Un alza del 40,6% obtuvieron las Isapres abiertas durante el año pasado, en comparación a 2016. Las utilidades son las más altas desde 2012, alcanzando los $70.577 millones, y el principal factor que explica el aumento es una mayor recaudación asociada a la prima GES -que son beneficios garantizados por ley que cobran las Isapres para que sus afiliados accedan a las garantías del plan AUGE-, que subió un 38,9% en 2016, lo que significó una recaudación adicional anual para cada empresa de entre $30 mil y $50 mil por beneficiario.

El economista y académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago de Chile, Víctor Salas, concuerda en que el alza en las ganancias del sistema privado se explica por el ajuste en la prima GES, pero, además, suma otros factores enquistados en el sistema, como la discriminación que realizan las Isapres por sexo, edad y prevalencias de sus afiliados, lo que hace que cobren por criterios que no hacen justo el acceso a la salud.

“Las Isapres aprovechan el dominio de mercado que tienen, como quien vende un producto que tiene mucha demanda o cuya demanda no puede ser dejada de lado, porque es salud. Son relativamente monopólicas respecto de sus propios beneficiarios”, afirma. “El sistema necesita ser reformado sin duda, ya que tiene varias deficiencias”, enfatiza.

El académico critica que una gran cantidad de fondos asociados a la prima GES no son utilizados por las Isapres, lo que termina provocando que dichos fondos terminen constituyendo solo utilidades, ya que el sistema de salud privado no contempla la devolución del dinero que recibe.

“Eso es una debilidad del sistema GES, porque si se está pagando por el acceso a los servicios, debiera haber alguna forma de que esos recursos pudieran ser manejados con más eficiencia, teniendo a más gente incorporada o más enfermedades que pudieran ser cubiertas. Si está sobrando dinero, hay algo que no está bien”, afirma.

Finalmente, indica que la reestructuración de las Isapre debe contemplar la no discriminación por tipo de paciente, estableciendo un plan base que garantice igualdad de sus afiliados en el acceso a la salud y no, a través de precios diferenciados. “Debe establecerse un plan base de atención de salud a cualquiera de sus afiliados, independiente de su condición”, concluye.

En el marco del plan de descontaminación para Santiago que dejó el Gobierno anterior, el Ministerio de Transportes informó que la restricción a catalíticos, que comenzará a regir desde el 2 de mayo para vehículos inscritos antes de septiembre de 2011, será de solo un dígito y no de dos, como había anunciado la administración anterior. Además, la cartera señaló que la medida solo regirá para quienes circulen al interior del anillo que forma la avenida Américo Vespucio, con lo que las comunas con más habitantes de la RM –parte de Maipú y todo Puente Alto- quedarán exentos de la norma. Similar será el caso de Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes.

Para el experto en contaminación atmosférica y académico del Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Ernesto Gramsch, acotar la restricción de catalíticos solo al interior del anillo que  forma la circunvalación es insuficiente y no logrará una disminución significativa de material particulado fino (MP 2,5) en el corto plazo en la capital. Esto, porque la cantidad de vehículos que se restringirá será menor en comparación con el total que circula por la Región Metropolitana.

“Restringir un solo dígito en vez de dos estaría bien; es decir, que la medida se implemente de forma gradual y que este año se prohíba la circulación de solo un dígito, para luego ir avanzando. Sin embargo, que además se aplique solo dentro del anillo de Américo Vespucio es diluir la señal completamente”, afirma. “Lo importante era dar una señal fuerte, de que se está comenzando a implementar la restricción”, lamenta. “Acotar la restricción a esta zona es casi como decir: ‘vamos a jugar este año’”, critica.

Para el especialista, lo correcto habría sido expandir la restricción a toda la Región Metropolitana o, por lo menos, al Gran Santiago, para que la población completa comprendiera que el sentido de la restricción es disminuir la cantidad de automóviles que circulan por toda la capital, lo que a su juicio no se logra con esta determinación. 

Con todo, el Dr. Gramsh reconoce que la restricción vehicular es la medida correcta para descontaminar la capital. Según el académico, alrededor del 40% del material particulado es generado por los vehículos, por lo que se debe seguir atacando la fuente de emisiones más importante de la capital.

“En estos momentos, tenemos que avanzar en restricción vehicular porque se ha estancado el proceso de descontaminación que había avanzado desde 1980 hasta 2010. Ese año, la disminución de la contaminación comenzó a detenerse por el aumento del parque automotriz”, concluye.

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, había designado a su hermano, Pablo Piñera, como embajador en Argentina. “Más allá de las cosas pequeñas de la política, yo quiero decirles a mis compatriotas: en esto no ha habido ningún acto de nepotismo”, sostuvo el Mandatario con el objetivo de defender su nombramiento y enfrentar las críticas surgidas desde la oposición. “Yo no he nombrado a Pablo Piñera embajador por ser mi hermano, lo he nombrado porque estoy convencido de que reúne todos los requisitos”, insistió. Pese a ello, el Jefe de Estado decidió retrasar su nombramiento oficial, a la espera de que Contraloría se pronuncie respecto a los requerimientos presentados por el PC y el PS.

Sin embargo, el abogado especialista en derecho administrativo y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile, Francisco Zambrano, cuestiona el eventual nombramiento del Mandatario, ya que si bien la ley no prohíbe expresamente que los Jefes de Estado nombren familiares en cargos públicos -solo se lo impediría a los Jefes de Servicio-, tampoco entrega facultades para que los Mandatarios incurran en conductas que la ley impide. Según el artículo 56 de la Ley de Bases Generales de Administración del Estado, no pueden ingresar a cargos en la administración del Estado parientes hasta el tercer grado de consanguinidad respecto de autoridades y funcionarios directivos.

En ese sentido, Zambrano insiste en que mientras más alta la autoridad, mayor debe ser su exigencia ética y su conducta “modélica” –es decir, imitable para el resto de los miembros de su administración-, dando cumplimiento al artículo 8° de la Constitución, que señala que “el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”, principio definido por el artículo 52 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado como consistente “en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”. Por lo tanto, a su juicio, el eventual nombramiento de Piñera estaría reñido con la Constitución.

“Su acción es contra intuitiva con el concepto de probidad. El Presidente no puede escudarse en que la ley no lo prohíbe sino, por el contrario, debe actuar en función del principio de probidad, de actuar intachable y ético”, subraya.  De acuerdo a Zambrano, “el mensaje que está entregando el Presidente de la República a los Jefes de Servicio o demás integrantes de la administración es muy equívoco, porque un Jefe de servicio no puede designar, por muy experto o profesional que sea, a un familiar en un cargo de confianza, no obstante el Presidente de la República sí lo hace”. En otras palabras, “si la conducta del Presidente de la República la practicara un Jefe de Servicio, dicha actuación sería contraria a la Constitución y la ley”, enfatiza.

Finalmente, aunque el especialista reconoce que el nombramiento puede apuntar a generar una relación más cercana con el país trasandino, señala que “a la Presidencia de la República no se va a hacer amigos”.  “La ley no lo prohíbe, pero el principio apunta mucho más allá que a cumplir una ley. Requiere una conducta más proactiva respecto de la exigencia ética y moral del caso, ya que la norma no puede ponerse en todos los casos de perversidad de la acción humana. En ese sentido se promulgó el principio de probidad como principio y no como norma estricta, porque la idea es cumplir más de lo que la ley literalmente dice”, concluye.

La primera estimación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre las ventajas económicas de los países que combaten desórdenes mentales reveló que el trastorno más común en Chile es la depresión, que padece el 17,5% de la población y que es responsable del 26% de las licencias médicas que se emiten anualmente. Nuestro país lidera el ranking mundial en esta enfermedad.

Frente a este panorama, el Jefe del Programa de Psiquiatría Adulta de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Juan Maass, sostiene que las cifras dan cuenta de una situación grave que amerita un aumento significativo de los recursos para tratar esta y otras enfermedades de salud mental.

“Actualmente, se destina alrededor del 2,8% del presupuesto asignado a salud en general para salud mental, y lo ideal sería entre un 5 o 6%”, sostiene. De acuerdo al especialista, la falta de recursos para tratar el tema es uno de los principales factores que repercuten en que nuestro país se encuentre entre los principales afectados por la depresión.

Por otra parte, el académico señala que estos recursos debieran estar asegurados en una Ley de Salud Mental, norma que actualmente no existe y que, para el Dr. Maass, debiera comenzar a discutirse a nivel ministerial, con el objetivo de presentar lo más pronto posible un proyecto de ley en la materia.

“Por la depresión y otras enfermedades, siempre es mejor contar con una Ley de Salud Mental, pero es un proceso que debe partir con financiamiento porque no es fácil obtener estos recursos. Además, tiene que haber madurez legislativa para que el tema se aborde no solo como una enfermedad, sino como un determinante que puede afectar la formación o, incluso, el orden económico y social”, afirma.

A su juicio, los índices de depresión en Chile deben ser vistos como alarmantes, ya que implican que muchas personas, por ejemplo, no se desempeñan de manera óptima en sus lugares de trabajo, lo que repercute en la producción.

Finalmente, señala que contar con una política pública definida en torno a este tema previene otras enfermedades y, por lo tanto, termina implicando un ahorro o un mejor rendimiento de los recursos en el área. “Las leyes serias siempre tienen financiamiento y organizan lo que está disperso, y aquí se trata de que la dispersión se organice en un cuerpo común para que los pacientes se vean beneficiados con esta reorganización”, concluye.

El último informe de Cuentas Nacionales por Sector Institucional realizado por el Banco Central reveló que la deuda de los hogares alcanzó el 71,1% de su ingreso disponible en 2017, llegando a su mayor nivel desde que se tiene registro. Los pasivos del año pasado fueron de $83.374 miles de millones (US$135.700 millones), un 9,7% más que en 2016.

El economista y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Víctor Salas, reconoce que el nivel de deuda es “altísimo”, pero descarta que esto provoque mayores resguardos para que las familias dejen de consumir bienes. Desde su perspectiva, lo que revelan estas cifras es que “las personas no tienen miedo a endeudarse y el sistema financiero tampoco tiene miedo a facilitarle créditos”.

Para el especialista, esto se debe a que los chilenos han aumentado significativamente su estándar de vida. “En 1990, teníamos un ingreso per cápita de US$4.500, pero en 2015 subió a US$24.500. Obviamente, estamos en otro nivel de consumo”, explica.

El especialista indica que el alto nivel de deuda se debe a que en los últimos años la actividad económica se ha expandido a tasas decrecientes. “Crece el ingreso, pero menos de lo que crecía en años anteriores, entonces, los ingresos que la población recibe han seguido ese mismo derrotero”, señala.

Sin embargo, prevé que la banca no será más restrictiva para el otorgamiento de bienes, aun con tales niveles de endeudamiento. Esto, producto de que las perspectivas económicas para este año son positivas. De acuerdo a la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) del 10 de abril del Banco Central, la economía nacional crecerá entre un 3,6% este año.

“La banca va a seguir prestando, porque estamos en un ambiente optimista hoy, de que crecerá el producto y la inversión, y los créditos estarán en un nivel aceptable que quizá haga que el endeudamiento se mantenga en alrededor de 70% para la medición de este año”, afirma.

El economista indica que esta situación tampoco desestabilizará el sistema financiero, considerando que en los países de la OCDE, la relación deuda versus ingreso de los hogares era de 117% en 2014-2015, países como Noruega o Suecia presentan cifras aún mayores (213% y 172%, respectivamente) y no han presentado problemas.

Sin embargo, reconoce que esta situación hace urgente que la educación financiera se imparta en los niveles más tempranos de la educación. “Falta enseñar economía a nivel de la educación básica, para que cuando los jóvenes salgan del colegio, no sean capturados inmediatamente por los sistemas bancarios y se endeuden. Debieran saber hacer sus cálculos”, concluye.
 

En el Día Mundial del Agua, el académico del departamento de Ingeniería Química fue invitado al programa Sin Pretexto, de radio Usach, junto a Katherine Villarroel, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, para hacer un balance sobre la gestión sostenible del recurso hídrico en Chile.

La creación de un día internacional dedicado al agua fue recomendado durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992, celebrándose por primera vez el 22 de Marzo de 1993; por tanto, este año se cumplieron 25 años desde su primera conmemoración.

Dentro de nuestra Facultad de Ingeniería, el académico del departamento de Ingeniería Química, Dr. Aldo Saavedra, cuenta con la autorizada expertiz para referirse a la crítica situación que enfrenta este recurso.

El Dr. Saavedra lleva 25 años dedicado al estudio, desarrollo y diseño de procesos de purificación y desalación de aguas mediante membranas (osmosis inversa, nanofiltración), físicoquímica de aguas y gestión de recursos hídricos.

Fue invitado al programa Sin Pretexto, de Radio U. de Santiago, para comentar sobre políticas públicas, el desafío de la escasez, los efectos del cambio climático en la menor cantidad de lluvias y del diagnóstico acerca del rol de la ciencia e innovación en estos retos.

El Dr. Saavedra plantea que un 65% del territorio nacional está siendo afectado por la sequía. "Estamos viviendo una crisis hídrica real ,incluso en el sur de nuestro país, donde el cambio climático y otros factores relacionados con aumentos en la demanda de agua y la contaminación están generando una situación deficitaria creciente, incluso para satisfacer el consumo humano básico".

-Situaciones como Pascua Lama y otros conflictos socioambientales ¿han incidido en este escenario de crisis?

Se ha producido una situación compleja para que el país resuelva de manera adecuada esta crisis, porque hay una visión fragmentada del problema. Hay una gran cantidad de instituciones, por lo menos 40, que toman decisiones respecto del agua, por lo que se vuelve muy difícil alinear a los actores. Falta un director de orquesta, un Ministerio del Agua o al menos una Subsecretaría de Recursos Hídricos que permita definir prioridades, políticas, normas, y que además disponga de capacidad fiscalizadora. En el norte, por ejemplo, la pugna es que no sabemos para qué está, preferencialmente, disponible el agua y en cuanta cantidad...¿para consumo humano?, ¿termoeléctricas?, ¿minería?. Hay una rencilla explicita respecto de usos y abusos del recurso agua, sobre todo en el norte.

-¿La minería se lleva el mayor consumo del agua en esa zona?

En el norte, la demanda de agua para las empresas mineras ha crecido a niveles de miles de millones de metros cúbicos al año, especialmente en la minería del cobre. Al agotarse la disponibilidad de napas subterráneas y los cursos superficiales, se están realizando grandes proyectos de desalinización de agua de mar para producir agua para los procesos. Como ven, la magnitud del tema es tan grande que se requiere, de manera urgente, establecer políticas de desarrollo sobre el tema, lo que claramente excede a una visión meramente técnica o económica.

-¿Cuán importante es el código de aguas dentro de esta crisis?

Es controvertido. Se planteó un proyecto de reforma que sólo involucra a una pequeña fracción de derechos de agua, correspondiente a aquellos aún no otorgados, lo que no resuelve los problemas prácticos. Una reforma integral sobre usos del agua en nuestro país también debería mirar qué pasará con el uso del agua marina, en caso contrario y producto del interés y premura en legislar, se prorrogará el debate sobre el uso intensivo, a nivel de cientos de miles de metros cúbicos diarios, de agua de mar para consumo humano, minería, procesos industriales, producción de energía y también para riego agrícola. Se requiere una mirada de largo plazo y que evite opiniones mezquinas y parceladas. En el marco de esta crisis, lo que se ha hecho no resolverá el problema porque, sobre todo en el norte, no se ha resuelto aún sobre la necesaria dotación de agua para la agricultura sustentable.

-La innovación y la investigación tienen mucho qué decir entonces.

Deseo responder esta consulta con el slogan del pasado Día Mundial del Agua: "la respuesta está en la naturaleza". Si nos dedicamos, exclusivamente, a mejorar tecnologías convencionales, el problema continuará; el llamado de la ONU es a considerar los procesos naturales, el ciclo global del agua, los humedales, el cómo la naturaleza recicla y purifica sus aguas, etc. Pienso que, como Universidad y Facultad, deberíamos tomar este llamado enriqueciendo la forma y contenidos de nuestras investigaciones; esto implica comprender muy profundamente cómo funciona la naturaleza, y eso instalarlo en la academia. Esta visión holística es justamente la antítesis del Chile exportador de commodities, que pospone la industrialización del país, separado de la preservación de la naturaleza y de sus recursos hídricos.

El Dr. Saavedra finalizó señalando que hay áreas en las que se necesitan muchos más expertos. “La hidrología de montaña es, por ejemplo, un área que no comprendemos del todo y en la cual faltan especialistas, así como también el involucrar a las ciencias sociales, para que nos ayuden a comprender las interacciones entre hombre, sociedad y recursos hídricos".

La conmemoración del Día Mundial del Agua continuó con el Dr. Saavedra exponiendo en la charla “Crisis mundial del agua y desarrollo sostenible ¿Será posible resolver este dilema?”, realizado en el departamento de Ingeniería Química y a la cual asistieron más de 100 personas, entre estudiantes, investigadores y académicos. Al término de la actividad, se generó un debate muy interesante sobre la crisis hídrica en Chile y el mundo.

“Puede ser un primer paso hacia la democracia y los objetivos originales de la revolución cubana que, según lo decía el mismo Fidel Castro en Sierra Maestra, postulaba la plena vigencia de la Constitución de 1940 y un llamado a elecciones libres”, afirma el analista Dr. Pablo Lacoste.

Raúl Castro, hermano de Fidel, dejó la presidencia de Cuba esta semana, luego que 603 de los 604 diputados de la Asamblea Nacional de ese país eligiera como su sucesor a Miguel Díaz-Canel. El hecho marcaría el alejamiento de los Castro de la máxima dirigencia de la isla.

Para el analista y académico del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la Universidad de Santiago, Dr. Pablo Lacoste, la señal política puede ser interpretada como un indicio de que el país avanza hacia un régimen democrático.

“Puede ser un primer paso hacia la democracia y los objetivos originales de la revolución cubana que, según lo decía el mismo Fidel Castro en Sierra Maestra, postulaba la plena vigencia de la Constitución de 1940 y un llamado a elecciones libres”, afirma.

Aunque el doctor en estudios americanos reconoce que el nuevo Gobierno debe instalarse y que el proceso hacia un cambio de régimen puede ser lento, a fin de que la transición no sea traumática para el pueblo de ese país, asegura que hay poco espacio para que esto no suceda.

“Obviamente, los nuevos dirigentes tienen que escuchar la demanda del pueblo cubano, que está cansada de vivir en condiciones precarias, toda vez que se comparan con sus parientes y amigos en el exterior”, sostiene.

En ese sentido, el académico indica que el recambio generacional en la presidencia podría ser un factor que impulse a este cambio de régimen, considerando que Raúl Castro tiene 86 años, mientras que Díaz-Canel, 57.

“Tenemos que ver cómo las nuevas generaciones enfocan la política cubana, porque los Castro quedaron muy aferrados a los hechos de la revolución de 1959 y a un escenario marcado por la Guerra Fría. Hay que ver si las nuevas generaciones se liberan de esa herencia”, señala.

Finalmente, señala que uno de los principales desafíos del nuevo Presidente es redefinir la relación estrecha que mantiene con Venezuela, lo que podría repercutir en sus relaciones diplomáticas con todo el continente americano.

“Como Cuba ha ido empujando a Venezuela a la situación catastrófica en que está ahora, hay que ver si el nuevo Gobierno va a insistir en esa alianza o tomará un camino más democrático para solucionar la situación, a fin de vincularse mejor con América Latina”, concluye.

El informe estadístico anual de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) reveló que, en base a la población total informada por el Censo 2017, cada habitante del territorio nacional fue afectado 1,7 veces por cortes de electricidad y agua durante el año pasado. El número de perjudicados por casos de este tipo fue de más de 30 millones; por eso, se registra más de un caso por persona.

Para el Director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Humberto Verdejo, esta cifra es “alarmante” ya que, a su juicio, la electricidad ya es parte de las necesidades básicas de las personas, por sus diferentes usos en la vida diaria, como cocinar o generar calefacción en un hogar, por ejemplo. Sin embargo, revela que el plantel ya se encuentra trabajando para solucionar esta situación.

“Actualmente, el principal argumento que plantea la empresa eléctrica es que sus activos en la red de distribución son de tan gran longitud y están distribuidos en un territorio tan extenso que es muy difícil, en tiempos cortos, detectar la falla y reponer el servicio”, explica. “Lo que estamos proponiendo a los alcaldes de Estación Central y Peñalolén es que los mismos municipios ayuden a las empresas para poder detectar las fallas en el momento en que ocurren, no solo en situaciones de emergencia, sino para prevenir”.

De acuerdo al académico, los municipios deberán definir a usuarios para que tengan sensores en sus dispositivos móviles. Esto, a objeto de que puedan enviar información, a través de fotografías georreferenciadas o de manera escrita, y alerten así, en tiempo real, sobre los puntos que, por eventos climáticos, presenten complicaciones para que el suministro se proporcione adecuadamente. De esta manera, los municipios podrán colaborar con la empresa eléctrica a gestionar la emergencia.

“Se trata de un sistema de procesamiento de recopilación de información que no necesariamente hay que instalar en el celular como una aplicación”, señala el Dr. Verdejo. “A partir del uso responsable de las redes sociales, estamos desarrollando un sistema que va a ayudar a la municipalidad a hacer gestión ante la empresa y el gobierno regional”, complementa.

Finalmente, el académico adelanta que esperan implementar una versión piloto de este sistema de aquí a dos meses más. “La legislación hay que modificarla, para que las políticas o protocolos de mantenimiento preventivo y correctivo sean una exigencia para la empresa eléctrica, pero eso va a tomar tiempo. En el corto plazo, lo que se puede hacer es trabajar con las comunidades y las juntas de vecinos, para que sean actores del proceso completo de gestión comunal y puedan alertar durante la contingencia o previo a ella”, concluye.

El último estudio sobre Educación Cívica y Formación Ciudadana de la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo (IEA), aplicado en escolares de octavo básico de Colombia, México, Perú, República Dominicana y Chile, arrojó que un 57% de los alumnos nacionales estaría de acuerdo con una dictadura si conllevara orden y seguridad.  

Para el experto en filosofía de la educación y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Mario Sobarzo, esta opinión disminuiría entre los escolares si se enseñara filosofía desde la educación básica y no solo en tercero y cuarto medio, como ocurre actualmente. “Es muy importante que la filosofía pudiera estar desde la infancia. Los colegios particulares tienen en un gran porcentaje incorporada estas clases de filosofía para niños, porque logran mejorías en las prácticas ciudadanas y en las formas de entender”, sostiene.

Aunque valora que el Consejo Nacional de Educación (CNED) haya planteado la necesidad de que la asignatura se imparta también en la educación técnico-profesional, considera que además debiera discutirse la posibilidad de impartirla más tempranamente, a objeto de que los escolares se formaran desde pequeños con un pensamiento crítico y analítico, lo que a su juicio les permitiría apreciar más la democracia. “La filosofía para niños se centra en las habilidades de interacción democrática, como el diálogo, la argumentación y el respeto por las opiniones ajenas”, explica.

El académico señala que tanto estudios como la experiencia internacional avalan esta temprana incorporación de la asignatura en los currículos escolares, ya que les permite tener herramientas para dirimir conflictos en un contexto de sana convivencia. “Cuando nos comparamos con países escandinavos, nos encontramos con que ahí los niños son ciudadanos desde muy niños, e inciden en los procesos al interior de sus propias escuelas. Acá la democracia funciona como un constructo ideológico, un discurso, pero que en la vida práctica no se evidencia”, señala.

Finalmente, el experto sostiene que una de las principales causas de que los más pequeños no valoren la democracia se encuentra en la eliminación de la asignatura de educación cívica o ciudadana.  “Son muchos los elementos que hacen pensar que no se vive la democracia en las comunidades escolares. Los estudiantes más pequeños no valoran la democracia porque no son conscientes de los beneficios que implica vivir una vida democrática”, concluye.

Una congestión sin precedentes experimentó la Ruta 68 este domingo, cuando alrededor de cuatro mil cuatrocientos vehículos retornaban a Santiago tras el fin de semana largo por Semana Santa, lo que produjo congestiones vehiculares de hasta siete kilómetros de longitud.

Para el experto en transporte y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Juan Pedro Sepúlveda, situaciones de este tipo provocarían menos problemas si, en los procesos de licitación de autopistas, se pidiera como requisito a las concesionarias proponer un software que entregara información oficial sobre el estado de las vías principales y adyacentes, con la finalidad de que los automovilistas tomen mejores decisiones y no terminen colapsando solo una alternativa.

“Falta una visión global de la problemática, porque la concesionaria vela solo por su autopista y, sin embargo, está todo conectado, las calles, caleteras adyacentes y vías alternativas. Esa visión de mirarlo todo como un sistema completo se pierde, y terminamos solo en esfuerzos individuales que, a fin de cuentas, no generan los resultados que se esperan. Tiene que haber una integración para que estas cosas no pasen”, afirma.

El especialista reconoce que existen aplicaciones como Waze que proveen este servicio, pero enfatiza que esta información no es oficial. “Existen softwares que no son oficiales y que solo entregan información que proporcionan los usuarios por tener su celular encendido”, afirma. Por eso, considera adecuado que en los contratos de licitación “exista algún acápite o reglamento que obligue a la autopista a proveer información en tiempo real de lo que sucede. Naturalmente, el automovilista estaría mejor informado y podría tomar mejores decisiones de desplazamiento”, señala.

Tareas pendientes

Producto del atascamiento, el Gobierno anunció una mesa de trabajo que integrará el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Obras Públicas, las concesionarias de autopistas y Carabineros.  Dentro de los ejes que abordará la instancia, se encuentran el aumentar la infraestructura con más inversiones, nuevas formas de transporte, más tecnología y contar con una ruta resiliente para todas las entradas a Santiago.

Para el Dr. Sepúlveda, trabajar en todas estas áreas es indispensable para solucionar el problema de los atascos en los accesos a la capital. Sin embargo, sostiene que también debe incluirse la educación vial de los conductores, ya que, en muchas ocasiones, son sus conductas en las autopistas las que terminan generando la congestión.

“Por ejemplo, si se fuera a una velocidad estable y sin cambiar de carril, el automóvil de atrás no tendría que detenerse. El comportamiento de piloto de carreras de algunos hace que la velocidad del resto disminuya, sin considerar los inescrupulosos que se van por la berma y entorpecen más. Ese es un aspecto que debe incluirse dentro de la solución”, señala.

Finalmente, considera que la medida más urgente es mejorar la gestión de las emergencias, para lograr un despeje expedito de las vías, mediante un sistema donde existan indicadores que midieran el tiempo de respuesta para dejar operativa la autopista nuevamente. “En este tipo de mesas anunciadas por el Gobierno, debiesen estar representados los usuarios, y las universidades y centros de estudio, que podrían aportar con soluciones innovadoras”, concluye.