“Miembros de la policía nacional de Chile (Carabineros) cometieron graves violaciones de derechos humanos, que incluyen uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos en detención, luego de masivas protestas que comenzaron el 18 de octubre de 2019 y continuaron durante varias semanas”.

Así parte el informe que este martes dio a conocer Human Rights Watch (HRW). Se trata del segundo análisis de una organización internacional cuyos resultados apuntan directamente contra la institución policial. El primero fue de Amnistía Internacional, que el Gobierno rechazó “categóricamente” la semana pasada.

Al respecto, el abogado experto en derecho internacional y académico de la Universidad de Santiago, Juan Ignacio Chacón, responde:

¿El Gobierno puede desconocer los informes de organismos internacionales en materia de Derechos Humanos, sin recibir ninguna sanción de parte de la comunidad internacional?

-Hay que distinguir entre informes de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y los informes de organizaciones internacionales, como los de Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Los informes de organismos internacionales no son estrictamente vinculantes, en tanto no exista un proceso judicial internacional en contra del Estado de Chile. Sin embargo, si se inicia ese proceso y se rechaza o se incumplen las condiciones que pueda dictar la Corte Interamericana de DDHH, el Estado incurre en responsabilidades internacionales.

Los informes de organizaciones internacionales que actúan por su cuenta y que no están en el sistema de derecho internacional tienen un peso simbólico importante, pero si se rechazan o no se cumplen sus recomendaciones, no existe responsabilidad para el Estado.

En cualquier caso, ¿estos informes pueden ser utilizados como pruebas en un eventual juicio internacional?

Sí, aunque el peso probatorio más fuerte lo tiene el informe de la CIDH.

¿A qué sanciones se expone el Gobierno en caso que una corte internacional los considerara válidos?

En caso de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de un proceso, condenara al Estado de Chile sobre la base de informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el país incurre en responsabilidad internacional. Por lo general, esto se materializa en la obligación de reparar monetariamente, dictar ciertas leyes o dejar sin efecto algunas sentencias.

¿Qué peso tiene el informe que está redactando la comisión mandatada por la alta comisionada de DDHH de la ONU?

Tiene bastante peso, siempre y cuando exista un proceso de por medio en la Corte Internacional de Justicia, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, o en el Consejo de Seguridad Nacional. El informe podría hacerse valer y la responsabilidad podría ser mucho más directa. Con todo, vale la pena enfatizar que los informes tanto de organismos como organizaciones tienen un peso muy grande, porque por lo general son certeros; los organismos que los emiten tienen una larga trayectoria realizando esta labor y en el ámbito internacional son muy respetados. Por eso, no es tan fácil desconocerlos, ya que la reputación es muy importante en el derecho internacional. Si se desconocen, el país puede caer en descrédito y perder seriedad.

Una nueva escena  se presenta en la crisis social que azota al país desde octubre último, luego que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera invitara el pasado viernes 22 de noviembre a diversos dirigentes del bloque sindical de la Mesa de Unidad Nacional a dialogar al Palacio de La Moneda.

A la cita, que busca acercar posturas frente a las diferentes dificultades de tipo social, político y económico que generaron esta grave crisis, acudirán representantes de la CUT, No+AFP, la ANEF, la Confusam, la Coordinadora 8M y la Fech.

Para el Dr. Rolando Álvarez, director del Magister de Historia, este escenario no  es anómalo porque “nuestro movimiento sindical se ha caracterizado por su larga tradición de negociar y ha sido la esencia de la actividad del dirigente sindical, fundamentalmente por las mejoras de tipo salarial y de las condiciones de trabajo de los afiliados a los sindicatos”.

El académico del Departamento de Historia, agregó que incluso “la CUT, recién refundada en agosto de 1988, estuvo disponible para firmar pactos que fueron conocidos como los Acuerdos Marcos, con el gobierno y con la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), en función de darle estabilidad política a la democracia chilena recién concluida la dictadura”.

El diálogo es necesario

Alberto Mayol, sociólogo de la Facultad de Administración y Economía, señaló que “el gobierno se empieza a dar cuenta que no tener con quien dialogar es un problema y entonces se ve obligado a convocar interlocutores válidos”.

Además, indicó que la Mesa de Unidad Social habría sido una excelente contraparte para el gobierno si “hubiese sido llamada a dialogar antes de la crisis, pero después de ésta no sabemos si logrará vertebrar la posibilidad de representación de las problemáticas sociales”.

En este diálogo, el Dr. Álvarez, señala que “Lo novedoso es que este gobierno de derecha, que jamás estuvo dispuesto a negociar con estos actores, ahora si lo haga y en una situación de extrema debilidad política y social, reflejado en la encuesta CADEM, pasando a ser el gobierno peor evaluado desde el retorno a la democracia”.

Proyecciones

El Dr. Rolando Álvarez, indicó que siempre será una buena noticia que se invite a conversar al movimiento sindical y añadió que para la Mesa de Unidad Social es una excelente oportunidad política porque se presenta como una mesa unitaria que le da mayor poder de negociación.

Por su parte, Alberto Mayol, cree que el gobierno “está comenzando hacer lo que le corresponde en este único sentido, en el que al menos toma una agenda y trata de cruzar el río para hablar con gente con la que nunca ha dialogado y busca llegar a algún acuerdo posible”.

Con relación a este aspecto, el profesor Álvarez, señala que este contexto “va a generar un marco interesante en el actual proceso político chileno, porque se creyó que con el acuerdo político se detenía el peligro, pero no fue así y el gobierno tuvo que sentarse con este actor social y ver si puede ofrecerle algo que encause el conflicto”.

Aunque hay que ser cauteloso, señaló Alberto Mayol, porque “La mesa al aceptar la invitación del gobierno se pone en riesgo, porque puede quedar sencillamente destrozada después de esto, o efectivamente valida su participación frente a la crisis que vive el país”.

Ambos académicos Usach concluyeron que en esta mesa de negociación se estará jugando la parte social del conflicto, ya que la canalización política no detuvo la conflictividad. Ahora, el gobierno muestra una nueva carta y apuesta por la negociación con las organizaciones sociales.

Hoy 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, y en nuestro país la jornada se encuentra marcada por el alzamiento ciudadano, que entre sus demandas también plantea incluir propuestas feministas en la agenda social del Gobierno.

Diversas organizaciones que pertenecen al movimiento feminista, aseguran que es imprescindible que su petitorio sea parte central de las reivindicaciones del conjunto de los movimientos sociales. Además, cuestionan la inactividad de la Ministra de la Mujer, Isabel Plá, ante las denuncias de abuso sexual y violación a mujeres, por agentes del Estado.

Para la académica del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), Dra. Sandra Navarrete Barría, el movimiento ha tenido un papel importante, tratando de visibilizar las luchas propias de las mujeres, pero la exclusión de las propuestas en la agenda social señala "un declive del alcance que tuvo la convocatoria del pasado 8M, que auguraba un muy buen porvenir para el movimiento".

De acuerdo a la investigadora, la no inclusión ocurre por dos razones principales. "Una tiene que ver con el anquilosamiento de un pensamiento político patriarcal que estipula que lo homogéneo adquiere mayor fuerza política que otro heterogéneo, y en esta lógica, un conjunto de demandas por y para la sociedad en general, podrían tener un mayor éxito", explica.

Y la otra razón, que se relaciona con la anterior, agrega la Dra. Navarrete, apunta a "que todavía en Chile y en muchos países del mundo se valora el feminismo como un movimiento de mujeres que busca conseguir derechos exclusivos para las mujeres".
Este es un prejuicio que el país desconoce e ignora, ya que las diez demandas del movimiento feminista están pensadas y formuladas desde una profunda conciencia social, que incluye alianzas con todas las otras luchas que hoy estamos viendo en este estallido, como lo son la violencia política sexual, el fin de las AFP, la búsqueda de justicia y verdad ante la violación a los DDHH, la educación desmercantilizada, entre otras, las que ya han sido motor de reflexión para las feministas.

"Es por esto que hoy se necesita más que nunca volver a revisar, desde este Chile transformado, las demandas feministas e incluirlas en la agenda social", detalla la académica de IDEA.

Avances en la Usach

Este 2019 la Universidad de Santiago de Chile ha levantado acciones relevantes en torno a la prevención y promoción de su Protocolo, así como también instancias para erradicar la violencia de género, discriminación y acoso sexual dentro del contexto universitario. Entre ellas se cuentan capacitaciones a funcionarios y funcionarias; y jornadas de formación para autoridades del Plantel.

"Si bien ha sido un esfuerzo muy importante, aún no son suficientes. Se necesita seguir trabajando para erradicar cualquier forma de violencia o discriminación contra las mujeres o diversidades sexuales", sostiene la Directora de la Dirección de Género, Diversidad y Equidad, Andrea Hurtado Quiñones.

La socióloga Hurtado sostiene que, en el contexto de estallido social, es importante mencionar que todavía existen desafíos grandes. "Nosotros y nosotras estamos trabajando para posicionar, como una demanda impajaritable, una ley de no violencia integral contra las mujeres".

"Existen normas específicas dentro de las manifestaciones de violencia, pero no una que hable respecto a qué significa la violencia de género", agrega la directora de la Dirección de Género, Diversidad y Equidad.

Tras discutir el recorte de un 50% de la dieta parlamentaria, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados también aprobó unánimemente una disminución salarial para las autoridades de los otros dos poderes del Estado, a los que se sumaron los propios asesores de los congresistas tras aceptarse la disminución de sus gastos operativos y labores de apoyo.

Para el economista y académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago, Dr. Francisco Castañeda, “la medida del 50% reviste un carácter más bien simbólico” y “no impacta en las arcas fiscales”.

Aunque reconoce que se trata de un gesto “valioso”, advirtió que la rebaja asociada a los profesionales de los parlamentarios puede provocar situaciones muy complejas. Además, señaló que el porcentaje en que se reducen las remuneraciones no puede ser igual para todos, porque no todos tienen los mismos ingresos, lo que perjudicaría a los que menos dinero perciben. 

Opinión similar tiene el economista y académico de la Usach, Víctor Salas. “Toda esta rebaja no tiene mucha relevancia en términos de ahorro fiscal. Es más bien un acto simbólico, porque repercute en alrededor de diez mil personas”, explicó.

Aunque reconoció que esto responde a una demanda social, opinó que la medida debe estudiarse mejor, ya que se precisa conocer los montos exactos que se necesitan para que los parlamentarios desarrollen su labor. “Se rebajan los sueldos, pero eso no resuelve ningún problema más que el de imagen”, sostuvo.

“Hay que lograr que los grandes empresarios paguen más. Aunque hay un acuerdo en la reforma tributaria, dicha reforma no les está doliendo a los empresarios”, enfatizó Salas. “Hay que buscar una aplicación de impuestos que permita dar una señal de compromiso con la paz social y para que el Estado pueda resolver problemas”, concluyó.

“Si no hay acuerdo, la convención fracasa y rige la actual Constitución”. Esta fue la declaración del senador RN Andrés Allamand, que implica que en caso que no se logre el quórum de 2/3, fracasa la convención que redacta la nueva Carta Magna y termina rigiendo la actual. La opinión del parlamentario provocó críticas en sectores opositores involucrados en el pacto para alcanzar una nueva Constitución para el país.

Para el abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, Francisco Zambrano, las declaraciones del parlamentario están en lo correcto desde el punto de vista jurídico. “Si hay un tercio más uno que permanentemente no quiere llegar a un acuerdo, evidentemente que la convención fracasaría y no habría nueva Constitución, sino que regiría la actual”, afirmó.

A juicio del especialista en derecho público, el acuerdo que suscribieron los actores políticos considera tres formas de que la nueva Constitución fracase. La primera, que gane el no en el plebiscito; la segunda, que venza el plazo para que la convención haga la Constitución; y la tercera, que derechamente no se llegue a los acuerdos para redactar la nueva Carta Fundamental; es decir, los dos tercios.

“No hay ninguna otra fórmula dentro de los marcos actuales para cambiar la Carta Magna. Las fórmulas tendrán que ser resueltas en los marcos en que se establece la reforma constitucional”, afirmó.

Esa opinión la comparte el experto en derecho constitucional y también académico de la Usach, Luis Bobadilla.

El Director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Casa de Estudios, sostuvo que “para que ocurra una derogación orgánica sobre una misma materia tiene que haber una disposición que reemplace a la anterior. “No hay otra alternativa. Si no se logra el quorum de 2/3 para reemplazar algún texto de la Constitución actual, no se puede producir una derogación. Hay que entender que el acuerdo firmado por los parlamentarios no tiene valor jurídico, es solo un pacto de caballeros”, explicó.

No obstante, para el Director del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, Claudio Herrera, se deberá tener presente que si en el plebiscito gana la opción no a la Constitución actual, el mandato de la ciudadanía es que, cualquiera sea el obstáculo, al final del proceso se asegure concretar  una nueva Carta Magna. “El compromiso de los parlamentarios es netamente político, pero lo que se espera es que eso lo lleven a norma”, precisó.

Diputados de la oposición presentaron una acusación constitucional en contra del Presidente de la República, Sebastián Piñera. La iniciativa busca traspasar la responsabilidad política al Mandatario, por el actuar de las Fuerzas Armadas y la policía, durante el estado de emergencia decretado al comienzo del estallido social que vive el país.

La moción contó con las firmas de Carmen Hertz y Daniel Núñez (PC); Emilia Nuyado y Jaime Naranjo (PS); Carolina Marzán (PPD); Tomás Hirsch (PH); Claudia Mix de Comunes; Gael Yeomans, de Convergencia Social; Jorge Brito (RD); Esteban Velásquez del Partido Ecologista Verde Social; y Vlado Mirosevic (PL).

Los parlamentarios explican la presentación de la iniciativa como "un imperativo ético y político ineludible, además de ser una responsabilidad democrática. Las imágenes que hoy impactan a Chile y al mundo, nos traen a la memoria un pasado reciente que no puede regresar".

Para el Dr. René Jara, Director de la Escuela de Periodismo Usach, la acción acusatoria al Mandatario responde al retardo que tuvo “al empatizar con las víctimas que han sido violentadas por el Estado, a través de las fuerzas de orden”.

Además, consideró que el libelo es una oportunidad de cohesionar a la oposición, que se vio fracturada tras la firma del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución.

“Este espacio de la acusación puede volver a coordinar o reunir a esos sectores que están un poco dispersos y tensionados producto de la firma del pacto”, aseguró.

Con respecto al futuro que tendrá la imputación y en este nuevo escenario donde se tratan de fortalecer las Instituciones, el Doctor en Ciencias Políticas sostuvo que la acusación no será aprobada por la derecha, pero que en este momento “lo importante es que sea una acusación sólida”, en el sentido que esté bien fundamentada, puesto que “cuando vemos hacia atrás los resultados de las acusaciones constitucionales, han fracasado continuamente en los últimos tiempos, sobre todo las presentadas por la oposición”.
Con respecto el manejo comunicacional que tuvo el Gobierno frente al estallido social, afirmó que “no es posible pensar en un escenario en donde se cometan tantos errores”.

Sin embargo, añadió que “desde la última alocución del Presidente se nota un cambio de tono. Hay una cierta sensibilidad (…) El tratamiento comunicacional ha cambiado mucho producto del último ajuste del equipo político que trabaja en La Moneda”.

El Director de la Escuela de Periodismo de nuestra Universidad ejemplifica este vuelo en las figuras de Karla Rubilar y Gonzalo Blumel, quienes han tenido la capacidad de sintonizar ante los problemas de la ciudadanía sin perder la conexión con su sector ideológico, dijo.

Un frenético viraje en la agenda del Gobierno con respecto a los cambios constitucionales se ha registrado en los últimos días. Primero, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció el sábado pasado en El Mercurio que estaban preparando un proyecto de cambios a la Carta Fundamental.

Al día siguiente, y luego de una larga reunión en su casa junto a los partidos de Chile Vamos, adelantó a través del Ministro del Interior, Gonzalo Blumel, que "acordamos iniciar el camino para avanzar hacia una nueva Constitución" por medio de un Congreso Constituyente, sin dar mayores detalles.

La noche del lunes, en cadena nacional y con un rating histórico, Piñera llamó a avanzar en un acuerdo para una nueva Constitución, “con un plebiscito ratificatorio”.

Todos estos sucesos han llevado a plantearse una serie de dudas entre los ciudadanos sobre el tema constitucional. Para el académico de la Facultad de Derecho de la U. de Santiago y abogado especialista en Derecho Constitucional, Luis Bobadilla, lo importante en esta discusión es dejar en claro que la Carta Fundamental es la norma que está por sobre todas las demás leyes y normas.

“Establece la forma en que se organiza un Estado, cuáles son sus funciones y sus límites, y delimita un catálogo de derechos fundamentales que protege al conjunto de los ciudadanos, además de un sistema de garantías para exigir su cumplimiento”, explicó.

En este sentido, Bobadilla destacó el concepto de supremacía constitucional. “Para que el ordenamiento jurídico goce de armonía, toda norma de inferior rango a la Constitución debe ajustarse a las reglas que esta establece”, aclaró.

Sobre el Tribunal Constitucional, el abogado definió que este órgano es el que dirime cuando las normas de inferior rango exceden o no los límites de la Constitución. Además, sobre el plebiscito, remarcó que hoy está establecido en la Carta Magna como un mecanismo para dirimir disputas entre el Congreso y Presidente de la República. “Para que sirviera como inicio o ratificación de un proceso constituyente se requiere una reforma, la que está actualmente en discusión en el Congreso”, destacó.

De todas maneras, el abogado Bobadilla sostuvo que “hoy no tenemos claro si el Gobierno plantea reformas a la Constitución o una completamente nueva, pues no se han detallado las reglas que se utilizarán”, dijo.

Acerca de las tres opciones para reformar la actual Constitución, el académico de nuestra Universidad diferenció entre las características de cada una de ellas. En el caso del Congreso Constituyente, aclaró que es precisamente el Congreso Nacional  como constituyente derivado quien asume la responsabilidad de crear una nueva Carta Fundamental.

A su juicio, se trata de personas que, se supone, tienen un conocimiento mayor de la Constitución, “porque trabajan todos los días legislando de acuerdo a esas normas. “Por lo anterior, en términos de tiempo, debería ser más eficiente y rápido, y debería existir un mayor control sobre su accionar, ya que deben rendir cuentas a quienes los eligieron”.
 
Sobre la Convención Constituyente, Bobadilla la define como una porción de los parlamentarios electos y un porcentaje de ciudadanos comunes y corrientes, electos especialmente para trabajar en este proceso, quienes se reúnen en una composición mixta.

“Implica mayor participación, porque ciudadanos comunes y corrientes de fuera del espectro político se suman, aunque de todas maneras, actores políticos podrían utilizar cupos de ciudadanos”, advirtió sobre este mecanismo que actualmente no está contemplado dentro del ordenamiento jurídico nacional, por lo que se requiere una reforma constitucional para validarlo.

Para el caso de la Asamblea Constituyente, el abogado Bobadilla destaca que esta “permite que una mayor cantidad de ciudadanos comunes y corrientes participen en la discusión del nuevo ordenamiento constitucional”.

También sostuvo que se requería una reforma constitucional para poder habilitarlo como mecanismo. Además, señaló que “simultaneamente a su existencia, funciona el Congreso y se inicia un conflicto de competencia que no se ha resuelto de forma pacífica en la experiencia sudamericana”.

El anuncio más importante

Por su parte, el Director del Departamento de Derecho Privado de nuestro Plantel, abogado Claudio Herrera, destacó las palabras del Presidente Piñera acerca de los cambios constitucionales: “desde luego son el anuncio más importante que ha hecho el gobierno en cuanto a cambio constitucional”, aclaró.

“Es bastante evidente que esto se debió a las movilizaciones sociales, porque en su programa de Gobierno no estaba planteado abrirse a una discusión ni siquiera de reformas. Es legítimo que fuera así, pero desde el 18 de octubre, el Ejecutivo ha ido comprendiendo que no puede quedar impávido y que los programas tienen que ser permeables, sobre todo a estas demandas tan masivas, por cambios constitucionales", abundó Herrera.

También remarcó que ahora el Gobierno no solo hable de una reforma, sino de una nueva Constitución. Acerca de las opciones para lograr este cambio, el abogado Herrera consideró que la Asamblea Constituyente es la alternativa más clara en términos de metodología de trabajo y participación ciudadana.

“Ocurre que en nuestro sistema republicano, existe un poder constituyente derivado: el Congreso y el Presidente de la República. Eso hoy está muy puesto en duda por la ciudadanía, pues desea que las reformas acojan de alguna manera el sentir ciudadano. En esa perspectiva viene la propuesta del mismo legislativo para realizar un plebiscito previo para preguntarle al votante si quiere o no nueva Constitución. Es bastante cierta la posibilidad de tener un plebiscito de entrada”, estimó.

Para el abogado Herrera, el problema con el Congreso Constituyente es que solo se entiende que es la institucionalidad con los parlamentarios, más un plebiscito ratificatorio. “El Congreso Constituyente tiene el problema de la falta de representatividad y que se demora aproximadamente dos años. Además, el Congreso Nacional, paralelamente, sigue funcionando”, comentó.

Reconoció que poco se sabe de cómo se llevaría adelante una Convención Constituyente. “La Asamblea es más clara, en términos de metodología de trabajo”.

De todas formas, consideró que el hecho que el Gobierno se haya abierto a la discusión constitucional es un gran paso para que se terminen las movilizaciones. “Es una señal muy potente. Personalmente, no creo que debiera ocurrir la salida del Presidente Piñera, porque sería una derrota para el sistema democrático. Tiene una inmensa tarea por hacer en este tiempo que le queda”, dijo.

“Son los representantes quienes deben conducir las demandas de la calle. El Congreso Nacional debe generar las mayorías para concretar así los cambios”, finalizó el académico de nuestra Universidad.

El climatólogo y académico del Departamento de Física de nuestra Universidad, Dr. Raúl Cordero, reconoció que, tanto en nuestro país como a nivel global, la industria es responsable directa del 21% de las emisiones de gases de efecto invernadero y que, en el caso particular de Chile, es el tercer sector que más contribuye a las emisiones, por detrás de la producción de energía eléctrica (32%) y el transporte (24%).

Sin embargo, señaló que “hoy hay consenso en que el mundo requiere desarrollo, pero ese desarrollo debe ser sustentable”, precisó.

El Dr. Cordero señaló que es en torno a los mejores mecanismos para hacer sustentable ese desarrollo que giran las cumbres internacionales como la COP en este siglo.

“La COP25 en Santiago, así como la cumbre de acción climática de Nueva York que comenzó este lunes 23 de septiembre, busca promover la transformación de las economías en línea con los objetivos de desarrollo sostenible. Se trata de promover acciones transformadoras de la economía real en torno a la mitigación del cambio climático, pero también una mayor acción global sobre adaptación y resiliencia”, explicó el líder del Grupo de Investigación Antarctica de la Usach.

Añadió que, en Nueva York, la discusión girará en torno a la transición de la energía, transición de la industria, soluciones basadas en la naturaleza; ciudades y acción local; resiliencia y adaptación.

El especialista subrayó que uno de los principales puntos que se discutirán en la COP25 será la inclusión de los “mercados de emisión de carbono” en el reglamento de aplicación del Acuerdo de Paris, mecanismo contenido en el Protocolo de Kioto firmado en 1998 y que permite el intercambio de cuotas de emisión entre países.

“Las discusiones son más técnicas y específicas de lo que creen aquellos que expresan dudas”, sostuvo. “En mi opinión, habernos convertido en anfitriones de la COP ha hecho del cambio climático un tema país, lo cual es ya positivo”.

Efecto Barros

“Es lamentable que el mundo empresarial aparezca validando la COP25, un encuentro donde ya se anticipa un discurso contrario al modelo de desarrollo y el libre emprendimiento”. “Yo sé de muchas empresas que no han querido concurrir, porque se dan cuenta de que esto es un tema que, en términos vulgares, se está chacreando. Claramente, tiene un sentido ideológico. La última de las preocupaciones es el tema climático, sino más bien es una postura ideológica”.

Esas fueron algunas de las opiniones vertidas por el abogado y consejero de la Sofofa, Fernando Barros, respecto a la organización de la XXV Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU, que se llevará a cabo en Chile durante el mes de diciembre. Sus opiniones generaron debate y provocaron respuestas, tanto de gremios empresariales como del Gobierno. Al respecto, el Dr. Raúl Cordero, valoró que las declaraciones no fueran respaldadas por el empresariado.

Consideró que las críticas de Barros generaron el efecto contrario; es decir, lograron reafirmar el apoyo del gremio “tanto a la organización de la COP25 en Chile como a sus objetivos y al Acuerdo de Paris: limitar el calentamiento global a no más de 2 grados respecto a valores pre industriales”. En ese sentido, señaló que esa opinión solo representa parte de un disenso normal en torno a la acción climática, cuyas implicancias son tanto sociales como políticas.

“De ninguna manera, estas declaraciones constituyen una amenaza para el consenso en torno a la acción climática del que Chile puede presumir. En nuestro país el Gobierno, los partidos políticos, el sector privado, la sociedad civil, las autoridades locales y los científicos, coinciden mayoritariamente en la necesidad de implementar políticas de acción climática que permitan mitigar el cambio climático y adaptarse a sus peores consecuencias”, recalcó.

El académico del Departamento de Física de nuestra Universidad estimó que es particularmente destacable que en Chile la acción climática no haya sido contaminada por la política partidista. Eso es un mérito del que países como Estados Unidos, por ejemplo, no pueden presumir. Por supuesto, entre el que hay diferentes matices respecto a las herramientas y el ritmo de implementación de estas, pero al menos en los objetivos no hay mayores diferencias”, señaló.

“Ha aumentado considerablemente la expectativa de vida”, aseguró este mes el ex superintendente de Pensiones, Alejandro Ferreiro. Este argumento fue el que motivó al Gobierno en 2018 a impulsar, en su Reforma de Pensiones, una permanencia adicional de 5 años en la fuerza de trabajo, para aumentar el monto de las jubilaciones.

Sin embargo, tener o encontrar trabajo parece no ser una tarea fácil para personas de avanzada edad. Según un estudio publicado en la edición de octubre del año pasado de Puntos de Referencia, del Centro de Estudios Públicos, la participación laboral de quienes tienen más de 60 años solo alcanza un 29,8%, menor al promedio en Latinoamérica, que llega a 38,5%.

Para dar solución a esta realidad, la plataforma Mundo Senior que desarrolló la investigadora asociada del Departamento de Ingeniería Informática de la Usach, Dra. Carolina Bonacic, se presentará a vecinos de la comuna de Pedro Aguirre Cerda este sábado, durante una nueva edición del Festival del Conocimiento que organiza la Universidad de Santiago.

En relación al funcionamiento de la plataforma impulsada por el Centro de Innovación en Tecnologías de la Información para Aplicaciones Sociales (CITIAPS), la Dra. Bonacic explica que “dados los perfiles que van llegando, se visualiza cómo calzan con las ofertas laborales que están disponibles o las posibles nuevas líneas de negocio que van surgiendo”.

La doctora en ciencias de la computación afirma que registrándose en el sitio web de Trabajo Senior (www.trabajosenior.com), una de las fundaciones asociadas al proyecto, las personas pueden ingresar a la plataforma, que funciona como un sistema de recomendación similar a Netflix. 

“Cuando estamos en Netflix, con nuestras cuentas de usuario vamos señalando cuáles son nuestras preferencias, a partir de las cosas que nos gustaría ver”, compara la académica. “Esas películas, que se definieron con ciertas etiquetas, como de terror, para todo espectador o comedia, hacen que el algoritmo identifique nuestros gustos como usuario, y si hay diez que cumplan con tu perfil, te las muestra todas, pero prioriza las cinco más cercanas”, indica.

“Mundo Senior también es un sistema que entrega recomendaciones dependiendo del tipo de perfil. La gracia es que ahora esta búsqueda es mucho más automatizada, se sugieren ofertas y se va actualizando en tiempo real la información”, señala la ingeniera. “Se sube el currículum a Trabajo Senior y este va entregando los puestos laborales disponibles de acuerdo a las preferencias de la persona”, especifica.

La Dra. Bonacic reconoce que la plataforma se construyó tras advertir las falencias en el funcionamiento de fundaciones de adultos mayores y que la meta última del sistema es ayudar a encontrar trabajo a personas de entre 55 y 70 años, que están seguras que pueden seguir aportando en su área de especialización o que simplemente se encuentran desempleados, pero quieren seguir trabajando.

Volviendo al trueque con el ‘Banco del Tiempo’

Finalmente, la investigadora señala que Mundo Senior también contempla otras dos funciones que se encuentran pilotando actualmente. La primera es una iniciativa de crowdsourcing, que busca que personas satisfagan las necesidades de una comunidad determinada.

“Si una persona hace sopaipillas y mucha gente señala que le gustaría comprar sopaipillas en un sector determinado, el sistema alojado en la fundación o la municipalidad se comunica con la persona y le dice que hay mucha demanda, al mismo tiempo que le sugiere que coloque un puesto ahí”, afirma.

La otra iniciativa es un ‘Banco del Tiempo’, que se está probando tanto en Trabajo Senior como en la Comunidad Ecológica de Peñalolén y que, en palabras de la Dra. Bonacic, “es volver al trueque, pero administrado por una plataforma informática. Los intercambios se hacen con bonos que equivalen a horas trabajadas, en vez de dinero”.

“Si tú sabes arreglar bicicletas, ingresas al Banco del Tiempo, creas tu perfil y señalas cuáles son tus habilidades, definiendo en cuánto tiempo puedes arreglar una”, señala. “Si son dos horas, la persona que lo necesite te solicitará tu tiempo. Al arreglársela, te pagará con dos horas, con las que tú puedes solicitar otro servicio que necesites”, concluye.

Mundo Senior se presentará desde las 10.00 horas del día 31 de agosto en Avenida Salvador Allende 2029, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.