A casi tres meses del plebiscito constitucional que selló el triunfo del rechazo a una nueva Constitución, el Departamento de Historia de la Usach y su Cátedra de Derechos Humanos convocaron al seminario “Chile en el laberinto constitucional… ¿qué hacer?”, que contó con la participación de académicas/os nacionales.

En la apertura, el director de la Escuela de Historia, Dr. Rolando Álvarez, entregó algunas claves de la vinculación que ha sostenido el departamento, en particular la solidaridad demostrada “con las víctimas de la violencia estatal” a partir del estallido social de 2019, entre las que se cuentan integrantes de la comunidad universitaria.

Recordó el trabajo encabezado por la entonces directora del área y hoy decana de la Facultad de Humanidades, Dra. Cristina Moyano, donde “dada la preocupación por estas temáticas se concretó la idea de crear una cátedra centrada en los derechos humanos”, junto con la organización de un claustro pluriestamental.

Para la Dra. Moyano, los intentos de explicación a lo ocurrido tanto para lo del 18 de octubre de 2019, como también el 4 de septiembre de 2022 “han redundado en interpretaciones bastante simplificadoras, reduccionistas”. dijo.

Citó como ejemplo, “el concepto de ‘pueblo’, o aquellas columnas de quienes han hablado sobre la aspiracionalidad de quienes votaron Rechazo como una falta de conciencia de clase, o que el pueblo no estaba preparado para aprobar una Constitución tan progresista [...], ergo, pareciera que el pueblo chileno es más conservador de lo que parece, nos dicen columnistas e ‘iluminados’”, apelando también a la desinformación en medios de comunicación.

Rodrigo Karmy, Doctor en Filosofía de la Universidad de Chile y profesor e investigador de la Facultad de Filosofía y Humanidades esa Casa de Estudios, consideró que “si decimos ‘estallido’ no nos hacemos cargo del acontecimiento que tiene la irrupción de octubre, y más bien reducimos la potencia del mismo a la circunnavegación fácil del hecho. 

“Quizás solo al renunciar a la denominación de estallido social, podemos entender cómo la cita histórica de 1973 parece desplazarse hacia el 18 de octubre de 2019, donde se abre otra grieta histórica”, remarcó.

Por otra parte, el Dr. Christian Retamal, director de la Cátedra de Derechos Humanos de la Usach, enfatizó en la idea de “una navegación a ciegas”. Consideró que “existe una escasa demoscopia desarrollada en el país dada la falta de encuestas y metodologías más eficaces para medir la opinión pública”, y dejó como ejemplo la inexistencia de un centro similar al de Investigaciones Sociológicas español, que tiene sus bases de datos publicadas y es posible analizar y reconstruir sus resultados.

Danilo Billiard, periodista, Magíster en Comunicación Política y candidato a Doctor en Filosofía de la Universidad de Chile, consideró que “la revuelta no es más que una suspensión del tiempo revuelto, que logró convertir la arrogancia en rebeldía”, y por tanto, “para salir del laberinto, la imaginación política tiene que conjugarse con el pensamiento estratégico”, apuntó.

Otras opiniones

La Dra. Camila Jara, socióloga, Máster en Análisis Estadístico para las Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Lovaina y Dra. en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Leiden, comentó que posterior a la dictadura, “y producto de factores políticos, económicos y psicológicos” existió “una movilización latente, donde se produjo una reconfiguración de las ideas fuerza, de las demandas y las identidades que hicieron posible la ebullición social del año 2011”, donde, de acuerdo a la académica, “se produce el paso hacia una movilización”, lo  que marcó un hito en el proceso reciente actual, siendo un catalizador del 2019.

Para cerrar, el Dr. Igor Goicovic, profesor de Historia y Geografía, Magíster en Historia de la Universidad de Santiago y Doctor en Filosofía y Letras de la Universidad de Murcia, consideró que “uno de los elementos que han recorrido los debates políticos y la discusión académica es la consideración de estallido”, que, a juicio del académico, “no alcanzó para rebelión, ni para estallido: fue revuelta”.

 Por tanto, “este proceso, que se fue gestando y que alarmó a la élite política en el poder y también a las clases dirigentes requería ser abordado con soluciones de carácter político que no pasaban por la represión. Requerían de otro tipo de abordajes”, concluyó.

Para revivir en detalle el seminario “Chile en el laberinto constitucional… ¿qué hacer? puedes visitar la página de YouTube del Departamento de Historia de la Usach en el siguiente link.

Enmarcado en la campaña Chile Vota Informado, que busca promover y dar a conocer las distintas aristas de la etapa final del proceso constituyente, este miércoles -31 de agosto- se realizó un taller en el Salón de Honor de la Corporación, cuyo objetivo fue analizar y leer extractos de la propuesta de Constitución Política de la República de Chile 2022, de cara al plebiscito de salida del próximo domingo 4 de septiembre.

En este, se explicó que una Carta Fundamental contiene principios (valores que guían la organización y funcionamiento del Estado); deberes (votar, pagar impuestos, etc.);  garantías (normas que respaldan el acceso a los derechos establecidos en la Carta Magna)  constitucionales; la organización del Estado(estructura del Estado desde el punto de vista territorial: comunas, gobiernos regionales, entre otras instancias); derechos fundamentales (el Estado reconoce el derecho por pertenecer a Chile: a la salud, a la educación, a la vida, entre otros); además de los órganos del Estado (cómo se estructura administrativamente). 

El caso específico de la propuesta de Constitución Política de la República de Chile 2022, cuenta con un preámbulo, 11 capítulos, 388 artículos y 57 disposiciones transitorias (permiten pasar de la antigua a la nueva Constitución de manera paulatina).

En la ocasión, la vicerrectora de Vinculación con el Medio, Dra. Patricia Pallavicini Magnere, señaló, a nombre del rector Dr. Rodrigo Vidal, que, como Institución estatal y pública, la Universidad de Santiago ha realizado múltiples acciones -enmarcadas en la iniciativa “Usach Constituyente”- que permitieron entregar insumos a la Convención Constituyente, tributando a la redacción del proyecto de Carta Magna a sufragar.

En ese contexto, aseveró que es “fundamental que como institución del Estado de Chile contribuyamos -en base a nuestros principios- con la democratización del conocimiento y la información contenida en esta propuesta de Constitución Política de la República de Chile, siempre promoviendo el respeto a la diferencia y la integración de todas las ideas y saberes”.

Por su parte, José Manuel Donoso Trigo, coordinador del área de Participación Ciudadana del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación (OPCND), del Ministerio Secretaría General de Gobierno (MSGG), y relator del taller, hizo un llamado a leer la propuesta y tomar una de las dos opciones que nos entrega este proceso histórico. “Los invito a participar, a debatir y no cuestionar al que no piense como nosotros, sino que abrir un debate en términos transparentes”, expresó.  

Para Aldo Zambrano Fuentes, funcionario de la Unidad de Admisión de la Vicerrectoría Académica y asistente al evento , la actividad cumplió la función de informar y responder las dudas que tenía sobre este proceso. “Yo no sabía cómo sería la transición de una Constitución a otra y nos informaron que se producirá una especie de fusión con artículos provisorios, que precisamente van a permitir este paso de manera más pertinente”, indicó.

Entrega de la propuesta de Constitución Política

Antes de la realización del taller, a la salida de la Casa Central del Plantel se instaló un kiosco “Chile vota informado”, donde funcionarios del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación (OPCND), del Ministerio Secretaría General de Gobierno (MSGG), entregaron a miembros de nuestra comunidad universitaria la propuesta de Constitución Política de la República de Chile 2022.

En ese contexto, el rector del Plantel, Dr. Rodrigo Vidal Rojal, indicó que siendo la Universidad de Santiago una Casa de Estudios pública y estatal, tiene “la obligación de colaborar con el Gobierno de Chile, no importando el color político que tenga, en todas las campañas de información para que, en este caso, la comunidad vote completamente informada este domingo, independientemente de la opción que las personas quieran tomar al momento de votar”, aseveró. 

En esa línea, la directora del OPCND, Karina Estay, dijo que “acercar el texto a las universidades ha tenido una muy buena recepción. Hay un alto interés por conocerla y leerla”, detalló.

Una de las personas que recibió el texto fue Soledad Bravo Briones, estudiante de cuarto año de Derecho, quien valoró la entrega de la publicación, puesto que “es una oportunidad para informarnos de este proceso histórico que vamos a vivir como país. Entonces, que la Universidad tenga un rol tan activo en la información y en la participación de sus estudiantes, comprendiendo la historia de nuestra Universidad y la chilena, es una oportunidad inigualable”.

Te invitamos a revisar el registro audiovisual de la jornada:

Este viernes 27 de mayo, a partir de las 15.30 horas, la Universidad de Santiago de Chile en conjunto con el Consorcio de Universidades del Estado invitan a la “Jornada nacional de deliberación para conocer el borrador de la nueva Constitución”.

El evento cuenta con la participación de las cuatro universidades del Estado de la Región Metropolitana y es convocado por la Comisión de Participación Popular de la Convención Constitucional.

La actividad se realizará por zoom y, para participar, los miembros de la comunidad universitaria de dichas casas de estudio deberán llenar el formulario disponible AQUÍ.

La coordinadora de Usach Constituyente, Pamela Figueroa, enfatizó que la jornada tiene por objetivo comentar y responder consultas de los integrantes de las comunidades universitarias de la Usach, la Universidad de Chile, la UTEM y la UMCE.

“El próximo 4 de septiembre, todas y todos tendremos que participar para aprobar o rechazar el texto que la Convención Constitucional le ofrecerá a la ciudadanía. El evento del viernes tiene por objetivo dar a conocer dicho texto, para que todas y todos podamos participar informados de este proceso”, sostuvo.

Participará como moderador en la jornada el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, Ernesto Ravera. El profesor de derecho económico se referirá a artículos del borrador de la nueva Constitución.

Este miércoles se realizó una nueva sesión del ciclo de debates “Contrapuntos Chile-UE para el proceso constituyente”.

En esta ocasión los expositores fueron la Dra. en Derecho Constitucional Europeo y Jueza del Tribunal Constitucional de Portugal, Mariana Canotilho; y el catedrático y experto en bienes públicos de la Universidad de Zaragoza, Fernando López Ramón, quienes debatieron y reflexionaron en torno al “Derecho a la propiedad”.

El evento fue moderado por el académico de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad, Claudio Herrera y contó con la participación en las preguntas de la estudiante de Relaciones Internacionales, Constanza  Vásquez.

A modo de introducción el profesor Herrera contextualizó el panorama chileno en esta materia. Una de las críticas que recibe la actual Constitución “tiene que ver con su carácter neoliberal, donde el Estado tiene un carácter subsidiario en la provisión de bienes y servicios. Esto se evidencia en la educación, salud, vivienda y pensiones”, puntualizó.

“Actualmente el artículo 19 nº 24 dice que la Constitución asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales y luego agrega que solo la ley podrá establecer el modo de adquirir, de gozar y disponer de ella y las limitaciones que pueda conocer la propiedad en atención a su función social, la que incluye los intereses generales de la nación, seguridad nacional, la salubridad y la conservación del patrimonio ambiental”, explicó Herrera sobre la regulación que existe en la actual normativa con respecto al derecho a la  propiedad privada.

Constitución pactada y discutida

En su intervención la Dra. Mariana Canotilho, señaló que la actual Carta Magna que rige a Portugal es del año 1976 y se dice que ha sido muy lograda, “porque ha sido pactada y muy discutida entre personas con proyectos políticos muy distintos y esa riqueza de aportes, sea de la democracia cristiana, liberales pluralistas europeo occidental, gente de la social democracia, todo se mezcló y conseguimos una solución”.

Esta normativa divide los derechos fundamentales entre civiles y políticos, y derechos económicos sociales y culturales. La propiedad se encuentra en estos últimos En ese sentido “la intención declarada del constituyente fue disociar la idea de propiedad de individualismo posesivo del liberalismo clásico y hacer entender al legislador ordinario en los poderes públicos que la propiedad iba a tener una función social y que se debe leer en el marco de la Constitución”.

A juicio de la académica portuguesa, “independientemente del gobierno se debe imponer constitucionalmente la existencia de sistemas públicos en educación, sanidad y de seguridad social”.

Apropiación de bienes estipulados en la Constitución

El catedrático y experto en bienes públicos de la Universidad de Zaragoza, Fernando López Ramón, comenzó su presentación señalando que “estaría muy bien que, en la futura Constitución chilena, el régimen general, las normas más básicas de apropiación de los bienes figuraran en el texto fundamental”.

En ese sentido, el académico español señaló que resulta más pertinente asumir las tradiciones heredadas de otras constituciones y que en el caso chileno se podría “empezar por el concepto Patrimonio Común de la Humanidad. Estaría muy bien que una Constitución moderna empezara por afirmar que reconoce la existencia de unos bienes de dominio común de la humanidad y que remite al derecho internacional general para su concreción y consecuencias. Hasta el momento hay una concepción muy vaga en el derecho internacional sobre la figura común de la humanidad”, precisó.

Igualmente- añadió-  “establecer el principio de dominio público de manera natural y artificial. El primero, se refiere a las aguas continentales, marítimas que dependen de los estados y las zonas costeras y el de baño minero. Mientras el segundo son todos aquellas referido a obras públicas –edificios públicos, carreteras, embalses, etc. Y la constitución debiese establecer que los usos de bienes de dominio público son esencialmente temporales. Me parece un elemento esencial es no considerar que la concesión permite una privatización absoluta de los bienes. Es temporal y está sujeta al cumplimiento de condiciones, el incumplimiento de ellas determina la declaración de caducidad”, remarcó. 

Finalmente, López Ramón aconsejó incluir en la nueva Carta Magna “los bienes colectivos de las comunidades indígenas, los cuales deben ser reconocidos con toda claridad y permitir la gestión autónoma de esos bienes, sin perjuicio del mantenimiento de esos patrimonios, pero no solo puede haber patrimonios colectivos de estos grupos, pueden haber de aprovechamiento del agua, por ejemplo”, agregó.       

Para el director del Centro de Estudios del Futuro Usach, académico Víctor Caro Castro, “enmarcado en el proceso que vive Chile, el discutir el derecho a la propiedad resulta fundamental, puesto que, como vimos en el webinar, un país democrático debe contar con leyes claras con respecto a este tema”.

Añadió que establecer sistemas públicos de servicios básicos de calidad; reconocer bienes de dominio común de la humanidad; enmarcar los usos de dominio público y el reconocimiento a las comunidades indígenas, es fundamental para transformar nuestro país. Y el ejemplo de la Dra. Canotilho, con la experiencia portuguesa, nos muestra que podemos tener una Carta Fundamental donde veamos reflejado el país que queremos “, remarcó.

El objetivo del ciclo de debates “Contrapuntos Chile-UE para el proceso constituyente” es generar espacios de discusión sobre las diversas experiencias de los países europeos en relación a los temas que deberá abordar la instancia encargada de redactar una nueva Constitución Política.

Se realizó la segunda edición del Ciclo de Conversaciones en Línea: Nueva Constitución y Futuro del Litio en la Minería. La actividad moderada por Flavia Leiva, académica del Departamento de Ingeniería en Minas contó con las exposiciones de Marcela Angulo, directora de la Unidad Santiago de la Universidad de Concepción; Eduardo Bitrán, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez; y Raúl Cordero, investigador de Antarctic Research Group, de la Usach.

Los invitados expusieron en torno a los desafíos del momento constituyente que vive el país con el objetivo de tener una industria minera sustentable y de valor público, en este caso del Litio, concordando que la explotación del metal es fundamental para el desarrollo del país, pero debe ir acompañada con medidas que mitiguen los impactos ambientales.

Estos encuentros se enmarcan en la proyección sobre la nueva Constitución, donde el país y la sociedad discutirán el modelo de desarrollo y donde surge el debate si acaso la minería, en sus procesos productivos, podría mejorar sus tecnologías para ser una actividad económica más sostenible.

Eduardo Bitrán, director de Espacio Público y ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, mostró en su presentación la situación del litio en Chile al año 2016 y las conclusiones de la Comisión Presidencial del Litio.

Aseguró que “el Litio está de moda por dos fenómenos. En primer lugar, por el desarrollo de la electromovilidad. Sabemos que las baterías de Ion de Litio son la opción que tenemos en este momento y no hay sustitutos cercanos que estén en el horizonte. Pero, además, la penetración de las energías renovables en los sistemas eléctricos para descarbonización y depender cada vez menos del carbón, tiene implicancias en el requerimiento de almacenamiento”.

En ese sentido, este incremento en el uso del metal “es una buena noticia para enfrentar el cambio climático, porque un auto o una batería de litio requiere entre 40 o 80 kilos, pero, además, cuatro veces más cobre que lo que requiere un auto de combustión interna y también requiere tierras raras, cobalto, aunque no somos productores de cobalto, si tenemos reservas de cobalto importantes”, comentó.

En este escenario es que la Comisión Nacional del Litio planteó en 2015 “la necesidad de fortalecer los ámbitos regulatorios y de control por parte del Estado, hacer una definición más clara de políticas públicas, mayor presencia del Estado con énfasis en la gestión sustentable, y hacer una transición de ser un país exportador de materias primas a promotor de un desarrollo con mayor nivel de valor agregado e incorporación de innovación”, explicó.

Al finalizar su presentación el ex ministro de Obras Públicas realizó proyecciones para fortalecer esta industria. Tomar medidas que aseguren la sustentabilidad hídrica de la cuenca del Salar de Atacama pensando en la interacción de agua cruda con salmuera y resolver la explotación de los otros salares, fueron algunas de sus propuestas.

I+D+I fundamental en la Constitución

Marcela Angulo, directora de la Unidad Santiago de la U. de Concepción y directora Espacio Público, basó su charla en cuatro puntos: sustentabilidad de la extracción y procesamiento; valor agregado y encadenamientos productivo; investigación+ desarrollo+ innovación y capital humano avanzado; y finalmente tributación regional.

Para la ingeniera civil resulta fundamental que en la nueva Constitución se estipulen las áreas de investigación y desarrollo de capital humano avanzado, ya que es imposible que nuestro país siga siendo indiferente a estos temas.

Agregó que “hay experiencias de otros países que han hecho una mirada de más largo plazo compatibilizando el desarrollo de industrias muy competitivas con el medio ambiente, con las comunidades, con la participación de los pueblos originarios y que han sido capaces de construir una visión de futuro. Por ejemplo, Canadá que se propone ser un país minero líder en la provisión de minerales sustentables para el mundo y la descarbonización”.  

Para Angulo uno de los principales temas a resolver en la explotación del metal, tiene que ver con la mitigación que se haga del manejo de los recursos hídricos del Salar de Atacama. “También hay temas asociados a la conservación de la biodiversidad en el propio salar y por lo tanto la explotación de este recurso, que es un recurso no renovable, tiene que resguardar todos estos aspectos de sustentabilidad”, puntualizó.

En esa línea aseguró que esta situación se conecta al proceso constituyente, porque Chile “debe asegurar los recursos humanos y materiales para ejercer su rol regulador y fiscalizador”.

Baterías de Litio

El Dr. Raúl Cordero, investigador de Antarctic Research Group, de la Universidad de Santiago se refirió a la relación entre Litio y el cambio climático, donde relevó la importancia del metal como herramienta para mitigar las consecuencias del efecto invernadero.

En Chile el 78%, de nuestras emisiones corresponden a combustibles fósiles, explicó el académico Usach. El 32% corresponde a las termoeléctricas a nivel nacional. A su juicio “independientemente de la realidad local, para detener el calentamiento global, se debe  lograr la descarbonización y eso básicamente significa dejar de quemar combustibles fósiles”.
Chile está suscrito al Acuerdo de París, el cual tiene como objetivo combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones e inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono, con la finalidad de llevar las emisiones globales a cero antes de mediados de este siglo.

Sin embargo, esta situación es un enorme desafío, puesto que se debe compensar la energía que se dejará de producir quemando fósiles. Para eso se debe electrificar estos procesos. En este escenario nuestro planeta se enfrenta a una doble transición energética. “Electrificar todos nuestros procesos industriales y en paralelo, asegurarnos que la energía eléctrica que vamos a consumir en esos proceso domésticos e industriales sea producida mediante energías renovables. La ventaja es que chile es extremadamente rico en esas energías”, señalo el Dr. Cordero.

El problema es que estas energías son intermitentes, esto quiere decir que están sujetas a la variabilidad del tiempo y otras variantes relacionadas al clima. A esto se debe sumar que el cambio climático aumenta esta situación.

“Necesitamos mitigar el cambio climático y el Litio es una herramienta fundamental, pero esto no saldrá gratis; y no me refiero al costo de producción, sino que la minería metálica y no metálica tiene impactos negativos que vamos a tener que compensar, no hay manera de evitar estos impactos. Y esos mecanismos de compensación probablemente sean temas de discusión si no es en la asamblea, se tiene que dar en los próximos años”, concluyó.

Revisa el ciclo de conversaciones en línea: Nueva Constitución y Futuro del Litio en la Minería aquí:

Con la participación de las y los constituyentes integrantes de la comunidad de nuestra Casa de Estudios, se realizó el webinar "Proceso Constituyente y rol de las universidades", instancia donde se expusieron los roles que deben jugar en una Nueva Constitución, y en el actual Proceso Constituyente, el Estado, las universidades, la ciudadanía y los pueblos originarios

La actividad fue moderada por la politóloga y académica de la Facultad de Humanidades, Dra. Pamela Figueroa Rubio, y con la participación de nuestro rector, Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid.

Los invitados a este conversatorio fueron la académica de la FAHU y representante constituyente de los pueblos originarios, Dra. Elisa Loncon; el director de la Escuela de Psicología y egresado de nuestra Universidad, constituyente electo por el distrito 13, Marcos Barraza; la médica titulada de nuestra Casa de Estudios y electa por el distrito 9, Natalia Henríquez; y el conductor de la “Voz de los que Sobran” de Radio Usach, abogado Daniel Stingo, electo por el distrito 8.

El espacio de diálogo y participación ciudadana se enmarca en “Usach Constituyente”, instancia que busca aportar conocimientos e incidir en la discusión de contenidos, llevando los saberes de la Universidad de Santiago a las y los integrantes de la Convención Constitucional y la ciudadanía en general.

“Nuestro propósito es socializar este conocimiento (que emerge en la Usach) para enriquecer el debate. Este material podría aportar al importante rol que están próximos a desempeñar”, señaló en su alocución el rector Zolezzi refiriéndose a los representantes de nuestra Casa de Estudios en la Convención.

Tras su intervención se realizaron dos preguntas generales, que las y los constituyentes respondieron.

¿Cuál es el rol de las universidades en el proceso Constituyente?

Las primeras respuestas de los expositores giraron en torno al rol que deben tener las universidades en el proceso Constituyente.

La Dra. Elisa Loncon, constituyente electa en representación de los pueblos originarios, destacó que la Usach debe tomar un rol “no de espectadora, sino activa del proceso. La Universidad tiene una herencia de compromiso con el medio, también con la democracia y la verdad”.

Agregó que existe “la necesidad de ampliar el pluralismo epistémico de las universidades. Estamos las naciones originarias participando por primera vez en igualdad de condiciones con el resto de los constituyentes y tenemos propuestas de transformación profundas, tales como instalar la plurinacionalidad dentro de la Constitución y eso implica el reconocimiento de las naciones preexistentes al Estado, en ese sentido la Universidad puede hacer un gran aporte difundiendo la cultura, los valores y la lengua”.

Por su parte, el director de la Escuela de Psicología, Marcos Barraza, afirmó que el rol de las universidades en esta etapa política es fundamental, tanto desde las ideas como desde su quehacer. En esa dirección se refirió a que las universidades -en particular la nuestra- tienen “una posibilidad privilegiada de aportar al debate, en materia de contenidos, a propósito de redactar una nueva Constitución que va a requerir un debate de profundidad de perspectiva política, ideológica, técnica y evidentemente las dimensiones que ahí se van abordar son complejas y diversas”.

Como segundo punto, el constituyente planteó que “las Casas de Estudios jueguen un papel protagónico en la redacción de una Carta Magna donde la educación sea diametralmente opuesta al parámetro que fijó la Constitución pinochetista”. Agregó que estas “tienen una responsabilidad en contribuir a la redacción (en el escrito final) de una educación pública, gratuita, de calidad, no sexista, laica, inclusiva e intercultural”.

La médica titulada de nuestra Casa de Estudios,  Natalia Henríquez, señaló que “lo mínimo que podrían hacer las entidades universitarias es facilitar la formación de todas las personas – ciudadanos respecto de todo lo que está pasando en el proceso constituyente, porque no todos manejamos la misma formación cívica. Existe una brecha educativa en el ámbito cívico, entonces podría parecer que todos estamos hablando en el mismo lenguaje, pero no es así y lo mismo pasa por áreas, por ejemplo, en la salud”.

Para llevar esta nivelación, la constituyente por el distrito 9 propuso utilizar todos los canales y herramientas de comunicación posibles: canales de televisión y radios universitarias, redes sociales, cápsulas audiovisuales inclusivas explicando el proceso, etc. 

Mientras que el abogado y conductor del programa de Radio Usach la “Voz de los que Sobran”, Daniel Stingo, planteó que las instituciones educacionales, aparte de contribuir directamente con académicas y académicos en la instancia legislativa, deberían formar no solo “profesionales con una buena visión de su área, sino que además, tengan una mirada general del país; que abarque la formación de ciudadanas y ciudadanos. Yo creo que es muy importante que las universidades tomen esas ideas y las desarrollen en todas las facultades”.

¿Cuáles son los principales temas que se deben abordar en la Convención Constitucional?

La segunda pregunta estuvo dirigida a los temas que se deberían ser abordados por los 155 constituyentes cuando se reúnan en el Palacio Pereira.

Para la Dra. Elisa Loncon deben estar presentes los derechos colectivos de las naciones originarias y el diálogo intercultural. “El aporte que me corresponde hacer es esta temática es instalar los derechos colectivos de los pueblos originarios. Necesitamos nuestros territorios, autonomía, poder determinar el futuro de las lenguas; no puede ser que a un grupo social como el nuestro no se le dé la posibilidad de proyectar sus idiomas (…) es el momento de reconocer ese derecho”, remarcó.   

Sobre el diálogo intercultural, aseguró que debe ser en un contexto en el cual “el otro sea respetado como es y no ser excluido por pensar distinto. Creo que construir una Constitución plural va a depender de esa capacidad de diálogo, de escucha que entre todos demostremos para resolver problemas históricos que han hecho mucho daño a la sociedad”, aseguró.

Para Marcos Barraza todas las temáticas que se van abordar tienen una importancia superior. Sin embargo, distinguió puntos que pueden aportar a desamarrar “nudos” de las discusiones. Estos son: igualdad sustantiva, el rol del Estado y el sistema político. 

La primera debe ser “entendida como un principio generalizado que reconoce que hay universos sociales a partir de una matriz altamente diversa que obliga la intervención por parte del Estado. Luego caracterizar al Estado chileno como democrático y social de derechos. Eso obliga a discutir desde una noción de máximos democráticos, cuál es el tipo de bienestar que el país requiere y sobre qué estructuras se soporta eso”, sostuvo.

El tercer tema clave, es la discusión del sistema político. Para sostener grandes cambios, se requiere que se encuentre fundado en una democracia participativa, donde una cuota importante sea traspasada desde el Legislativo y Ejecutivo al pueblo, sea un sistema semi presidencial, iniciativas de voto popular, etc., porque si el sistema político no experimenta cambios sustantivos y estructurales, lo que se pueda implementar, en términos institucionales y estructurales, tiene limitantes. La Constitución no es el punto de llegada para las transformaciones, es la partida.”, recalcó.

En esa línea, Natalia Henríquez argumentó que para que la nueva Carta Magna tenga una extensión de tiempo importante en la historia, se deben implementar mecanismos de democracia participativa. Si las personas, la sociedad, nuestra comunidad, pueblos originarios, grupos de interés, etc., no son capaces de ir expresando sus necesidades en lo que pueden ser leyes o modificaciones de la Constitución, la verdad es que será una Carta Fundamental más, que será algo rígida, poco maleable para los desafíos que probablemente se van a venir con los cambios que va a sufrir nuestra sociedad”, afirmó.

Revive el webinar "Proceso Constituyente y rol de las universidades" completo 

Generar espacios de discusión sobre las diversas experiencias de los países europeos, en relación a los temas complejos que deberá abordar la Convención Constitucional, es el objetivo del ciclo de debates "Contrapuntos Chile-Unión Europea para el proceso constituyente".

La instancia es organizada por la Delegación de la Unión Europea en Chile, a través del Programa EUROsociAL+, junto con LEXEN, el Centro Interfacultades de Derecho, Economía y Negocios de la Universidad de Chile; el Centro de Estudios del Futuro de la Universidad de Santiago de Chile, y el Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, en colaboración con El Mostrador.

El ciclo de 12 conversatorios fue inaugurado este martes con la actividad "Participación ciudadana en procesos de cambio", encabezada por la Vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de Democracia y Demografía y de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, Dubravka Šuica, junto con los rectores de las universidades de Santiago, Juan Manuel Zolezzi Cid; de Chile, Ennio Vivaldi Véjar; y de Concepción, Carlos Saavedra Rubilar.

La discusión, moderada por el director ejecutivo de El Mostrador, Federico Joannon, se centró en la reflexión respecto de cómo preparar un proceso -como el constitucional chileno y el relativo a la Conferencia de Europa- que incorpore efectivamente la voz de la ciudadanía.
Contacto con la gente

Para el rector de nuestra Universidad, la participación ciudadana "es fundamental y quedó claramente demostrado que son ellos los actores que eligió el pueblo de Chile para llevar este proceso adelante".
Por lo anterior, el Dr. Juan Manuel Zolezzi indicó que es necesario que los constituyentes "no se aíslen en un edificio, sino que estén en contacto con la ciudadanía y que la gente tenga la oportunidad de enviar sus inquietudes a la Convención, en algo parecido a lo que se está haciendo en Europa".

Sin embargo, la autoridad de la Usach llamó “a tener ojo con las soluciones eficientes, que normalmente tratan de gastar los menos recursos para lograr un objetivo y al final este no se alcanza. Yo diría que hay que pensar más en situaciones que sean eficaces y capaces de resolver los problemas que tiene Chile", remarcó.

Procesos que generen impacto

Respecto a las condiciones que se necesitan para que las transformaciones de este tipo tengan impacto, el rector Zolezzi sostuvo que como todo proceso social, la participación, el diálogo y la empatía serán fundamentales para alcanzar un mayor impacto en términos políticos  como también en la calidad de vida de las personas.

"Un país no puede estar bien si sus habitantes no están bien, por lo tanto resulta fundamental que las instituciones del Estado, la industria, empresa privada, organizaciones de la sociedad civil, la Academia y la ciudadanía, participen de espacios deliberativos para ampliar ese conocimiento del otro", puntualizó.

En ese sentido, agregó que hoy la participación ciudadana implica involucrar a todas y todos en la formulación de políticas públicas para que estas sean más representativas de sus necesidades. "La búsqueda de nuevos métodos que faciliten esos diálogos es clave disminuyendo brechas, como por ejemplo, el acceso a Internet", subrayó.

"Conocer la realidad de los diversos grupos y comunidades que componen Chile se hace una obligación no sólo para los tomadores de decisiones, sino que para cualquier ciudadano", destacó el rector de la Universidad de Santiago. 

Paridad

La ganadora del Euromodelo Joven 2020, Constanza Vásquez, fue la encargada de realizar la última pregunta a los participantes. La también estudiante de nuestra Universidad, alcanzó el primer lugar de esta iniciativa de formación sobre la Unión Europea y sus instituciones.

La joven planteó su preocupación sobre la participación de las mujeres en este tipo de procesos, considerando las brechas tecnológicas debido a factores socioeconómicos, educacionales y sociales.
"Si bien hay avances significativos y han quedado graficados en la Convención Constitucional paritaria, como sociedad chilena nos falta mucho por avanzar", detalló el rector Zolezzi, poniendo énfasis en la desigualdad en las cargas por género que quedaron expuestas durante el último tiempo.

No obstante, la máxima autoridad de nuestra Universidad destacó el activo rol de las mujeres chilenas en el marco de este proceso, lo que "muestra que existe un interés genuino de estar presentes".
Cabe destacar que el evento fue transmitido en los canales YouTube y Facebook Live de El Mostrador, dando inicio a un ciclo de 12 sesiones que se llevarán a cabo entre junio y noviembre.

Puedes ver este lanzamiento en: 

A partir de enero del presente año, el movimiento rupturista a la Autodeterminación intensificó sus acciones de violencia política contra empresarios forestales y agrícolas. También existieron otras formas de transgresión al orden, lo que la Historia Social denominaría el bandidaje social, expresado en una treintena de cabezas de ganado sustraídos de un fundo en Tirúa, los que posteriormente fueron muertos en el camino.

Para comprender el surgimiento de un nuevo ciclo del movimiento rupturista a la Autodeterminación, debemos poner el reloj en los hechos posteriores al asesinato de Matías Catrileo y la huelga de hambre de 2010. Es a partir de esos años que van surgiendo nuevas organizaciones autonomistas en el escenario político, como Aukan Weichan Mapu y la Resistencia Mapuche Lafkenche.

El emblema de la primera organización es un kultrün cruzado por una lanza y una escopeta. Reúne los símbolos de la cosmovisión y la política del pueblo mapuche en lo que podría ser considerado, en una perspectiva de Eric Hobsbawm, como una “invención de la tradición” que dota al nacionalismo de nuevos conceptos políticos. En el seno del movimiento mapuche rupturista, las forestales y los agricultores son declarados adversarios. A los primeros, la CAM los denominó en un documento de 2001 como “nuestros grandes enemigos”; y a los segundos “nuestros enemigos históricos”. Pero a la fecha jamás se había manifestado un acto hacia “chilenos corrientes”.

El mismo libro ¡Escucha, winka! enfatizó en esa dimensión al publicarlo respecto a las relaciones interculturales que era “un grito de colonizados hacia otros colonizados, y al mismo tiempo, al colonizador”. Para el movimiento mapuche, el año cero de la historia mapuche es la Ocupación de La Araucanía, por ende, el conflicto se relaciona con la formación de la república chilena y cualquier aspecto que permita su consolidación, como relato histórico, es visto por este sector de manera crítica.

La Plurinacionalidad reafirmaría al Estado chileno por sobre el pueblo mapuche, impidiendo el desarrollo de la Autodeterminación. Esto ha llevado que miembros del movimiento sean críticos al proceso constitucional y a sus candidatos. Otros como el dirigente Galvarino Reiman, de la Asociación Ñancucheo de Lumaco, si bien no comparte el concepto Plurinacional afirma que el proceso constitucional es un buen momento para insertar el debate sobre Autodeterminación. “

Sin embargo, existe otra corriente del movimiento que no ve en este proceso el camino a seguir. A fines de febrero, en el fundo Los Pastales, la Coordinadora Arauco-Malleco ejerciendo el Control Territorial contra “la inversión capitalista que arremeten contra nuestro territorio ancestral”, hizo un llamado a distintas comunidades en conflicto para reafirmar el camino a Liberación Nacional. También expresaron al resto de las organizaciones formar un frente político para resistir a la militarización en un escenario de mayor beligerancia por parte del Estado¹.

Los hechos sucedidos en la ruta Cañete-Tirúa dan cuenta de la pérdida de influencia de esta organización, pero que a su vez da cuenta del surgimiento nuevas organizaciones rupturista del escenario. Acontecemos a lo que Alejandra Gaitán-Barrera y Ghovan Khalid denominan “autonomismo reivindicativo”, que toma distancia del autonomismo que se suscribe al lenguaje de los derechos internacionales.

El weichafe ha sido incorporado como parte de las autoridades tradicionales en el pueblo mapuche. Una innovación en la trayectoria del movimiento mapuche autonomista, que si bien no es un consenso colectivo, muestra los divergentes caminos, fruto del crecimiento ideológico. Ese llamado que hizo la CAM en febrero a “continuar por el verdadero camino de lucha, con las recuperaciones de tierras, con el Control Territorial, con los sabotajes a las forestales y grandes latifundistas” se expresa hoy en el escenario político del pueblo mapuche ante los últimos acontecimientos que demuestran, lo que el sociólogo mexicano César Pineda cataloga como “el drama de una lucha radical”. “.

Estamos ante una posible antesala de una tragedia que no es exclusivamente por las consecuencias punitivas que atraerán sobre quienes resulten responsables, sino porque tampoco considera la tendencia que se va surgiendo en el seno del mismo pueblo mapuche que es importante a considerar. A principios de enero, la CONADI registró 26 mil solicitudes de calidad indígena motivada por el proceso constituyente.

Los últimos datos dados a conocer por el Estudio de Opinión Pública: Pueblos Originarios y Nueva Constitución del Centro de Estudios Interculturales Indígenas, vuelven a reafirmar una tendencia vertida en las mediciones anteriores, donde la reconfiguración del actual Estado por uno de otra índole, que inserte como sujeto de derechos a los pueblos originarios, es una tarea compartida.

Esto último asociado a la devolución territorial, en que un 71% de los no indígenas encuestados se muestra a favor dentro de una tendencia a participar en las elecciones a favor de los escaños reservados de un 57% de los encuestados. De ellos, un 75% de los indígenas comparte la Autodeterminación como una reivindicación en la nueva Constitución, que es complementada por el 68% de los no indígenas que también ven en la reivindicación mapuche un anhelo compartido.

Asimismo, un 45% de los no indígenas y un 48% de los indígenas consultados comparte la restitución territorial como un mecanismo de superación de las problemáticas generadas en los últimos años. Bajo todos estos antecedentes, creo importante sugerir lo que sostiene el historiador Eduardo González Callejas en sus estudios sobre el uso de la violencia en los escenarios políticos. Primero que surgen dentro de un contexto cultural, político e histórico que le da origen. Segundo que no cesan de renovarse y cada generación intenta marcar una ruptura a menudo profunda y radical con los ciclos que la antecedieron. En ese marco de interpretación, si estamos ante el fin de un ciclo de hegemonía de la CAM, ¿cuál es el camino que se avecina para el movimiento rupturista a la Autodeterminación? Tal vez uno cada vez más complejo que lo puede encerrar en sí mismo.

Los procesos constituyentes implican cambios profundos en una sociedad, y ponen a prueba las capacidades del sistema político de representar y canalizar las demandas ciudadanas. Cuando hablamos del sistema político, nos referimos a mirar la política desde una perspectiva integral, donde no puede entenderse el proceso de toma de decisiones políticas si no se considera, además de las instituciones (el Estado, el gobierno), a los actores políticos y ciudadanos, y los procesos resultantes de la interacción entre actores e instituciones. Los sistemas políticos son por tanto dinámicos, e interactúan con la sociedad constantemente.

Las constituciones políticas abordan los principios constitucionales, los derechos y deberes de los ciudadanos, y la forma en que cada sociedad acuerda distribuir el poder a través de las instituciones del Estado. Por tanto, las contenidos constitucionales son clave en la definición institucional del sistema político. En el caso de Chile, la actual Constitución, a pesar de los importantes cambios que ha tenido desde la transición a la democracia, se origina en un contexto de autoritarismo, y con una clara desconfianza hacia la política, los partidos políticos y la ciudadanía. Ese origen autoritario se ha reflejado en una constante dificultad para la democratización del sistema político, lo que con el tiempo ha redundado en una baja capacidad de respuesta a las demandas ciudadanas y en una baja legitimidad y confianza hacia las instituciones.

Uno de los temas que ha estado presente en el debate público en estos meses previos al plebiscito nacional por la nueva Constitución del próximo 25 de octubre, es el rol del Presidente de la República y del Congreso en la crisis política y social que vive nuestro país. Pareciera ser que las instituciones no tienen la capacidad de resolver la crisis. Si bien Chile ha sido considerado a nivel latinoamericano como una democracia estable y de altos índices de gobernabilidad, las características que en algún momento se pensaron como factor de estabilidad política, se han debilitado. Nuestro país se ha transformado en una sociedad diversa, con expresión en múltiples partidos y organizaciones sociales. Las movilizaciones sociales de octubre de 2019, han sido el momento cúspide de la disconformidad ciudadana con la forma en que las elites toman decisiones.

Junto a Nicolás Eyzaguirre y Tomás Jordán hemos planteado que el problema del régimen político chileno son los bajos incentivos de cooperación entre los poderes ejecutivo y legislativo, y un sistema de partidos debilitado (1). El régimen político es el conjunto de las instituciones que regulan la lucha por el poder y el ejercicio del poder, y de los valores que animan la vida de tales instituciones (2). En el caso de Chile, se caracteriza por ser un régimen hiperpresidencial, con un Congreso bicameral debilitado, y un sistema de partidos multipartidista y tendiente a la fragmentación. La participación ciudadana se expresa en el proceso electoral periódico, pero no existen mecanismos de incidencia ciudadana que permitan canalizar demandas y propuestas en períodos entre elecciones.

Lejos de la ciudadanía

Para entender la complejidad del régimen político chileno, no podemos obviar que la Constitución Política de 1980 reforzó la figura presidencial y debilitó al Congreso. Éste último se configuró como el único espacio para la política partidista (lejos del gobierno y de la ciudadanía) y por ende debía tener escasas atribuciones en el funcionamiento del sistema político (3). La figura presidencial se estableció como el eje del sistema. El modelo fue diseñado para fun- cionar bajo la premisa de un Presidente(a) fuerte y un Con- greso en el cual las fuerzas oficialistas y de oposición sólo puedan operar conjunta e interdependientemente, lo que produce un efecto de simbiosis de las mismas, debilitándo- las. Esto deriva en que tales fuerzas no se logren distinguir claramente, salvo que la oposición sea obstruccionista con el gobierno.

La fortaleza del Presidente(a) radica en sus atribuciones y en la debilidad del Congreso, independientemente de si el gobierno es continuista o reformista. Si es reformista, el Presidente(a) sólo podrá ejercer su gobierno con el acuer- do de la minoría, considerando la fragmentación y los altos quórum. Si es continuista, el Congreso es inocuo. El gobierno se puede ejercer por medio de las facultades presidenciales administrativas (especialmente la potestad reglamentaria), sin necesidad de una relevancia política determinante del Congreso. En este juego institucional el único que es fortalecido es el Presidente(a), pero no necesariamente resulta beneficiado.

Lo anterior tiene relación con la debilidad del sistema de partidos en nuestro sistema político. Luego del golpe de Estado de 1973, se prohibió toda organización y actividad partidaria. Los partidos políticos al reestructurarse en el proceso de transición democrática, lo hicieron de forma precaria y sin legislación que fortaleciera su desarrollo institucional. Los partidos se reordenaron como entidades con personalidad jurídica privada, sin financiamiento público relevante -sino empresarial-, sin mecanismos de control democrático externo ni interno, y tampoco de transparencia activa. A esto se sumó un escenario de un sistema electoral binominal, con primarias en la selección de candidatos, y con listas abiertas, lo que en conjunto debilitó el rol de los partidos en la selección de candidaturas con el consecuente efecto en términos de la disciplina partidaria y su actuación en el Congreso. La desinstitucionalización de los partidos responde a incentivos de campañas individuales y alejadas de la ciudadanía.

No da lo mismo

La reforma de 2005 destrabó la democracia tutelada. El acuerdo político entre el gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos y el Congreso logró eliminar los enclaves autoritarios, permitiendo el ejercicio de una democracia mínima, pero conservando su carácter consensual. Las reformas políticas llevadas a cabo entre 2014 y 2016, efectuaron cambios profundos al sistema electoral, el sistema de partidos, el financiamiento de la política, entre otras materias, pero no afectaron el régimen político.

Como consecuencia de este tipo de régimen político, los ciudadanos perciben que el gobierno y el Estado, no tienen capacidad de protegerlos y resolver sus problemas, lo que a su vez incide en la legitimidad y confianza en las institucio- nes políticas. En la encuesta del Centro de Estudios Públicos de diciembre de 2019, un 44% de los consultados consideraba que el funcionamiento de la democracia era regular, y un 47% consideraba que funcionaba muy mal. En el mismo estudio, los partidos políticos, el Congreso y el gobierno, son las instituciones con menor confianza ciudadana, con un 2%, 3% y 5% de confianza respectivamente (4). El déficit de sensibilidad política (responsiveness) frente a las demandas de la ciudadanía debilita a las instituciones públicas. En un sistema democrático, la opinión pública sirve como regulador del actuar de sus autoridades, por eso las democracias requieren, cada vez más, diseños institucionales que fortalezcan los mecanismos de representación, con mecanismos de deliberación y participación ciudadana.

El aspecto institucional consagrado en la Constitución es clave en el acuerdo que una sociedad requiere para lograr ciertos objetivos como son la estabilidad, el respeto y promoción de los derechos fundamentales, la representación y neutralidad en el proceso de toma de decisiones, la transparencia, la eficacia del gobierno, la flexibilidad para adaptarse a los cambios, y lo más importante en los tiempos de incertidumbre que corren, una Constitución puede dotar de legitimidad a nuestras democracias. Entonces, no da lo mismo el tipo de régimen político que consagre la Constitución. La experiencia comparada nos muestra que cada comunidad política se da su propio arreglo constitucional, y para entender cuáles son las variaciones significativas en las constituciones democráticas, cuál es su importancia, destacan aquellos factores que determinan las instituciones del poder político (5).

Desafío inconcluso

Lograr conformar gobiernos de mayoría es el gran desafío inconcluso de la democracia chilena. Para que la democracia sea fuerte, el Presidente(a) de la República y la coalición gobernante, deben poder realizar el mandato popular a partir de la legitimidad que le da el acto electoral. La discusión pública sobre cuál es el proyecto político para el país se debe resolver en las elecciones periódicas y con base al sufragio popular, no a partir de las trabas institucionales.
Este es el gran dilema del debate constitucional en Chile en términos del régimen político: si la Constitución podrá habilitar para el juego democrático de mayorías y minorías o si, por el contrario, mantendrá su carácter de una Constitución que inhibe la práctica democrática por medio de un diseño que traba o impide el desenvolvimiento de proyectos de gobierno.

El proceso constituyente en curso, es una oportunidad histórica para replantearnos el régimen político. La actual Constitución ha quedado desfasada, no sólo por su origen autoritario, sino por los profundos cambios de la sociedad chilena. La democracia en Chile requiere de un régimen político que equilibre el poder ejecutivo del Presidente/a de la República, con un Congreso que exprese la pluralidad de la sociedad y con capacidad política de deliberación, y una ciudadanía activa que cuente con mecanismos de incidencia en el proceso político.

1. Eyzaguirre, N., Figueroa, P. & Jordán, T. (2020) El necesario cambio del régimen político: Hacia un presidencialismo parlamentarizado. Santiago: FLACSO.
2. Norberto Bobbio, Nicola Matteuci y Gianfranco Pasquino, Diccionario de Política (Ciudad de México: Siglo Veintiuno, 2007).
3. Carlos Huneeus, El régimen de Pinochet (Santiago: Editorial Sudamericana, 2000), 670. 
4. Centro de Estudios Públicos. Estudio Nacional de Opinión Pública Na 84. Diciembre de 2019.
5. Robert Dahl, La Democracia. Una guía para los ciudadanos (Buenos Aires: Taurus, 1999), 246.

Revise aquí la portada de la publicación en Le Monde Diplomatique.

Revisa aquí el artículo impreso en Le Monde Diplomatique.