Por Lucía Dammert
Académica Universidad de Santiago

El Gobierno insiste en un decreto que busca dar atribuciones a las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en las fronteras del país, aun cuando el propio Contralor General de la República advirtiera que se deben precisar tanto la “colaboración” del Ejército como el ejercicio de “ciertas facultades”, y pese a que la medida, en términos de seguridad, es totalmente desaconsejable e inconveniente.

Desaconsejable, porque no existe ninguna experiencia internacional que avale la eficacia de una medida como esta. Si lo que quiere decir el Gobierno es que los miles de millones invertidos en las Policías no son suficientes para dar una lucha frontal contra el crimen organizado en la frontera, primero habría que evaluar en qué se ha invertido ese dinero.

Si lo que se necesita es ayudar a las Policías, lo aconsejable sería  traspasar las capacidades logísticas. Es decir, que si las Policías necesitan aviones no tripulados para monitorear con mucho más certeza la frontera y el Ejército tiene dichos aparatos, es el Ejército el que debería traspasarlos a las Policías, realizando las capacitaciones correspondientes.

El proyecto también es inconveniente, principalmente, por tres razones. Primero, porque quien iría a la frontera a hacer este trabajo sería la tropa, que no está preparada para luchar contra el crimen organizado. Segundo, porque hay otros problemas en defensa que deben ser resueltos con mayor celeridad en este momento (Milicogate, malversación de fondos y una reforma pendiente al Ministerio de Defensa). Tercero, porque cuando las FF.AA. entran en la lucha contra el narcotráfico, no salen nunca más, como ha pasado en México, lo que ha terminado implicando un enfrentamiento con las Policías.

Cuando en México acudieron a los militares, fue porque no había más alternativa. Incluso en el espacio académico, se reconocía que había lugares donde el 100% de la fuerza local trabajaba para el narcotraficante, por lo que no había otra solución. En Chile, este no es el caso.

El problema de la droga hoy, y lo que afecta a la ciudadanía, es lo que está ocurriendo realmente en las poblaciones: la falta de inteligencia para poder dar con las redes que traen la droga, pero si creemos que hay cientos de miles de burreros que decidieron tomar una mochila y correr hacia Chile, estamos completamente equivocados.

El segmento de distribución eléctrica era presa de una fuerte inercia hasta los cortes de suministro del invierno de 2017. Luego de esto, por primera vez se dictó una norma técnica de calidad de servicio para los sistemas de distribución, cuyos ejes principales fueron: disminución de los tiempos de reposición ante corte de suministro, mejoramiento en la atención a los clientes en condiciones de emergencia e incorporación del Sistema de Medición, Monitoreo y Control ("sistema de medición inteligente"). Para lo anterior, es clara la obligación que tendrán las empresas de aumentar las inversiones en la red y sistemas de atención a usuarios, con el fin de fortalecer la seguridad y calidad del servicio.

Posterior al terremoto político causado por los “medidores inteligentes”, comenzó la discusión sobre el modelo monopólico que rige el segmento de distribución y las rentabilidades de las empresas del sector. Discusión que resulta paradójica, ya que se fundamenta en una interpretación errada de la relación que existe entre la tasa de descuento —que valoriza las inversiones en redes base del cálculo tarifario— y las supuestas “rentabilidades aseguradas” establecidas en la Ley General de Servicios Eléctricos.

Tanto el Gobierno como el Congreso se han concentrado exclusivamente en el nivel de rentabilidad de las empresas, postergando la urgencia de fortalecer la red eléctrica. Han postergado también la imperiosa reforma del sector para introducir competencia, que permitirá bajar las cuentas. Es más, el proyecto de ley corta apunta al sentido opuesto. Parece que el objetivo de la política pública se ha extraviado.

Por importantes que sean la redefinición de áreas típicas, el giro único por empresa y una rentabilidad ajustada, lo cierto es que no tienen un impacto significativo en disminuir las tarifas ni mejorar la calidad del servicio para las personas. He aquí la paradoja: con el proyecto de ley, el objetivo de política pública es la empresa y no en el cliente final. El efecto es la incertidumbre en el sector y desincentivo a la inversión en infraestructura y continuidad de suministro. Todo lo contrario a lo que las personas exigen: seguridad y calidad del servicio. Por lo demás, si el argumento para un proyecto “corto” es disminuir la cuenta final, hay medios que son de mayor impacto pero que no están incluidos.

Entonces, ¿qué viene primero, reducir ingresos al sector privado con un impacto marginal en la cuenta de la luz o mejorar la calidad y seguridad de un servicio básico para la vida de las personas a un mejor precio? Lo racional es partir por el nivel de servicio que las personas recibirán, las inversiones requeridas y después discutir la rentabilidad. Primero la carreta, después los bueyes. El proyecto de ley corta hace todo lo contrario.

Dr. Humberto Verdejo
Director del Departamento de Ingeniería Eléctrica
Universidad de Santiago de Chile

Relevar la trascendencia de una alimentación saludable y de realizar actividad física a diario para la calidad de vida es el objetivo principal del innovador programa de intervención integral contra la obesidad infantil, iniciativa de excelencia que lidera la Universidad de Santiago de Chile junto a la Universidad del Desarrollo, y que comprende el trabajo a partir del segundo semestre de 2019 en segundos, terceros y cuartos básicos de 12 escuelas de la Asociación de Municipios “Ciudad Sur”, en El Bosque, Pedro Aguirre Cerda, San Joaquín, San Ramón, La Granja y Lo Espejo.

La instancia corresponde al Proyecto FONDEF “Desarrollo, escalamiento y validación de un sistema integrado de intervenciones en escolares en alimentación, actividad física y entorno comunitario en Ciudad Sur”, que la Usach trabaja en sinergia junto a la Escuela de Nutrición de la Universidad del Desarrollo (UDD); la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo, Brasil; la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB); la Corporación Observatorio del Mercado Alimentario (CODEMA); la Fundación Ruta Saludable; y la Confederación Gremial Nacional de Organizaciones de Ferias Libres (ASOF C.G.).

El programa de intervención contra la obesidad infantil liderado por la Usach es una respuesta de excelencia a la problemática de salud que enfrenta Chile. Diversos estudios oficiales señalan que más del 75% de la población mayor de 15 años registra exceso de peso y un 80% no realiza actividad física. Si a estas cifras agregamos niñas y niños con sobrepeso, más de un 50% presenta malnutrición por exceso. El punto central es que este flagelo se inicia en la infancia: el 25% de los niños y niñas de primero básico del país ya presenta obesidad y 7 de cada 10 estudiantes de enseñanza básica no cumplen las recomendaciones mínimas de actividad física. Lo anterior significa que el ministerio de Salud gasta más de US$ 1.600 millones anuales combatiendo la obesidad, es decir, un 6,7% del Presupuesto de Salud de Chile.

Por esto, el programa de intervención integral encabezado por la Universidad de Santiago con la UDD tiene como misión lograr un cambio de conducta permanente no solo en estudiantes, sino en las familias, los comerciantes, la industria y en todos los actores involucrados en el ámbito de la alimentación y la salud, para incidir significativamente en la disminución de la obesidad infantil.

“El programa de intervención que implementamos instalará capacidades y herramientas para concientizar a la comunidad sobre la trascendencia de una alimentación saludable y de realizar actividad física a diario, como base para evitar la obesidad infantil y mejorar la calidad de vida de las personas. Nuestro objetivo es que este modelo pueda convertirse en una política pública que se replique en todo el país”, manifestó el director del proyecto y vicedecano de Docencia y Extensión de la U. de Santiago de Chile, Dr. Tito Pizarro.

Sistema integrado

La intervención comprende aumentar los niveles y calidad de la práctica de actividad física, incorporar actividades educativas de nutrición, realizar consejería en alimentación saludable, además del uso de la tecnología que permita, a través de redes sociales y otras plataformas, la participación de la ciudadanía, de la comunidad educativa y de los tomadores de decisión en el territorio de manera efectiva.

En tanto, con los responsables de los quioscos escolares, pequeños negocios de abastos y ferias cercanas se realizará un diagnóstico de entorno alimentarios, identificando disponibilidad existente de alimentos saludables y posibles apoyos, para mejorar su oferta y distribución en la comunidad, además de sumarlos a las redes de participación social. De igual modo, habrá identificación geoespacial de lugares de práctica de actividad física, oferta de programas de vida sana, oferta de ferias libres, junto con la implementación de mensajería clave para el cambio de conducta y constitución de redes de participación con todos los actores del territorio.  

“En un plazo de 24 meses desarrollaremos un sistema integrado de intervenciones en alimentación, actividad física y entorno comunitario en Ciudad Sur que contribuya a mejorar significativamente los estilos de vida y aportar en una disminución de la obesidad y el sedentarismo infantil en Chile”, señaló Rinat Ratner, directora de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad del Desarrollo.

Las iniciativas se desarrollarán hasta el 2021, cuando los estudiantes de hoy estén en cuarto, quinto y sexto básico, “y se pretende poder evaluar, al final de la intervención, los cambios ocurridos en el entorno escolar. Además, se evaluará el efecto de la intervención en la conducta alimentaria y de la práctica de actividad física en la comunidad escolar”, explicó Anna Christina Pinheiro, investigadora responsable por el componente de Nutrición de la UDD.

El programa de intervención integral contra la obesidad infantil se presentará hoy viernes 12 de julio, a las 11:00 horas, en el Salón de Honor de la Universidad de Santiago de Chile.

Numerosas son las declaraciones, columnas de opinión y artículos, que emanaron como reacción al proceso de reforma curricular que elimina la Historia del plan obligatorio para 3º y 4º medios. La mayoría fue escrita por historiadores que se “enteraron por la prensa” del cambio curricular y salieron a la defensa de una disciplina, de un área del conocimiento, de un conjunto de saberes necesarios para nuestra vida en comunidad.

En la defensa hubo que reactualizar viejas preguntas: ¿Por qué y para qué la Historia?. En una sociedad “presentista”, instantánea, en la que han mutado las concepciones de espacio y donde la liquidez, el flujo y las conexiones en red son parte de la cotidianeidad de nuestra experiencia, esas preguntas requieren de redefiniciones.

En una época de transformación del Estado-nación, en la que los procesos de tránsito dividen a la población en “vagabundos” y “turistas” (Bauman, 1999), por cierto que la Historia de tinte nacionalista, ha ido perdiendo sentido. Las fechas emblemáticas, los héroes nacionales y las conmemoraciones de guerras ganadas o perdidas, se contraponen a una vida social diversa y heterogénea. El objetivo más tradicional de la enseñanza de la Historia en las escuelas, aquella de corte positivista, que buscaba la construcción de lazos de identidad nacional asociada a los espacios del Estado-nación, fue quedando obsoleta.

La pérdida de vigencia, sin embargo, tenía varias decenas de años en los debates epistemológicos al interior de la disciplina, pero estos no siempre tienen impacto causal en la Historia enseñada en las escuelas. Sin embargo, a partir de los años 90, con el retorno a la democracia en nuestro país, el currículum en Historia fue mostrando varios cambios, erosionándose ese viejo sentido decimonónico que le asignaron los historiadores fundacionales del Chile republicano.

Y con esos cambios también fue mutando el sentido de la Historia en nuestra sociedad. Una Historia crítica, para formar sujetos racionales, empoderados de sus historias, ya no únicas ni lineales, desde abajo, desde las localidades, desde el mundo popular. La idea de que la Historia proveía de esas experiencias pasadas, que resignificadas a la luz del presente, permitían el juicio incisivo sobre las elites, sobre el poder, sobre el sentido del cambio histórico, sobre los proyectos por venir, se fue volviendo cada vez más relevantes en las declaraciones de los “objetivos” curriculares, de los contenidos revisitados en las escuelas y en los autores que comenzaron a ganar tribuna en los libros escolares.

La idea de que la Historia puede proveernos de un conocimiento con potencial transformador, que trastoque el estatus quo, no es algo que le guste a las elites. Menos si ese potencial pretende ser universal y no un privilegio de las clases dominantes. Si además esa Historia se vuelve herramienta de cuestionamiento del presente, en función de procesos del pasado, si nos permite desnaturalizar las construcciones del género, de las clases, de las etnias, del poder político, entre otras múltiples posibilidades, se vuelve por tanto peligrosa.

Tal como indicó el Dr. Julio Pinto, Premio Nacional de Historia 2016, en una columna de opinión, la historia “nos  hace entendernos no como átomos que flotan en un espacio atemporal, sino como herederos de una experiencia milenaria, y protagonistas de una búsqueda interactiva de un mundo más solidario y mejor.  De igual modo que una persona sería incapaz de orientarse en el mundo sin las coordenadas y enseñanzas que nos brinda la memoria individual, una sociedad cualquiera, o la humanidad en su conjunto, necesitan de una carta de navegación que solo puede proporcionar esa memoria compartida que es la Historia.  Porque el mundo no nació ayer, y porque las acciones humanas no responden a leyes eternas o a protocolos pre-establecidos, la Historia es un patrimonio de logros, luchas y fracasos que a todos nos alimenta, y del que nadie podría prescindir. Y eso no vale solo para los especialistas, sino para todas las personas que conviven en sociedad”. De allí que disponer de ese conocimiento, abre potenciales emancipadoras que no siempre son bien vistas por quienes desean “órdenes” sociales, en los que la ausencia del conflicto, augure estabilidad, gobernabilidad, rentabilidad y crecimiento económico.

Prescindir de la Historia hoy día, parece similar a la necesidad de prescindencia de la Filosofía. No están lejos los ecos de una frase que atribuía a esta última disciplina, la re-emergencia del movimiento estudiantil en el 2011. Arturo Martínez, entonces presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), indicaba que los profesores de Filosofía estaban detrás de “la violencia”, ya que en sus clases se les “llenaría la cabeza de porquerías, para que salgan a tirar piedras y hacer desórdenes (2011).

Es cierto que hoy esa “reducción” analítica que esbozaba el líder de la multisindical no ha sido abiertamente defendida por nadie, pero tampoco se puede desconocer que los nuevos movimientos sociales han ido construyendo su propia relación con el pasado y han usado la Historia para dotarse de una identidad en el presente, convirtiéndose en protagonistas de procesos de cambio social que han trastocado los órdenes sociales. Quizás el ejemplo más nítido no esté en el movimiento estudiantil, pero sí es visible en el movimiento mapuche y de menor forma, en el feminista.

En las marchas estudiantiles del año 2011-2012 se escuchaba con fuerza la consigna de terminar con un modelo de educación heredado por la Dictadura y administrado eficientemente por la Concertación. “Y va a caer y va a caer, la educación de Pinochet”. Las relaciones con el pasado reciente, representaron una forma particular de entender este presente compartido. El origen del malestar no radicaba en el ahora, se había construido una imbricación que comprendía lo actual como nacido de un complejo proceso de modernizaciones, que una transición a la democracia “modelo”, intentó dotar de legitimidad social en base a grandes acuerdos y consensos. Aquello fue evaluado históricamente, cuestionado y erosionado. Más allá de los efectos de esa movilización y las reformas que actuaron para “satisfacer” las demandas, la Historia estaba en la calle, para cuestionar el pasado y transformar el presente.

A raíz de estas reflexiones es lícito preguntarse cuánto tiene de ideológico esta reforma curricular. Cuánto de rechazo a un tipo de Historia crítica, que aunque no permeó totalmente al sistema escolar, si parece haber erosionado el sentido tradicional de la misma. Cuánto de esta reflexión pudo estar en las mentes de los tecnócratas que han salido en la defensa de una reforma curricular, que ha desvirtuado algunos principios como el de interdisciplina, colaboración e integración.

Y aquí hay que ser claro. No se trata de una defensa gremial a una disciplina, sino que de un tipo de saberes y conocimientos que todas, todos y todes necesitamos para la vida en sociedad. Pero es lícito pensar que pueda ser una sociedad distinta, porque el devenir histórico no es un sino irrefutable, sino que da cuenta de los procesos de toma de decisiones, de actores, de lecturas epocales, en suma, de cómo otros actores pensaron la sociedad contemporánea y cuánto de ella queremos legítimamente cambiar. Por ello la Historia no puede ser ni electiva ni prescindible, porque de serlo aumentará la desigualdad cultural social y política de nuestra sociedad.

Desde el año pasado, la Universidad de Santiago de Chile realiza un ciclo de cine titulado “La Ciencia del Cine”, que pretende acercar a la comunidad a discusiones contingentes sobre la actividad científica de forma entretenida.

La iniciativa, desarrollada por la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio (VIME) y el Departamento de Extensión, cumple en este primer semestre de 2019 su segunda versión, abriendo distintos diálogos acerca del concepto generalista de ciencia y sobre cómo funcionamos socialmente.

Este martes 9 de julio a las 19:00 horas en la Sala Estación prosigue el ciclo con la película “Crash” (1996), reputado thriller escrito y dirigido por el director canadiense David Cronenberg, basado en la novela homónima del escritor J. G. Ballard.

La cinta, ganadora del Premio Especial del Jurado del Festival de Cannes, narra la historia de James Ballard, quien sufre un accidente automovilístico casi mortal. A raíz del incidente, experimenta una atracción morbosa y obsesiva por el riesgo, la velocidad, los automóviles y las lesiones que provocan.

Cronenberg, especialista en la construcción de escenarios inquietantes y desoladores, fue el responsable de adaptar la novela de J. G. Ballard, autor de culto de la ciencia ficción y responsable de obras como "El imperio del sol".

En el largometraje, polémico al momento de su estreno, Cronenberg expone una inquietante metáfora sobre la deshumanización de la sociedad.

La jornada, como es costumbre en este ciclo, contará con un conversatorio final, a cargo del académico de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago Chile, Dr. Mario Sobarzo, quien abordará diversos aspectos y reflexiones que surgen del filme, enmarcadas dentro del área de la Filosofía Moral y Política.

Martes 9 de julio desde las 19:00 horas
Sala Estación
Edificio de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio.
Las Sophoras 175. Estación Central