin para el que fue diseñada la ecuación del 5 por ciento, que era otorgar mayores recursos a las universidades que tuvieran alta productividad. "La mecánica de cálculo que se diseñó es contradictoria. Desde 1991, a la Usach le ha costado más de 20 mil millones de pesos esta modalidad, en tanto a la U. de Chile, sobre los 130 mil millones de pesos. En este último caso, ha habido compensaciones vía ley de presupuesto anual", precisó la autoridad académica.

En lo que no está de acuerdo Zolezzi, es que se pretenda abrir el AFD a universidades que no pertenecen al Consejo de Rectores. "Sería discordante. Lo que tiene que hacer el Estado es asignar más recursos si se busca financiar a universidades privadas, en este sentido, no debe quitarle a unos, para darle a otros".

Sobre la modificación del AFI, el rector de la Usach estima que debe apuntar a mejorar el acceso a la Educación Superior de los estudiantes con mayor vulnerabilidad socioeconómica. "Si hay una reforma en el AFI, debe ser en esa línea; para ello se debe considerar tanto el mérito académico mediante ranking como los resultados de la PSU", concluyó.
 

Ocupa el primer lugar de los liceos técnicos profesionales de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins y superó la media nacional de las pruebas de Lenguaje y Matemática, del Simce.

Un aumento de 36 puntos en la prueba Simce de Matemáticas y de 15 puntos en la de Lenguaje, experimentó el Liceo Industrial Pedro Aguirre Cerda de Rancagua, establecimiento inserto en el programa Liceos Delegados del Ministerio de Educación y administrado por nuestra Universidad.

Se trata de un liceo con alta vulnerabilidad socioeconómica, pero que mostró un desempeño más que satisfactorio en el Simce, superando incluso la media nacional de las pruebas, con 277 puntos en Lenguaje (la media es 259 puntos) y 298 en Matemáticas (la media es 256 puntos).

El director del liceo, Aliro Ramírez, atribuyó este éxito académico al convencimiento y a la motivación de los profesores de Lenguaje y Matemáticas, sumado a la fijación de metas ambiciosas de las que tampoco quedaron fuera los propios estudiantes. “Nuestros jóvenes se han creído el cuento de que son buenos”, comenta el director Ramírez, quien todas la semanas se da el tiempo para visitar los cursos, encargándose personalmente de motivarlos para que superen sus calificaciones.

Para el directivo, el apoyo de la Usach también ha sido esencial en este logro. “La Universidad nos ha permitido mejorar nuestra infraestructura e innovar en lo educativo. Han estado constantemente con nosotros”, precisa.

El jefe de la Unidad Técnico Pedagógica del Liceo, Osvaldo Poblete, destaca el trabajo de cobertura curricular y la efectiva relación entre la UTP y los coordinadores de departamento del establecimiento, quienes se habían fijado como meta aumentar diez puntos en el Simce, superándolas ampliamente.

El profesor Poblete, resalta que, pese a las altas expectativas que se generan, no se discrimina entre alumnos de mejor y peor rendimiento. “Estamos avanzando en calidad de aprendizaje para todos. No hacemos distinción entre los estudiantes, todos rindieron el Simce (258), sólo se ausentaron dos que acreditaron problemas de salud”, asegura el docente.

“Disciplina y aprendizaje van de la mano”
Para la Usach, este logro del Liceo Industrial Pedro Aguirre Cerda, representa una gran satisfacción. Jorge Torres, administrador del establecimiento y profesor de la Facultad Tecnológica de la Universidad, asegura que el éxito obtenido se debe a un estrecho contacto con los alumnos, directivos y profesores, y a una disciplina basada en el respeto mutuo “que permite implementar cualquier estrategia curricular. Disciplina y aprendizaje van de la mano”, sostiene.

La fuerte relación del liceo con la Usach, genera un ambiente propicio de superación para la comunidad escolar. Los alumnos se motivan con la posibilidad de poder ingresar al Programa Propedéutico, que les abre una puerta al Bachillerato en Ciencias y Humanidades, independiente del puntaje PSU e iniciar, de esta forma, una carrera universitaria. Los docentes, por su parte, acceden a los programas de perfeccionamiento del plantel. Incluso para los egresados de la Usach, el liceo es un polo de atracción. De hecho, cerca de un 50 por ciento de los docentes son profesores formados en esta Casa de Estudios.
 

“Mide condiciones, pero no calidad de la educación deportiva”, asegura Eugenio Ducoing, académico de la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y experto en alto rendimiento deportivo. A su juicio “un mejoramiento de esta área, debe ir acompañada de un proceso educativo que genere un cambio cultural, incluyendo a la familia y el entorno”.

La obesidad es una triste realidad en Chile y el mundo. Considerada por la OMS como pandemia, sólo en nuestro país afecta a un 40% de los niños que el año pasado midió la prueba Simce, y que por estos días rinden nuevamente cerca de 29 mil estudiantes de octavo Básico.

La prueba, que se aplica en 667 colegios del país hasta el 30 de noviembre, mide algunas de las destrezas físicas que niños y niñas deben realizar (número de flexiones de brazos en 30 segundos, abdominales cortos, saltos a pies juntos, entre otros), sumadas a un registro del peso, estatura y diámetro de la cintura.

Educación deportiva

Si bien valora la medición, el especialista en alto rendimiento deportivo y jefe de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física de la Universidad, Eugenio Ducoing, considera que “la prueba es necesaria, pero insuficiente. Esto porque los verdaderos cambios que se necesitan para mitigar los altos índices de obesidad y sobre peso infantiles, deben ir acompañados de una educación deportiva de calidad”.

El especialista advierte que contar con los índices que arroja el Simce, es sólo el comienzo para la aplicación de políticas que aborden la materia en su real y compleja dimensión, lo que “debe traducirse en un enfoque integral, que incluya un proceso educativo que genere un cambio cultural e incluya a la familia y el entorno”.

El académico de la Facultad de Ciencias Médicas, enfatiza que “no se obtiene nada con tener los datos, pues las evaluaciones son para preparar próximas intervenciones”.

Consultado por los principales factores que han determinado los altos índices de obesidad en Chile, Eugenio Ducoing puntualiza que “tiene mucho que ver con los hábitos, y éstos, con los agentes socializadores, es decir, la familia. Un profesor puede hacer su mejor esfuerzo, pero si la segunda mitad del día, el niño o niña pasará frente al televisor o en el mall comiendo chatarra, no hay nada que hacer”.

Sobre por las diferencias económicas y el consecuente equipamiento de los colegios en las diferentes comunas, el especialista es tajante al decir que es sólo cuestión de voluntad y hábitos y no de sofisticados equipamientos. “En la Universidad de Santiago formamos un profesional que pueda hacer la mejor clase y rutina deportiva, en una cancha de tierra o en un centro de alto rendimiento”, concluye.

En una edición especial del programa Tolerancia Cero (Chilevisión), dedicado a la Educación, el rector de la Universidad de Santiago debatió con el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrés Benítez; la senadora UDI, Ena von Baer; y la presidenta de la FECH, Camila Vallejo. 

En un extendido, y en momentos tenso debate, moderado por el periodista Matías del Río, el presidente del Consorcio de Universidades del Estado y rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, defendió el papel de las universidades públicas en el actual sistema nacional de educación superior y explicó las razones por las que piden mayores aportes basales, en la actual discusión presupuestaria. 

La autoridad fustigó la forma en que el Estado de Chile, durante más de 30 años, ha mantenido a sus universidades abandonadas, sin asumir la responsabilidad por su franco deterioro. 

 Puntualizó que los académicos no son responsables de la Reforma Universitaria de 1981, que aniquiló a las universidades del Estado, esquilmándolas y conminándolas a apañárselas  solas  y con una reducción de  su presupuesto a la mitad en cinco años. “Las universidades estatales que hoy tienen dificultades y deficiencias de calidad están en esa situación porque el Estado las ha querido mantener así. Es responsabilidad del país discutir  qué  hacemos  con ellas, pues son las universidades de todos los chilenos”, sentenció el rector Zolezzi. 

El rector de la Usach objetó al rector Benítez, quien cuestionó la calidad de algunas universidades estatales, recalcando que varias universidades privadas tienen mejor calidad que planteles públicos. “La mitad de las instituciones públicas de este país no investigan”, sentenció. “La calidad está esparcida en todo el sistema”, aseguró el rector de la UAI. 

Zolezzi replicó que “sólo hay una universidad privada acreditada en investigación (Universidad Andrés Bello), es decir, sólo una institución tiene validada su investigación. En el Cruch hay 15 universidades que están acreditadas en investigación”. 

Problemas de  Calidad

Justamente en materia de calidad, Zolezzi aseveró que el actual sistema de aseguramiento de la calidad “es un pasadizo, que no resuelve los problemas de calidad. El año pasado se acreditó una cantidad de universidades privadas que nunca habían sido certificadas”, precisó. 

El periodista Fernando Paulsen puso en el debate lo que denominó los valores de fondo de una reforma educacional universitaria, en un contexto de educación pagada donde se busca alcanzar la gratuidad, de la que se mostró partidario. 

Sobre esto, el rector Benítez sostuvo que la gratuidad total en educación superior presenta problemas porque incentiva la deserción y desincentiva el rendimiento académico. En esa perspectiva el rector de la UAI propuso que no se cobre el crédito a los estudiantes que, una vez egresados, no obtuvieron los ingresos suficientes para pagar sus carreras. 

Sobre los valores de la reforma, el rector Zolezzi puso de relieve la razón de fondo por la que se quiere educación en Chile: “La disyuntiva es si queremos educación para resolver los problemas del actual modelo económico de libre mercado, o queremos educación superior para formar personas, que vayan a contribuir al bien común del país. Esta última es una definición distinta respecto de la educación vista como un bien de consumo”, expresó. 

En esa línea, Zolezzi criticó duramente “la bancarización” del crédito con aval del Estado. “Creo que ese crédito debe ser eliminado. No es suficiente bajar la tasa de interés. Debe ser eliminado y crear un fondo similar al Fondo Solidario, para todos los estudiantes de educación superior”, manifestó. 

Ante el emplazamiento del periodista Cristián Bofill, director de La Tercera,  quien aseguró que las universidades estatales “nunca han querido ser fiscalizadas” y que los controles de la Contraloría General de la República son irrelevantes, Zolezzi respondió que el trabajo del ente contralor  es muy estricto, pero no es  el único ya  que en los planteles públicos la rendición de cuentas es constante. 

“Tenemos Juntas Directivas, con representantes del Presidente de la República; nuestras adquisiciones son intermediadas por Chile Compra; estamos sometidos a la Ley de Transparencia, solicitamos auditorias independientes de nuestros balances financieros, publicadas en un diario de circulación nacional”, detalló, entre otros. 

Camila Vallejo, por  su parte, respaldó las posturas del rector Zolezzi sobre el rol del Estado con sus universidades y precisó que exigir mejores condiciones para estos planteles, no se trata de una defensa corporativa de estas instituciones.

“Lo único que estamos diciendo es que el Estado debe hacerse cargo de las instituciones de educación superior que decidió abandonar. Como decía el rector (Zolezzi) fue una decisión política; se decidió políticamente destruirlas o dejarlas en el olvido, para que se murieran solitas, por omisión”, expresó la líder estudiantil. 

Por último, el presidente del Consorcio de Universidades del Estado valoró el ahínco de los estudiantes, quienes, dijo han jugado un papel fundamental en colocar la temática de la educación superior en el debate político y social. “Los estudiantes han realizado un trabajo extraordinario (…) quisiera agradecer a los estudiantes por lo que han hecho, por el bien de Chile, por el bien la educación”, concluyó Zolezzi. 

Ir a sitio web de Tolerancia Cero

“El Estado tiene que hacer una diferencia con sus universidades” sentenció el presidente del consorcio que agrupa a los 16 planteles públicos del país. 

La autoridad universitaria participó en la sesión en que además expusieron representantes del Consejo de Rectores, planteles privados y la Confech. 

En su calidad de presidente del Consorcio de Universidades del Estado, el rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, solicitó en la Comisión Mixta de  Presupuestos, que sesionó este jueves en el hemiciclo del Senado, aumentar los aportes basales de libre disposición para los planteles estatales.  

“Insistimos, ante este parlamento, en la demanda de aportes para recuperar el deterioro que sufren desde 1981, en lo que es el patrimonio y el desarrollo de las universidades del Estado”, sentenció Zolezzi en la sede de la Cámara Alta en Valparaíso.  

En esta perspectiva, enfatizó en que los aportes basales deben ser provistos por el Estado y deben financiar la mantención y desarrollo del sistema de universidades públicas. “Esta es una demanda que debe ser satisfecha en el tiempo, pero tenemos que empezar con algo. De lo contrario, sólo tendremos universidades estatales deterioradas y no competitivas. Sin universidades públicas, no existirá un sistema de provisión mixta en educación superior”, apuntó Zolezzi. 

En la misma línea, el presidente del Consorcio de Universidades del Estado expresó que coincide con la demanda del Consejo de Rectores, en cuanto a aumentar los recursos destinados a Aporte Fiscal Directo e Indirecto, pero precisó que los planteles públicos requieren de un nuevo trato que les permita salir de una dinámica de deterioro sostenido. 

“El Estado tiene que hacer la diferencia entre las universidades que le pertenecen y las otras universidades. Es la única forma en que los jóvenes de Chile puedan recibir lo que el país quiere para ellos”, aseveró el rector de la Usach. 

Sobre este punto, Zolezzi, enfatizó que el Estado “es el único que puede capitalizar y, por ende, desarrollar a sus universidades”, y recalcó que los recursos destinados a los planteles públicos son absolutamente fiscalizados por distintas instancias de control. “Somos las instituciones que en este país más rinden cuentas de los recursos que reciben”, aseguró la autoridad académica.  

Zolezzi manifestó que un incremento de los aportes a las universidades del Estado permitirá regular el costo de las carreras. “Sólo con universidades estatales fuertes y en expansión, es posible contener el alza de aranceles. Estas instituciones tienen condiciones para crecer hoy día en matrícula y en calidad si se les entregan los recursos necesarios”, concluyó. 

Se requieren  423 mil millones de pesos (US$ 793 millones) adicionales en aportes basales para las universidades del Consejo de Rectores.

En tanto, para alcanzar la gratuidad total en las 16 universidades del Estado, precisó que “se requieren 419 millones de dólares adicionales”.

El presidente del Consorcio de Universidades del Estado y rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi presentó a parlamentarios de todas las bancadas una propuesta concreta de financiamiento que permitiría lograr la gratuidad para los estudiantes de las 25 universidades tradicionales. 

La autoridad universitaria, único rector de las universidades tradicionales participante en la cuarta subcomisión mixta de presupuestos (Educación), entregó personalmente a los parlamentarios una propuesta de financiamiento con las estimaciones sobre aportes basales que se requieren al año para alcanzar la gratuidad.

Según los cálculos del Consorcio de Universidades del Estado, que preside Zolezzi, la gratuidad total para todas las universidades del Consejo de Rectores requiere de 677 mil 460 millones de pesos para aportes basales al año. Actualmente llega a 254 mil millones de pesos anuales.

“Para alcanzar la gratuidad total el fisco debe aportar adicionalmente 423 mil millones de pesos, unos 793 millones de dólares. El país está en condiciones de hacerlo, y permitiría terminar con un conflicto que lleva más de cinco meses, con un costo muy alto para las universidades y para toda la sociedad”, sostuvo el rector Zolezzi.

La autoridad también hizo una propuesta adicional para alcanzar la gratuidad total en las 16 universidades del Estado. “Se requiere 419 millones de dólares adicionales”, precisó. 

Según el rector de la Usach, son cifras que no compromete, en absoluto, el equilibrio de las finanzas fiscales. “Perfectamente pueden ser abordadas y debatidas en este presupuesto”, aseveró Zolezzi, agregando que sería una inversión país que terminaría con la “perversa lógica del autofinanciamiento, que impide apuntar a un sistema público, gratuito y de calidad”. 

Zolezzi anunció que hará llegar su propuesta al ministro de Educación, Felipe Bulnes. 

“Financiamiento a la demanda debilita lo público”

El rector Zolezzi volvió a mostrar su disconformidad con el presupuesto para educación superior, que fue rechazado ayer. 

“Los subsidios a la demanda, como créditos, becas, AFI y fondos concursables, constituyen el 73% de los aportes a las universidades del Estado; son ingresos que claramente no son basales y que no permiten definir en forma más estricta los objetivos de largo plazo concatenados a la función social y redistributiva, propia de las Universidades del Estado”, concluyó.