Con cuarenta años de tradición el Simposium del Departamento de Ingeniería en Minas logró reunir a más de 250 asistentes en torno a la industria, academia e investigadores vinculados con el área.  

El evento se desarrolló en las instalaciones del Hotel Manquehue, donde los expositores inaugurales, Andrés Rovira, Gerente de Innovación de Empresa Nacional de Minería (Enami) e Iván Arriagada, Presidente Ejecutivo de Antofagasta Minerals, enfocaron sus presentaciones en los principales desafíos que enfrenta la Pequeña y Mediana Minería y la visión empresarial privada de la industria en Chile; respectivamente, donde el tema central de discusión fue el impacto medioambiental global.  

Posteriormente, a la inauguración de la Expo-Simin se dio inicio al primer eje temático del simposio dedicado a la sostenibilidad. Las presentaciones se contextualizaron en el impacto medioambiental de la industria relacionada con la geometalurgia en el negocio minero moderno; ciclos de riesgos en el modelo de formación de operadores mineros; sostenibilidad y competencias en información de yacimientos; análisis multicriterio de la responsabilidad social corporativa en la Gran Minería del Cobre. 

El doctor Juan Pablo Vargas, director del Departamento de Ingeniería en Minas de la Universidad de Santiago, explicó la importancia que tiene este evento para la comunidad minera: “La relación entre academia e industria es una unión necesaria para lograr nuevas visiones y metodologías. El estado del arte ha ido cambiando con una gran cantidad de dificultades técnicas, ya que, el problema medular que enfrenta la disciplina se concentra en las comunidades y el entorno”, aseguró.

El Presidente de Simin 2019, Joaquín Reyes, explicó que el simposio tuvo sus inicios en la década de los 70 y con claro objetivo de vincular a los estudiantes con el proceso final de estudio. Posteriormente, ha evolucionado a un encuentro que está potenciando nuevas metodologías de hacer minería en un contexto de coyuntura medioambiental en Chile y el mundo.

En relación a nuevas tecnologías de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I), hubo presentaciones dedicadas a las aplicaciones de fotogrametría aérea en minería a partir del uso de Drones; implementación de tecnología (Mine Sence), Aerosphere: sistema de mapeo 3D de túneles robusto a colisiones y detección de rocas usando Deep Learning para aplicaciones en minería.       

El Gerente General de Orica Chile, Patricio Picero, relevó la importancia de este encuentro destacando que es muy necesario dentro del contexto minero de nuestro país, ya que, aborda temas relevantes en torno a la eficiencia, productividad, innovación, tecnología y economía empresarial minera.

Finalmente, Pedro Landeros, ex alumno del Departamento de Ingeniería en Minas de la Usach y Director de Geotecnia en Codelco definió las líneas de trabajo de la corporación estatal. “Todos los proyectos mineros tienen ingenierías asociadas al tratamiento de aguas, botaderos e impacto de hundimiento en faena. Hay una cantidad de permisos que los proyectos deben cumplir en cada una de sus etapas, todos relacionados con sustentabilidad e innovación (…) logrando un Cobre Verde sin fatalidades y desastres naturales”, aseguró.

La Asociación Española de Historia Económica, AEHE, decidió otorgar el Premio Felipe Ruiz Martín, en su edición 2019, al artículo publicado por el Director del Departamento de Economía de la Usach, Dr. Manuel Llorca, titulado “Inequality in Chile before the first globalization: an approach derived from agricultural market incomo, 1830-1850”

En el acta donde se recoge el fallo del Jurado se indica que “la investigación contribuye de forma muy relevante al debate importante en la historia económica como es la desigualdad, en un periodo que la histografía no trata normalmente”

El Dr. Llorca en conjunto con los coinvestigadores del proyecto Fondecyt, Juan Navarrete y Roberto Araya utilizaron nuevas fuentes fiscales para concluir que, en las décadas anteriores a la primera globalización, los niveles de desigualdad eran ya muy elevados en Chile.

El autor de este paper destaca que “en España la historia económica es una asignatura obligatoria de muchas carreras de pregrado, entonces todas las grandes universidades tienen departamentos de historia económica y sólo en ese país hay seis o siete revistas que publican sobre esta materia”

Explica que a este premio no se postula, sino que la Asociación elige una vez al año el mejor artículo, de casi un centenar que se publican en todas esas revistas especializadas y es primera vez que la distinción recae en un equipo chileno.

“Para nosotros es un tremendo orgullo recibir el Premio Felipe Ruiz Martín. Muy pocas veces además lo han ganado latinoamericanos. Es un reconocimiento de la Asociación Económica más importante de Iberoamérica.  Además, estamos felices porque este paper salió de proyectos basales de la Universidad de Santiago que sirvieron para contratar ayudantes de investigación y también del Fondecyt”, recordó.

El artículo trata sobre la desigualdad en las primeras décadas después de la Independencia de Chile. El profesor Llorca explica que sobre ese periodo “había muy poca evidencia respecto de los niveles de inequidad y se había dicho en el pasado que la desigualdad en toda Latinoamérica había sido baja o moderada hasta la primera globalización”.

Los autores chilenos plantearon en esta publicación que la desigualdad de distribución del ingreso agrícola era extraordinariamente alta en nuestro país, como parte del legado colonial y por lo tanto es errado sostener que solo comenzó a aumentar a finales del siglo XIX.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores de la Usach trabajaron con los primeros censos agrícolas. La Oficina del Catastro, entre 1832 y 1834 censó todas las propiedades agrícolas de norte a sur. “Ese hecho fue algo inédito en Latinoamérica e incluso muy pocos países de Europa lo habían hecho. Gracias a esa información logramos establecer como se distribuía la tierra y el ingreso agrícola”, detalló el académico de la Facultad de Administración y Economía de la Usach.

Dichos censos tuvieron como fin la recaudación fiscal y el reemplazo del diezmo, que era una herencia colonial, que se funde décadas después en un impuesto a la propiedad agrícola, comentó el académico.

La ceremonia de premiación se realizará el 5 de septiembre en el marco del Séptimo Encuentro de la Asociación Española de Historia Económica, (AEHE), en la ciudad de Ávila.

La AEHE es una de las más antiguas del mundo y a nivel individual por países es la que cuenta con el mayor número de miembros.

Destacados expertos nacionales y extranjeros analizaron el estado del mercado y las potencialidades del denominado “oro blanco” en Chile, durante la tercera versión del Foro del Litio.
Nuestra Universidad estuvo representada por el académico del Departamento de Ingeniería Metalúrgica y Ph.D. en Ciencias de la Ingeniería, Dr. Alonso Arellano Baeza, quien fue uno de los dos invitados que pertenecían a planteles estatales.

El profesor Arellano Baeza participó en el módulo del foro titulado “Regulación y producción de litio. ¿Estará Chile a la altura?”.

El especialista en geología y geofísica, cuenta con una reconocida trayectoria asociada al área de exploración del recurso. Además, forma parte del equipo de académicos que lidera la creación del Centro de Investigación en Litio y Aplicación de Minerales Avanzados de nuestra Casa de Estudios.

El Dr. Arellano Baeza sostuvo que nuestro país estaría a la altura de alcanzar niveles internacionales de regulación y producción del litio, como lo está con la minería del cobre, si “hubiésemos pensado en una explotación más generalizada de nuestros salares”.

“En la actualidad podemos lograrlo, ya que tenemos las capacidades técnicas, profesionales y de formación. No olvidemos que somos uno de los grandes productores a nivel mundial, con el Salar de Atacama”, puntualizó el académico.

El experto además planteó que es necesario actualizar la normativa vigente que regula la explotación del recurso que, a su juicio, es una alternativa real a los hidrocarburos y los problemas medioambientales asociados a su uso.

El Foro del Litio es un punto de encuentro de representantes del sector público y privado, además de ejecutivos de compañías que demuestran interés en el tema a partir de la exploración y desarrollo del recurso.

Agilizar su proyecto de modernización laboral es lo que pretende el Gobierno en respuesta a la iniciativa que reduce la jornada de trabajo y que ya sorteó su primera valla en el Congreso la semana pasada. Uno de los principales puntos de la propuesta del Ejecutivo, que aún no ha iniciado su tramitación legislativa, sería dar más adaptabilidad, a fin de que sea el trabajador el que defina cómo distribuir su jornada.

Para la experta  en derecho laboral y académica de la Universidad de Santiago, Cecily Halpern, lo que más beneficia a los trabajadores en Chile en el corto plazo es avanzar en una mayor adaptabilidad, “en el sentido de que el trabajador tenga en sus manos la posibilidad de cumplir su jornada  de acuerdo a sus propias necesidades. Así, personas que estudian, tienen familias o hobbies puedan cumplir un horario que determinen con la empresa”, sostiene.

Aunque la abogada y vicedecana de la Facultad de Derecho de la Casa de Estudios reconoce que ambas propuestas son deseables, señala que reducir la jornada laboral en el contexto actual podría terminar provocando perjuicios más que beneficios para el trabajador chileno. Ello, debido a que encarecería la mano de obra, lo que podría provocar menos contrataciones y, por ende, mayores incentivos en reemplazar a las personas por tecnologías de automatización.

Además, advierte que “en otros países donde se ha reducido la jornada laboral, los trabajadores terminan teniendo dos empleos”, a fin de obtener más ingresos. “A la larga, se ha detectado que en vez de mejorar la salud mental de las personas producto del agobio, terminan generando las condiciones para que, si trabajan 32 horas semanales, por ejemplo, busquen otro empleo de manera que igual terminan cumpliendo 45 e, incluso, 50 horas semanales”, afirma.

A su juicio, la adaptabilidad laboral reconoce que las personas tienen diferentes intereses y que requieren fórmulas particulares para llevarlos a cabo. No obstante, enfatiza que esta debe estar regulada cuidadosamente, para no precarizar el empleo. Es decir, que garantice que la distribución de la jornada laboral pase efectivamente por decisión de los trabajadores y que no sea la empresa la que termine aprovechándose de una eventual desregulación del trabajo para imponer los horarios que a esta última le convenga.

“Los sindicatos también podrían jugar un rol, como garantía de que la adaptabilidad va a ser realmente un beneficio para el trabajador”, concluye.
 

El superintendente (S) de Servicio Sanitarios, Jorge Rivas, deslizó estar en desacuerdo respecto a caducar el contrato de la sanitaria Essal, pese a que un derrame de combustible en una de sus plantas de producción dejó sin suministro a más de 55 mil personas durante 10 días en Osorno. “La gente sufriría las consecuencias”, señaló en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados frente a una eventual decisión de este tipo, argumentando el extenso periodo que demoraría  encontrar otra empresa que opere.

Sin embargo, para el experto en obras hidráulicas y académico de la Universidad de Santiago, Carlos Reiher, “la solución frente a un problema tan grave es hacer un cambio en la empresa que está a cargo, porque expone a que haya vulnerabilidades en distintas etapas del proceso de producción de agua potable que pueden venir desde problemas por el diseño de las plantas hasta de gestión en la producción continua y en las contingencias ante eventos particulares”, afirma.

Para el académico del Departamento de Ingeniería en Obras Civiles del plantel universitario e ingeniero civil mención hidráulica sanitaria ambiental, la empresa debiera haber considerado un mecanismo para evitar que cualquiera de los químicos que están presentes en el procesamiento  del agua no llegasen a contaminar de manera inesperada los sistemas de producción. “No solo se trata del petróleo, sino de otros para realizar procesos de coagulación, floculación y desinfección, que en dosis altas se transforman en elementos tóxicos. Pareciera ser que en esta planta no están todos los resguardos para que esos químicos puedan llegar a contaminar”, advierte.

Magíster en ciencias de la ingeniería mención recursos y medio ambiente hídrico, y especialista en modelación hidráulica y mecánica fluvial, Reiher señala que, en caso de eventualidades, la planta debiera contemplar diferentes líneas de producción para que no haya corte absoluto en su funcionamiento. “En estas contingencias, es inentendible que no hayan líneas independientes que funcionen en forma separada, para realizar mantenciones de una mientras sigue funcionando la otra”, explica.

Intervención

Aunque el académico reconoce que el proceso de traspaso de concesión de una empresa a otra no es rápido, desde el punto de vista legal, sostiene que para no provocar un problema a la población lo que se debe realizar es “una intervención a la empresa”. Es decir, “que la Superintendencia de Servicios Sanitarios disponga de personal técnico o un panel experto que haga mejoras y diagnostique problemas mientras la planta sigue funcionando. En simultáneo, generar un proceso de renovación de la empresa a cargo de la producción de agua potable”.

Para ello, considera que se debe reformar la Ley de Servicios Sanitarios, estableciendo una cláusula dentro de estos contratos de concesión que permita intervenir de forma rápida y severa a una empresa cuando ocurre un problema grave, a fin de que otra entidad se haga cargo del suministro y evitando la judicialización.

Junto con lo anterior, generar un diagnóstico no solo de esta, sino de otras plantas que pudieran tener problemas, modificando en general la manera en que las empresas sanitarias deben garantizar su servicio -considerando otras situaciones similares, para prever una batería de soluciones, como diferentes procesos de almacenamiento de agua potable frente a contingencias. “Todo esto debe ser respaldado por instrumentos legales. Este debiera ser el foco de la reforma que se está proponiendo”, concluye.
 

En Chile, se pierde un 7% de los órganos para trasplante por problemas logísticos. Esa fue la cifra que evidenció el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, tras el caso del joven que falleció en la Clínica Alemana de Temuco y cuyos órganos no pudieron ser donados, por demoras en la gestión del transporte aéreo para trasladarlos a Santiago.

Para la especialista en gestión de calidad en salud y académica de la Universidad de Santiago, Marcela Baeza, la situación revela desregulaciones en la materia. “El tema hoy solo queda en los aviones y traslados, pero hay uno mucho mayor: la política de donación de órganos en nuestro país, que no está tan regulada”, afirma.

La profesora de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas de la Usach señala que aunque se cuenta con una norma técnica para efectuar el procuramiento de los órganos, que data de febrero de 2018, esta es bastante amplia y no define la obligación de que centros de salud cuenten con estas unidades, a cargo de enfermeros. “El procuramiento de órganos está estructurado de manera bastante básica a nivel hospitalario y bastante disminuido en el sector privado”, afirma.

Además, señala que la normativa tampoco establece los equipos quirúrgicos que deben intervenir. “Esto funciona mucho a la voluntad. Ese es el problema de la donación. Actualmente, estamos muy en pañales en ese aspecto, porque no está estandarizado”, afirma Baeza. “Muchas clínicas privadas en regiones no tienen unidades de procuramiento establecidas de acuerdo a la normativa”, insiste.

Para el ministro Mañalich, el 7% de los órganos que se pierde en Chile representa un porcentaje que “se compara relativamente bien con las cifras internacionales”. Sin embargo, y aunque  reconoce que este número es efectivo, Baeza señala que  “lo que opina me parece lamentable, porque tenemos una lista de espera de más de mil setecientos pacientes”.

De acuerdo al Minsal, el Instituto de Salud Pública determinó que los órganos que se perdieron el fin de semana eran susceptibles de ser recibidos en Santiago para un trasplante de pulmón y uno de hígado a dos pacientes que se encontraban en urgencia nacional, hospitalizados en dos clínicas de la capital. En Chile, hay 28 personas esperando por un trasplante de pulmón y 137, por uno de hígado.