Para divulgar experiencias investigativas y prácticas de innovación en la enseñanza superior, especialistas en prácticas pedagógicas a nivel universitario se reunirán mañana y el viernes en nuestro Plantel durante el desarrollo del Primer Congreso de Innovación, Tecnología y Aprendizaje en Educación Superior, INTEA.

La iniciativa organizada por la Unidad de Innovación Educativa (UNIE) y el Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación de esta Casa de Estudios.

El coordinador general del evento, Dr. Jorge Chávez, plantea que el objetivo es brindar un espacio donde converjan la innovación, las tecnologías y el aprendizaje, para mejorar las prácticas y aprendizajes universitarios.

En el encuentro se presentarán algunas ‘formas de hacer’ a través de las cuales los docentes universitarios -de diferentes disciplinas- aplican el componente de la innovación y uso de las tecnologías, transformando esa sumatoria en un medio efectivo que facilita el aprendizaje de los estudiantes.

Según plantea el investigador, no existen iniciativas estándares en esta materia, por lo que cada profesor utiliza estas herramientas acorde a sus posibilidades introduciéndose en la lógica del ensayo y el error, por lo que consideran pertinente mostrar experiencias positivas que se llevan a cabo de diferentes partes del mundo.

Añade el académico que esta primera versión del congreso se puede situar en la línea de aprendizaje mediado por ordenadores (conocido internacionalmente como Computer-supported collaborative learning), porque la tecnología ayuda a representar la realidad, “por eso hablo de aprendizajes mediados por ordenadores”, señala.

Innovación en Educación Superior

De acuerdo al Dr. Chávez el tema de la innovación es trabajado en diferentes formas y niveles, por lo que buscan vincular a las personas que estén desarrollando diferentes iniciativas de la innovación asociada al aprendizaje.

“Las universidades, bien o mal, tienen experiencia de innovación en sus prácticas, lo que no tienen son investigaciones que releven si esas experiencias tienen o no efectos”, indica el investigador.

La incorporación de estas prácticas, según plantea el docente, se transforma en un beneficio para los estudiantes, pues herramientas que siempre estaban destinadas al profesor, ahora son un espacio para que el universitario resignifique el contenido y quiera acudir a la universidad a aprender de una manera diferente.

Mayores antecedentes: http://www.intea.udesantiagovirtual.cl/

Con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la educación, así como aumentar las exigencias para quienes decidan ingresar a estudiar pedagogía, el 4 de marzo fue promulgada la Ley de Carrera Docente (20.903). Aunque no todos quedaron conformes con el texto aprobado, este año debiera comenzar a  implementarse.

Las facultades y escuelas de educación superior que imparten carreras de pedagogía, están dentro de los actores que advierten su preocupación ante los problemas que implicará este proceso y sus representantes aseguran que no fueron considerados durante el debate legislativo.

En ese contexto, los delegados del Consejo Nacional de Decanos de Facultades de Educación (Confauce), del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) se reunieron de manera extraordinaria en nuestro Plantel, con el fin de analizar, a través de un seminario,  los “Desafíos de la Ley 20.903”, relacionado con el sistema de desarrollo profesional docente .

El encuentro fue encabezado por el decano de la Facultad de Educación de la U. de Concepción y presidente de Confauce, Dr. Óscar Nail Kröyer; el decano de la Facultad de Educación de la UC de Temuco y tesorero de Confauce, Dr. Juan Mansilla Sepúlveda;  el decano de la Facultad de Humanidades de nuestro Plantel y vicepresidente de Confauce, Dr. Marcelo Mella Polanco, y el  decano de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad de Tarapacá y vicepresidente de Confauce, Dr. Alfonso Díaz Aguad.

Contribuir al proceso

“Como estamos en una fase de implementación de esta política pública, nos parece que es de gran urgencia convocarnos para tener una voz en este proceso que, seguramente, demorará varios años”, explicó el decano de la Facultad de Humanidades, Dr. Marcelo Mella.

En su condición de vicepresidente de Confauce, el decano Mella, junto con insistir en que desean continuar contribuyendo al proceso, aclaró que no solo es importante participar en el diseño de una política pública, sino también estar muy cerca de quienes toman las decisiones para su implementación. “Ese es el momento en el que se introducen correcciones, que son tan importantes como los elementos del diseño inicial”.

Por su parte, el decano de la Facultad de Educación  de la Universidad de Concepción, Dr. Óscar Nail, presidente de Confauce, advirtió que la nueva ley plantea cambios estructurales a la formación de profesores, así como a los sistemas de ingreso, selección y egreso.

“Se trata de varias modificaciones, lo que obviamente tensiona a las instituciones que por tantos años han formado profesores. A esto se suma el nuevo marco regulatorio de acreditación, que siempre crea tensiones, las que queremos convertir en oportunidades”, dijo.

Además, recordó que como Consejo de Decanos fueron convocados a opinar en las comisiones de Educación del Congreso, “pero finalmente la promulgación de la ley quedó limitada a un contexto muy político. Nuestra sensación es de descontento, donde pese a la participación nominal de ser escuchados, finalmente se recogió muy poco de nuestros argumentos”.

Heterogeneidad y obstáculos

Tal como lo planteó el decano Marcelo Mella, a nivel nacional existe una importante heterogeneidad entre las instituciones formadoras de profesores, lo que significa que lo que es recomendable para algunas universidades, puede resultar muy complejo para otras.

“Por ejemplo, la barrera de los 550 puntos en la PSU para la admisión es un tema que no genera problemas para las universidades más grandes, pero para otras de carácter regional, particularmente en zonas extremas, podría significar una complejidad”, explicó.

El decano Óscar Nail complementó que “efectivamente somos disímiles, pese a que tenemos una estructura común, que es la reunión en función de la educación pública, pero dentro de nuestro grupo hay universidades estatales y del G9”.

Agregó que “existe una incertidumbre en cuanto al nuevo sistema de acreditación y el rol de la CNA. Hay muchas dudas de cómo operará en la práctica. Además, lo relacionado con las pruebas de inicio y final a los egresados de las carreras de pedagogía. Pero no solamente por la construcción y la aplicación de las pruebas. También respecto de los objetivos de éstas. Porque si se utilizan para un ranking de las instituciones, se desperfilará el objetivo final”.

Proyección y desafíos

Entre las conclusiones de los decanos, hay una en la que todos parecieran estar de acuerdo. “Se debe procurar por una correcta implementación de la política pública o bien una mayor claridad de las condiciones en que se encuentra actualmente. Es decir, tratar de mejorar los niveles de claridad y de precisión desde el punto de vista de la ley”, afirmó el decano Mella.

“Frente a la implementación de la ley, nosotros somos quienes debemos ejecutarla”, anticipó por su parte el decano Nail”, advirtiendo sobre un complejo escenario. “De no modificarse ante los problemas de aplicación que surjan, generará tensión y conflictos sociales. Y los conflictos serán fundamentalmente con los estudiantes”.

En lo inmediato, se acordó crear comisiones técnicas de carácter permanente para entregar propuestas al Ministerio de Educación. Esto, a partir de lo que los decanos identifican como un espacio de carácter trilateral, donde participan las autoridades ministeriales, el Consejo de Rectores y el Consejo de Decanos de Educación.

En ese contexto, el decano Marcelo Mella aseguró que “la Universidad de Santiago se encuentra en una situación de privilegio, porque las carreras de educación están en un alto nivel de acreditación y con muy buenos indicadores institucionales. Por lo tanto, nos encontramos bien posicionados para enfrentar las exigencias de esta nueva política pública”.

Cabe destacar que el Confauce se reúne cuatro veces en el año y donde este seminario, en el que participaron representantes de 24 universidades, surge como una instancia extraordinaria, dadas las preocupaciones que existen respecto de la implementación de la nueva ley de carrera docente.

• Según cifras de la OCDE, los escolares chilenos dedican más de cuatro horas semanales para realizar deberes en sus domicilios. Al respecto, el Dr. en Educación y académico de nuestro Plantel, Jaime Retamal, afirma que el promedio de más de cuatro horas semanales de tareas escolares le parece “extremadamente excesivo”. 

Un reciente estudio de la prestigiosa Universidad de Duke, de Carolina del Norte, Estados Unidos, alertó respecto de los efectos adversos que las tareas escolares domiciliarias provocan en los alumnos de enseñanza básica, niños de entre 6 y 13 años.

Según los investigadores el plantel norteamericano esos deberes tienen consecuencias negativas en los escolares, quienes terminan desarrollando una actitud de rechazo hacia el aprendizaje y la escuela, lo cual condiciona negativamente su futuro desempeño en el ámbito académico.

Al respecto, el Dr. en Educación y académico de nuestro Plantel, Jaime Retamal, afirma que los efectos negativos en los estudiantes dependen del tipo de tarea.

“Si estamos entendiendo las tareas escolares como una obligación puramente externa, que son una carga o un peso, obviamente no que es recomendable para un niño de entre 6 y 13 años entregarle ese tipo de tareas”, precisa.

Agrega que “no todas las tareas son una carga y una obligación de corte externo, como la típica tarea pesada de matemática, de ciencia o de física, que implica resolver ejercicios, que se ven completamente externos a la vida de las personas. Entonces, eso no es recomendable para niños de 6 a 13 años ni para nadie”.

Especifica que las tareas que potencien habilidades son muy recomendables. “Considero que es totalmente recomendable que durante el año escolar los niños tengan trabajos que realizar en sus casas. Claro que ser un algo agradable, que complemente y que potencie ciertas habilidades o conocimientos”, enfatiza.

Puntualiza que “hay tareas que son motivantes, y ayudan a generar procesos más creativos o de innovación. Son desafíos entretenidos y simpáticos, por lo que son absolutamente recomendables”.

Alternativas

Los especialistas de la Universidad de Duke recomiendan actividades alternativas a las tareas domiciliarias, como por ejemplo, fomentar el hábito de la lectura en el hogar, incorporar nuevas tecnologías, realizar más visitas pedagógicas a museos y sitios de interés, entre otras.

El Dr. Retamal coincide con la corporación estadounidense, y añade que “lectura, tecnología y museos sí están muy bien evaluadas para todas las edades. Además, es una manera de comprometer a la familia y a los padres con las trayectorias curriculares o el desarrollo de aprendizaje de sus hijos”.

Complementa que “un padre o madre que lleva a su hijo al Museo de la Memoria, al Histórico Natural o a otro similar, también cuenta como la familia preocupada por el aprendizaje de su hijo, por las habilidades que va desarrollando y por la trayectoria curricular que va siguiendo en la escuela. Y eso es altamente positivo”, subraya.

OCDE

De acuerdo con la OCDE, en los países que integran la Organización, las tareas escolares domiciliarias promedian cerca de unas cinco horas a la semana, y Chile alcanza como media un poco más de cuatro horas, cifra que es muy cuestionada por padres y apoderados, quienes aseguran que ese número es más elevado.

La misma organización expresa que el número promedio de horas que los estudiantes pasan realizando tareas u otros estudios tiende a no estar relacionado con el rendimiento.

Al respecto, el Dr. Retamal puntualiza que el promedio de más de cuatro horas semanales de tareas escolares le parece “extremadamente excesivo, toda vez que gran cantidad de los estudiantes en Chile tienen jornada escolar completa”, señala.

Agrega que “considerando ese factor, una tarea que ocupe más de 30 minutos al día no la aconsejo".

El académico advierte que “la mente escolarizada necesita tener espacios de recreación y si los estudiantes están mucho tiempo en las escuelas necesitan hacer otro tipo de cosas y ocupar su mente y su energía en otro tipo de cosas que no sean las tareas propiamente tales de la escuela”.

• Las máximas autoridades de las carreras de pedagogía de nuestra Universidad, analizaron los actuales sistemas a través de los cuales se planifican y se desarrollan las prácticas profesionales.

Las máximas autoridades de las carreras de pedagogía de nuestra Universidad, analizaron los actuales sistemas a través de los cuales se planifican y se desarrollan las prácticas profesionales.

El objetivo fue proponer nuevas metodologías para favorecer a los futuros docentes del país que se forman en nuestro Plantel. Las jornadas de trabajo fueron encabezadas por el director del Departamento de Educación, Dr. Saúl Contreras Palma.

Este encuentro se realizó en el Salón de Reuniones de la Facultad de Humanidades y contó con la asistencia del vicedecano de docencia, Jorge Rueda, el director del Departamento de Educación, Saúl Contreras, y la coordinadora general de prácticas profesionales, Carmen Gloria Galdames.

Contreras dio la bienvenida a los asistentes y presentó formalmente a la profesora Carmen Gloria Galdames, quien asumió su cargo en marzo.

“El Departamento de Educación, en esta etapa de consolidación, quiere trabajar de forma más efectiva y cercana con la comunidad y las unidades disciplinares, que tienen sus coordinaciones de práctica”, expresó el profesor Contreras.

Basado en su propia experiencia en el ámbito de las prácticas profesionales, el director del Departamento resaltó que es una labor compleja coordinar a los jefes de UTP, los centros de prácticas, los directores, los supervisores de centro y los supervisores de especialidad, entre otros.

Agregó que el objetivo final de la reunión fue mejorar la gestión, tomando en cuenta que cada disciplina tiene sus particularidades. Se espera que haya reuniones sistemáticas con los responsables de las pedagogías para asegurar esto.

“Debemos entendernos y entender que necesitamos una coordinación general. Esto no significa centralizar, sino trabajar de manera coordinada y articulada”, señaló.

Confluencia

El vicedecano de docencia, Jorge Rueda, como ex jefe de la carrera de Castellano y ex coordinador de prácticas, coincidió en que las prácticas son procesos muy complejos, “pero al mismo tiempo es un proceso riquísimo, puesto que es el momento en que más se evidencia la articulación disciplinaria y pedagógica. Confluyen tres, cuatro años de formación de estudiantes, y es el momento en que nuestros estudiantes ponen de manifiesto sus habilidades, destrezas y conocimientos”.

“Reuniones como esta son muy sanas, más allá de las posibles divergencias. En la medida en que podamos contribuir a la optimización del proceso, estamos trabajando en coordinación con lo que significa lo disciplinario y lo pedagógico” señaló.

A continuación, la profesora Galdames saludó a los asistentes y agradeció su presencia, además de destacar la importancia de la reunión. Luego, presentó una panorámica general de las carreras que atiende la Coordinación, que actualmente cuenta con 28 centros de práctica en Santiago.

Las pedagogías en nuestra Casa de Estudios, que posee siete décadas de experiencia en la formación pedagógica, están acreditadas y se destacan por su calidad y la alta empleabilidad.

• En ese prestigioso Plantel, el investigador del Departamento de Educación, Dr. Jaime Retamal, se reunió con otros expertos internacionales para analizar, comparar y discutir el alcance de las actuales políticas globales en educación, poniendo especial énfasis en el New Public Management y los instrumentos regulatorios con lógica de mercado. 

El investigador del Departamento de Educación, Dr. Jaime Retamal, se reunió con otros expertos internacionales en la Universidad de Estrasburgo, Francia, para analizar, comparar y discutir el alcance de las actuales políticas globales en educación, poniendo especial énfasis en el New Public Management y los instrumentos regulatorios con lógica de mercado.

Entre los asistentes se encontraban especialistas de la Unión Europea (UE) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), todos reunidos en la Maison des Sciences de l’Homme d’Alsace (Misha), Faculté de Sociologie, Université de Strasbourg.

Entre otros, se encontraban Romuald Normand, de la Université de Strasbourg; Luis Miguel Carvalho, de la Universidad de Lisboa; Xavier Pons, de Lipha-Paris Est; Pierre Tulowitzki, de IBB, Teacher Education, de Suiza; Vincent Dupriez, de Iacs-Université Catholique de Louvain, Bélgica, y Magdalena Hadjiisky, de OCDE, Francia.

Neoliberalismo endógeno y exógeno del sistema escolar 

En la ocasión, el doctor Retamal, invitado especialmente, se refirió al neoliberalismo endógeno y exógeno que afecta a nuestro sistema escolar, aunque “el neoliberalismo educacional no es un tema de investigación fácil", explica.

Puntualiza el académico que “fue una exposición realizada desde los instrumentos que lo han pretendido regular, en primer lugar en los 80, pero fuertemente después, desde los 90 con una lógica autodenominada de Tercera vía, pero que en rigor no ha producido efectos contrarios a la desigualdad, la individualización y el fortalecimiento de las lógicas neoliberales de regulación sistemática”.

"Se ha vuelto un objeto de investigación cada vez más complejo desde las ciencias sociales, filosóficas y educativas. Usualmente vinculado a diversas estructuras que caracterizan la administración de los recursos en los sistemas escolares, hoy se problematiza cada vez más desde las lógicas que hay detrás de los instrumentos de calidad, mejoramiento y control de la educación", agrega.

No hay buenas evaluaciones

Informa el especialista que, en general, no existen en nuestro país buenas evaluaciones de los instrumentos como el School Improvement, el School Choice, el School Voucher o la Accountability escolar.

Lamenta que “hemos sido por décadas extremadamente condescendientes con los instrumentos que provienen del extranjero con buena fama, pero aplicados en otros contextos y con muy diversas trayectorias históricas y culturales”.

“También, hemos sido muy poco críticos con la ideología conservadora y neoliberal que los sustentan, que al poco andar no sólo regulan el sistema escolar, sino también nuestra cultura y sociedad”, enfatiza.

El doctor Retamal advierte que en las universidades públicas, incluida la nuestra, falta un programa de investigación más fuerte en este sentido, pero que es entendible en cierta manera.

Al respecto, aclara que “nuestras universidades han sido obligadas a jugar a ser neoliberales, han sido obligadas a aplicar al interior de sí mismas prácticas y lógicas de mercado, pues de otra manera se verían mermadas y retrasadas respecto de las universidades privadas o las tradicionales confesionales

• El jefe de la División de Asesoría e Implementación de Políticas en la Dirección de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Richard Yelland, sostuvo encuentros con representantes de distintos estamentos de la Universidad y, en particular, con autoridades del gobierno central liderado por el rector, Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid.

El jefe de la División de Asesoría e Implementación de Políticas en la Dirección de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Richard Yelland, sostuvo encuentros con representantes de distintos estamentos de la Universidad y, en particular, con autoridades del gobierno central liderado por el rector, Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid.

El objetivo del encuentro fue profundizar en distintas temáticas, como parte del estudio “Revisión de políticas nacionales de educación”, que se propone identificar las transformaciones que ha experimentado el sistema educativo chileno a partir de 2004  y que le fuera  encargado por el Mineduc.

“Antes, esto se manejaba solo entre un grupo de universidades, donde tenían más contactos los economistas. Por eso me alegra que hayan podido venir a nuestra Universidad de Santiago de Chile, con el fin de que conozcan directamente la realidad de estos últimos años, lo que está pasando y lo que se espera que ocurra”, precisó el rector Zolezzi.

Por su parte, el representante de la Ocde para la Educación y Capacitación, reconoció que “es una Universidad que tiene un compromiso histórico, lo que se ve a través de los estudiantes, los profesores, el rector y su equipo. Y eso es muy bueno escucharlo. Lo que he visto acá ha contribuido en una dimensión a lo que hemos escuchado de parte del ministerio de Educación, el Congreso y otras instituciones”.

Cambio en las políticas públicas

Luego del encuentro, en el que también participaron otros representantes de esta Corporación, el rector planteó que muchas veces las autoridades universitarias no son escuchadas, lamentando que ante los cambios de gobiernos y de ministros, también cambian las políticas públicas.

“En Chile se ha exacerbado el tema político frente al tema técnico, es decir, no trabajar con personas que conozcan los temas y los hayan vivido. Eso hace que se terminen cometiendo errores. Los mismos que se podrían haber evitado o solucionado de otra manera”, enfatizó.

Agregó que “dependiendo de cada gobierno, se definen áreas prioritarias. Hemos tratado de hacerlo en la Universidad, pero no hay una directriz país. Esta es una Universidad del Estado, por lo que el Estado debería definir los problemas a resolver. Eso no lo hemos recibido nunca”.

“El país necesita una visión”

Concordante con estos postulados, Yelland manifestó que “antes de reforzar el sistema de educación estatal, el país necesita una visión, una estrategia para la Educación Superior y para la innovación, y cómo eso contribuye al desarrollo de la sociedad chilena y a la economía”.

El visitante insistió en la necesidad de definir, en primer lugar, la directriz país, para luego determinar qué rol deben desempeñar las universidades estatales y las privadas. “Significa tomar una decisión de largo plazo y es difícil, porque hay divisiones ideológicas, pero hay gente de buena voluntad que quiere hacerlo. Eso es lo importante, intentar salirse de una educación tan politizada”, dijo.

“Lo que necesitan en Chile es comenzar esa conversación y buscar cuáles son las cosas en las que sí están de acuerdo”, añadió el experto de la Ocde. “Es muy legítimo tener diferentes visiones de cómo hacerlo, pero eso es el detalle. Si el sistema está en una posición de incertidumbre, es difícil avanzar. Primero hay que estar de acuerdo en la base y después pelear sobre los detalles”, sugirió.

Finalmente, Yelland recordó que la educación cambia lentamente, con la participación de variados protagonistas y donde la etapa legislativa es solo una parte del proceso. “La implementación se hace a través de las escuelas y de los profesores. Lo que realmente importa es la calidad de la educación, en colegios y en la educación superior”, destacó.

Participación de autoridades

En la reunión también participaron, por parte de nuestra Institución, el prorrector, Dr. Pedro Palominos; la vicerrectora Académica, Dra. Patricia Pallavicini; el vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación, Dr. Óscar Bustos; el vicerrector de Apoyo al Estudiante, Dr. Manuel Arrieta; el vicerrector de Vinculación con el Medio, Dr. Sergio González; y el director de Desarrollo Institucional, Luis Quezada.

Posteriormente, Yelland se reunió con profesores y estudiantes de nuestra Casa de Estudios, con el objetivo de conocer las visiones de los distintos estamentos que integran la comunidad universitaria.

A esto se suman otras reuniones en las que el equipo de la Ocde ha participado junto a diversos expertos nacionales, tal como ocurrió el jueves de la semana pasada, instancia en la que el director del Departamento de Educación, Saúl Contreras, tuvo la oportunidad de exponer sobre la visión y el trabajo de nuestra Casa de Estudios en materia de formación inicial docente.

El estudio “Revisión de políticas nacionales de educación” tiene como objetivo identificar los principales cambios en el sistema educativo chileno entre 2004 y 2014, así como la situación en la que hoy se encuentra el sistema.


 

• Este lunes (28) se promulgó la ley que crea el Plan de Formación Ciudadana para que el Ministerio de Educación lo incluya en los programas de enseñanza parvularia, básica y media, de aquellos establecimientos reconocidos por el Estado.

Este lunes (28) se promulgó la ley que crea el Plan de Formación Ciudadana para que el Ministerio de Educación lo incluya en los programas de enseñanza parvularia, básica y media, de aquellos establecimientos reconocidos por el Estado.

Entre sus contenidos se encuentran la promoción, el fomento y el ejercicio de la ciudadanía, así como la comprensión y el compromiso con los Derechos Humanos.

Al respecto, especialistas de nuestra Casa de Estudios cuestionan que se puedan cumplir los objetivos trazados.

El académico del Departamento de Educación, Dr. Jaime Retamal Salazar, explica que difícilmente los estudiantes comprenden el concepto de ciudadanía planteado entre los objetivos del Plan, porque “en educación para que una actividad logre ese objetivo, necesita de tiempos curriculares mucho más precisos y profundos”.

De acuerdo con el Plan, recién a fines de 2017 el Ministerio de Educación, Mineduc, presentará una propuesta al Consejo Nacional de Educación para que en tercero y cuarto medio se incorpore la asignatura de educación cívica.

En ese escenario, el académico aclara que una trayectoria curricular considerable implica que este curso de educación cívica “se realice desde primero básico hasta cuarto medio y no, simplemente, en un par de horas de actividades donde nadie sabe cuáles van a ser las evaluaciones de ellas o si va haber una rendición de cuentas”.

Al mismo tiempo, el profesional descarta que en términos educativos el Plan sea muy relevante, aunque reconoció que es un avance porque “se realizan actividades, pero que de ahí logremos instalar, a propósito de estas actividades, habilidades, actitudes o contenidos democráticos, lo dudo mucho”.

Retamal precisa que contenidos políticos y sociales “por el solo hecho de vivir en una República y en una democracia se debieran discutir en el colegio, pero para eso es necesario instalar una asignatura de educación cívica, educación ciudadana o de educación para la ciudadanía, en el sistema escolar”.

Asimismo, el académico destaca que en el Plan se incluya la comprensión y compromiso con los Derechos Humanos “porque en Chile es necesario discutir en los colegios respecto a las violaciones que se cometieron, que se están cometiendo hoy y las que se pueden cometer en el futuro”.

El experto acota que dentro de la formación ciudadana, “también debería estar incluida la conciencia ecológica y la conciencia de la justicia social, porque ambas no están tan presentes en lo que entendemos como educación cívica o formación ciudadana”.

Mirada desde la sociología

El director del Centro de Políticas para el Desarrollo y académico del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Administración y Economía, FAE, Dr. Gonzalo Martner Fanta, considera positivo que la enseñanza de la educación cívica se formalice en un curso obligatorio, aunque cuestionó que algunos objetivos, entre ellos la promoción y el conocimiento de los Derechos Humanos, se difundan de acuerdo a la Constitución vigente.

“En la Constitución vigente tenemos: por un lado los fundamentos de la convivencia, los deberes y derechos; mientras que por otro la organización y los poderes. Y todo eso está bastante en cuestión hoy día”, puntualiza.

El Dr. Martner reconoce que el Plan es un progreso, pero para que se concrete es fundamental que el país tenga una nueva Constitución “que sea enseñada en los colegios y de la cual todos estemos orgullosos, cosa que no sucede con la actual”, precisa.

Añade que “la educación cívica debería concentrarse en la enseñanza del desarrollo internacional en materia de Derechos Humanos. Creo que eso sería un gran avance”.

A su vez, el sociólogo y académico del Departamento de Gestión y Políticas Públicas, Alberto Mayol Miranda, coincide con el Dr. Martner en la promoción de los Derechos Humanos.

Agrega que “si se establece que este tema es solo moral, empobrece la discusión, porque es mucho más complejo. Es un tema histórico considerar cuál es el contenido que sustentó el origen de los Derechos Humanos o en qué momento se activó el problema de la garantía a estos Derechos”.

Recalca que en el ejercicio de la actual Constitución “se han violado sistemáticamente los Derechos Humanos, por lo que tampoco tiene mucho asidero darles un contenido jurídico. Estos derechos hay que entenderlos jurídicamente de acuerdo al Derecho internacional, porque el Derecho nacional casi no los incorpora”.

Finalmente, el experto sostiene que el Plan es un avance, “pero creo que instalarlo como un software o como un recetario de buen comportamiento no es el mecanismo. Este curso de educación cívica podría terminar desvalorizado si no tiene contenidos más sofisticados y más complejos”.

• En un diálogo franco con el periodista Óscar Egnen del programa “Sin Pretexto” de Radio Universidad de Santiago (94.5 F.M, 124 AM y www.radiousach.cl) la titular de Educación, Adriana Delpiano, sostuvo que durante el 2016, el gobierno espera extender la gratuidad, incorporando a más jóvenes pertenecientes a los cinco primeros deciles matriculados en instituciones con fines de lucro. 

En un diálogo franco con el periodista Óscar Egnen del programa “Sin Pretexto” de Radio Universidad de Santiago (94.5 F.M, 124 AM ywww.radiousach.cl) la titular de Educación, Adriana Delpiano, sostuvo que durante el 2016, el gobierno espera extender la gratuidad, incorporando a más jóvenes pertenecientes a los cinco primeros deciles matriculados en instituciones con fines de lucro.

Ante la falta de claridad respecto del número de beneficiados con esta medida, puntualizó que la cobertura contempla 160 mil estudiantes, precisando, además, que las universidades comenzaron a recibir las partidas de recursos desde el mes de febrero. Aclaró que bajo la actual administración se privilegiará con esta iniciativa gubernamental a los estudiantes de los primeros cinco deciles. 

“Adherir a la gratuidad era voluntario. Lo hicieron las universidades del Consejo de Rectores, algunas privadas pero claramente la cantidad de estudiantes que están hasta el quinto decil en estas, que son instituciones con exigencias altas, es menor a la que se podría encontrar en otras áreas”, sostuvo la autoridad.

En ese sentido, Adriana Delpiano precisó que el grupo que no recibió el beneficio, fue en razón que la institución a la que pertenecen persigue fines de lucro, característica excluyente del proceso. Por eso subrayó que en el Congreso hay un proyecto de ley que promoverá que las instituciones que en la práctica contravienen su constitución legal, puedan acceder a la gratuidad.

“Por eso es tan importante un proyecto de ley que está en este momento en el Senado que  busca que las instituciones, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales que son sin fines de lucro (en la práctica) pero no están constituidas como tal puedan pasar a serlo”, subrayó la personera de gobierno.

Expresó que es el piso mínimo para acceder a la gratuidad, “porque no queremos que se lucre en términos de repartir utilidades con recursos que son públicos”.

Por eso “esperamos que se apruebe esta ley, muchas instituciones se puedan sumar y se amplíe la base de la gratuidad con las universidades que se van a acreditar por más años pero también con las carreras técnicas, los Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales donde hay un número muy importante de estudiantes hasta el quinto decil”, agregó Adriana Delpiano.

Estudiantes más vulnerables

Sobre la inquietud del avance hasta el 70 por ciento de los estudiantes más vulnerables, la ministra fue enfática en señalar que el proceso debe llevarse de la forma más honesta y responsable posible, es decir en razón de la situación económica que atraviesa el país.

“Va a depender de cómo se comporte la recaudación” de la reforma tributaria. “De aquí al 2018 tendríamos que subir unos deciles más, pero estará sujeto a como esté la economía”, explicó la autoridad.

En ese contexto, indicó que lo ideal sería progresar e incluir más del 50 por ciento, pero que en este momento lo fundamental es dar cobertura a aquellos jóvenes que perteneciendo a los grupos que pueden acceder al beneficio, están impedidos por la naturaleza de su universidad o centro de educación superior en la que están matriculados.

“Lo que hemos dicho es que antes de avanzar en deciles hacia arriba, tenemos que cubrir más estudiantes que realmente no estamos cubriendo en este momento, porque las instituciones no estaban dando las garantías o no adhirieron a este tema”, enfatizó.

Demora en entrega de beneficios

Sobre la molestia que algunos rectores tendrían respecto a que algunas universidades habrían recibido, durante la primera semana de marzo, entre el 10 y 12 por ciento de los montos comprometidos por concepto de gratuidad, la ministra Delpiano descartó que el gobierno no esté cumpliendo con los plazos acordados.

“Recibimos un correo del rector Aldo Valle, en representación del Cruch, porque nunca le habían llegado los recursos públicos tan pronto como este año. De hecho durante febrero recibieron dineros que tiene que ver con la gratuidad” cuando lo común es en abril, sostuvo la personera.

Advirtió que nunca prometieron que las partidas se entregarían íntegramente “porque hay que pensar que el país va recogiendo todos los meses recursos y en virtud de eso se van repartiendo”, dijo.

• La doctora en Sociología de la Educación y académica de nuestra Universidad, Claudia Córdoba Calquín calificó como una iniciativa positiva en espíritu, pero con amplios desafíos por delante la nueva legislación que el 1 de marzo entró en vigencia, y que aborda puntos esenciales del sistema educacional, como el financiamiento, el fin a la selección y el respeto a la diversidad.

Para la académica, la nueva norma que apunta a terminar con la selección, enfrenta el enorme desafío de encabezar un cambio cultural relevante. Por eso pone de relieve, que los resultados solo se apreciarán cuando termine el periodo de implementación del cuerpo legal.

“El hecho que un estudiante no vaya a ser discriminado arbitrariamente por razones religiosas, ideológicas o culturales, va a ayudarnos como sociedad a una mayor apertura”, sostiene.

La Dra. Córdoba comparte su aprehensión ante la nueva realidad que pone fin a la práctica discriminatoria de ciertos establecimientos de elegir a sus estudiantes,  pues constituye una tarea complicada desde la perspectiva que son procesos legitimados y valorados positivamente por algunas familias.

Por ejemplo “a las familias de sectores más pobres les interesa mucho que sus hijos vayan a una escuela donde hayan otros niños que sean más o menos ordenados porque lo que legitiman es una selección por conducta”, explica la investigadora.

Añade que los grupos familiares de sectores medios y medios altos valoran el ingreso por rendimiento académico “porque desde su perspectiva, el hecho que haya un curso que es similar en términos de rendimiento promueve que los contenidos se aborden más fácilmente, se pase la materia y se avance”.

Esta percepción enraizada en la sociedad chilena produce, finalmente, una homogenización de la comunidad educativa porque los apoderados encuentran en la selección “un elemento que facilita que en el colegio hayan grupos familiares que están en la misma sintonía y que van a apoyar de la misma manera al estudiante”.

Por eso la experta enfatiza que dadas estas condiciones, la ley apunta a un cambio cultural,  “a un proceso largo que no va a estar exento de problemáticas”.

Reglamentos internos versus ley de inclusión

Según la nueva norma, ningún estudiante podrá ser apartado del aula por su presentación personal, falta de útiles escolares o carencia de uniforme.

En este punto la Dra. Córdoba es crítica de la imagen que se ha forjado  la opinión pública, pues sostiene que se ha planteado una “suerte de albedrío para los estudiantes”, lo que a juicio de la académica dista de la realidad.

“La ley otorga importancia a las normativas de las escuelas; importantes elementos que van desde cómo se espera que el estudiante vaya vestido hasta cuales son las faltas graves. De manera que hay un abanico de situaciones que están sancionadas a través de las normativas y de los reglamentos de las escuelas.

El llamado de la autoridad- subraya la experta- “no ha sido pasar a llevar los reglamentos sino que estos cautelen a la vez, la disciplina y el resguardo a la educación de los estudiantes”.

Sociedad más tolerante

La investigadora cree que esta transformación no puede descansar en una ley, sino que requiere que todos los actores del proceso educativo tengan un rol activo.

Opina que los estudiantes, las escuelas y “los padres están llamados, de alguna manera, a esta apertura y eso conlleva un proceso largo y lento”.

Si el espíritu de la ley es terminar con la segregación dentro del aula, la Dra. Córdoba cuestiona que no esté orientada a los establecimientos privados no subvencionados, porque a su juicio conforman el espacio con alumnos más homogéneos.

“En ese sentido es una deuda porque esta ley lo que pretende es fomentar procesos que vayan en contra de la segregación escolar y hay investigaciones que demuestran que los estudiantes que son atendidos por el sector privado no subvencionado son aquellos que se encuentras más hipersegrados”, enfatiza la experta.

“Aquellos  estudiantes no conocen a nadie diferente a ellos durante trece años y la ley los ha dejado afuera”, complementa.

 Por eso el desafío, a futuro, es encontrar una solución respecto a este sector que “también es parte del sistema escolar chileno”, concluye.
 

Para la académica, la nueva norma que apunta a terminar con la selección, enfrenta el enorme desafío de encabezar un cambio cultural relevante. Por eso pone de relieve, que los resultados solo se apreciarán cuando termine el periodo de implementación del cuerpo legal.

“El hecho que un estudiante no vaya a ser discriminado arbitrariamente por razones religiosas, ideológicas o culturales, va a ayudarnos como sociedad a una mayor apertura”, sostiene.

La Dra. Córdoba comparte su aprehensión ante la nueva realidad que pone fin a la práctica discriminatoria de ciertos establecimientos de elegir a sus estudiantes,  pues constituye una tarea complicada desde la perspectiva que son procesos legitimados y valorados positivamente por algunas familias.

Por ejemplo “a las familias de sectores más pobres les interesa mucho que sus hijos vayan a una escuela donde hayan otros niños que sean más o menos ordenados porque lo que legitiman es una selección por conducta”, explica la investigadora.

Añade que los grupos familiares de sectores medios y medios altos valoran el ingreso por rendimiento académico “porque desde su perspectiva, el hecho que haya un curso que es similar en términos de rendimiento promueve que los contenidos se aborden más fácilmente, se pase la materia y se avance”.

Esta percepción enraizada en la sociedad chilena produce, finalmente, una homogenización de la comunidad educativa porque los apoderados encuentran en la selección “un elemento que facilita que en el colegio hayan grupos familiares que están en la misma sintonía y que van a apoyar de la misma manera al estudiante”.

Por eso la experta enfatiza que dadas estas condiciones, la ley apunta a un cambio cultural,  “a un proceso largo que no va a estar exento de problemáticas”.

Reglamentos internos versus ley de inclusión

Según la nueva norma, ningún estudiante podrá ser apartado del aula por su presentación personal, falta de útiles escolares o carencia de uniforme.

En este punto la Dra. Córdoba es crítica de la imagen que se ha forjado  la opinión pública, pues sostiene que se ha planteado una “suerte de albedrío para los estudiantes”, lo que a juicio de la académica dista de la realidad.

“La ley otorga importancia a las normativas de las escuelas; importantes elementos que van desde cómo se espera que el estudiante vaya vestido hasta cuales son las faltas graves. De manera que hay un abanico de situaciones que están sancionadas a través de las normativas y de los reglamentos de las escuelas.

El llamado de la autoridad- subraya la experta- “no ha sido pasar a llevar los reglamentos sino que estos cautelen a la vez, la disciplina y el resguardo a la educación de los estudiantes”.

Sociedad más tolerante

La investigadora cree que esta transformación no puede descansar en una ley, sino que requiere que todos los actores del proceso educativo tengan un rol activo.

Opina que los estudiantes, las escuelas y “los padres están llamados, de alguna manera, a esta apertura y eso conlleva un proceso largo y lento”.

Si el espíritu de la ley es terminar con la segregación dentro del aula, la Dra. Córdoba cuestiona que no esté orientada a los establecimientos privados no subvencionados, porque a su juicio conforman el espacio con alumnos más homogéneos.

“En ese sentido es una deuda porque esta ley lo que pretende es fomentar procesos que vayan en contra de la segregación escolar y hay investigaciones que demuestran que los estudiantes que son atendidos por el sector privado no subvencionado son aquellos que se encuentras más hipersegrados”, enfatiza la experta.

“Aquellos  estudiantes no conocen a nadie diferente a ellos durante trece años y la ley los ha dejado afuera”, complementa.

Por eso el desafío, a futuro, es encontrar una solución respecto a este sector que “también es parte del sistema escolar chileno”, concluye.