De acuerdo a un estudio que busca evaluar la calidad de vida de los chilenos a través de 269 indicadores generados por el INE, en conjunto con el Minvu y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, solo seis comunas de la Región Metropolitana cumple la cantidad de metros cuadrados de área verde por habitante. La lista es liderada por Vitacura, seguida de Recoleta, Providencia, La Reina, Cerrillos y Lo Barnechea.

Para el arquitecto y académico de la Universidad de Santiago, Jonás Figueroa, los datos entregados son equívocos a causa de la utilización de parques de escala metropolitana en los indicadores comunales.

En ese sentido, Figueroa sostiene que en el estudio “se considera la superficie del Cerro San Cristóbal en las áreas verdes de Recoleta, Vitacura y Las Condes. Sin embargo, la visión de estas comunas es la de una dramática explanada de asfalto y cemento, con áreas verdes situadas lejos del uso vecinal de gran parte de la población”.

De acuerdo al académico, este mal uso de la información repercute en las políticas, planes, proyectos y programas comunales en la materia de sectores que ni siquiera cuentan con una plaza de armas o plaza mayor, como gran parte de las comunas creadas después de los años ochenta.

Pérdida de árboles

Según Figueroa, fotografías satelitales recogidas a través de Google Earth confirman la pérdida de aproximadamente el 20% de la masa arbórea de los principales parques urbanos de Santiago durante el periodo 2000-2019.

En otros casos, agrega el arquitecto, los parques “son desiertos de pastos y pavimentos, sin tener presente a los árboles, que son los que importan para nuestra salud mental y corporal”.

En esa línea detalla que, “por lo general, constatamos la presencia de instalaciones deportivas, educativas y militares, ocupando terrenos que debiesen ser de uso arbóreo exclusivo, con el fin de cumplir con su destino”.

Junto con ello, asegura que falta una política de forestación de los grandes parques urbanos de la ciudad que defina especies y número de árboles. “Algunos parques apenas registran el 10% de la cantidad que requieren para constituirse en los pulmones verdes que la ciudad, por sus conflictos ambientales y climáticos, necesita con urgencia”, argumenta.

Modelo Central Park

Con lo anteriormente expuesto, el académico desliza que es necesario aplicar el modelo Central Park de Nueva York, para que los parques del país cumplan con su papel de pulmones verdes, es decir, con una media de 1.000 árboles por hectárea. “Esto es algo que ninguno de nuestros parques urbanos cumple”, manifiesta.

Del mismo modo, plantea la urgencia de contar con un plan de reforestación urbana que reponga los árboles enfermos, secos o envejecidos de las calles e incorpore otras zonas al plantel de áreas verdes de la ciudad, en un número no inferior a 100 mil árboles anuales, siguiendo el modelo neoyorkino.

“Requerimos disponer de 2 árboles por habitante para alcanzar mejores y mayores estándares medioambientales, climáticos y paisajísticos al nivel como se estila en la ciudad de Porto Alegre, Brasil”, añade el académico.

Para este cumplimiento, Figueroa señala que es necesario redactar una normativa que proteja los árboles de talas y cortes indiscriminados y que las nuevas urbanizaciones y desarrollos inmobiliarios planten un árbol por cada vivienda construida, tal como se aplica en España.

Por otro lado, el arquitecto puntualiza que es fundamental “elaborar un plan de recuperación de terrenos de uso militar situados en el interior de nuestras ciudades para dedicarlos a parques e instalaciones deportivas y culturales, tales como regimientos emplazados en antiguas áreas verdes”.

Finalmente Jonás Figueroa reitera que “hoy en día las áreas verdes son espacios de salud, requeridas por una sociedad altamente sedentaria y afectada por problemas de contaminación, superando las antiguas acepciones de índole paisajística y de ornato”.

Luego de la detención de Julian Assange tras estar siete años como refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres, han surgido diversos debates sobre la legitimidad de las filtraciones de datos hechas por WikiLeaks. Mientras que el Gobierno estadounidense busca extraditar al ex líder de la plataforma bajo cargos de conspiración para realizar piratería informática, activistas de todo el mundo reclaman por el derecho a la información y transparencia de datos.

En ese sentido, el director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago, Dr. René Jara Reyes, explica que, si bien los datos que fueron publicados por WikiLeaks exponen a ciertas figuras políticas –como Hilary Clinton, ex candidata presidencial estadounidense-, mucha de la información puede ser de interés público. “Cuando hay un interés mayor, es válido escrutar los archivos del poder”, afirma. Según el académico, esto es lo que el periodismo busca defender.

Proyecciones a futuro

El Dr. Jara proyecta que el caso Assange y lo relacionado con WikiLeaks no acabará en el corto plazo. Por un lado, postula que la condena del hacker sea mucho más baja de lo que arriesgaba en un principio, ya que, por ahora, está siendo juzgado en Inglaterra por violar su libertad condicional. Aun así, de ser extraditado a Estados Unidos, “podría presentarse un escenario mucho más largo, donde se va a tener que probar la gravedad de las filtraciones que encabezó Assange”.

Además, destaca que el principal conflicto detrás del caso es la filtración de datos e información confidencial. Si bien el académico expresa que Assange ha perdido poder de movilización en estos años, lo que  podría reflejar “un mal escenario para él y para la libertad de expresión”, agrega que existen diversos activistas y organizaciones internacionales que buscarán repetir la fórmula de WikiLeaks, como también realizar actos “para lograr su liberación”.

Maniobras políticas

Por otra parte, el Doctor en Ciencias Políticas se refiere a las implicancias a nivel político de la decisión del Gobierno ecuatoriano, de entregar a Assange. Al respecto, sostiene que es difícil entender la posición del Presidente de dicho país, Lenin Moreno. “Es tan impredecible como AMLO en México”, considera. Para el experto, dicha postura refleja también “un enfrentamiento entre el ex Presidente Rafael Correa con Moreno”, lo que sería una “pasada de cuenta” por parte del actual Mandatario ecuatoriano.

Finalmente, en cuanto a la postura de Sudamérica frente a Estados Unidos, argumenta que este hecho podría verse como un síntoma del “giro a la derecha” que están experimentando los Gobiernos de la región en general. No obstante, advierte que la entrega de Assange a las autoridades “no ha sido una acción tan contundente como para construir un escenario de cooperación entre  Estados Unidos y América Latina, específicamente con Ecuador”.

A menudo se menciona que la economía chilena, según el Banco Mundial, está en la trampa de los países de ingresos medios, es decir, países que crecen en términos de producto interno bruto, pero que no mejoran significativamente su nivel de vida. En este contexto, investigadores de la Universidad de Loughborough (Reino Unido) están forjando vínculos con colegas en Chile para desarrollar un Estándar de Ingresos Mínimos (MIS) para Chile. Esta metodología se ha aplicado ya en países como Japón, Portugal y México, entre otros.

El enfoque MIS utiliza una serie de grupos deliberativos con miembros del público con el finde establecer lo que se requiere para tener un nivel de vida digna. Los expertos Abigail Davis y Matt Padley, del Centro de Investigación en Política Social (CRSP) de la Universidad de Loughborough, ofrecerán conferencias en modalidad de clases sobre el desarrollo de este innovador método y sus aplicaciones internacionales. Estos estarán abiertos a estudiantes y profesores de la Universidad de Santiago de Chile, así como a otras universidades y grupos de interés. (Agenda de visita en progresión).

En el Reino Unido, esta investigación está financiada por la Fundación Joseph Rowntree (https://www.jrf.org.uk ).

Durante su estadía en Chile, entre el 28 y el 30 de abril, se reunirán con autoridades gubernamentales, universidades, centros de estudio de la sociedad civil, líderes de movimientos sociales, docentes y estudiantes.

Uno de los objetivos de esta visita es contribuir a la discusión sobre el MIS y, por otro lado, desarrollar el conocimiento y la comprensión del MIS y otros indicadores de medición para brindar a los estudiantes y profesores la oportunidad de participar de manera crítica en este enfoque.

El fin de la visita es desarrollar ideas sobre este potencial proyecto y comenzar a considerar qué diseño sería el más adecuado para Chile. Según Abigail Davis, líder del proyecto, "algunos de nuestros colegas en otros países han optado por comenzar con un estudio a menor escala que se centra en un número y tipo de hogares limitados, y otros son más comprehensivos. Por ejemplo, el proyecto en México está buscando hogares con adultos en edad de trabajar y que tengan niños. El equipo de Singapur se centró en las necesidades de los adultos mayores, por lo que realizó una investigación con personas en edad anterior y posterior a la jubilación. En el Reino Unido investigamos con padres, no padres y jubilados. Parte del propósito de esta visita en Santiago es discutir qué grupos demográficos serían de mayor interés en Chile y la escala y el alcance del trabajo".

Como miembros del proyecto en USACH, participan Carmen Norambuena, directora del Centro de Estudios Migratorios de esta casa de estudios, y los economistas Marcela Vera, Carlos Yévenes y Francisco Castañeda.

La semana pasada y en el Palacio de La Moneda se lanzó oficialmente la cumbre COP25, evento internacional que abordará el impacto del cambio climático. En la instancia, que se llevará a cabo en diciembre en el Parque Bicentenario de Cerrillos, se espera que se generen acuerdos para su mitigación. 

Para el experto en gestión de la calidad del aire, control de la contaminación atmosférica y académico de la Universidad de Santiago, Dr. Luis Díaz Robles, uno de los principales compromisos que debe asumir nuestro país es disminuir las emisiones de carbono negro, material producido por la combustión incompleta de productos derivados del petróleo.

“Chile tiene el deber de reducir de forma importante y radical las emisiones de carbono negro que generan los vehículos diésel y la combustión residencial a leña. El carbono negro está derritiendo en forma muy acelerada nuestros glaciares de los hielos antárticos”, sostiene.

El doctor en ingeniería ambiental señala que un estudio realizado en el Departamento de Ingeniería Química del plantel universitario ha revelado concentraciones importantes de este material en el continente blanco. A su juicio, nuestro país es uno de los principales responsables de que esto suceda.

“Chile genera bastantes emisiones de carbono negro, especialmente en otoño e invierno, en las distintas zonas urbanas e industriales. Cuando una termoeléctrica genera contaminación, cada vez que se usa un vehículo diésel sin que no responda a los estándares internacionales o que se combustiona leña de forma inadecuada, se generará una cantidad importante de este material”, advierte.

Por último, el Dr. Díaz enfatiza que el carbono negro, carcinógeno que daña el tracto respiratorio si se inhala, genera sus impactos a corto plazo. “El tema es importante y urgente. El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y también debiera abordarse en esa fecha, porque juega un importante rol en el cambio climático. En la COP25, se deben abordar cuáles son las medidas de mitigación que debemos realizar a corto plazo a nivel nacional”, insiste.
 

La Reforma Tributaria planteada por el Gobierno sigue generando tensiones entre el oficialismo y la Oposición. Tras el rechazo de la Comisión de Hacienda  a la nueva propuesta presentada por el Ejecutivo, el miércoles fue aprobada la idea de legislar en el Congreso gracias al apoyo de la bancada DC.

Para la especialista en economía política y académica de la Universidad de Santiago, Marcela Vera, el aporte que plantea la reforma, del 1% a las regiones (provenientes de proyectos de inversión importantes que se realicen en ellas), contrasta con el que hacen países desarrollados como Canadá, donde dicho porcentaje “va desde el ocho al 15%”. Por lo mismo, advierte que “no es una medida significativa en términos de ingresos”, explicando que la magnitud de esos dineros es demasiado baja. “Por lo tanto, no es una política que beneficie a las regiones”, enfatiza, teniendo esta un carácter más bien simbólico.

Por otra parte, respecto a la reintegración del sistema tributario con la que se esperan recaudar US$ 471 millones, la especialista de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago explica que la propuesta de Hacienda no logrará una recaudación que logre compensar los 800 millones de dólares que costará pasar a un sistema tributario integrado. En ese sentido, advierte que “no hay certeza” de que el 1% de aporte a regiones o la eliminación de exención de contribución de predios forestales, logren recaudar lo que se propone, ya que “son estimaciones”.

Boleta electrónica

Otro de los problemas que menciona la académica dice relación con la recaudación por boleta electrónica, medida con la que se esperaba reunir más de US$ 1.100 millones, y así compensar el costo de implementación de la Reforma Tributaria. “La Reforma está sustentada sobre una cifra que es poco probable que se vaya a cumplir, ya que hay muchos negocios pequeños que no van a tener posibilidades de hacer la transición por problemas de conectividad o de desarrollo tecnológico”, asegura Vera.

Finalmente, la experta estima que no hay certeza respecto de si las medidas compensatorias planteadas dentro de la Reforma tendrán un carácter progresivo o regresivo, “ya que no se conoce la distribución de ingresos que ocurre en esos mercados”.

Este mes de abril se dio inicio al periodo de Gestión de Episodios Críticos de contaminación atmosférica, lo que implica una serie de medidas para combatir los episodios de alta polución del aire en las ciudades de la zona centro-sur de Chile.

No obstante, el Ministerio de Medio Ambiente señaló que existen problemas en la aprobación de planes anti esmog  y en el reemplazo de la calefacción a leña para dichas regiones.

Si estos planes están siendo puestos en marcha, el académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Patricio Pérez, advierte que la mayoría de éstos no han tenido buenos resultados en disminuir las concentraciones de material particulado  (MP) en ciudades como Temuco o Coyhaique. Por lo mismo, señala que es “frustrante” esperar tanto tiempo por la aprobación de medidas que no van a tener efectos significativos en la reducción de contaminantes.

El experto en modelos de pronósticos de contaminación atmosférica apunta a que la principal causa de este problema es que “no se ha abordado con la suficiente urgencia el reemplazar la leña de una manera más rápida”, algo que debe aplicarse, según Pérez, “en la mayoría de las ciudades del sur del país”. Asimismo, agrega que “mientras no reemplacemos la leña de una manera más urgente, no hay posibilidades de que la situación mejore significativamente”.

El académico contrasta la situación de Coyhaique –la ciudad más contaminada de Chile y Sudamérica- con lo que ocurre en Punta Arenas, una de las más limpias del continente. “A pesar de las diferencias climáticas y geográficas, la más grande es en cuanto a la matriz energética y de calefacción, donde en Punta Arenas se centra en sistemas de calefacción a base de gas”, explica Pérez.

El Doctor en Física añade que el uso de leña seca para calefacción tampoco supone una medida eficaz, ya que “que se disminuye un poco (la contaminación), pero no se ataca el problema de fondo”. Finalmente, enfatiza en que otros focos de contaminación, como las termoeléctricas, son emisores tanto de material particulado como de dióxido de carbono (CO2), gases perjudiciales para la salud de las personas y el medio ambiente. Por lo mismo, concluye que “hay que erradicarlas lo antes posible”.

Debido a la necesidad de construir una actividad portuaria armónica, tanto en la planificación como en la gestión del entorno urbano, las vías de accesos y la calidad de vida de los habitantes de ciudades portuarias, nació el Diplomado en Planificación, gestión y gobernanza de las ciudades puerto, de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile (Usach).

Según una encuesta efectuada en el 2014, el 66% de las personas entrevistadas consideran que en Chile la actividad portuaria no se ha desarrollado de forma armónica, lo que se reflejaría en la planificación y la gestión del entorno urbano, de las vías de accesos, así como en un deterioro de la calidad de vida de los habitantes.

La misma encuesta muestra también carencias en la coordinación de los actores en la formulación de instrumentos de planificación y en su implementación (Subsecretaría de Transportes, 2014). Es en este contexto que la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile dictará este 2019 el Diplomado en planificación, gestión y gobernanza de las ciudades puerto, el que tendrá lugar de manera descentralizada en las ciudades puerto.

La directora del diplomado, Dra. en Ciencias Políticas por la Universidad de Sciences-Po París, Francia y socia de la empresa consultora Observatorio y Prospectiva Ltda., Sabah Zrari, indica que en cada uno de los módulos del diplomado, se abordará la ciudad puerto como un sistema.

"Esto quiere decir, como un conjunto donde existe interdependencia entre componentes y por lo tanto, efectos en cadena de decisiones tomadas por uno de los actores sobre el conjunto. A nivel metodológico, se utilizarán ejemplos extraídos de la propia experiencia de los participantes y de su diversidad, pues es preciso destacar que se espera que participen representantes de las instituciones públicas y privadas, pero también de la ciudadanía", afirma Zrari.

Al finalizar el diplomado, los estudiantes habrán adquirido nuevos conocimientos, habilidades y actitudes que propicien una mejor gobernanza de la ciudad puerto, entendiendo la gobernanza como un proceso en el cual actores con lógicas e intereses diversos se coordinan para construir un meta que construyen colectivamente.

"En Chile no existen programas similares a este, según lo indicado por el director ejecutivo de la Asociación Internacional de Ciudades Puerto. Tampoco los hay en el extranjero, lo que habla de una total innovación académica. La singularidad del diplomado radica en su principal objetivo: promover o fortalecer instancias de gobernanza de las ciudades puerto mediante la capacitación de sus principales actores", explica la directora del programa académico.

Este programa está dirigido a todas las personas (profesionales y ciudadanos) que tengan un interés en las  problemáticas de las ciudades puerto. El inicio del programa será en el mes de mayo del presente año.

Para más información sobre este diplomado, contactarse con Sabah Zrari al correo sabah.zrari@usach.cl.

Para ver el broshure, hacer clic aquí.

“La incertidumbre en torno a una Reforma Tributaria por supuesto que incide de alguna manera en las decisiones de los agentes económicos”. Fueron las palabras con que el Presidente del Banco Central, Mario Marcel, se refirió a la discusión del proyecto que el Gobierno ingresó al Congreso hace meses y que actualmente lo tiene enfrentado con la oposición, sector que se encuentra a la espera de una nueva propuesta.

Para la economista y académica de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago, Marcela Vera, la iniciativa planteada por el Ejecutivo busca eximir del pago de impuestos a los dueños de las empresas. “Si este proyecto pasa, no será por su sentido de país ni cuidar los recursos públicos o beneficiar a la gente, sino que, necesariamente, por destrabar conflictos de interés”, afirma.

De acuerdo a la especialista, actualmente existen dos sistemas de tributación: uno orientado a las empresas y otro, a las personas. Sin embargo, a su juicio, “lo que quiere hacer esta reforma es generar un sistema integrado único”. Es decir, un sistema donde “se genera un descuento a las personas en base a lo que ya pagaron las empresas”.

La académica considera que una modificación de este tipo, además de ser regresiva, sería “completamente desaconsejable”, ya que generaría  acumulación de capital y una inversión que puede terminar realizándose fuera de Chile. “Plantear una reforma tributaria para que los ricos paguen menos impuestos y reciban más beneficios fiscales profundiza aún más la desigualdad en el país”, concluye.

En una iniciativa de largo plazo, con fuerte impacto en la Región de Antofagasta, pero con alcance económico nacional, busca convertirse el Instituto Chileno de Tecnologías Limpias, centro de investigación financiado con los aportes de Albemarle y SQM Salar, provenientes de sus contratos con Corfo, que busca extender la producción de litio de manera sustentable en el Salar de Atacama.

Esto tras una modificación de contratos realizada en enero de 2018, donde el Estado les solicita a ambas empresas efectuar aportes anuales para investigación y desarrollo a institutos tecnológicos y/o entidades de investigación y desarrollo tecnológico.

La propuesta sin precedentes consiste en una inyección de recursos para I+D, con una proyección de financiamiento a 10 años plazo equivalente a más de US$190 millones, para lo cual se encuentra abierta una convocatoria internacional donde oferentes interesados compuestos por instituciones sin fines de lucro ligadas a la investigación, deberán presentar sus propuestas hasta mediados del 2019.

Entre éstas participa nuestra casa de estudios, que en conjunto con otras 10 universidades del Consejo de Rectores, la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA) y alianzas con el sector privado, se encuentra coordinando y formulando la propuesta conjunta para adjudicarse la inyección de recursos para I+D.

La Dra. María José Galotto López, directora de Gestión Tecnológica de nuestro plantel, comenta que la universidad -desde mediados del mes de noviembre de 2018-, y a través de la VRIDEI, “está trabajando arduamente en el tema, primero con el levantamiento de capacidades institucionales y humanas, y luego en la coordinación y formulación de la propuesta conjunta de más de una decena de las principales casas de estudios de nuestro país, en alianza con importantes asociaciones empresariales e industriales de la Región de Antofagasta”.

Propósito y alcances del Instituto

Según el contrato mencionado, corresponde a CORFO la designación de los institutos tecnológicos y/o entidades de investigación y desarrollo tecnológico a los cuales SQM Salar S.A. deberá efectuar los aportes para la I+D mencionada.

El mecanismo propuesto por CORFO consiste en realizar un procedimiento en dos etapas: la primera, actualmente en ejecución, se denomina RFI, por sus siglas en inglés ‘request for information’, cuyo objetivo es levantar información del mercado y de la industria respecto a la conformación, agenda tecnológica, roles, funciones y gobierno corporativo del Instituto Tecnológico, así como obtener propuestas de proyectos y evaluar la capacidad de los potenciales proponentes para llevar a cabo la iniciativa. 

Una vez recopilada la información mencionada, vendrá la segunda etapa de selección, denominada RFP, atribuido a ‘request for proposals’.

Según el desafío propuesto por CORFO, a través del Instituto Tecnológico se busca lograr, al menos, los siguientes impactos y resultados en los próximos 10 años:

Desarrollar nuevos materiales e innovaciones que agreguen valor al litio, sales y otros materiales en la cadena de suministro de la electromovilidad y el crecimiento verde, así como desarrollar, adoptar y transferir dichas tecnologías antes del año 2030 a la industria asociada.

También solicita desarrollar tecnologías de energía solar fotovoltaica y de concentración adaptadas a climas desérticos extremos a costo competitivo; además de apoyar la formación de al menos 100 iniciativas de negocios o startups asociadas a los ámbitos de acción del Instituto; y formar al menos 100 profesionales altamente calificados.

Se proyecta que la licitación se realice a fines de este año.

Fue durante la ceremonia de aniversario de la Contraloría General de la República que el Presidente, Sebastián Piñera, anunció el envío de un proyecto de nueva Ley Orgánica Constitucional para la entidad fiscalizadora superior de Chile, cuyo objetivo sería “adecuarla a los tiempos modernos, a las tecnologías modernas y para que cumpla con mayor celo y con mayor eficacia su función de velar por la legalidad y el buen uso de los recursos públicos”.

Para el abogado experto en derecho administrativo y académico de la Universidad de Santiago, Francisco Zambrano, dicha modificación debe considerar una reducción de sus atribuciones de control, para que los servicios públicos se hagan responsables por sí mismos de su accionar. Ello, a fin de que no incurran en decisiones al margen de la ley que, si no son fiscalizadas previamente por sus unidades de control interno, quedan impunes, a la espera de que la Contraloría se haga cargo de manera posterior, mediante una “toma de razón” que, incluso, podría no ocurrir, eventualmente.

“Debieran reducirse algunas atribuciones de control, porque eso hace que muchos servicios actúen a la espera de que la Contraloría rechace o no su actuar, lo que diluye el principio de responsabilidad”, insiste. “Es mejor que los servicios se hagan cargo de sus actos, sin perjuicio de un control posterior. Muchas veces, la toma de razón resulta un control jurídico ineficaz que retarda las decisiones”, agrega. “Las unidades de control internas de los servicios públicos deben hacerse responsables de lo que hagan y eso solo se logra cuando la Contraloría no es un comodín ni cumple un rol subsidiario en las unidades jurídicas internas”, enfatiza Zambrano.

Reforma a nivel interno

El académico de la Facultad de Derecho de nuestra casa de estudios también considera fundamental que la iniciativa del Ejecutivo contemple que todos los cargos en el ente fiscalizador dejen de ser de exclusiva confianza del Contralor, para que las decisiones de este último tengan un contrapeso a nivel interno y para permitir que los funcionarios del organismo hagan carrera, de manera que se respete su antigüedad y expertise.

“Al Contralor General de la República, internamente, nadie le dice que no, porque todos son de su confianza. Nadie tiene estabilidad en su función”, afirma el especialista. “Creo que es importante replicar el modelo del Consejo para la Transparencia, donde el Director General tiene una función ordenadora dentro del servicio y lo representa, pero quien toma las decisiones es un consejo, donde hay un contrapeso interno”, concluye.